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La emisora Blu Radio conoció la declaración que rindió ante la Procuraduría Eleuberto Antonio Martorelli, quien detalla la forma cómo supuestamente se habrían financiado las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

En una declaración de al menos tres horas, entregada ante la Procuraduría General de la Nación y revelada este miércoles por Blu Radio, Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, revela detalles de la supuesta financiación que la firma brasileña hizo a las campañas presidenciales durante las elecciones de 2014. En el testimonio –que realizó varias semanas y que se efectuó en el consulado de Colombia en Sao Paulo– resultan salpicadas las campañas del entonces candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y la del actual presidente Juan Manuel Santos.

En el caso particular del primer mandatario, Martorelli sostiene que, en febrero de 2014, Odebrecht celebró un contrato de US$1 millón con la sociedad panameña Paddignton, vinculada con la empresa de publicidad colombiana Sancho BBDO. El objetivo del contrato habría sido realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades del país para favorecer la imagen del presidente.

Por otro lado, respecto a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el presidente de Odebrecht revela que a mediados de febrero de 2014 la constructora sirvió como puente para llevar a cabo una reunión con el publicista Duda Mendounça en Sao Paulo. Al parecer, como también ha documentado la Fiscalía, se pagaron US 1,6 millones, al estratega político Duda Mendoza.

Sobre la supuesta financiación que entregó Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, Otto Bula había asegurado que se reunió con Andrés Giraldo, un supuesto intermediario de Roberto Prieto, el gerente de la campaña, para entregarle un millón de dólares que enviaba la empresa brasileña, el excongresista aseguró que el contacto con Giraldo lo logró a través del expresiente de Odebrecht Colombia, Eleuberto Martorelli.

Precisamente, Martorelli dijo que pagó para realizar una encuesta para saber cuáles eran en su momento los políticos con los que podría hacer negocios: “Por este tema de Otto Bula fue la encuesta de opinión que yo pagué, que en mi entendimiento era para el presidente Santos, que fue un millón de dólares que yo pagué a una empresa llamada Paddington en Panamá y también los pagos al publicista Duda Mendounça para la campaña de Óscar Iván Zuluaga”, dice Martorelli.

En la declaración Eleuberto Martorelli se refirió a los pagos a Otto Bula, cuando el excongresista fue lobbista para sacar adelante el Otrosí 6, que significó una multimillonaria adición para el contrato de la Ruta del Sol.

“Conocí a Otto Bula y eso hace parte de mi acuerdo, en mi declaración con la Fiscalía y también con la Fiscalía de Brasil. A partir de junio más o menos de 2013 conocí a Otto Bula. En diciembre de 2012 pasé una semana en Bogotá”, sostuvo el expresidente de Odebrecth.

Pena de cárcel

Juan Sebastián Correa, quien fue el enlace del Congreso con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le imputaron cargos por ser la ficha del excongresista Otto Bula para entregar información a Odebrecht sobre la adición de Ocaña-Gamarra y las reclamaciones por sobrecostos en las obras de la Ruta del Sol.

La juez 37 de garantías de Bogotá ordenó la privación de la libertad a Juan Sebastián Correa, por los delitos de tráfico de influencias, falso testimonio y amenaza a testigo. El exfuncionario es investigado porque, al parecer, favoreció a la empresa brasileña Odebrecth al suministrar información a Otto Bula sobre los contratos de la Ruta del Sol y las reclamaciones por sobrecostos en la obra.

Según el despacho, ante la gravedad de los delitos fue necesario enviar a la cárcel al exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que se encargaba de realizar el enlace entre la entdad y el congreso. “La medida de aseguramiento se deberá cumplir en el centro carcelario de La Modelo, en el lugar en que el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec considere tiene las condiciones para garantizar los derechos fundamentales del señor Juan Sebastián Correa” sentenció la juez de garantías.

Según la hipótesis de la Fiscalóa, Bula -contratado para hacer lobby por Odebrecht- logró su objetivo al acercarse a funcionarios públicos gracias a sus relaciones con políticas, en especial, con el senador Bernardo Elías, más conocido como el Ñoño. Al parecer, el congresista fue quien le habría ayudado conseguir información en la ANI para interceder a favor de Odebrecht en temas de contratación, en los reclamos que hizo la constructora brasileña por los sobrecostos en la obra y en el cierre financiero de Navelena. La persona clave para acceder a estos dados casos fue Juan Sebastián Correa Echeverry.

Asimismo, Juan Sebastián Correa es señalado de haber sido el intermediario entre Otto Bula y Andrés Giraldo, una persona de confianza del exgerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, a quien le entregaron supuestamente un millón de dólares que envió Odebrecht. La Fiscalía aún indaga esta línea de investigación, pues en la imputación de cargos poca referencia se hizo al tema.

La relación entre Bula y Correa, al parecer, era mucho más cercana de lo que se intuía: desde enero de 2013 -año en que Bula fue contratado por Odebrecht, supuestamente- hasta enero de 2017, habían intercambiado 1.043 llamadas. Por el celular incautado a Otto Bula durante su arresto, en enero de este año, se supo también que Correa informaba a una persona -no identificada- del manejo que le iba dando su jefe, Luis Fernando Andrade, a los reclamos de Odebrecht por la Ruta del Sol II.

Al banquillo

La Fiscalía anunció que al exalcalde de Bogotá le imputarán los cargos de cohecho propio (recibir sobornos) e interés indebido en la celebración de contratos.

Samuel Moreno Rojas tiene una condena en su contra de 24 años de prisión por su responsabilidad en el carrusel de la contratación. Archivo

Junio será un mes agitado para el caso de corrupción que sacudió al continente latinoamericano, más conocido como el caso Odebrecht. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció un listado de imputaciones y otras diligencias judiciales que se vienen en las líneas de investigación que ya se conocen: el contrato de la Ruta del Sol II, la adición del tramo Ocaña-Gamarra, el destino de los dineros por sobornos que ingresaron al país, el crédito del Banco Agrario para el proyecto Navelena y la financiación de campañas presidenciales.

La noticia del día corrió por cuenta del anuncio de que Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá condenado por el carrusel de la contratación, será imputado por el caso Odebrecht por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente le imputarán al contratista del Distrito Orlando Fajardo peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer. Y a Jaime Buenaventura Quintero, representante legal de Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S (Contelac), falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. La investigación que arrancará contra ellos tres tiene que ver con las irregularidades advertidas en la adjudicación a Odebrecht del contrato Tunjuelo-Canoas.

Con respecto a las demás imputaciones que vienen, todas estaban ya cantadas: el 5 de junio será el turno para José Elías Melo Acosta, a quien le endilgarán el delito de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Acosta es el expresidente de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la concesión de Ruta del Sol II. La Fiscalía va a investigar formalmente si la empresa Estudios y Proyectos del Sol (de Corficolombiana) participó en el esquema de sobornos -que la gente de Odebrecht ya aceptó- para conseguir esa adjudicación y quedar a cargo de la rehabilitación o construcción de 528 kilómetros desde Cundinamarca hasta Cesar.

El mismo día, 5 de junio, está programada la audiencia de acusación y allanamiento de cargos de Enrique Ghisays, quien admitió que junto a su hermano Eduardo Ghisays creó la empresa Lurion Trading en Panamá para ayudarle al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. De esa manera fue que García Morales, quien dirigía el Instituto Nacional de Concesiones (Inco, ahora ANI), ingresó al país los US$6,5 millones que le pagó Odebrecht a cambio de la adjudicación de la Ruta del Sol II. A Eduardo Ghisays, por su parte, le imputarán cargos este 9 de junio, aunque esa audiencia estaba anunciada desde principios de marzo.

Siete días más tarde, el 12 de junio, el turno será para el exconsejero presidencial Miguel Peñaloza: habrá ampliación de su interrogatorio, dijo la Fiscalía, “a propósito de la irregular adjudicación de la Ruta del Sol II”. En esa misma fecha se les imputarán cargos a Marcela Ferrán e Irliana Barahona, vicepresidenta de crédito y cartera y gerente de crédito y cartera (e) del Banco Agrario. Esta decisión tiene que ver con que la Fiscalía sigue indagando en qué condiciones el Banco Agrario le prestó  $120.000 millones a Odebrecht para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, Navelena, a pesar de los números en rojo que la constructora brasileña ya arrojaba.

Por último, aunque no menos importante, el fiscal confirmó que su homólogo en Brasil le solicitó al Supremo Tribunal Federal de ese país, como ya estaba anunciado, que suspenda la confidencialidad sobre las declaraciones que más de 77 directivos y empleados de Odebrecht le han entregado a la justicia brasileña, conocidas como “las confesiones del fin del mundo”. A partir de este 1º de junio, la Fiscalía colombiana y sus pares en el continente podrán acceder a las pruebas de la justicia brasileña en el caso Odebrecht, siempre y cuando “se mantenga la confidencialidad de dichas declaraciones” para no afectar otras investigaciones. El fiscal Martínez indicó que la solicitud de esas evidencias ya se hizo formalmente.

Oficina de Envigado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) incluyó en la Lista Clinton de Estados Unidos a cuatro ciudadanos y cinco empresas colombianas por sus nexos con la Oficina de Envigado y los hermanos antioqueños Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao. Se trata de Santiago Álvarez Castro, socio de los hermanos Gallón Henao; Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago respectivamente, y Gabriel Jaime Aguilar Ramírez, abogado de los hermanos Gallón Henao que también estaría involucrado en actividades ilícitas.

El cuanto a las empresas, las autoridades estadounidenses señalaron a las compañías Clamasan S.A.S., Guisanes S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Agropecuaria Maíz S.A.S. y Agroindustrias Cima S.A.S, empresas ubicadas en la capital del Departamento de Antioquia y dedicadas al comercio, administración de propiedad familiar, minería y cultivo de café. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), estas compañías están bajo la propiedad, control y dirección de Juan Santiago Gallón Henao con la ayuda de las mencionadas personas.

Esta es la séptima decisión que la Ofac dirige a personas y entidades vinculadas con la Oficina de Envigado. Además de su participación directa en el tráfico de estupefacientes, el Departamento del Tesoro señala que esta organización delincuencial es cómplice de una variedad de actividades ilícitas como lavado de dinero, extorsión y asesinatos. Con esta decisión, las autoridades americanas le prohíbió a sus ciudadanos realizar negocios con estas personas y compañías colombianas. Asimismo, las autoridades expresan que los bienes que puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos estarán congelados.

“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán, aún más, el poder económico de los frecuentes financistas de La Oficina de Envigado mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, expresó John Smith, Director de la Ofac que, a su vez, expresó que “si los patrocinadores de La Oficina de Envigado continúan beneficiándose del producto de sus actividades delictivas, la Ofac continuará tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense”.

Santiago y Pedro Gallón Henao fueron incluidos en la Lista Clinton el 24 de junio de 2015 como parte de una acción de la Ofac dirigida a individuos identificados como financistas criminales, narcotraficantes o colaboradores aliados con la Oficina de Envigado. Desde junio del año 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en la Lista Clinton por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Según las autoridades estadounidenses, las sanciones por violar la Lista Clinton varían desde penas que pueden llegar hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones. En cuanto a las empresas que colaboren con estas organizaciones, la multa podrían llegar a los US$10 millones.

Bula

El Tribunal Superior de Bogotá, luego de resolver una acción de tutela instaurada por el excongresita Otto Nicolás Bula Bula quien pidió tener en cuenta el cambio de reclusión, para que le sean respetados los derechos, al debido proceso, y a la dignidad humana.

La ponencia del magistrado Alberto Poveda Perdomo sobre la  tutela en primera instancia contra la Fiscalía, le ordena al Inpec trasladar en un plazo de dos días al exlegislador.

“Ordenar al brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, director general del Institución Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec quien haga sus veces que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación (…) disponga del traslado de Otto Nicolás Bula Bula de manera inmediata al pabellón especial para funciones públicos del complejo carcelario penitenciario Metropolitano La Picota” dice la decisión.

El tribunal advirtió además al Inpec para que garantice la seguridad de Bula: “adoptará las medidas necesarias para brindar una efectiva protección de los derechos fundamentales de Otto Nicolás Bula Bula”.

El exsenador liberal Otto Bula había sido trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) para que cumpliera la medida de aseguramiento interpuesta en su contra por un juez de control de garantías de Bogotá el pasado 18 de enero en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta participación en el recibimiento de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para resultar beneficiados con millonarios contratos de obras públicas en Colombia.

La defensa del excongresista manifestó en su momento que se le debe garantizar la protección a su cliente. Para esto el abogado presentó documentos con los que sustenta que su cliente es funcionario público.

Bula en principio fue privado de la libertad en los calabozos del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el centro de la capital de la República.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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