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La senadora Sandra Villadiego está recogiendo firmas de sus copartidarios para radicar la iniciativa. Una propuesta que busca permitir que los congresistas se pasen de partido para las próximas elecciones.

Por norma constitucional, en Colombia está prohibida la doble militancia. El artículo 107 de la Carta Política de 1991 señala que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”. Sólo ha habido una excepción, en julio de 2009, cuando, faltando muy pocos meses para las elecciones al Congreso, el Legislativo aprobó una reforma que permitió a los miembros del Capitolio, diputados y concejales migrar a otras colectividades.

El motivo era obvio: integrantes de distintas colectividades querían moverse hacia otros sectores que les garantizaran un triunfo electoral. Eso no quiere decir que la permanencia dentro de cualquier colectividad sea una camisa de fuerza, pero sí que para cambiar de camisa hay que cumplir ciertas reglas. Según han explicado las autoridades electorales, el que quiera enarbolar otras banderas políticas tendrá que renunciar mínimo 12 meses antes al partido al que pertenece. Pero al parecer dicha reglamentación ha empezado a incomodar, especialmente en sectores que se han declarado abiertamente inconformes con el enroque ministerial anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos, empezando por su propio partido.

El Espectador tuvo acceso a la propuesta que radicará la senadora de la U Sandra Villadiego, con la cual busca repetir la experiencia de 2009 y permitir el transfuguismo político sin sanción alguna. La razón, como hace ocho años, tiene los mismos elementos: se aproximan las elecciones legislativas y presidenciales y cada quien busca arrimarse al árbol que dé más sombra. Sin embargo, hay ingredientes adicionales que explican esta reforma: en primer lugar, el partido sigue molesto por los cambios en el gabinete, que lo dejó con baja representación.

Además, la U se ha quedado sin un líder lo suficientemente atrayente que garantice la unidad de sus miembros y, más aún, la popularidad de Santos es tan baja que realmente son muy pocos los congresistas que consideran que una foto con él les podría sumar.

El texto propuesto por Villadiego autorizaría, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, e incluso a quienes hayan renunciado a su curul antes de que se ponga en marcha esta reforma, a que se inscriban en un partido distinto al que los avaló. Lo anterior “sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo para cuerpos colegiados del orden nacional y dentro de los dos meses anteriores al inicio del período de inscripción de candidaturas para los próximos comicios en los órdenes departamental, distrital, municipal y local, sin perjuicio de la posibilidad de fusionar o crear nuevos partidos o movimientos políticos”, señala la iniciativa.

Y como la política es dinámica, el proyecto ahora sí tiene acogida dentro del partido del presidente Santos. No como la semana pasada, cuando, luego de una votación informal entre los senadores de la U, decidieron tirarlo a la basura. Esta vez, aprovechando el resquebrajamiento de su colectividad, Villadiego se ha dedicado a recoger las firmas de sus copartidarios para iniciar su trámite antes de que los tiempos legislativos jueguen en su contra.

Como se trata de una modificación a la Constitución —aunque de manera transitoria—, el proyecto requerirá ocho debates, es decir, cuenta con el tiempo justo para que sea aprobado y aplicado en las elecciones de 2018. Claro, eso si se descarta la posibilidad de tramitarlo a través del mecanismo especial legislativo o fast track en el marco de la discusión de la reforma política, como se ha venido rumorando.

Se anticipa que el proyecto no cuenta con el aval del Gobierno. En palabras del ministro del Interior, Guillermo Rivera, “la actividad política tiene que ser seria. Cuando un ciudadano vota asume que está votando no solamente por una persona, sino por el partido y las ideas que defiende. Trasladarse a otra organización política constituye un engaño para el elector”.

Lo cierto es que, en caso de que la propuesta salga victoriosa, el mapa político en Colombia cambiará abruptamente. Especialmente porque las fuerzas de oposición, que hoy siguen siendo minoría en el Legislativo, podrían terminar convirtiéndose en una mayoría aplastante. Como se sabe, son varios los congresistas que quieren irse a las filas del Centro Democrático o a Cambio Radical.

Sólo resta esperar a que el presidente Santos asuma las riendas de su partido. La última vez que se presentó una situación similar, en octubre de 2012, el mandatario señaló: “Es una doble moral venir aquí a hacer votos de fe y a rasgarse las vestiduras, mientras debajo del poncho se prepara una puñalada contra nuestra colectividad. Por eso no quiero que se apruebe, amigos del partido, esa proposición del transfuguismo. Hundamos eso en el Congreso. No podemos permitir que la U sea un partido desechable”.

Santismo

El primer mandatario promete no molestar a su sucesor una vez deje el poder. Dice que no teme a la investigación por el caso Odebrecht porque “ahí no hay nada” y no cree que la U vaya a rebelarse contra el Gobierno.

Juan Manuel Santos cumple este domingo siete años como presidente de Colombia y arranca los últimos 365 días de su segundo mandato. A estas alturas el desgaste es inevitable o, peor, irreversible. Y él bien lo sabe. El pasado 20 de julio, en el discurso de instalación del Congreso, dijo que entregaba gustoso hasta el último punto de popularidad a cambio de las vidas salvadas por la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y en efecto, su favorabilidad en las encuestas sigue siendo muy baja. El pesimismo se apodera del país y pocos le reconocen algo.

Error de comunicación o no, lo cierto es que la prédica de la oposición uribista sigue calando duro en gran parte de la opinión pública, mientras escándalos como el de Odebrecht, que toca a gente cercana de su campaña de 2014, e incluso la crisis de Venezuela, que algunos buscan capitalizar políticamente, hacen que el ambiente sea desesperadamente adverso. Y hasta aquellos que fueron fieles garantes para mantener la gobernabilidad en estos años comienzan a mostrar los dientes.

Afugias, cierto, que parecen no hacer mella en el jefe de Estado. Se le ve tranquilo, de buen humor y hasta se podría decir que con la satisfacción del deber cumplido, aunque deja ver que es consciente de que falta mucho camino por recorrer. Eso sí, sigue convencido de que la paz con las Farc es ya irreversible, llegue quien llegue al poder en 2018. Santos no elude preguntas, pero en algunas se le ve prudente. Y entre la lluvia de temas que se podrían abordar en un país de tantas calenturas políticas como Colombia, habla con El Espectador de esa paz y de los que quieren hacerla trizas, de Vargas Lleras, de los cambios en su gabinete, de la U y su conato de rebelión, del caso Odebrecht y de Venezuela.

Es costumbre en Latinoamérica ver a los que salen del poder hacer oposición a sus sucesores. ¿Qué postura va a asumir frente a quien llegue a la Casa de Nariño en 2018?

Mi promesa es no molestar a mi sucesor. Le deseo desde ya éxito en su gestión. Espero que siga construyendo sobre lo construido y que mantenga el gran impulso que les hemos dado a temas claves como la educación, la infraestructura, la vivienda, la lucha contra la pobreza y, por supuesto, la construcción de la paz y la reconciliación.

¿Por qué el “santismo” no pudo convertirse en una corriente fuerte ideológicamente dentro de la política colombiana?

No creo en los cultos a la personalidad. Pero estoy convencido de que muchos colombianos comparten una visión de país enfocada en mejorar la educación, construir paz y dar oportunidades reales para todos, especialmente a los menos favorecidos. El santismo, afortunadamente, no existe.

¿En serio no se ha imaginado en el papel que, por ejemplo, hoy cumple su antecesor, Álvaro Uribe?

Dios me libre. Por ningún motivo. Me voy a dedicar a mi familia, a dar conferencias y, si tengo la posibilidad, a enseñar.

¿Y si en 2018 gana el uribismo?

No voy a interferir en política electoral.

¿Ni siquiera ante la amenaza de querer hacer trizas el Acuerdo?

Yo aspiro a que, cuando llegue el próximo presidente, no haya la más mínima posibilidad de echar esto para atrás. Ya de por sí creo que hoy, con lo que estamos viendo, con los contenedores saliendo con las armas de las Farc de las zonas veredales, el proceso es irreversible. Y lo que hagamos de aquí a un año lo va a hacer todavía más irreversible. No tengo miedo de que alguien lo pueda echar para atrás. ¿A quién se le puede ocurrir, por ejemplo, que les devuelvan las armas a las Farc? Eso sería ridículo.

Y ni el papa Francisco pudo hacer el milagro de reconciliarlo con Uribe…

Yo siempre he estado y sigo dispuesto. Creo que sería algo positivo para el país.

Por cierto, ¿cómo terminaron sus relaciones con Germán Vargas Lleras? Va a ser candidato fuerte en 2018 y ha sido crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz…

Tengo una buena relación con Germán. Él y su partido han apoyado y apoyan el Acuerdo de Paz. Hay unas preocupaciones válidas sobre el tratamiento a los llamados terceros, que estoy seguro podrán resolverse porque compartimos el mismo objetivo: que la JEP sirva para cerrar el conflicto y no para mantener abiertas las heridas.

¿Cómo ve que la Corte Penal Internacional venga en un mes, en cabeza de la fiscal Fatou Bensouda, a documentar los llamados casos de falsos positivos, por los que se ha acusado a Colombia mientras Álvaro Uribe fue presidente y usted fue ministro de Defensa?

Cuando llegué al Ministerio de Defensa mi primera tarea fue precisamente cambiar el sistema de evaluación de resultados de las Fuerzas para acabar con la contabilidad de muertos. Las acciones que yo tomé acabaron con los falsos positivos.

¿Y si la fiscal Bensouda quiere meter mano en el asunto de la justicia transicional del Acuerdo de Paz?

Los textos de La Habana se acordaron teniendo muy en cuenta los compromisos con nuestra propia Constitución y con el Tratado de Roma. Y ese tratado es la base de la existencia de la justicia transicional y también de la Corte Penal Internacional (CPI), de manera que no tengo ningún temor de que la Corte intervenga en un caso que el mundo entero, comenzando por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el jefe de la misma CPI, ha dicho que es el único caso exitoso de todo el planeta. Bienvenida la visita de la fiscal, a quien conozco. Aquí se ha hecho mucho para investigar, aquí hay una justicia que está funcionando y la justicia transicional también va a funcionar.

Sin embargo, y usted mismo lo ha reconocido, hay cosas que no lo dejan del todo contento…

Todo acuerdo, por definición, es un compromiso. El Acuerdo logrado al final, con los aportes de todos los sectores después del plebiscito, es un buen acuerdo, equilibrado y que se centra en las víctimas y en mejorar la condición de aquellos que más sufrieron el conflicto.

El lío es que muchas de esas zonas que más sufrieron el conflicto están viendo hoy la llegada de mafias y bandas criminales…

Estamos adelantando un plan de presencia con 80.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía para copar esos espacios. Y la Fiscalía está desplegando fiscales en todos esos territorios.

¿Y no será que, más allá de Fuerza Pública, la necesidad es que el Estado llegue con educación, salud y desarrollo a esas regiones?

Esta es la gran oportunidad y el gran reto que nos abre el fin del conflicto: llevar la presencia del Estado a donde no llegaba antes, precisamente por culpa del conflicto. Desde hace tres semanas hemos estado lanzando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se están construyendo con las comunidades para definir y priorizar las inversiones en cada una de las 16 regiones definidas como las más afectadas por la guerra. La gran prioridad en el campo es el tema de vías, es lo que más pide la gente. Por eso vamos a implementar, con gobernadores y alcaldes, un plan masivo de construcción de vías terciarias para que esas zonas se conecten con los mercados.

¿Por qué, pese a la paz, siguen matando líderes sociales?

Es un tema que nos preocupa y hemos estado encima de él. Creé y presido la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con la participación activa del vicepresidente y todos los responsables del Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Militares, la Policía, Naciones Unidas y representantes de las plataformas de derechos humanos. Esa comisión le hace seguimiento específico a cada caso, cada amenaza, y toma las medidas inmediatas para proteger a los líderes. La Fiscalía ha avanzado en la investigación y el esclarecimiento de los casos presentados, más del 51 % ya están aclarados. No vamos a permitir que la tranquilidad alcanzada gracias al fin del conflicto con las Farc sea amenazada.

Y otro tema que inquieta es la seguridad ciudadana…

Sé que la inseguridad es uno de los temas que más preocupan a los colombianos. A mí me ocupa todos los días, pero estamos avanzando. Tenemos la tasa de homicidios y secuestro más baja de los últimos 40 años. Incrementamos en 23.000 hombres y mujeres el pie de fuerza de la Policía Nacional. Y el fin del conflicto con las Farc nos da la gran oportunidad de que nuestra Fuerza Pública y el sistema de justicia se concentren en resolver los problemas de seguridad ciudadana.

Pensando en ese tan mentado posconflicto, ¿cómo garantizar la efectividad de una Comisión de la Verdad en un país donde las víctimas completan décadas pidiéndola y los victimarios décadas ocultándola?

Posiblemente no se conocerá la verdad sobre todos los hechos. Eso es imposible en una guerra de 53 años. Pero precisamente la verdad será parte fundamental en la JEP. Se creó no una comisión sino todo un sistema de verdad, justicia y reparación. La verdad es una necesidad para las víctimas y para todo el país, es parte fundamental de la no repetición.

¿Qué pasó con lo de “Simón Trinidad”? ¿Por qué el Gobierno no ha insistido en su libertad, como lo han pedido tanto las Farc?

Eso no está en nuestras manos sino en las de la justicia estadounidense, y que el gobierno norteamericano gestione ante esa justicia, y no ha querido hacerlo. Si el día de mañana lo gestiona, pues bienvenido sea, pero no está en nuestras manos.

¿Cómo avanza el cese del fuego bilateral con el Eln? ¿Es cierto que se podría dar con la visita del papa Francisco?

Estamos trabajando en eso.

Presidente, se sabe que la ponencia en el Consejo Nacional Electoral sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014 va pidiendo abrir investigación y formular cargos. ¿Tiene temor de que puedan encontrarle algo a su campaña?

No, no tengo ningún temor. Todo lo contrario, le doy la bienvenida. Estaba esperando que la magistrada presentara su resolución, o sea, sus cartas. Los abogados de la campaña me dicen que ahí no puede haber nada porque no hay nada, y eso nos va a permitir que esto se defina de una vez por todas. Es lo que he venido reclamando desde el principio: que haya una pronta y rápida investigación y que se defina, para bien o para mal, pero que se defina, tanto en el CNE, que tiene que ver con las cuentas de la campaña, como en la Fiscalía, que es la parte penal.

El cambio de gabinete para el último año de mandato generó más críticas que aplausos. ¿Es cierto que su único interés ahora es gobernar con la gente más cercana?

No coincido con esa lectura, los cambios fueron bien recibidos. Los ministros salientes y los entrantes son grandes personas, calificadas y de gran experiencia. Los escogí por eso. Los que llegan van a ser fundamentales para que sigamos avanzando en los asuntos sociales, económicos y de infraestructura. Este último año vamos a trabajar como si fuera el primero, cada minuto de cada día.

Pero volvió a llamar a gente muy cercana a usted y mantuvo a algunos que incluso tienen cuestionamientos, como Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). ¿Perdió confianza en su equipo?

No. Y lo que dijo el propio fiscal frente a lo de Andrade es que ahí no hay absolutamente ninguna evidencia de pagos a este excelente funcionario. Ahí no hay ningún tipo de soborno y lo que aparentemente hay es una controversia sobre una interpretación jurídica de la oportunidad o no de haber celebrado un contrato de la forma como se celebró.

¿Y en cuanto al Congreso? Porque en lo de Odebrecht hay señalamientos a personas de la coalición de gobierno…

En eso he sido muy claro desde un principio: que opere la justicia y que la investigación sobre corrupción llegue hasta el fondo y no importa a quién toque. Si es gente de mi gobierno —y espero que no sea así—, que le caiga todo el peso de la ley. Si es gente que pertenece, dentro del Congreso, a la Unidad Nacional, que le caiga todo el peso de la ley. Aquí no puede haber ningún tipo de favorecimiento y soy el primero en exigir total contundencia contra cualquier persona a la que se le comprueben actos de corrupción.

De todas maneras, ¿no siente que debió haber sido más cuidadoso frente a las alianzas políticas?

Uno presume la buena fe de la gente. No puedo predecir las actuaciones de las personas en ese sentido. Cuando me apoyaron en el Partido de la U, nunca supuse que podría existir esta posibilidad, que además tiene primero que comprobarse, porque ellos están siendo simplemente señalados y tienen el derecho, como cualquier colombiano, a presentar sus descargos y a defenderse. Esperemos a que la justicia opere. Si se les comprueba la corrupción, que les caiga todo el peso de la ley.

Hablando de la U, se dice que hay un malestar por las cuotas perdidas en el cambio de gabinete y hasta una rebelión, que se expresaría en el apoyo a un proyecto de transfuguismo. ¿No cree que ello pueda afectar la implementación de la paz?

Estoy seguro de que la U no va a rebelarse contra el Gobierno. No hay motivo para ello. De pronto la reacción de algunos puede ser de inconformismo, porque no se les consultó a algunos funcionarios o ministros, pero que quede claro que yo no consulto con nadie el nombramiento de mi equipo de gobierno.

Entonces, como en 2012, va a pedirle al Congreso que no apoye el transfuguismo…

Sí. No es conveniente en este momento, con el desprestigio de los partidos políticos. Sería agregarle sal a la herida y algunos, como siempre, están descontentos por cualquier motivo, pero eso no quiere decir que por ellos vamos a cambiar todo el sistema político colombiano.

Hablemos de Venezuela, tema delicado y coyuntural. Muchos reclaman una posición más firme del Gobierno colombiano…

El pueblo venezolano es un pueblo hermano y compartimos la frontera viva más extensa. Todo lo que ocurre allá nos afecta, para bien y para mal. Hemos asumido una posición firme, pero responsable, que evolucionará con la situación allá. Sigo haciendo votos para que se encuentre una solución pacífica y democrática, en el marco de la constitución venezolana.

¿Por qué esa actitud tan agresiva de Maduro, siendo que fue una ficha clave para la firma de la paz?

Creo que sus verdaderos problemas están en Venezuela.

Se ve que no pierde el optimismo en todos los frentes, porque los empresarios sí se quejan mucho de que la economía no arranca, ni siquiera con la baja de intereses del Banco de la República…

Tuvimos un mal primer semestre. Sufrimos el coletazo de toda esa crisis que se generó con la baja del precio del petróleo y el fenómeno de El Niño, pero seguimos creciendo, seguimos generando empleo y tomamos las decisiones y las medidas necesarias para iniciar el proceso de crecimiento acelerado hacia adelante. Vamos a tener un mejor segundo semestre, así lo dicen los analistas y los propios empresarios, y el año entrante va a ser mejor que este. Lo importante, además, es que hoy en día los indicadores fundamentales de la economía son mucho más sólidos que lo que teníamos hace unos años y es lo que nos garantiza que el crecimiento económico hacia adelante va a ser mejor. Pero soy el primero en reconocer que, efectivamente, el primer semestre no fue bueno.

Usted promulgó el viernes la ley sobre las modificaciones al servicio militar obligatorio, pero su promesa era que lo iba a acabar. ¿Por qué no cumplió?

Todavía tenemos el conflicto con el Eln y tenemos un compromiso con la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en aquellos territorios que nunca habíamos ocupado y que tenemos que ocupar. Yo sí dije que había que eliminar el servicio militar obligatorio cuando se normalizara el país. Estamos en proceso de normalización, pero no hemos terminado, de tal manera que mientras tanto necesitamos esos soldados.

¿Por qué se recortó el presupuesto al Ministerio de Ambiente, sabiendo que existen problemas como la tasa de deforestación, que se disparó de manera alarmante este año?

La deforestación y todos los problemas que afectan nuestra valiosísima biodiversidad nos preocupan mucho. La protección del medioambiente ha sido una bandera de mi gobierno. Empezamos por volver a crear el Ministerio. Hemos delimitado 23 de los 37 páramos y antes de terminar mi mandato los habremos delimitado todos. Vamos a proteger 26 millones de hectáreas en todo el país. Ampliamos los parques naturales, como el de Chiribiquete, que tendrá más de 4 millones de hectáreas al final del gobierno. Frente a la deforestación, creamos un comité interinstitucional para enfrentarla. Como parte de esa política hemos creado ya ocho burbujas ambientales en las que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combaten a los traficantes de madera, las explotaciones ilegales y los deforestadores. Es una acción coordinada con las autoridades ambientales nacionales y locales, los gobernadores y alcaldes, y la comunidad, para prevenir la deforestación y detener a los que la promueven. Todo este plan tiene financiación garantizada y tenemos muchos recursos de cooperación internacional precisamente para reforestar.

Después de siete años de gobierno y arrancando el último, ¿qué siente que le ha hecho falta hacer?

Tantas cosas. A pesar de todos los avances que hemos logrado, falta mucho. En educación, logramos la gratuidad y subimos 14 puntos el acceso a la educación superior, pero nuestro objetivo es subirlo a 57 e ir por mejor calidad. En salud, ahora que tenemos cobertura universal, queremos seguir mejorando la oportunidad del servicio. En infraestructura, meterle el acelerador a la construcción de vías terciarias y no perder el impulso de las grandes autopistas. En las TIC, ya conectamos todos los municipios con fibra óptica y banda ancha. En 2010 había 24 niños por computador; hoy hay cuatro y esperamos llegar a dos. En pobreza nos falta mucho. Ya salieron de ella 5,1 millones de personas, pero aún faltan muchas familias que requieren condiciones básicas de bienestar. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas tareas. Impulsar el progreso y el bienestar de los colombianos es una tarea que nunca termina.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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