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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recurrió a informes de la DEA, la agencia antidroga de EEUU para investigar la posible conexión de empresarios colombianos con el Canal de Isabel II. La Guardia Civil indaga sobre la identidad de una serie de socios minoritarios de una de las filiales del Canal y apunta a la familia Gerlein, sobre la que la DEA encontró vínculos con el narcotráfico.

Los investigadores se refieren a una serie de particulares que controlarían un porcentaje minoritario de Inassa, la marca en Sudamérica del Canal de Isabel II. La UCO dice haber obtenido información que los identifica con la conocida familia de empresarios colombiana Gerlein, concretamente Enrique Miguel Gerlein. También otros inversores como Luis Nicolella de Caro o Nelson Polo Carbonell. “A pesar del pequeño porcentaje de acciones a su nombre, tendrían representación en el Consejo de Administración de Inassa”, sostiene la Guardia Civil.

Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y UCO investigan la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II como una de las piezas claves del saqueo de la empresa pública madrileña. Precisamente, fue bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón cuando se decidió que desde el Canal se debía entrar en negocios sudamericanos, a pesar de que en aquel entonces los estatutos de la empresa de gestión de aguas no lo permitía.

De la investigación se desprende que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido por Gallardón, se adquirió Inassa por un precio muy superior al real y sin los informes preceptivos. Es más, uno de los principales investigados, quien fiera el presidente de Inassa, Edmundo Rodriguez, habla de un robo de “25 millones de euros” y el propio Ignacio González -presidente de la Comunidad tras la salida de Esperanza Aguirre- reconoce en las grabaciones interpcetadas por la Guardia Civil que en en Inassa se cometieron irregularidades y él las tapó: “Yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos opciones. O reventarlo o arreglarlo (…)  No sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue la compra de un grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100″.

PAGOS A MANOS DE NARCOS

Cuando desde la Comunidad de Madrid se decidió dar el salto a América a través de Inassa, los Gerlein ya estaban allí. “En relación a la familia colombiana Gerlein, ya se participó en anteriores informes que entre sus miembros se encontrarían políticos y/o empresarios, investigados algunos de ellos por el cobro de pagos a manos de narcotraficantes y blanqueo de capitales, según datos participados por la Agencia Antidroga norteamericana DEA”, dice el informe de la Guardia Civil al en el marco de sus pesquisas sobre la Operación Lezo.

En concreto se remiten a dos documentos de la DEA, uno es el “informe 18-052” con fecha del 15 de marzo de 2016 centrado en la familia Gerlein y otro el “informe 16-090” que versa sobre las actividades de Enrique Miguel Gerlein y Luis Nicolella. La DEA llega a decir literalmente: “se sospecha que Enrique Miguel Gerlein está involucrado en blanqueo de capitales y era vinculado a la empresa Fidugan”. Sobre esta compañía, la agencia antidroga norteamericana disponía en 1995 de información de que su administrador estaba involucrado en el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Entre los datos con los que cuenta la DEA también citan a un miembro del clan colombiano llamado Roberto Gerlein Echeverría de 69 años de edad: “era político colombiano y parece que recibía pagos de narcotraficantes”.

Las pesquisas de la UCO se cruzaron con las de la DEA cuando los investigadores del caso Lezo comenzaron a indagar una serie de operaciones en el seno del Canal que se remontan al año 2000, cuando el presidente de la Comunidad era Alberto Ruiz Gallardón. Los investigadores se centran en la venta del 20 por ciento de las acciones de Inassa, la marca del Canal Isabel II en Sudamérica. La Guardia Civil admite que no ha podido acreditar quien compró ese paquete accionarial que hasta ese año poseía Aguas de Barcelona (AGBAR), también bajo el foco de la Audiencia Nacional.

No obstante, los expertos de la UCO detectaron esas mismas fechas un tráfico de 6,8 millones de euros procedentes de Colombia y Panamá hacia AGBAR, una cantidad sospechosamente similar a los 6,1 millones que valían sus acciones. Hace un año, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, explicó en la Asamblea el actual reparto accionarial de Inassa: el 81 por ciento corresponde a Canal Extensia, el 18 por ciento a una sociedad panameña llamada Sociedad Latina de Aguas y un porcentaje minoritario que, según la UCO, estaría en manos de los Gerlein y el resto de empresarios.

“Teniendo en cuenta la supuesta participación de la sociedad panameña Sociedad Latina de Aguas y de los socios colombianos, así como a las entradas invisibles recibidas por AGBAR en el año 2000, que tendrían origen en las jurisdicciones de Panamá y Colombia, habría que comprobar si los compradores del 20% de INASSA que AGBAR habría vendido en el año 2000, serían estos socios panameños y colombianos”, concluye la UCO.

La relación entre las empresas del Canal y empresarios colombianos bajo sospecha tiene el precedente de ‘Tony Ávila’, directivo de una filial de la compañía pública de aguas. Fue detenido por el presunto desvío y apropiación de casi 8 millones en un proyecto educativo.

ALEX CHAR y ElSA NOGUERA

El acuerdo N° 0023 de 1991, del Concejo Municipal de Barranquilla, en su Artículo Décimo Primero, recita así: Las utilidades que obtenga el Municipio de Barranquilla por participación accionaria en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., serán destinadas exclusivamente para los siguientes fines:

a) Una tercera parte como subsidio anual destinado para la entidad municipal encargada de prestar el servicio en las Plazas de Mercado, Parque Zoológico y Parques en la ciudad de Barranquilla.

Este acuerdo fue firmado por los miembros correspondientes del Concejo, ALBERTO LAFAURIE PEÑARANDA, ARTURO VALLEJO MORALES y MARIO BARON OLARTE, y por parte de la alcandía Distrital, por el Secretario General de entonces, FERNANDO BORDA CASTILLA.

Por otro lado, en Julio 19 de 2000 se firmó el ACUERDO PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN OTORGADA POR EL DISTRITO A LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A ESP., que recita en su Artículo 5: El saldo, o sea la cantidad de 2000 millones de pesos mediante la inversión que deberá hacer Triple a de Barranquilla S.A. ESP., en la renovación, mantenimiento y conservación de algunos parques, bulevares y zonas verdes de la ciudad de Barranquilla.

Este acuerdo fue también firmado por los miembros correspondientes del Concejo y por el Alcalde de Barranquilla de ese momento, BERNARDO HOYOS MONTOYA.

Entonces, multiplicado eso, nos daría la suma, a vuelo de pájaro de: $52.000.000, (cincuenta y dos mil millones de pesos), que son, indiscutiblemente, mucho más, dado que hay que meterle el aumento desmesurado de las utilidades de la Triple A, llegando casi que al doble, o sea, más de $100.000.000, (cien mil millones de pesos) teniendo en cuenta que el Grupo Inassa, dueño del 65% de está empresa, ha logrado financiar todas sus operaciones en la América Latina desde España, por estás razones no me imagino como deberían de estar de excelentemente bien y hermosas, las Plazas de Mercado, el Parque Zoológico, los Bolívares, las Zonas Verdes y los Parques de nuestra ciudad, sin que la Alcaldía Distrital tuviera la necesidad de invertir ni un solo peso, ni antes, ni ahora, ni después.

El portal español  El Confidencial que ha seguido periodísticamente el escándalo de corrupción de la Empresa Canal Isabel II controlada por la Comunidad de Madrid y por el partido popular publicó este informe en el que compromete a la Triple A en este relata la visita a la Costa Caribe de los dos directivos de Inassa que están detenidos en la que se habrían reunido con el recién elegido alcalde de Barranquilla Alex Char para definir la participación española en la Triple A. Los señalamientos al alcalde son complicados.

El viaje de Ignacio González que destapó todo quien señaló:

“Fueron a pagar, no a cobrar”. La frase, lapidaria, la repite un extrabajador de Inassa, la filial del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico. Se trata de una fuente solvente que durante años estuvo en uno de los departamentos más sensibles de esta sociedad con sede en Barranquilla (Colombia), que ha decidido explicar a El Confidencial algunos de los pormenores del famoso viaje que Ignacio González y tres de sus colaboradores hicieron a Colombia en el verano de 2008, un viaje que ahora vuelve a cobrar sentido. “Fueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos”, señala.

Fue en enero de 2009 cuando el diario El País reveló que González había sido espiado en un reciente viaje a Colombia. Meses después, en abril, la Cadena Ser desvelaba un vídeo de más de cuatro minutos del polémico desplazamiento. González y sus acompañantes paseando por Cartagena de Indias con unas sospechosas bolsas en su poder. Los ánimos estaban muy caldeados entonces por la Comunidad de Madrid. Se acababa de descubrir que Francisco Granados, rival político de González dentro del PP, había creado una especie de servicio secreto para espiar a otros políticos. Para echar más leña al fuego, el diario Público informó también en enero de 2009 la existencia de un dosier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de González. Sin olvidar que en febrero de ese año estallaría uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años: la Gürtel.

El viaje a Colombia se realizó entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre de 2008. Han pasado casi nueve años y la Guardia Civil, dentro de la ‘operación Lezo’ que ha provocado la detención de Ignacio González, ha puesto sus ojos sobre las aventuras empresariales del Canal en Suramérica. Los investigadores sospechan que algunas de las operaciones que la empresa pública madrileña hizo al otro lado del Atlántico estaban “hipervaloradas ficticiamente”. Es decir, que el Canal compró su participación en sociedades pagando precios inflados para desviar luego parte de esos fondos públicos a paraísos fiscales.

El Canal llegó a Colombia en 2001, bajo el mandato de Ruiz-Gallardón, y luego con Ignacio González consolidó su expansión por Ecuador, Haití, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México… realizando la última adquisición en Brasil a finales de 2013, la operación que ha levantado las alfombras y de la que más datos tiene la UCO. ¿Qué hacía González, entonces vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal, y sus más estrechos colaboradores en Colombia en el verano de 2008?

Mucho se ha escrito sobre ello, sobre todo tras verles pasear tranquilamente por Cartagena de Indias con unas sospechosas bolsas de plástico y escucharles en la cafetería del hotel donde se hospedaron hablando de empresas y bufetes panameños. “¿De verdad la gente se cree que iban a estar tranquilamente andando por la calle con bolsas llenas de dinero?”, explica la fuente antes mencionada.

Ildefonso de Miguel, exdirector gerente del Canal entre 2004 y 2009, imputado en el ‘caso Lezo’, y uno de los protagonistas de ese viaje, dio su explicación el año pasado en la Asamblea tras ser llamado a declarar a la comisión de auditoría de la deuda. “Vamos a ver, el viaje a Colombia, perdónenme la expresión, es una historia ridícula, es decir, nosotros fuimos a ese viaje según marcaba la agenda, para tener una reunión con el presidente de la República de Colombia, y en ese viaje también estaba previsto el contacto con el alcalde de Barranquilla; era un viaje, por tanto, institucional”.

De Miguel decía la verdad, a medias. Ignacio González, De Miguel y José María Serra Peris, este último exsecretario de Estado con Aznar, exconsejero de Martinsa (la misma constructora que pegó el pelotazo de la Gürtel en Arganda) y exdirectivo del Canal, llegaron a Bogotá el 28 de agosto en el vuelo AV8548. El objetivo era reunirse con el entonces presidente Álvaro Uribe. Allí les esperaba Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa (la filial suramericana del Canal), que este fin de semana ha dormido en prisión tras declarar ante el juez Eloy Velasco.

La reunión era importante. Había problemas con la joya de la corona de Inassa, la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP (más conocida como la Triple A colombiana). Inassa tenía y tiene el 67,9% de las acciones de una empresa que hoy suma 464.000 clientes en 15 municipios del departamento del Atlántico. El resto de los socios es el ayuntamiento de la ciudad y algunos accionistas locales. En 2008 la Triple A contaba con 777 empleados e ingresaba 171.600 millones de pesos colombianos (al cambio 58 millones de euros). Un buen negocio que se estaba resintiendo (los ingresos habían bajado un 25% desde 2004) pero que había que mantener como fuese. La Triple A era y es el buque insignia de Inassa (hoy factura 152 millones de euros al año).

La cita con Uribe se produjo. Tres vehículos blindados y escoltas del Gobierno acompañaron a la delegación madrileña por Bogotá. González quería que Uribe les ayudase con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que hoy sigue como regidor y sentado en el consejo de administración de la Triple A. Y es que no llegaban buenas noticias desde Colombia. Char, importante político y empresario del país, estaba estudiando que el Canal perdiera peso en el accionariado de la Triple A para que entraran en él otros importantes empresarios del país, los hermanos Nule, hermanos de la mujer de Char, Katia Nule, exreina del carnaval de Barranquilla.

Los hermanos Nule, Manuel Nule Velilla y Miguel Nule Velilla, querían más negocios. Ese mismo año habían ganado el contrato del sistema de recaudación del transporte de Barranquilla, Transmetro, y habían puesto sus ojos en la Triple A. Tras la visita oficial a Bogotá, la delegación madrileña cogió otro vuelo a Barranquilla, la sede de Inassa. Allí había que reunirse con el propio Char. “La información que manejábamos en Inassa es que hubo que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas”.

Las reuniones tuvieron éxito, ya que el Canal siguió teniendo la mayoría de Inassa. Otro extrabajador de la filial colombiana ha explicado a este diario que Edmundo Rodríguez fue avisado formalmente que empezaba a ser frecuente que importantes directivos de Inassa exigieran de la tesorería de la empresa importantes cantidades de dinero en efectivo para hacer pagos a políticos a cambio de que Inassa siguiera recibiendo adjudicaciones formales en Colombia y otros países, como Haití, República Dominicana o Panamá. Avisos que cayeron en saco roto. “Yo he visto maletines con 300.000 dólares”, explica la última fuente antes mencionada.

La acusación de fondo tiene que ver con un supuesto cobro de coimas relacionadas con la operación de las Empresas Públicas Triple A de Barranquilla, donde canal tiene una participación mayoritaria a través de la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa).

Dirigente políticos colombianos pidieron a los organismos de control, adelantar una rápida y estricta investigación para descubrir y castigar a los socios corruptos que tuvo la empresa española Canal Isabel Segunda, que habría sobornado a funcionarios públicos para obtener el manejo de entidades de servicios públicos en la costa norte.

Fuente: LA CARRETA

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