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En la segunda semana de septiembre Colombia recibirá una visita oficial sin antecedentes: la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, llegará por primera vez a hacer preguntas incómodas sobre las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos que tienen al país bajo la lupa de este tribunal internacional desde 2004. Principalmente, Bensouda y su equipo indagarán los expedientes de ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, pues la Fiscalía de la CPI ya tiene en la mira a 23 generales y seis coroneles activos y retirados que estuvieron al frente de las unidades militares señaladas de estar implicadas en 1.228 de estos hechos entre 2002 y 2010.

Justo después de la visita del papa Francisco, la fiscal Bensouda se reunirá con distintas autoridades del Estado para intercambiar información y pedir aclaraciones sobre las dudas que surgen en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que aparecen vinculados el actual comandante de las Fuerzas Militares y tres excomandantes del Ejército. En la más reciente comunicación que envió la CPI al Gobierno colombiano, publicada el pasado 9 de julio por El Espectador, se precisó que la Fiscalía de este tribunal internacional abrió cinco casos potenciales —divididos por diferentes regiones del país— y que los datos enviados al tribunal internacional son insuficientes para concluir que se están tomando las medidas concretas al respecto. Por eso, Bensouda le solicitó al Gobierno venir a Colombia.

Esta es la primera vez que la cabeza de la Fiscalía de la CPI viene a Colombia en visita oficial, a solicitar información adicional sobre casos concretos. Si bien en el pasado estuvo en el país el entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, lo hizo para temas netamente académicos. Esta vez el escenario es diferente, pues Bensouda ha seguido de cerca el proceso de paz con las Farc y la implementación del modelo de justicia transicional con el que se busca establecer medidas integrales de justicia, verdad, reparación y no repetición. Es ahí donde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cobra un papel de gran importancia, pues Bensouda se ha mostrado confiada en que estos crímenes no queden en la impunidad y se resuelvan en las instancias de la JEP.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, la fiscal Bensouda sostuvo que respaldaba la determinación del Estado de poner fin a la impunidad de graves violaciones a derechos humanos, la no aplicación de amnistías e indultos para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y el lugar central que tenían las víctimas en el sistema de justicia transicional.

En un comunicado público aclaró, además, que en ningún momento la cárcel es un requisito obligatorio para satisfacer la necesidad de justicia, según los lineamientos del Estatuto de Roma. Pero sí ha recalcado que es de absoluta importancia que Colombia envíe pruebas tangibles de que se están realizando las indagaciones relevantes, para evitar que la CPI asuma el conocimiento de investigaciones penales.

Fuentes consultadas explicaron que la visita de la fiscal de la CPI es de vital importancia y envía un claro mensaje a Colombia frente a la impunidad que se ha prolongado a lo largo de los años en expedientes contra altos mandos oficiales implicados en ejecuciones extrajudiciales. Además, no es común que la propia fiscal Fatou Bensouda vaya a un país a recolectar y solicitar pruebas tangibles de los adelantos de un proceso que está en el radar de la CPI, por lo que se podrían avecinar decisiones difíciles contra Colombia por los falsos positivos.

Agregaron que, si bien es una corte internacional criticada por su falta de acción a nivel mundial, a pesar de tener un robusto presupuesto, el Estado debe empezar a preparar su defensa y evitar que sea un golpe sorpresivo para Colombia.

“Es la primera vez que Bensouda viene a Colombia y la primera vez que la Fiscalía de la CPI viene en visita oficial. Su llegada se da en un momento crucial, porque todo depende de la aplicación de la JEP y los estándares internacionales de justicia para que se active o no la competencia subsidiaria de la CPI. Además, a finales de septiembre estarán elegidos los magistrados, se estará discutiendo la ley estatutaria y la Corte Constitucional podría seguir estudiando el acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía. Es un mensaje contundente de la Fiscalía de la CPI y va a ser interesante ver el impacto que tenga”, sostuvo Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

“Hay que poner en perspectiva esta visita. Por un lado hay continuidad en el sentido de que Colombia ha sido sujeto de seguimiento y monitoreo de la CPI desde 2004. Mucho antes de que estuviera la fiscal Bensouda, desde la época de Moreno Ocampo. Por otro lado, las circunstancias son especiales porque estamos ad portas de arrancar un proceso de justicia transicional, con un aparato institucional que comenzará a funcionar el próximo año. Considero que la fiscal quiere hacer un acompañamiento más personal y directo”, señaló César Rodríguez, director de Dejusticia.

El despacho de la fiscal Bensouda explicó que los procedimientos hipotéticos que se adelantan en la CPI —como los cinco casos potenciales de ejecuciones extrajudiciales que involucran a 29 altos oficiales del Ejército, con nombre y apellido— no tienen ningún efecto hasta el momento, porque Colombia continúa bajo observación y no se tiene información concreta sobre las investigaciones. Sin embargo, algunos expertos manifestaron que la visita de Bensouda puede ser una especie de presión para que la Corte Constitucional, que actualmente estudia el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz, enmiende algunos errores jurídicos.

El punto de principal preocupación entre el grupo de fiscales que están en La Haya (Países Bajos), sede de la CPI, es la interpretación sobre cómo se establece la responsabilidad de mando. Es decir, determinar la responsabilidad de los altos oficiales que, si bien no tiraron del gatillo, tampoco evitaron que sus subalternos cometieran crímenes como las ejecuciones extrajudiciales. Este es uno de los debates más sensibles en el interior de la Corte Constitucional, pues desde muchos sectores coinciden en que cumplir con los cuatro requisitos establecidos en el acto legislativo para responsabilizar a un alto mando de las Fuerzas Armadas es casi imposible y va en contravía del derecho penal internacional.

“Hay que evitar interpretaciones erróneas sobre esta visita: la primera, que la CPI está en contra de la JEP, como han venido declarando contradictores del proceso de paz. Eso no es cierto, porque en su última declaración Bensouda decía que veía con buenos ojos a la JEP. Y la segunda interpretación errónea es que el acompañamiento que está haciendo la CPI sea visto como la aceptación de cualquier tipo de implementación de justicia transición sin solucionar los cabos sueltos. Aún falta la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP, el reglamento que crearán los magistrados electos y las interpretaciones que estos hagan sobre los casos. Lo importante para la CPI es que se mantenga un balance entre los mínimos de justicia que dicta el derecho internacional humanitario”, concluyó el director de Dejusticia.

Lo más importante en este momento es que, si se hace bien el trabajo en la JEP, los casos por crímenes de lesa humanidad y de guerra no tendrían que terminar ante jueces internacionales. En un mes la Fiscalía de la CPI estará revisando con lupa los avances en casos de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género, desaparición forzada y desplazamiento forzado, crímenes sobre los que llamó la atención desde el primer reporte interino sobre Colombia publicado en noviembre de 2012.

Ya se han realizado decenas de encuentros entre miembros de la CPI y autoridades del Estado —como la Fiscalía—, organizaciones no gubernamentales y representantes del sistema de la ONU, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

URIBISMO IMPLICADO

‘El Tiempo’ habla sin dar el nombre de un importante uribista que tendría graves nexos con Odebrecht. Uribe en un trino le pide a su gente que cada uno de los que tuvo algo que ver con la multinacional cuente cómo fue. Algunos creen que se refiere a Andrés Felipe Arias.

El domingo pasado El Tiempo publicó un artículo titulado Con audios, chats y fotos, Otto Bula entregó a ‘Ñoño‘ Elías, que contiene el siguiente párrafo: “Según la Fiscalía, hubo coimas adicionales que superaron los 30.000 millones de pesos y todo indica que fueron repartidos, en el primer semestre de 2010, bajo la misma modalidad: contratos fantasmas. El efectivo habría llegado, al final, a altos funcionarios de la época que cabildearon ante diferentes instancias del Gobierno para que Odebrecht se quedara con la obra. Uno de ellos, residente en Estados Unidos, hasta hace poco habría recibido una mesada de la brasileña a cambio de su silencio. De ese paquete rastrean 10 millones de dólares que terminaron en Europa”.

Como el primer semestre de 2010 correspondió al último año del Gobierno Uribe, el expresidente rápidamente trinó: “Pregunto: ¿en 2010 quién o quiénes ex de mi gobierno o candidatos afectos recibieron dinero o tuvieron contratos con Odebrecht y cuál la causa?”.

Pregunto: ¿en 2010 quién o quiénes ex de mi Gbno o candidatos afectos recibieron dinero o tuvieron contratos con Odebrecht y cuál la causa?

La combinación del artículo y el trino pusieron a muchos a especular sobre a quién se referían tanto el periódico como el expresidente. Palabras más, palabras menos, el diario afirmaba que el funcionario del Gobierno Uribe, residente de Estados Unidos, no solamente habría participado en la repartición de sobornos, sino que además habría sido mantenido económicamente en ese país por la multinacional brasileña a cambio de su silencio. La cosa es bastante rara pues en Odebrecht lo único que no se ha visto en los últimos meses es silencio. Allá todos los ejecutivos acusados están negociando sus penas a cambio de “cantar”, y ese es el origen del escándalo mundial. En ese contexto el concepto de comprar silencio sorprende.

Como a los que Uribe les pedía clariad eran los “ex de mi Gobierno” y “candidatos afectos”, José Obdulio Gaviria y Julio Sánchez Cristo trataron de resolver el enigma en una entrevista en La W. José Obdulio comenzó por aclarar que cuatro personajes importantes de ese Gobierno viven en la actualidad en Estados Unidos: Andrés Peñate, Carolina Barco, Luis Alfonso Hoyos y Andrés Felipe Arias. A primera vista ninguno de esos cuatro nombres encaja con dineros ilegales provenientes de la contratación de obras públicas. Al final del segundo Gobierno de Uribe, Peñate era exdirector del DAS, Carolina Barco era excanciller y exembajadora en Estados Unidos, Luis Alfonso Hoyos era embajador ante la OEA, y Andrés Felipe Arias era exministro de Agricultura. Ninguno de esos cargos tiene que ver directamente con la infraestructura.

Por lo tanto la búsqueda del enigmático personaje tendría que relacionarse más bien con las palabras “Candidatos afectos” del trino de Uribe. Al respecto cuatro nombres caben en esa categoría: Tres de la campaña de 2010; Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias; y uno de 2014, Óscar Iván Zuluaga. En el caso del actual presidente y de Zuluaga ya son de conocimiento público los supuestos aportes que sus campañas recibieron de Odebrecht, por lo tanto no puede ser a ninguno de ellos a quien se refiere el diario. Lo que no se sabe es si las campañas de Arias y Noemí también recibieron alguna financiación de la multinacional brasileña.

Pero como el enigmático personaje vive en Estados Unidos, solo hay uno de los candidatos que llena ese requisito: Andrés Felipe Arias. A pesar de su escándalo por Agro Ingreso Seguro, este nunca había sido considerado corrupto en términos personales. Agro Ingreso Seguro fue una política de Estado basada en la premisa de que el desarrollo del agro se conseguía más fácilmente subsidiando el riego de los propietarios de fincas que las políticas paternalista de apoyo a los campesinos. Esa teoría neoliberal dio lugar a centenares de proyectos exitosos y en algunos casos los beneficiarios fueron terratenientes acaudalados.

El problema es que eso también dio lugar a cinco escándalos de fraccionamientos de tierras en que esos mismos latifundistas parcelaban sus propiedades para obtener el subsidio más de una vez. Arias está acusado de haber autorizado esos subsidios irregulares y de haber recibido aportes para su campaña presidencial de esos terratenientes. Ese enredo lo tiene en Estados Unidos ad portas de la extradición a Colombia para cumplir una condena de 17 años de cárcel y 30.000 millones de pesos de multa.

Las opiniones sobre su caso están divididas. Algunas personas lo consideran totalmente inocente y víctima de una persecución de la Corte Suprema de Justicia por el hecho de ser uribista. Otros consideran que metió la pata por ambición política, pero que como nunca se benefició personalmente su condena es exagerada. Lo que jamás se había pensado hasta ahora es que fuera corrupto en términos personales, por lo tanto todavía hay dudas de que el personaje mencionado por el diario El Tiempo sea él. Se sabe que su situación económica es muy precaria y que sus amigos han hecho vacas para ayudarle a pagar el costo de los abogados. Su nombre, sin embargo, está comenzando a rodar en las redes sociales por una nota que apareció en Noticias Uno en 2015. Se trata de una reunión al final del Gobierno Uribe en la que aparecen directivos de Odebrecht con el primer mandatario en la cual Arias está presente. Esa reunión tuvo lugar el 17 septiembre de 2009, cuatro meses antes de la firma del contrato del Gobierno con la multinacional para la construcción de la Ruta del Sol. La presencia en la Casa de Nariño de Arias, quien en ese momento era precandidato presidencial, en esa época despertó más curiosidad que suspicacias; para entonces Odebrecht era considerada una de las multinacionales más respetadas del mundo. La leyenda negra en la que se ha convertido en la actualidad no se conocía aún.

Si Arias recibió para su campaña financiación de Odebrecht no sería el fin del mundo. En Colombia la violación de los topes electorales era percibida como un pecado venial pues todo el mundo lo hacía. Eso ha cambiado en los últimos meses y a partir de ahora se ha convertido en un problema serio. Las campañas tanto de Juan Manuel Santos como de Óscar Iván Zuluaga están siendo objeto de investigaciones al respecto que tendrían consecuencias graves jurídicas y políticas. Es la primera vez en que esa irregularidad ha sido objeto de una posible apertura de proceso. Otra explicación puede ser que Arias tuviera un contrato legal con la empresa luego de ser ministro.

El artículo de El Tiempo se refiere a cosas más graves que a aportes electorales. Habla de repartición de coimas, de tráfico de influencias para obtener contratos y de una mesada para comprar silencio. Eso sí suena a pecado mortal. Por algo parecido está en la cárcel el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió 6,5 millones de dólares. Nadie se ha imaginado a Andrés Felipe Arias en una situación similar, pero como vive en Estados Unidos y apareció en ese video de Noticias Uno, su nombre está sobre el tapete. Sin embargo, el hecho de que el periódico El Tiempo sabiendo el nombre, decida no mencionarlo, no hace sino aumentar el misterio.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO

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