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La estela de víctimas que a su paso deja la violencia en Colombia no ha tocado techo. Más de 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas es el parte que entregó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su más reciente informe El paramilitarismo sí existe.

Una vez más la organización defensora de derechos humanos llama la atención sobre “la expansión del paramilitarismo” que, según sus investigaciones, se expresa “mediante los sistemáticos ataque contra la población”, y se ha incrementado durante la implementación del acuerdo de paz, con “la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persecución a líderes políticos y de izquierda”.

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá. Se  habló con él sobre lo que viene pasando en los límites entre Antioquia y Chocó.

¿Cuáles son los hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Uno de los datos que sobresale en la revista Noche y Niebla es que el peso del paramilitarismo es grave. Incluso, se equipara a las violaciones de la Policía Nacional que tienen más o menos el mismo número de victimizaciones. En las de los paramilitares predominan las amenazas, pero también hay un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los resultados contrastan con un discurso que parece común y corriente de parte del Gobierno que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo e insiste en llamarlos delincuencia común. Fueron todas las denuncias que llegaron a La Habana las que obligaron a redactar un capítulo especial para combatir el paramilitarismo.

¿Qué características le devuelven al Clan del Golfo, Los Rastrojos y Aguilas Negras el calificativo de paramilitares?

La palabra paramilitar indica etimológicamente que hay una relación estrecha con lo militar, con la fuerza pública. Esa relación ha existido desde hace poco más de 50 años. Existe una forma legal de los paramilitares que son redes de civiles que han sido involucrados a tareas de guerra. Lo que presentamos en la rueda de prensa es mi propia experiencia en el territorio de San José de Apartadó donde hace 20 años conocemos el cuartel general de los paramilitares en una vereda que se llama Playa Larga. Allí se han ido expandiendo y por eso mostramos los mapas de las veredas que han ido controlando progresivamente. La serranía de la Uribe en los límites de Antioquia y Córdoba está controlada por ellos al igual que Apartadó y Turbo. Hay un territorio bastante grande que está bajo su control.

Se fue muy atrás, ¿su surgimiento no se ubica en las dos últimas décadas del siglo XX?

La aparición del fenómeno paramilitar está ligado a una misión militar de Estados Unidos en febrero de 1962 que hizo un análisis de la situación social del país. De eso quedaron unos informes en los cuales prácticamente se ordenaba entrenar grupos mixtos de civiles y militares. En uno de los párrafos textualmente hablan de establecer acciones terroristas-paramilitares, como una forma de combatir los grupos simpatizantes al comunismo. Aunque hay versiones oficiales que los ubican en la década del ochenta como una reacción a acciones de la guerrilla, la verdadera historia arranca en los sesentas y está ligada a la estrategia oficial de la fuerza pública.

¿Con cuál presidente se comenzó a configurar?

Por ejemplo en 1965 el presidente Guillermo León Valencia sacó un decreto -el día de navidad precisamente- para legalizar esa relación entre militares y paramilitares. Autorizaba que los primeros le entregaran armas de su uso exclusivo a civiles para conformar esos grupos. Sin embargo en 1989 la Corte Suprema y el presidente Virgilio Barco motivados por las atrocidades que denunciaban por todo el país suprimieron esos artículos. Poco después César Gaviria encontró otra manera de legalizarlos y fue quitando una ley que regulaba las empresas privadas de seguridad. Finalmente, Samper se apoyó en eso para crear las famosas Convivir y cooperativas de seguridad privada que fueron la forma de paramilitarismo legalizado.

¿Esas figuras jurídicas están vigentes?

Sí, aunque en 1998 la Corte Suprema abocó la inconstitucionalidad de las Convivir, terminaron declarándolas constitucionales como los son actualmente. El expresidente Uribe tuvo una estrategia más pensada y planeada para legalizar el paramilitarismo en el momento en que daba la impresión de que los estaba desmovilizando. El encontró otra forma de legalizar este involucramiento de los civiles en la guerra cercanos a la fuerza pública como son las redes de informantes y cooperantes.

¿En qué se parecen estos nuevos paramilitares a los del siglo pasado y que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe?

En el discurso oficial se dice que estas “bandas criminales” no tienen ideología política, que son delincuentes ligados al narcotráfico, que no tienen relación con la fuerza pública ni con grandes empresas, pero eso es falso. Cuando uno analiza los mensajes que mandan amenazando a la gente uno se da cuenta que están defendiendo proyectos del gobierno, de empresas trasnacionales y son enemigos a muerte de los movimientos populares. A veces critican al presidente, pero apoyan la institucionalidad, están ligados a la fuerza pública, tienen todos los rasgos del paramilitarismo desde que comenzó a existir. Presentarlos como bandas nuevas, sin ideología política es una manera de ocultar su identidad y con esos discursos lo que hace el Gobierno es encapucharlos ideológicamente.

¿Cuál sería la razón para negar la existencia de los paramilitares?

La razón es clara. El nombre paramilitar denuncia una relación con la fuerza pública, por eso no le conviene al Estado. A estos grupos le encomiendan las tareas más sucias. En los últimos meses en Urabá la Comunidad de Paz ha optado con que cuando ellos llegan a una vereda a amenazar a la gente, se crea una comisión y se van a enfrentarlos y decirles que respeten la zona. Sin embargo, de camino se han encontrado con el Ejército que está por ahí cerca y les reclaman: “vea ahí están, están violando el espacio de la comunidad. ¿Por qué no los combaten, no los persiguen? El Ejército ha dicho varias veces con mucha claridad: “no los vamos a perseguir”. Los paramilitares han dicho que ellos trabajan conjuntamente con el Ejército.

Explíquese…

En una ocasión le dijeron a la comisión de la comunidad que fue a enfrentarlos: “mire, nosotros a ellos no los perseguimos. A los que vamos a perseguir es a ustedes si siguen denunciando la presencia de ellos aquí”. Los paramilitares por su lado dicen que lo que menos van a tolerar es lo que ellos llaman sapos o denunciantes. Dicen: “si la comunidad sigue denunciando, la vamos a acabar”. Ese es el conflicto que se vive en este momento.

¿Quiénes alimentan esas organizaciones son los mismos que alguna vez las conformaron?

Los campesinos conocen a la gente y por los caminos donde se encuentra todo el mundo ellos saben quiénes están en estos grupos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos se desmovilizaron en el tiempo de Uribe pero regresaron. Algunos eran guerrilleros que desertaron hace unos años y el Ejército se los llevó a entrenar a la Brigada 17. Es gente conocida, de hace mucho tiempo. Deben haber personas nuevas, pero el núcleo fundamental es antiguo.

¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

Evidentemente, por ejemplo, en la zona pacífico como Curvaradó o Jiguamiandó los grupos que están haciendo presencia allí están muy ligados empresarios que se tomaron esa región para sembrar palma africana. Cuando la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto, ordenó al Ejército combatirlo e incluso capturar a algunos de los patrocinadores de esos grupos que le usurparon las tierras a las comunidades negras. El Ejército hace esa obra de teatro de ir a estar ocho días y coordinarse con ellos para que a los días salgan y vuelvan a entrar los paramilitares. Ahí hay un interés de tierras para empresas palmeras y mineras. El alto tribunal lanzó la voz alarma sobre la minería. En Chocó hay explotación de oro, carbón y estos grupos prestan un servicio a esos proyectos.

¿Sabe en qué quedó el capítulo de La Habana que propone desarticular el paramilitarismo?

Sí, se redactó un capítulo que tiene 20 estrategias pero a mi modo de ver todas son un saludo a la bandera. La mayoría de ellas ya se habían ensayado y no dieron resultados. Por ejemplo, la de llegar a un pacto político para condenar el paramilitarismo, eso puede hacerse pero estamos llenos de declaraciones y pero ninguna incide en la realidad. Se pensó en una unidad de fiscalía y se nombró a la magistrada, pero el fiscal se le atravesó en la mitad.

Entonces, ¿cuál es su propuesta?

Que se toque el corazón del paramilitarismo para que realmente haya un control y desaparición de este fenómeno. Si no se toca la relación entre militares y paramilitares que ha permitido actuar y sobrevivir no se está atacando en lo más mínimo el fenómeno. Se hicieron propuestas muy concretas, por ejemplo, que cada vez que se denunciará la presencia de grupos armados no so se mandara sólo una patrulla -que en algunos casos está ya coordinada para que diga que eso era mentira, que allá no había nada- sino que también se pusiera en una investigación de fondo al comandante de la unidad a quien se le diera unos días para que explicará el porqué de la incursión y las medidas que está tomando para controlar el fenómeno y si la explicación no era satisfactoria se destituyera. Sólo así, creo que se podría controlar.

DESPOJOS

Tras las más recientes capturas de directivas del Fondo Ganadero de Córdoba, se conoció cómo la Fiscalía adelantó el proceso investigativo gracias a la colaboración de Benito Osorio Villadiego.

En 1995, mientras en Córdoba y el Urabá imperaba el mando de las guerrillas, los hermanos Castaño, máximos comandantes del paramilitarismo, veían de la zona como un botín de guerra, no sólo por las riquezas de sus tierras, sino por el control de las rutas del tráfico de armas y drogas. Fue entonces que a finales de los 90 se inició una operación militar para apoderarse de la región de Tulapas —que va desde el Golfo de Urabá, hasta la zona baja del departamento de Córdoba— que terminó por dejar 4.000 víctimas de desplazamiento forzado, porque las autodefensas les arrebataron sus tierras. Esta semana fueron capturadas 10 personas que se habrían aliado con los ‘paras’ para hacer realidad esta barbarie.

Entre los capturados están el gerente liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor Hodge; Benito Molina Velado, conocido como El Mexicano, uno de los hombres más influyentes de la región y miembro de la junta directiva del Fondo; Carmelo Esquivia Guzmán y Orlando Fuentes Hessen, otras directivas del fondo; Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas, señalados de ser los encargados de ejercer presión sobre los campesinos; dos notarios; una exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entre otros.

El personaje detrás de estos arrestos es Benito Osorio Villadiego, el exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien habría sido el encargado de fraguar junto a los hermanos Castaño la estrategia del despojo masivo. El Espectador conoció que actualmente ayuda a las autoridades y reveló detalles de cómo las autodefensas lograron apropiarse de la región. La Unidad de Análisis y Contextos empezó desde septiembre de 2013 a reunir alrededor de 200 denuncias que existían por desplazamiento en la zona de Tulipas.

Todo se inició luego de que Benito Osorio Villadiego llegara a la gerencia del Fondo en 1997. Como el propio Osorio lo admitió, su elección fue gracias a que Vicente Castaño lo había puesto en la terna junto a Benito Molina —quien también era cuota del comandante ‘para’— y un tercero. Osorio aseguró que a Molina le dieron la presidencia del Fondo como premio de consolación. Asimismo, agregó que la primera finca que de manera irregular compró el Fondo Ganadero de Córdoba se llamó El Engaño. Según las autoridades, su nombre —aunque después lo cambiaron a Finca 52— se debe a que en el lugar se ideó el plan criminal para despojar las tierras del Urabá y Córdoba.

Este negocio, que se concretó en 1997, marcó el inicio de una era de despojos. Se empezaron a afianzar las alianzas entre el Fondo Ganadero de Córdoba y los hermanos Castaño, quienes desde 1995 le habían pedido a uno de sus familiares, Luis Ángel Gil —al parecer muerto—, que ingresara junto a Sor Teresa Gómez —cuña de los Castaño y ficha clave del paramilitarismo—, con un grupo de paramilitares para apropiarse de la zona. La entrada fue casi que triunfal y fue cuando vieron la necesidad de hacerse dueños de las tierras y tener una apariencia de legalidad. De esta manera fue que se produjo la compra de la finca El Engaño.

Sor Teresa fue quien lideró este proceso y puso a uno de sus hombres a que fuera el testaferro. Se trata de Oliverio Álvarez Serna, un paramilitar de la casa Castaño que actualmente está en el programa de Justicia y Paz. Este hombre habría presionado al dueño del predio para que lo vendiera. Al campesino le pagaron tan sólo $12’500.000, que los tuvo que utilizar, según su relato, para poner los papeles de propiedad al día. Posteriormente puso la tierra a disposición del Fondo Ganadero de Córdoba, que pagó $269 millones, es decir, que mientras a la víctima le pagaron $45.000 por hectárea, las autodefensas recibieron $900 mil.

En medio de la presión por obtener las tierras, los paramilitares iniciaron en 1997 una serie de operaciones para desplazar a un centenar de familias. Les dieron en un principio 48 horas para abandonar sus hogares. Al ver que varios campesinos no atendieron el llamado, sacaron sus motosierras y empezaron a decapitar a cuanta persona se atravesara por su camino. Hasta niños murieron en estos actos de barbarie. El Fondo, entonces, empezó a realizar en la finca 52 reuniones con los campesinos y fue cuando les presentaron a Guido Vargas, de quien dijeron sería el representante de Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y además estaba bajo el mando de Sor Teresa.

Vargas era el encargado de engañar a los campesinos, hacerlos firmar falsos poderes en las instalaciones de la fundación y no ante un notario, infundir el miedo a través de la imagen de Sor Teresa y sus 1.500 hombres armados y de tramitar el traspaso de los bienes al Fondo de Ganaderos de Córdoba. Tras recoger los testimonios de varios de los máximos responsables de este despojo, la Fiscalía estableció que la primera medida que tomó el Fondo Ganadero de Córdoba junto a Sor Teresa y sus hombres fue realizar un censo para establecer quiénes tenían los papeles al día y así trazar una estrategia para acreditar los predios faltantes y luego quitárselos.

En un principio el engaño consistió en que supuestamente serían asesorados por funcionarios públicos y por Guido Vargas para que, quienes no tuvieran los títulos de adjudicación, legalizaran sus predios. En cuanto a los campesinos que habitaban en terrenos baldíos, buscaron testaferros que se los quitaran y posteriormente los vendieran. En este juego de trámites administrativos, los paramilitares, según fuentes cercanas al proceso, le pagaron $9’000.000 a una funcionaria del Incora para que agilizara las diligencias. Se trata de María Inés Cadavid, quien fue una de las capturadas esta semana.

Las autoridades también señalaron que dentro del modus operandi de esta alianza entre el Fondo Ganadero de Córdoba, los paramilitares y Funpazcor, los notarios —hoy están capturados Lidia del Carmen Hurtado, notaria de San Pedro de Urabá, y Miguel Puche Yánez, notario de Montería— jugaron un papel importante, ya que le dieron validez a la serie de poderes que ilegalmente hizo firmar Guido Vargas a muchos campesinos. Cabe decir que muchas de las víctimas no sabían leer ni escribir, por lo que Vargas, o se les inventaba la firma, o sólo utilizaba su huella dactilar. Estas compraventas entre el Fondo y los campesinos se iniciaron a pesar de que no existían títulos ni escrituras y de que los ganaderos no tenían la autorización de comprar tierras.

Es decir, que todo el proceso era ilegal. Para las autoridades, una prueba de esto es un acta firmada el 1º de diciembre de 1997 por la entonces junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba —hoy, cuatro de sus cinco miembros están capturados y el otro murió—. Se trata del acta 1084, con la que cambió el objeto social y las autorizaba, además de comprar ganado, comprar tierras. Este movimiento, que fue posible gracias a la ley 363 del 97, permitió afianzar el proyecto paramilitar y adquirir 132 predios de la región de Tulapas.

Todo sucedió después de una reunión en la Finca 52 a la que asistió Sor Teresa junto a varios campesinos. En ese entonces, los directivos del Fondo, según contó uno de los asistentes a esa reunión, dijeron a las víctimas que la mujer del clan Castaño sería quien los representaría en los procesos de compraventa de tierras.

Según la fuente de la Fiscalía, esto nunca se puso en el acta para evitar futuros problemas, ya que los miembros del Fondo Ganadero conocían quién era Sor Teresa y sus fuertes nexos con el paramilitarismo. Tres meses después de haber cambiado el objeto social, comenzó el masivo despojo de tierras, que finalmente permitió a los paramilitares tener el control total de la zona. Sólo en 2011 las autoridades lograron establecer la magnitud del problema que había terminado por desplazar a cientos de familias de sus hogares.

En ese momento, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, empezó a denunciar que varias de las tierras en Urabá no contaban con los requisitos legales de propiedad y que muchas otras habían sido adquiridas ilegalmente. Según la Fiscalía, en ese momento Guido Vargas volvió a llamar a todos los campesinos para repetir la historia de 14 años atrás. En 2011 los hizo firmar declaraciones extrajudiciales en las que aseguraban que la venta de sus tierras —muchos no han recibido al día de hoy un peso— había sido satisfactoria. Igualmente, para la autoridades hay fuertes indicios de que ese año el Fondo Ganadero de Córdoba destruyó varios documentos en los que estaban registrados esos negocios.

Hoy, Osorio es uno de los principales testigos de la Fiscalía y gracias a él se logró contextualizar el caso y capturar a los máximos responsables. Junto a él, también hay otros de los principales protagonistas de este episodio que están colaborando con la justicia, al punto de tener casi listo un posible acuerdo. El ente investigador está terminando de realizar los interrogatorios a las 10 personas que recientemente capturó, para así definir su situación jurídica.

ASESINATO

Daniel Mathews es un peruano que ha denunciado la muerte de su hija de 7 años en Colombia. La menor tenía nacionalidad peruana y colombiana y, según denunció, falleció en un ataque de un grupo paramilitar.

“Destrozado.. Una bala, que estaba destinada a Paula Monteverde, le cayó a nuestra hija Elisa. A sus siete años pago por las ideas de sus padres. Ella no tuvo tiempo de forjar sus propias ideas. Los paramilitares se lo quitaron todo”, escribió el padre en su cuenta de Facebook.

“Es mi hija y tenía 7 años. (Los paramilitares) están matando niños solo porque no quieren un acuerdo de paz. El expresidente Uribe debe de responder por esto. Ocurrió en el valle de Cauca, cerca a Cali”, contó Mathews a RPP.

“Entró una camioneta al terreno de la familia Monteverde, donde vivía mi hija, y disparó. Su mamá la tenía en brazos y mi hija prácticamente fue un escudo. Querían matarla a ella, a Paola Monteverde, porque es dirigente campesina”, añadió.

“Soy peruano y mi niña también es peruana. El martes hablaré con el cónsul para que tome cartas en el asunto. Creo que lo que se necesita en América Latina es lograr la paz definitiva. Le pediría al presidente Santos que actúe directamente con los paramilitares”, finalizó.

Fuente: REVISTA SEMANA / DIARIO EL ESPECTADOR 

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