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El fiscal general está en la mira de todo el mundo. La versión del excongresista Otto Bula, según la cual Odebrecht entregó una contribución a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, era para él toda una papa caliente. A solo seis meses de posesionado, cualquier decisión que tomara sobre esas versiones –que la declaración formal de Bula había puesto en manos de la Fiscalía– determinaría su credibilidad para los tres años y medio que le quedan en el búnker. Néstor Humberto Martínez es cercano a Santos y al vicepresidente Germán Vargas, pero ha tenido muy buena comunicación con el uribismo y su llegada al cargo fue interpretada como un posible puente que podría iniciar el fin de la polarización política que tanto mal le ha hecho a la justicia.

El caso Odebrecht era una prueba de fuego. Con testimonios sobre ingreso de dineros de la constructora brasileña a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos, mantener la credibilidad en ambas orillas podía ser una misión imposible. Es difícil imaginar un asunto más sensible en un ambiente de polarización agudizado por la precampaña y por la reciente intensificación de la pelea entre el santismo y el uribismo.

El fiscal actuó rápido. El martes a las 5:30 de la tarde sorprendió al leer un comunicado que detonó la mayor controversia política de los últimos tiempos. Por su forma y por su fondo, ese documento cambió totalmente el clima del país. Hasta ese instante, el uribismo estaba a la defensiva por las versiones publicadas en Brasil sobre aportes de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Más de uno dijo que la aspiración del exministro de Hacienda para 2018 estaba herida de muerte.

Y nadie habría podido imaginar que el salvavidas llegara de la Fiscalía, pero así ocurrió. Martínez leyó el documento que contenía varios anuncios sobre las investigaciones que su despacho viene haciendo sobre el escándalo de Odebrecht, y un par de líneas se llevaron toda la atención. Habló de un millón de dólares provenientes de esa cuestionada firma brasileña, “cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”. La afirmación y la avalancha de reacciones apasionadas que originó fueron bien recibidas en el uribismo y criticadas en el gobierno y en los sectores políticos que apoyan al presidente Santos.

El fiscal, en ese momento, fue el héroe del Centro Democrático, que alabó su independencia, y el demonio para los miembros de la Unidad Nacional, que criticaron la acusación temeraria basada en un solo testimonio, el del excongresista Otto Bula, procesado por recibir y tramitar los sobornos de la constructora brasileña. Las afirmaciones del fiscal en ninguna medida exoneran a la campaña de Zuluaga, pero desviaron la atención de un escándalo que hasta el momento estaba concentrado sobre ella.

El panorama volvió a cambiar en la mañana siguiente. Martínez Neira concedió una rueda de prensa para dar más detalles y resolver preguntas sobre su anuncio de la tarde anterior. Esta vez mencionó con nombre y apellido a Roberto Prieto, el exgerente de la campaña para la reelección de Santos, quien según Bula recibió el dinero. Pero hizo énfasis en que las violaciones a las normas sobre financiación de campaña en Colombia no son delitos, sino irregularidades administrativas y en que, en consecuencia, debe sancionarlas el Consejo Electoral y no la Fiscalía. Aunque no hubo, estrictamente, ningún cambio en los anuncios, en este encuentro con los periodistas las reacciones fueron totalmente distintas a las de la tarde anterior. En el uribismo se habló de reversazo y en el gobierno se sintió leve alivio.

Las precisiones, en realidad, bajaron algo la presión y el tono del escándalo, sobre todo en la manera como salpicaba al presidente Santos. Primero, porque el proceso se trasladó del campo penal al administrativo. Segundo, porque la lupa quedó en cabeza de Prieto, exgerente de la campaña. Y tercero, porque la investigación quedó en manos del Consejo Nacional Electoral, de naturaleza política, sin instrumentos de investigación y con mayoría de los partidos que conforman la Unidad Nacional.

Al final de la semana, Martínez Neira anunció que viajará a Brasil para tramitar en persona la solicitud de cooperación de la Justicia de ese país. Es decir, para pedirle copias de la información, emanada de los testimonios de empleados de Odebrecht, sobre sobornos o contribuciones a las campañas de Santos y de Zuluaga.

El viaje del fiscal tiene razones estratégicas como demostrar que está concentrado en el manejo del escándalo, con seriedad y con celeridad. Para Martínez Neira, el caso de Odebrecht no solo representa una prioridad por lo que está en juego, sino por los mensajes que está trasmitiendo sobre cómo enfocará su gestión de cuatro años a la cabeza del órgano más poderoso de la Justicia. Una salida en falso, en un proceso de semejante trascendencia, debilitaría su credibilidad cuando su periodo apenas comienza. Lo que está en juego, para Martínez Neira, va más allá de solucionar un escándalo de inmensas magnitudes políticas y judiciales. También está definiendo con qué legitimidad enfrentará otros procesos complejos, como los que tienen que ver con exfuncionarios de los gobiernos de Uribe o como Reficar.

Y no corre pocos riesgos. El principal está relacionado con su cercanía con el presidente Santos. Martínez no desempeñó ningún papel en las campañas de 2010 ni de 2014, pero su respaldo fue público y conocido. Después de la reelección, asumió un cargo poderoso y diseñado a su medida: el Ministerio de la Presidencia, con tantas atribuciones que en el mundo político lo llamaban como “superministerio”. Estos antecedentes asocian a Martínez con Santos hasta el punto de que esta semana algunos voceros de la oposición dijeron que debería declararse impedido en el caso Odebretch.

Pero hay otro factor. Martínez es cercano al vicepresidente Germán Vargas. Este último hizo una declaración el martes, poco después de la lectura de la declaración del fiscal, en la que le expresó su apoyo y agregó que las investigaciones deberían llegar hasta el fondo, sin importar las consecuencias. El fiscal tendrá que actuar con gran independencia y equilibrio sobre todo frente al proceso electoral que se avecina. En algunos partidos, en especial La U y los liberales, existen prevenciones por las simpatías de Martínez Neira hacia la colectividad del vicepresidente. Esa realidad necesita respuestas con hechos concretos. Como, por ejemplo, la captura hace dos semanas del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, por mala contratación en los colegios. El fiscal deberá demostrar firmeza sin miramientos políticos, y equilibrio sin perjuicio de la justicia.

Lo cierto es que, en el caso Odebrecht, Martínez Neira no podía quedarse con los brazos cruzados, ni dilatar anuncios sobre un testimonio tan explosivo como el de Bula. El lunes ya algunos medios de comunicación indagaban en la Fiscalía sobre varios de los datos que volaron con el ventilador del excongresista, y una espera prolongada le podría haber explotado en las manos. Martínez pudo exagerar: muchos afirman que una irregularidad administrativa de una campaña no ameritaba un escándalo que alcanzó a hacerle daño a la imagen internacional del gobierno. Pero desde el punto de vista institucional a la Justicia le corresponde investigar, sin preocuparse por las consecuencias de otro orden. Y si el balance de estos primeros días es que Néstor Humberto Martínez –en la cúspide de su carrera– se va a empeñar en cumplir el papel institucional que le corresponde como fiscal, su controvertido comunicado del martes será recordado como un paso en la dirección correcta.

Fuente: REVISTA SEMANA

02/17/2017
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Ahora, fiscal Martínez deberá llevar caso Odebrecht hasta las últimas consecuencias

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