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Gracias a Odebrecht el país va a tener que afrontar la corrupción como un entramado de prácticas entre políticos y contratistas en todos los niveles (nacional, regional y local), y ya no solo como una anomalía de las regiones que resultaría de su escaso grado de modernidad, de la falta de valores de sus dirigentes o de una cierta barbarie de sus gentes.

Es cierto que la corrupción varía de acuerdo con los entornos sociales y económicos donde ocurre. Pero en Colombia ocurre en todos los entornos. Lo de Odebrecht solo fue posible porque funcionarios del gobierno nacional se prestaron para que esta empresa tuviera ventajas en los procesos de contratación. Y las últimas acusaciones demuestran que el asunto fue más allá de viceministros y de congresistas como Otto Bula que llenan todos los requisitos para figurar como el estereotipo del corrupto de provincia.

El asunto fue más serio. Las campañas de los dos principales candidatos de las últimas elecciones presidenciales se vieron salpicadas por acusaciones de testigos directamente vinculados con los sobornos. El propio Álvaro Uribe tuvo que criticar públicamente a Óscar Iván Zuluaga por la reunión con “Duda” Mendonça, un publicista brasileño a quien Odebrecht habría pagado una suma elevada de dinero para asesorar la campaña del candidato del Centro Democrático. .

Y sobre Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, se cierne un tufillo de sospecha tan intenso que ya muchos empiezan a compararlo con Fernando Botero. Lo más probable es que, si el escándalo sigue creciendo, Santos se desembarazará de responsabilidades acudiendo a la frase de Samper: “todo fue a mis espaldas”.

Los rumores sobre la participación de la élite política de Bogotá en los grandes procesos de contratación pública son cada vez más intensos. Se habla de amigos contratistas de muchos de los más reputados dirigentes nacionales, quienes se han enriquecido como nadie en el sector público al tiempo que guardaban las formas para no aparecer como los voraces y toscos corruptos de provincia. Por eso, si Obredecht quería asegurarse los contratos, tenía que tener conexiones clandestinas tanto con Zuluaga como con Santos.

Esto no es nada nuevo. Ya antes del proceso 8000 y de Ernesto Samper existían  testimonios creíbles sobre el ingreso de dinero de los carteles en las campañas presidenciales. Por ejemplo quedan pocas dudas de que en la campaña de 1982 ambos candidatos, Alfonso López y Belisario Betancur, recibieron grandes sumas de los narcotraficantes. Ni más ni menos que Samper, quien fue gerente de la campaña de López, le dijo el 12 de julio de 1983 a El Tiempo que la campaña rival había recibido ‘dineros calientes’ y le pidió al conservatismo: “[no] convivir, ni consentir ni ser indiferentes con la intervención de las mafias en la política colombiana”.

De manera por demás irónica, y cuatro páginas más adelante en esa misma edición de El Tiempo, Samper tuvo que desmentir a Pablo Escobar, quien había afirmado que durante la campaña de 1982 le había entregado una “crecida suma” para los gastos del liberalismo: “Que la mafia hubiera dado un dinero –lo cual no me consta- es una cosa, y que estuviera comprometida la campaña o el candidato es una cosa muy distinta”.

Un sistema viejo con recursos nuevos

Si Obredecht quería asegurarse los contratos, tenía que tener conexiones clandestinas tanto con Zuluaga como con Santos.El mecanismo responsable de que la corrupción sea parte del sistema político en Colombia se ha mantenido prácticamente inalterado desde hace mucho tiempo. La novedad consiste en que ahora la clave está en la contratación pública y no en el narcotráfico. ¿Cuál es ese   mecanismo?

En las regiones y en los municipios la clase política se encuentra con que el escaso desarrollo de la economía las induce a distribuir  de manera selectiva las rentas y los bienes del Estado para obtener los votos de sus clientelas. Las elecciones locales se ganan a punta de dinero, de asignación de subsidios, de puestos de trabajo y de promesas de nuevas inversiones públicas.

Los gobiernos locales disponen del control de las transferencias estipuladas por la Constitución para proveer la educación, la salud y otros servicios sociales; pero tanto el valor como la destinación de estas partidas están determinados de antemano, y por eso los políticos las usan para mantener comprometidas a sus clientelas. Como además de esos servicios clientelistas necesitan recursos para costear sus campañas (desde la publicidad hasta la compra de votos en dinero), los políticos locales negocian con el gobierno central a través de congresistas y lobistas para conseguir contratos que se asignan a los empresarios que financian esos gastos. Por esta misma vía se aseguran la protección necesaria para el caso de verse envueltos en investigaciones administrativas o en líos judiciales.

Y por su parte a los políticos de Bogotá o “de talla nacional” les conviene encaminar las inversiones del Estado central hacia los políticos regionales con mayor caudal de votación, lo cual a su vez les permite reclamar una cuota mayor en el reparto de las agencias estatales y la burocracia del sector público. Esas agencias y esa burocracia, incluyendo la justicia y los órganos de control, son las que deciden cómo se adjudican los grandes contratos públicos y a quiénes se investiga.

Aquí se cierra el círculo: quien controla el aparato estatal controla los recursos y la impunidad. Este el modo de gobernar a Colombia y no hay razón para esperar que quienes cierran el círculo, la élite política a cargo del Estado central, vaya a cambiar las cosas si son los principales beneficiarios de este sistema.

La realidad política en fotos

Roberto Prieto le dijo a la W Radio que él tenía “mucho susto pues esa mafia de Córdoba es tenebrosa”. Pues bien, La Silla Vacía publicó una fotografía del mismo Prieto en Lorica durante la campaña para la reelección de Santos en 2014. Allí aparece con varios parapolíticos de Córdoba levantando los brazos en una tarima. Al parecer entonces las mafias de Córdoba no le atemorizaban.Quizá la forma más sencilla de comprobar el entramado de coaliciones políticas, políticos corruptos, contratistas públicos, narcotraficantes y demás empresarios ilegales sean las fotografías de las campañas.

Otra foto es todavía más diciente. En ella aparecen el presidente Santos y el entonces ministro Vargas Lleras con el gobernador de la Guajira, Kiko Gómez, hoy preso por homicidio. En la foto los tres personajes entrecruzan sus manos como señal de alianza entre el gobierno nacional y el gobierno del departamento.

El historial de Kiko Gómez era mucho más siniestro que el del asesinato por el que hoy está condenado. Para la época en La Guajira se sabía que él estaba detrás de al menos 100 homicidios y que manejaba numerosos negocios ilegales, desde contrabando y corrupción política hasta narcotráfico. Pero eso no fue obstáculo para que desde Bogotá el partido de un presidenciable como Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, le diera el aval de su partido, Cambio Radical, para ser gobernador de La Guajira.

Los políticos que no tienen origen en la aristocracia de Bogotá pero que, al igual que ellos, ocupan las más altas posiciones en el Estado central también tienen fotografías similares. Basta recordar la de Álvaro Uribe en un campero descapotado a través de las sabanas de Córdoba, haciendo campaña con parapolíticos como Eleonora Pineda o Miguel de la Espriella. O, en su momento, las fotos de Horacio Serpa, segundo en las elecciones presidenciales de 1998 y 2002, haciendo campañas con los políticos del proceso 8000.

Sistema corrupto

En su mayor parte, el sistema de las transacciones en la política colombiana es el mismo, sin importar de qué facción se trate. Es un entramado de colectividades políticas que incluyen figuras nacionales y regionales en feroz competencia con otras colectividades similares, mientras sus miembros compiten entre sí por ocupar una posición superior en la colectividad y tener acceso a mayores recursos y representación en el Estado.

La competencia tiene una cara visible en votos que vienen de la opinión pública sin el apoyo de ninguna transacción económica, pero también una contracara de votos y recursos que se obtienen de clientelas, contratistas públicos, narcotraficantes y empresarios ilegales.

5.000 millones

La neblina apenas deja ver la silueta del viaducto Córdoba en la Transversal El Libertador que comunica al Cauca con el Huila por el municipio de Inzá y que empieza a ser desmontado por determinación del Instituto Nacional de Vías. Pasajeros y curiosos observan las maniobras de las máquinas que trabajan en el puente y otros que tratan de limpiar una brecha improvisada para facilitar el tránsito automotor.  “Varias personas le dijeron a los ingenieros que ese puente no debía construirse como ellos lo pensaban, no creyeron en quienes han vivido en la región y conocen el comportamiento de la quebrada y como no somos ingenieros…”  asegura un habitante del sector aledaño al sector de Córdoba en el Municipio de Inzá al oriente del departamento del Cauca mientras espera el vehículo que lo pasará por la trocha.

La historia se remonta al año 2009 cuando se inició la construcción de la Transversal del Libertador que comunica al Departamento del Cauca con el Huila iniciando en Popayán y haciendo tránsito por los municipios de Totoró, Inzá, Paez en el Cauca y la Plata en el Huila. Hechos los estudios pertinentes se determinó la construcción de viaductos en los ríos Sucio, Córdoba, Guanacas, Ullucos y Paez con financiación del Instituto Nacional de Vías que finalmente suscribió los respectivos contratos. Mientras avanzaba la ampliación, mantenimiento y pavimentación de los primeros kilómetros se adelantaron los estudios en el sector de Córdoba donde una fuente hídrica ocasionaba serios daños cuando se reactivaba la falla ecológica convirtiéndose en un punto crítico. Las obras en consecuencia se iniciaron en el año 2013 y fueron los propios vecinos del sector y los transportadores los que advirtieron que el lugar seleccionado para la instalación de las bases no era adecuado porque ya eran conocedores de los estragos que causaba la pequeña fuente de agua. Los ingenieros no atendieron los comentarios y con su aprendizaje indicaron que el viaducto debía tener una luz de 80 metros y así lo construyeron.

Con bombos y platillos el 15 de mayo del 2015 el vicepresidente de la República German Vargas Lleras entregó oficialmente la obra pero al poco tiempo ésta empezó a registrar agrietamientos que ya en Enero del 2017 alcanzaron casi un metro de ancho lo que originaba un alto riesgo para vehículos y pasajeros. Aunque a ese tiempo el Instituto Nacional de vías había ordenado el cierre de la vía, los conductores arriesgando sus vidas, la de los pasajeros y la carga seguían transitando por el lugar y cuando la situación empeoraba por razones del clima debían utilizar la vía alterna por Silvia-Mosoco-Tumbichucue-San Andrés de Pisimbalá aumentando hasta en cuatro horas el tiempo de desplazamiento.

En menos de dos años la inversión que los cinco mil 800 millones se ha terminado y en consecuencia el viaducto debe demolerse para retornar a los viejos tiempos cuando había que esperar horas y hasta días para poder pasar, situación que se agrava cuando llega la temporada invernal y la avalancha se incrementa. Hasta ahora lo único cierto es que el viaducto se desmonta y que se instalará un puente militar para solucionar temporalmente el problema pero la solución final aún no la tiene el Instituto Nacional de Vías que con el consorcio encargado de la transversal el Libertador solo se limitan a mantener maquinaria en el lugar para mantener el paso de vehículos.

Ante las continuas solicitudes el Invías ya se pronunció indicando que adelantará las acciones judiciales para recuperar el dinero invertido por mala calidad de las obras y que estudia un proyecto para solucionar definitivamente el problema. Nadie sabe cuánto tiempo habrá que esperar para que haya un nuevo viaducto pero mientras tanto doña Sandra o doña Elsa que tienen sus negocios en inmediaciones del páramo deberán cerrar muy temprano porque no hay transportadores ni pasajeros para atender.

Fuente: RAZÓN PÚBLICA

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