Germán-Vargas-Lleras

Dos episodios que tienen de protagonista a uno de los alfiles de Vargas Lleras ponen a pensar si el partido del vicepresidente apoya la paz con las FARC y el ELN.

El nombre de Germán Varón Cotrino, el senador de Cambio Radical más cercano Germán Vargas Lleras, fue noticia esta semana por una carta que puso a más de uno a preguntarse si el partido político del Vicepresidente de la República está realmente jugado con la paz.

En una carta, Varón notificó su renuncia a dos funciones específicas que le habían sido encomendas. La primera, su condición de negociador del Gobierno para los diálogos con el ELN. Varón también renunció a ser ponente de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Frente a este segundo punto adujo la  falta de confianza por parte del Gobierno. “Entiendo que esa es una circunstancia que me deja claro que no existe una confianza suficiente de parte del Gobierno para que yo sea el coordinador de ponentes de la JEP, razón por la cual doy un paso al costado. Seguiré acompañando el proceso, pero sin comprometer al partido”.

Y en relación a la Mesa de diálogos con el ELN, Varón Cotrino justificó su renuncia a participar como negociador en que “el tipo de asuntos y de información que se maneja en esa negociación es sumamente delicada y si no existe la facilidad de poder desarrollar una ponencia donde hay debate, menos aún dónde se debe mantener la discreción y la confianza en todo el equipo de negociadores con el ELN”.

Su renuncia causó sorpresa, incluso, en Ecuador. Una fuente del ELN aseguró que al conocer que él sería negociador representando a Cambio Radical se pensó que Vargas Lleras quería meterse en los temas de paz, pero que con la renuncia de este jueves se evidencia que si el actual vicepresidente llega a la Casa de Nariño en 2018 nada asegura la continuidad del proceso en caso de que no concluya antes del 7 de agosto del próximo años, como creen algunos.

Pero la rebeldía de Cambio Radical no para ahí porque. La reforma política que propuso el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, fue acompañada de cierta forma por Rodrigo Lara Restrepo, representante a la Cámara y director de la colectividad. Para los férreos escuderos de Germán Vargas Lleras, no cayó bien la idea de volver a la figura del designado, tal y como era aplicada antes de la Constitución de 1991, y eliminar la vicepresidencia de la República, que ha sido el fortín de Vargas Lleras en los recientes tres años.

El senador Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera del Senado, aseguró que es “absurdo” pensar en acabar con esa dignidad. “Es inoportuno hablar de eliminar la Vicepresidencia de la República cuando el único vicepresidente que ha dado resultados es Germán Vargas Lleras, así que si antes se mencionaba que esa figura era inoficiosa, ahora se habla de las grandes oportunidades y grandes logros que puede generar esa figura en la Constitución”.

Aunque no lo mencionó directamente, Motoa sí dejó entrever que se trataría de un ataque directo en contra de Germán Vargas Lleras y claro, salió en su defensa. “Ese cargo lo ha venido desempeñando muy bien Germán Vargas Lleras y por eso considero inoportuna esa propuesta en la reforma política. Además, el vicepresidente se elige popularmente y todos saben que en caso de una ausencia del presidente de la República, él sería su reemplazo, no sería sorpresa si alguna vez le sucede algo al presidente”.

Lara renunciaría

Todo esto se produce en uno de los momentos más difíciles de Cambio Radical en toda su historia, que data desde el 2004. Dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo y eso es exactamente lo que está pasando en la colectividad, dividida y capoteando el escarnio de la opinión pública por cuenta de todos los escándalos judiciales relacionados con los avales que han entregado en el país, especialmente en La Guajira.

En los mentideros políticos se dice que Rodrigo Lara, renunciaría el próximo martes a la dirección de Cambio Radical por estar, literalmente, cansado de todo lo que está pasando al interior de la colectividad y de ver que cada día hay más desprestigio por los escándalos de corrupción de algunos de los militantes, incluso, algunos ya en la cárcel.

Este portal intentó comunicarse con Lara, para conocer si en efecto se separará del cargo, pero no contestó su teléfono. Sin embargo el senador Germán Varón Cortino, sí admitió el mal momento del partido. “Evidentemente hay una división en la medida en que no hemos podido unificar posiciones en temas como el de los avales, eso generó una división, pero esperamos solucionarlos prontamente”.

Nadie de ese partido ha puesto la cara por todas las polémicas que se han generado y por ese desgaste Lara preferiría apartarse de la dirección.

Entre tanto, día a día aumenta el rumor de que el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien debe renunciar en los próximos días, lanzaría su candidatura presidencial por firmas ante la imposibilidad de una coalición con La U y los Liberales y por el desgaste ante la opinión pública de su partido.

No son buenos los días para Cambio Radical, división entre los congresistas, fuertes cuestionamientos a la colectividad, y dudas entre sus socios de coalición. El próximo martes en una reunión clave se sabrá si podrán naufragar en el crucial año electoral que se les avecina.

AMBIVALENCIA

A algunos sectores de la opinión nacional les parece extraño que dirigentes de Cambio Radical adopten posiciones contrarias a las que ha defendido la Unidad Nacional en torno al proceso de paz.

Una extrañeza incomprensible, especialmente porque el jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien ha actuado como vicepresidente de la República, ha mantenido una posición distante con respecto al proceso de paz y ha sido crítico de algunos temas, especialmente los relacionados con la justicia especial.

Estar distante o en contra del proceso de paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos, responde a una estrategia política muy meditada, que se basa en la presunción de que los colombianos son contrarios a los resultados de la negociación con la guerrilla de las FARC y estarían dispuestos a respaldar a alguien que echara para atrás esos acuerdos, o por lo menos que los revisara.

Sin embargo, Vargas Lleras y su partido político parece que llegaron tarde a esta estrategia de reversar los acuerdos de paz, ya que la delantera en este tema la cogió el partido Centro Democrático, que a través del senador José Obdulio Gaviria advirtió que de llegar ellos al poder, no acatarán el proceso alcanzado con la insurgencia.

Cambio Radical ha quedado en una encrucijada muy difícil de sortear, porque que es mirado con desconfianza por quienes han defendido el proceso de paz y no entiende cómo el segundo hombre en el poder en el gobierno nacional, es insolidario con el evento más importante de la democracia en los últimos 50 años: la negociación de paz con las FARC, su desmovilización, la entrega de armas y la inserción a la vida política.

La encrucijada se completa con la desconfianza que le tienen también los representantes de la derecha colombiana, por no haber sido mucho más categórico en su rechazo contra el proceso de paz y por haber aceptado defender el Sí durante el plebiscito.

Ni con Dios ni con el Diablo parece ser la realidad de Germán Vargas y su partido. Nadie quiere con él. Los militantes de la U y del Partido Liberal no lo tienen sus planes para futuras coaliciones. Cosa similar ocurre con el Centro Democrático, que representa la esencia de una derecha que no está de acuerdo con la mayor parte de los temas de la negociación con la FARC y que no han aceptado hacer parte de la mesa de negociación con el ELN.

Aunque el tema de la paz es lo que más desconfianza genera hacia Cambio Radical entre las diferentes agrupaciones política, algunos hechos relacionados con la corrupción de dirigentes avalados por este Partido, le han creado un escenario bastante complejo al vicepresidente Vargas, que ha originado incluso la posibilidad de que presente su candidatura por firmas y no por la colectividad que él creó hace varios años.

Germán Vargas saldrá a la campaña electoral para Presidencia en 2018 en medio de un ambiente muy enrarecido para él, lo cual se demuestra contundencia en las encuestas de opinión, donde a pesar de su larga exposición pública y los evidentes éxitos de algunas de sus tareas en materia de infraestructura, no logra conquistar el beneplácito ciudadano. En algunos estudios de opinión pública, incluso, aparece perdiendo con los exalcaldes Sergio Fajardo de Medellín y Gustavo Petro de Bogotá.

¿PAZ CON “AJUSTES”?

El expresidente Álvaro Uribe, en su primera aparición tras ser operado de la próstata, criticó el Fast Track y la figura de la justicia transicional.

El expresidente y líder del partido opositor Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, afirmó este domingo que en caso de que su formación llegue al Gobierno no revocará los acuerdos de paz alcanzados entre el Ejecutivo y las FARC, pero “luchará” para ajustarlos.

“El Centro Democrático tiene claro que hay que proteger y dar todas las oportunidades a los guerrilleros de base desmovilizados, además de (garantizar) la protección de las víctimas”, resaltó Uribe en un video publicado en su cuenta de Twitter y que supone su primera aparición tras ser operado de la próstata esta semana.

El expresidente (2002-210) y su formación han sido los principales opositores al nuevo acuerdo de paz firmado el pasado noviembre entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

Antes pidieron el ‘No’ en el plebiscito para el primer acuerdo que alcanzaron las dos partes y que fue rechazado en esa consulta popular.

“El Gobierno y sus asesores tan temerosos de las FARC como de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, en lugar de introducir ajustes, pretenden crear pánico contra el Centro Democrático”, agregó.

El expresidente también criticó el denominado Fast Track -un mecanismo que permite iniciar trámites parlamentarios rápidos para aprobar las leyes y reformas necesarias para implementar el acuerdo de paz- y señaló que este “invita a la corrupción”.

Asimismo, criticó la figura de la justicia transicional que forma parte del acuerdo de paz y que a su parecer supone la “sustitución” del poder judicial por magistrados con militancia política afín al Gobierno colombiano y cuyos fallos no los puede aplicar la justicia ordinaria.

“Parecen especializados en la arquitectura de la destrucción del Estado democrático”, resaltó el exmandatario.

Finalmente, Uribe advirtió del riesgo de que “en nombre de la paz” se conduzca a Colombia a una “economía privada anémica” con tintes chavistas.

Aterrizaje uribista

Algunos exfuncionarios uribistas se preparan para ir a la justicia transicional acordada con las Farc. La figura es forzada pero posible. Ayudaría, por fin, a construir un consenso político.

La controvertida Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza clave de los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las Farc, podría tener un giro inesperado. Algunos de los altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe que han sido condenados planean llevar allí sus casos. En especial, quienes están vinculados a la Yidispolítica. Es decir, reconocerán que hicieron nombramientos para voltear y garantizar los votos de los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, y así asegurar la mayoría necesaria para que el Congreso aprobara la reelección, que finalmente mantuvo a Uribe en la Presidencia cuatro años más, de 2006 a 2010.

Uno de ellos es el exministro de Protección Social Diego Palacio, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho, consistente en intercambiar favores para condicionar un voto. Palacio paga una sentencia de 80 meses, de los cuales está a punto de cumplir dos años en la Escuela de Caballería de Usaquén, en Bogotá. En entrevista con SEMANA (ver siguiente artículo), el exministro explicó los argumentos por los cuales su caso cabe dentro de la JEP. Puesto que su proceso se adelantó en forma simultánea con los de Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior, y del exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez es muy probable que estos dos últimos le apuesten también a someter sus casos a la JEP.

La hipótesis es más viable de lo que parece a primera vista. Por la Escuela de Caballería han desfilado abogados, tanto del uribismo como de otros sectores, y han analizado las posibilidades con Diego Palacio. Álvaro Leyva y Enrique Santiago han sido algunos de ellos. Ambos participaron en la negociación entre el gobierno y las Farc que culminó con el acuerdo sobre justicia transicional. Y ellos, lo mismo que otros asesores cercanos al gobierno en la Mesa de La Habana, coinciden en que los textos firmados por Santos y Timochenko sí permiten que el Tribunal para la Paz, contemplado en la JEP, pueda estudiar los casos de los exfuncionarios uribistas.

La mayoría de ellos considera que esa posibilidad es forzada, pero posible. El Tribunal para la Paz tiene el objetivo de juzgar los delitos no amnistiables cometidos en el conflicto armado. La lista que surge de inmediato incluye genocidio, graves crímenes de guerra, tomas de rehenes, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Un conjunto de prácticas mucho más atroces que las del cohecho y el clientelismo en el que incurrieron Palacio, Pretelt de la Vega y Velásquez.

¿Por qué, entonces, podría ser viable que la JEP se ocupe del tema? ¿Y por qué les podría convenir a los exfuncionarios del gobierno de Uribe? El argumento principal que hace factible la figura es que los delitos condenados por la Corte Suprema de Justicia tenían como fin asegurar la reelección de Uribe con el propósito de continuar la seguridad democrática, prioridad de ese gobierno. Uribe había alcanzado éxitos militares notables frente a la guerrilla, especialmente de las Farc, pero consideraba que para terminar la tarea de derrotarla necesitaba estar cuatro años más en el poder. El propio presidente, en su momento, hablaba de que “la cabeza de la serpiente aún está viva”, para defender su necesidad de seguir en la Presidencia.

Con el clima político que imperaba en 2006 la reelección de Uribe se asociaba con la continuidad de la seguridad democrática y con mantener la ofensiva contra las Farc. Testimonios de la época demuestran que el imaginario colectivo relacionaba la reelección con el conflicto interno y con la seguridad democrática. El propio Sabas Pretelt defendió en el Congreso el proyecto que la permitía con el discurso de que la permanencia de Uribe era un mensaje para los grupos armados. Dijo que “la sociedad quería mantener la seguridad democrática en el mediano y largo plazo”. Por otro lado, Íngrid Betancourt, el mismo día de su rescate, afirmó que la reelección de Uribe fue “uno de los golpes más duros que se les ha dado a las Farc”. Diego Palacio y sus abogados han venido recopilando testimonios en este sentido que incluyen a Juan Manuel Santos, Rodrigo Rivera, el general Jorge Mora Rangel, e incluso a miembros de la oposición de la época, como Antonio Navarro. Hay declaraciones de las propias Farc convocando “a las fuerzas que se oponen a la reelección y a la estrategia de guerra total que esta conlleva”.

¿Bastaría esa asociación entre reelección y ofensiva contra las Farc para que la JEP admita los casos de los funcionarios uribistas? La respuesta está en el propio sistema de justicia transicional. Es decir, Palacio, Pretelt y Velásquez tendrán en primer lugar que demostrar la competencia de la JEP sobre sus casos. Y el punto central sería lo estipulado en los acuerdos de La Habana sobre la participación de terceros. Es decir, de personas que no formaron parte de las Fuerzas Armadas ni de la guerrilla, pero que “han participado en forma indirecta en el conflicto y han cometido delitos en ese contexto”.

Palacio, Pretelt y Velásquez –y eventualmente otros exfuncionarios del gobierno de la seguridad democrática– le apuntan a indudables beneficios al apostar por la JEP. En primer lugar, quedarían en libertad. Todos ellos están presos y condenados, y no tendrían que estar en la cárcel durante los procesos. Entre las posibilidades más atractivas estaría la figura de la “suspensión de la persecución judicial”, que significa que se acaban las investigaciones, lo que en la práctica implica beneficios semejantes a los de una amnistía. En segundo lugar, las penas previstas son menores a las que establece el Código Penal –de cinco a ocho años– por lo que podrían recibir sentencias menores a las que les impuso la Corte Suprema.

Y en tercer lugar, sobre todo en el caso de los exministros Palacio y Pretelt, estos juicios se convertirían en una especie de nueva instancia en la que podrían obtener fallos absolutorios. Para nadie es un secreto que en el uribismo consideran que las decisiones de la Corte Suprema de la época –en las que no hubo segunda instancia– se dieron en medio de un choque de poderes. Sus abogados esperan que una entidad diferente acepte algunos de los argumentos y pruebas que rechazó la corte.

Pero así como hay beneficios también hay riesgos. El primero es lo tortuoso del camino. Que la JEP acepte la competencia sobre estos casos es posible, pero no seguro. El primer pleito –no sobre el fondo de las conductas delictivas, sino sobre la competencia– es un escollo complejo. Es cierto que la JEP abre puertas a los “terceros”, pero también que su naturaleza fundamental es juzgar a los miembros de la guerrilla y a los agentes del Estado que en forma directa cometieron delitos en la guerra.

Precisamente por esto, los exministros pueden encontrar otro escollo: el de cumplir las condiciones que se requieren para recibir penas menores a las de la justicia ordinaria, o sea, la verdad y la reparación. Esa es la diferencia fundamental entre los dos sistemas: que los sentenciados reciban menos años de pena a cambio de entregarle a la justicia más conocimiento sobre lo que ocurrió en la guerra, y, a sus víctimas, fórmulas de compensación.

¿Aportarían los exministros nuevas evidencias? ¿Darían información sobre otras personas? Y más aún, ¿qué mecanismos de reparación ofrecerían y quiénes serían las víctimas por resarcir? En la entrevista, Diego Palacio da a entender que la versión que le entregó a la corte es todo el aporte que tiene para hacer en materia de verdad, y que se considera inocente. Pero si el Tribunal de Paz no acepta esa argumentación, el destino sería el mismo previsto para los miembros de la guerrilla que no digan toda la verdad: sus casos regresarían a la justicia ordinaria, y podrían recibir penas hasta de 20 años.

También hay inquietudes de tipo político. El Centro Democrático ha cuestionado la justicia transicional y lideró la campaña por el No en el plebiscito, en buena medida porque la consideraba una fórmula de impunidad a favor de las Farc. En las negociaciones llevadas a cabo después del 2 de octubre entre el gobierno y las campañas del No, la JEP concentró una parte fundamental, y uribistas, conservadores y evangélicos criticaron duramente el sistema. ¿Cómo soportar un cambio de posición en esta materia?

Se podría decir que el hecho de que algunos uribistas se acojan a ella es una mirada hacia delante y que no tiene sentido quedarse para siempre en el escenario posplebiscito. Pero el Centro Democrático perdería una de sus principales banderas para la próxima campaña electoral, que es la crítica al proceso y a la justicia transicional. ¿Cómo atacar al sistema por blando con la guerrilla si algunos miembros del Centro Democrático se someten a él? SEMANA conoció que la posición del expresidente Uribe frente a la posibilidad de que sus exfuncionarios se acojan a la JEP ha sido de respeto, pero no de entusiasmo.

Y en el otro lado del espectro también hay inquietudes. Consideran que un criterio laxo sobre los alcances de la reelección sobre la guerra podría abrir una puerta por la que poco a poco se colaría un número exagerado de casos. Entre ellos, los de los exempleados del DAS que participaron en chuzadas y otras irregularidades, encabezados por su exdirectora María del Pilar Hurtado. O los parapolíticos, que hicieron pactos regionales con grupos paramilitares para hacer sus campañas al Congreso. O, incluso, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro. El uribismo y las otras corrientes de oposición han criticado a la JEP por debilitar la justicia ordinaria y montarle un sistema paralelo. Ahora, una llegada a la JEP de múltiples casos –ya tramitados o en trámite por las instituciones normales– iría exactamente en esa dirección.

De cualquier manera, la hipótesis está sobre la mesa y en las mentes de exfuncionarios que la ven con buenos ojos. Falta ver cómo saldrá el texto finalmente aprobado por el Congreso sobre la JEP, para saber qué tan claro es el camino de los exministros. La Cámara ya aprobó el proyecto, y el martes pasado la Comisión Primera del Senado llevó a cabo una audiencia pública. El proceso ha resultado más lento y complejo de lo que se preveía para el fast-track, pero las inquietudes planteadas nada tienen que ver con las posibilidades de que exfuncionarios civiles presenten sus casos. Esta reforma requerirá después de dos leyes reglamentarias y, finalmente, de la elección de los magistrados y de la ejecución de medidas administrativas. Se estima que el sistema de justicia transicional entrará a operar en el segundo semestre del presente año.

Por eso, los exministros y exfuncionarios del gobierno Uribe siguen muy de cerca las sesiones del Congreso, para decidir si le apuestan a someterse a la JEP. Y no son los únicos. También hay exmilitares, condenados o en proceso, que se van a presentar a la justicia transicional. Entre ellos los generales Rito Alejo del Río y Jaime Humberto Uscátegui. Esto es menos sorpresivo, pues siempre se supo que los acuerdos entre el gobierno y las Farc en materia de justicia cobijarían a la guerrilla y a los agentes del Estado. Sin embargo, la opinión pública asocia más claramente a los miembros de las Farc con la justicia transicional, que a los militares o a los ‘terceros’. Y las consecuencias políticas de que empiecen a llegar allí procesos de estos últimos dos grupos serían considerables.

Para muchos, una justicia transicional que involucre a todas las partes puede ser el inicio de una paz política en el país. El tratamiento, con el mismo rasero, de conductas de distintos actores y sectores puede ser la primera piedra para construir un consenso institucional, dejar atrás el conflicto armado, e incluso superar la polarización política. Hasta ahora ha habido un debate intenso sobre los beneficios de la JEP para las Farc, la dureza de la justicia ordinaria para los militares, y la supuesta persecución judicial contra el uribismo. Una cobija que los cubra a todos puede aplacar estas inquietudes. Y cualquier paso hacia un consenso es muy valioso después de la división que produjo el plebiscito de octubre.

Fuente: REVISTA SEMANA / DIARIO EL HERALDO

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