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Fernando Carrillo cumplió 250 días al frente de la Procuraduría. Ha expedido 400 fallos en ese período y se apresta a tomar nuevas decisiones. Sus fórmulas frente a la crisis de la justicia.

Luego del polémico paso de Alejandro Ordóñez, hace cerca de 250 días llegó como jefe del Ministerio Público el abogado Fernando Carrillo. Deste entonces, muchas cosas se han modificado en la Procuraduría. En lo anecdótico, como la ubicación y decoración del despacho –pasando por el cambio de estilo, opuesto al de su antecesor–, hasta lo profundo, como la conformación de un nuevo equipo y las primeras decisiones disciplinarias. En momentos de crisis de la justicia, Carrillo habla con El Espectador.

¿Qué balance hace al cumplir 250 días en el cargo?

Va en función de la variable que hemos convertido en el corazón de esta Procuraduría y es la construcción de ciudadanía y la defensa de los derechos de las víctimas con la desbogotanización de la acción en más de 20 audiencias anticorrupción. Hemos fortalecido e innovado en determinados frentes, como la apertura de investigaciones de particulares que manejan recursos públicos.

¿Qué resultados ha obtenido?

Nuestra relación con la justicia por la vía de acciones populares y de tutela. Fue de mano de la justicia, por ejemplo, que logramos una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que sacó a Odebrecht de la contratación de la Ruta del Sol.

¿Cuantos fallos se han expedido en estos 250 días de gestión?

Se han producido cerca de 400 sanciones a funcionarios en primera instancia. También hemos trabajado en diez asuntos esenciales. Además de Odebrecht, en donde se han desarrollado siete acciones concretas, están los casos del alcalde de Cartagena. Las acciones en cuatro departamentos, los PAE en cinco regiones, la acción disciplinaria en salud y ambiental. A ello súmele la solución a dos paros cívicos, la creación de tres nuevas delegadas y de un consejo asesor ciudadano.

¿Por qué se percibe que frente a Roberto Prieto hay impunidad?

Yo no sé en el caso de otras instancias, pero en el caso disciplinario eso es algo que carece de fundamento. Lo vinculamos, hay tres investigaciones en este momento en esa materia.

¿Cuáles son esas investigaciones?

La relación con Market Medios, pues fue una compañía de la cual él hizo parte y ha sido una empresa familiar y que ha contratado con muchísimas empresas del Estado. En segundo lugar, la relación con Odebrecht. El contrato que descubrimos de él, prestando una asesoría en esa materia. Y en tercer lugar, toda su gestión como funcionario ejerciendo competencias públicas como representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Cuando dará resultados?

Llamamos a declarar a varias personas, viene la definición del pliego de cargos. No puedo anticiparme, ni prejuzgar, pero en materia disciplinaria aquí no ha habido ningún blindaje.

¿Cuáles son los otros casos emblemáticos?

El del préstamo de los $120 mil millones del Banco Agrario. Vinculamos a la junta directiva a esa investigación. De eso hay pliego de cargos, y habrá decisiones. En el caso Tunjuelo-Canoas, también vamos muy adelante. Reitero que si se hubiera terminado juiciosamente la investigación en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, hubiéramos llegado a Odebrecht hace varios años, porque hay vínculos entre los unos y los otros.

¿Qué acciones ha emprendido la Procuraduría frente al denominado Cartel de la Toga?

Ofrecimos la colaboración a la Comisión de Acusación en materia de investigación judicial. También conminamos al Consejo Superior de la Judicatura a que adelantara las investigaciones disciplinarias contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

¿Cómo ve el caso del exmagistrado Francisco Ricaurte en prisión?

Yo creo que es una muestra de la hecatombe ética que sufre este país. En una reunión que tuve con cuarenta decanos de las facultades de derecho, la primera conclusión es que hay que instaurar un tribunal de ética para el ejercicio de la profesión de abogado y para el ejercicio de la función judicial, que no existe.

¿Y cómo analiza lo que pasó con el ex director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno?

Es ver hasta dónde llegó la capacidad de contaminación de la corrupción, entrando a la casa de la justicia. Indica un síntoma lamentable de lo que es la descomposición de la sociedad y a qué punto llegamos.

En esencia, ¿cuáles son las salidas a la actual crisis de justicia?

Medidas de autorregulación, lupa a las postulaciones de los magistrados, una agencia vigilando las declaraciones de bienes, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. A mediano plazo, el funcionamiento de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, hay que tener una institución independiente tipo tribunal de aforados. Y lo tercero, es necesario reformar las funciones electorales de las cortes. Y allí hay que pensar un mecanismo de reforma constitucional que permita ajustarse a la sentencia de la corte de equilibro de poderes, y por eso hemos dicho que lo mejor sería un mecanismo de participación.

Propuso reforma por plebiscito…

Se necesita hacer una cirugía exacta sobre calidades, régimen de juzgamiento. Mediante una consulta, con participación popular. Yo lo que creo es que por primera vez aquí hay que hacer una reforma de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía como principal protagonista. Definitivamente tiene que haber un gran acuerdo nacional por la justicia.

¿Cómo encontró la casa, mejor o peor de lo que pensaba?

Esperaba desde el punto de vista internacional una entidad mucho más fuerte, mucho más compenetrada con sus objetivos, con un recurso humano que sintiera mucha pertenencia hacia lo que son las funciones tradicionales de la Procuraduría. Eso no se ha dado y estamos en ese proceso.

¿Es independiente del Gobierno?

Yo creo que parte del test fundamental de autonomía que se le hace a esta institución tiene que ver con las acciones que hemos adelantado, donde por supuesto aquí no hay deudas de ninguna naturaleza con nadie.

Antes, fiscal y procurador tenían serias diferencias. ¿Cómo se está dando la relación en este período de fiscal y procurador?

Creo que es óptima, no sólo en lo personal de quienes son las cabezas de las instituciones, sino dentro de las instituciones mismas hemos tratado de trabajar casos conjuntamente. Es una relación, es una sinergia.

¿Es evidente que si no es por la justicia de Estados Unidos habría impunidad?

Así como hemos tenido la colaboración de Estados Unidos, la ayuda de Brasil por Odebrecht ha sido lamentable.

Las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez no le responden a la justicia. ¿Qué hacer entonces?

En el caso de las investigaciones disciplinarias, recibimos las declaraciones por Skype. Lo único que hay que decir es que ellas tienen que concurrir al llamamiento de la justicia, por supuesto.

¿Hay corrupción en la Procuraduría, como se ha notado que existe en la Fiscalía?

Hemos tratado de erradicar esa variable de nombramientos por amiguismos o por recomendaciones políticas. No estamos exentos de que eso suceda, pero estamos en contacto directo con todas las procuradurías regionales y provinciales a ver dónde se puede estar presentando este fenómeno.

Y en materia de la implementación del Acuerdo de Paz, ¿cuál va a ser esa meta de la Procuraduría?

Yo creo que la vigilancia del cumplimiento de la palabra de las partes, por supuesto, del Gobierno y de la guerrilla; pero fundamentalmente el cumplimiento también de la Constitución.

¿Cuando le dicen el nombre de Alejandro Ordóñez qué se le viene a la cabeza?

Yo creo que fue una persona que manejó la Procuraduría de acuerdo con sus convicciones y su interpretación de Colombia en los siete años en que estuvo acá.

Los congresistas lo eligieron a usted. ¿Cómo se está dando esa relación ahora que usted está en el cargo?

Hemos tomado acciones contundentes, como las que tomé en el primer mes como procurador, que fue cambiar todos los procuradores regionales y provinciales y nombrar o gente de carrera o procuradores judiciales y comenzar un proceso de selección que ha sido lento, lo reconozco, pero ha sido así precisamente para no equivocarnos.

¿Qué les dice a los servidores públicos, en este entorno de corrupción tan difícil que vive el país, frente a la función que cumplen en el Estado colombiano?

Los servidores públicos tienen que demostrar que es posible volver a trabajar con las manos limpias.

Finalmente, ¿le preocupa, señor procurador, lo que está pasando en el país?

Indiscutiblemente. Yo creo que es uno de los peores momentos de la historia reciente, porque la crisis ética aparece por todos lados.

Las decisiones que se avecinan por el debate presidencial

Frente a las elecciones presidenciales, la Procuraduría prepara acciones para evitar financiación del narcotráfico. Viene el tema de campañas en un entorno de polarización. ¿Cuál va a ser la labor de la Procuraduría al respecto?

Me parece que la función de la Procuraduría apunta a tender esos puentes y no a dinamitarlos, que es en lo que se han empeñado muchos dirigentes en este país.

¿Y cómo se hará la vigilancia de estas campañas políticas?

Tenemos la gran preocupación de lo que puede representar esa especie de narcotráfico dos punto cero que se ha venido consolidando en Colombia como resultado del incremento de los cultivos y por eso es tan importante sofisticar nuestros instrumentos en materia de financiamiento de las campañas. Vamos a tratar de montar los correctivos y los mecanismos de defensa para que eso no suceda, sobre todo a nivel regional.

Su reflexión para los candidatos presidenciales que empiezan a debatir en ese entorno de polarización.

Que todo lo que se polariza genera ruptura y crispación y sólo va implicar retrocesos para el país de aquí en adelante.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

10/02/2017
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