paramilitares

De los 4.410 exparamilitares que hace casi 12 años se presentaron para recibir los beneficios de la ley de Justicia y Paz hoy han sido excluidos más de la mitad.

Aunque todos ellos se presentaron voluntariamente ante las autoridades y aspiraron a que por sus graves crímenes solo recibieran condenas de máximo ocho años de cárcel, lo cierto es que durante el camino se fueron arrepintiendo y muchos terminaron optar por que sus delitos fueran resueltos por la justicia ordinaria.

Ya van, según la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, 2.467 exparamilitares excluidos de la ley de Justicia y Paz, que al no seguir en la jurisdicción transicional renunciaron a su compromiso de decir la verdad, reparar a las víctimas de sus delitos y a garantizar que no volverían a delinquir.

De los que ya no están en Justicia y Paz, 2.041 salieron porque no se ratificaron. En este grupo, explica la Fiscalía, se encuentran aquellos que en un comienzo se postularon, pero luego no asistieron a las versiones libres o decidieron no continuar el proceso. Le siguen los casos por muerte (205), por renuencia a comparecer en versión libre (104), continuar delinquiendo (78), entre otros.

De los desmovilizados, hoy solo siguen en la justicia transicional, creada para desmovilizar a los paramilitares, unos 1.943 postulados. Y a pesar de esa importante reducción en el número de personas a juzgar solo se han conseguido en más de una década 47 sentencias.

Este proceso hasta ahora va en la mitad del camino. Según balance de la Fiscalía, a enero de este año, nada más se han reconocido como víctimas a 211.013 personas, el 55 por ciento de los afectados por el paramilitarismo.

El abogado Jairo Moya, defensor de víctimas del ‘Bloque Norte’ de las Auc, dice que el proceso de Justicia y Paz y especialmente, la reparación a víctimas no se ve afectada por la exclusión de un postulado. “Dentro del trámite existen otros integrantes que responden por los hechos. Los cargos han sido imputados y legalizados sin ningún inconveniente”, dijo.

Moya estuvo en el trámite de exclusión del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’. El paramilitar fue sacado por continuar delinquiendo luego de su desmovilización, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema en el 2016.

Pero no todos los representantes de víctimas creen que con esa deserción no se afecten los procesos judiciales y la verdad, algunos de ellos consultados por este diario señalaron que se cerró la posibilidad de conocer en su totalidad los hechos del conflicto del paramilitarismo.

Los abogados afirmaron que al comienzo del proceso de postulación se dio el mayor número de bajas, porque muchos no fueron reconocidos como parte del grupo ilegal. Otros creyeron que al salirse de Justicia y Paz se les retiraban los cargos y no podrían ser investigados, pero sus procesos siguieron en la ordinaria.

Por su parte, Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, señala que existió un grueso grupo de ‘paras’ que se postularon, pero no volvieron a aparecer y que debieron ser investigados por la justicia ordinaria. “Las exclusiones no han sido un papel definitivo en los procesos penales. Llevar esta justicia no ha sido fácil y se ha ido avanzando”, indicó.

Díaz señala que esta justicia ha sido una experiencia importante para el país. “Nos deja lecciones sobre los aciertos y dificultades, pero nos muestra que es muy difícil perseguir penalmente en el término de la guerra”, dijo.

RIESGOS

El Contralor General, Edgardo Maya Villazón aseguró que los dividendos de la paz “no pueden verse amenazados por grupos criminales que copen los territorios que dominaban las Farc”.

Así, Maya afirmó que esos grupos armados, si llegan a ocupar esas zonas, podrían hacer inviable una reducción del gasto en Fuerza Pública.

“El gasto en seguridad y defensa nacional le cuesta al país 34 billones de pesos por lo que la sociedad espera que con 500.000 hombres, las Fuerzas Militares y de Policía ocupen los territorios y ofrezca las garantías para el disfrute de los derechos”, aseguró Maya. .

Maya afirmó que hay estudios que muestran que no se podrán tener dividendos de la paz en el corto plazo “debido la amenaza de las bandas criminales y otros actores que están asumiendo el control de los territorios dominados antiguamente por las Farc”.

En la instalación de un seminario internacional en la Universidad Externado, Maya dijo, además, que mientras avanza la terminación del conflicto, “persiste una enorme preocupación en torno a la corrupción que ronda al país, la cual genera incertidumbre sobre las posibilidades de materializar los propósitos pactados, que están mayoritariamente a cargo del Estado colombiano”.

El Contralor también habló de un estudio de la Contraloría sobre la ley de Justicia y Paz que determinó que en sus 10 años de aplicación ha tenido un costo de 11 billones de pesos.

El estudio muestra que de 4.981 exparamilitares que se acogieron a esa ley, la mitad ya han salido del proceso y apenas 195 han recibido condenas, es decir, un 8,2 por ciento de los aspirantes a los beneficios de esta ley de justicia transicional.

También afirmó que el posconflicto requiere instituciones modernas en todos los niveles, y que le puedan rendir cuentas a los ciudadanos. “El elemento del control fiscal en las nuevas relaciones con los territorios debe ser redefinido, tal como lo ha venido planteando la Contraloría en distintos foros”, dijo.

Además, aseguró que los costos reales de la sostenibilidad del proceso de paz con las Farc sólo podrán conocerse una vez se terminen de desarrollar los ajustes normativos que le darán vida al proceso de paz.

Dijo que la Contraloría General tendrá un papel importante en la vigilancia de los acuerdos de paz, pues el acto legislativo 01 del 2016 le dio ordenó rendir al Congreso, en los próximos 20 años, informes sobre el desempeño del Gobierno Nacional y las alcaldías y gobernaciones en la ejecución de políticas públicas desarolladas para cumplir el acuerdo con las Farc.

EVENTUAL RECLUTAMIENTO

El senador y copresidente de ‘la U’, Armando Benedetti, realizó este martes varias denuncias sobre algunos aspectos de la implementación del acuerdo de paz en los cuales, según él, no se ha avanzado.

Sus denuncias se conocieron en la Comisión Primera del Senado en medio de un debate de control político sobre la implementación del acuerdo con las Farc y el asesinato de líderes sociales en las regiones.

Según Benedetti, hay “guerrilleros rasos” y “comandantes de frentes de las Farc” que están “en el limbo” por cuenta de “retrasos” en la implementación del acuerdo.

“Los paramilitares han ofrecido hasta 1’800.000 pesos a los guerrilleros rasos para que se incorporen en sus grupos. En el mismo sentido, a los comandantes de frente han llegado a ofrecerles hasta diez millones de pesos”, aseguró Benedetti.

Agregó que “solamente el siete por ciento de la implementación ha venido avanzando”.

La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, también citante del debate, afirmó que solamente siete de las veintisiete iniciativas legislativas acordadas para el desarrollo de lo acordado se han presentado al Congreso.

“Lo que tendríamos que decir sobre la implementación es que esta no está más desmadrada es por la coordinación que tienen las Farc sobre su tropa”, dijo la congresista.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno ha detectado que “con la firma de los acuerdos de paz” hay una “ofensiva de organizaciones criminales” que “pretenden ejercer control territorial” para “apropiarse de dos fuentes de economía: cultivos ilícitos y minería ilegal”.

Agregó que esta presencia se ha detectado en el Cauca, el bajo Cauca antioqueño, el Pacífico nariñense y el Catatumbo y añadió que “es cierto” lo que dijo el senador Benedetti sobre el ofrecimiento a integrantes de la guerrilla.

“Independientemente de cómo se llamen, si paramilitares o narcotraficantes, son organizaciones que están amenazando la paz en Colombia”, dijo el Ministro, quien agregó que el Gobierno es “consciente” de esta problemática.

Sobre la demora en la presentación y aprobación de los proyectos para la implementación del acuerdo, Cristo reconoció “la demora en los avances” de la misma, pero dijo que “muchos de los datos y cifras que se presentaron no corresponden con lo que ha sucedido en la realidad”.

REPARACIÓN

En momentos en los que el país está a la expectativa de cómo será el funcionamiento de la justicia especial para la paz (JEP), que se encargará de juzgar a los guerrilleros de las Farc que se acogieron al acuerdo de La Habana, a particulares y agentes del Estado, el balance que ha dejado la ley de Justicia y Paz, que desmovilizó a los paramilitares, plantea varios retos.

En los 12 años que lleva vigente se han invertido más de 11,1 billones de pesos para aplicar esta justicia transicional y reparar a las víctimas, pero “los resultados son insatisfactorios frente a la finalidad de la ley”, y “deja dudas” sobre si cuando termine el proceso “se cumplirán los objetivos de verdad, justicia y reparación”.

Así lo asegura un informe de la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO, en el que se expone que una de las mayores críticas a ese sistema judicial es que “falta voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar a las víctimas”.

Al gasto por la implementación de esta ley, que se firmó en el 2005 –en el gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez–, se suma el costo de los fallos de Justicia y Paz. Esas sentencias han costado 79.746 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento ha sido pagado con recursos públicos, es decir, del bolsillo de todos los colombianos, mientras que los paramilitares solo han aportado el 6 por ciento, unos 5.100 millones de pesos, provenientes de sus bienes.

Esta suma resulta irrisoria, sobre todo porque uno de los compromisos para recibir penas alternativas de 5 a 8 años de prisión en lugar de condenas de más de 40 años era entregar las propiedades que usurparon a campesinos o que consiguieron con rentas ilícitas.

Una de las dificultades ha sido que los ‘exparas’ le han entregado a la Unidad de Víctimas solo 1.524 bienes, avaluados en 303.000 millones de pesos, pero su administración ha sido difícil porque muchos están desmantelados, ocupados por terceros o en zonas de conflicto, y nada más el 44 por ciento tiene extinto el dominio, por lo que el resto no ha podido ser vendido. De hecho, para administrarlos el Estado ha gastado 54.000 millones de pesos.

Falta voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar a las víctimas

Además, de los 6.395 bienes que la Fiscalía investiga de las Auc, los desmovilizados únicamente han ofrecido el 24 por ciento. El resto ha sido hallado con indagaciones de la justicia, pero no porque voluntariamente hayan denunciado su ubicación. Por eso, el estudio afirma que “una gran cantidad de bienes no fueron reportados inicialmente por los postulados, teniendo que ser examinados por la Fiscalía con el fin de determinar si los ocultaron”.

Los exparamilitares, además, no han entregado todas las tierras despojadas. De las 439.517 hectáreas que hoy tienen una solicitud de restitución, apenas han devuelto 612 hectáreas, una cifra que no llega ni al 0,13 por ciento. Solamente han entregado una casa en Antioquia, cinco fincas en Córdoba y una en Chocó.

Tampoco han reconocido todos sus crímenes, por lo que siguen en deuda, sobre todo, con víctimas de violencia sexual y familias de desaparecidos. De los 84.114 hechos delictivos que les ha imputado la Fiscalía, guardaron silencio en el 20 por ciento.

A paso lento

Además de los incumplimientos, el sistema judicial avanza a paso de tortuga. Si bien se han realizado 15.431 sesiones de versiones libres y se han compulsado copias por 16.401 hechos para que políticos y miembros del Ejército sean investigados por jueces ordinarios, con lo que se ha podido reconstruir parte de la memoria histórica, el libro de la verdad sobre la violencia está lejos de ser terminado.

La Contraloría dice que aún falta que los tribunales juzguen 76.713 hechos delictivos, el 93,4 por ciento del total de hechos cometidos por las Autodefensas.

El estudio plantea que desde que entró en vigencia, los 15 magistrados de las salas de Justicia y Paz han proferido 47 sentencias en las que han sido condenados 195 postulados, que son un 8,2 por ciento de los 2.379 paramilitares activos en esa justiciaespecial.

A este sistema llegó casi el doble de esa cifra, pero alrededor de la mitad fueron expulsados, ya sea porque murieron o mintieron o porque no cumplieron con todos los requisitos de justicia, verdad y reparación.

Ley terminó desbordando la capacidad del Estado

Según funcionarios de la Fiscalía encargados de aplicar esta ley, las demoras se dan por el gran número de víctimas y hechos delictivos cometidos por los paramilitares, lo que no se previó cuando la ley fue expedida.

Además, según los funcionarios, al principio se aplicaron procesos de la justiciaordinaria, y este sistema de justicia, que fue sui géneris en el país, ha tenido que irse adaptando a las necesidades.

“Aunque las recientes investigaciones han implementado criterios de priorización, patrones de macrocriminalidad y análisis de contextos que permiten agrupar un mayor número de postulados y hechos delictivos, la tarea por realizar por parte de la administración de justicia sigue siendo considerable”, dice el informe.

La Contraloría asegura que, de seguir con el mismo ritmo, “es muy probable que se requieran más de cinco años para resolver las imputaciones que faltan”.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO

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