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Hoy se sentaron por primera vez los generales de la República en frente de los guerrilleros de las Farc. Todos de everfit, sin armas y con una historia personal cuyo hilo conductor ha sido derrotar a aquellos con los que a partir de mañana tratarán de buscar fórmulas conjuntas para cesar el fuego. Esta reunión es una muestra más de lo lejos que ha llegado el proceso de paz. Sin embargo, lo que falta es tan difícil que el optimismo es moderado de lado y lado.

Esa es la sensación con la que uno se devuelve de La Habana, después de hablar con ambos lados de la mesa. Los jefes guerrilleros ya se parecen muy poco –incluso físicamente- a aquellos (ellos mismos) que hace diez años en El Caguán, arrogantes, ponían el fusil sobre la mesa antes de conceder una entrevista.

Hasta es difícil de creer que el temido 'Romaña', cuyo único vestigio de lo que era es la boina negra que aún usa, tuvo durante más de una década a cientos de soldados recluidos en una jaula de alambre con un grillete al cuello.

Su lenguaje es otro. Ya no hay chantajes velados de volver a empuñar las armas, hay pequeñísimos actos de contrición. Hay un esfuerzo por hacer propuestas concretas. Su voluntad de firmar la paz es evidente.

Pero todavía hace falta un relato creíble para todos –para la guerrillerada y para los colombianos que tendrán que refrendar el Acuerdo – que sirva de puente para cruzar al otro lado de la guerra.

Reescribir la Historia
La diferencia entre las Farc de El Caguán y las de La Habana es notoria, desde las formas hasta el lenguaje.

En 50 años son muchas las vidas que se han sacrificado. No solo los que murieron. No solo los que quedaron heridos. Hay también otras pérdidas menos visibles: hijos que se entregaron bebés para reencontrarlos diez, 15 o 20 años después, cuando ya no queda sino la constancia del abandono. Hermanos asesinados por ser hermanos. Pasiones truncadas.

“Hay que mandar un mensaje que justifique estos 50 años de confrontación”, me dijo uno de los guerrilleros negociadores (no usaré el nombre específico de ninguno porque todos piensan básicamente lo mismo sobre este tema y hablaron tranquilos con La Silla bajo esa condición).

“Se necesitan unas mínimas reformas, algo que resarza los esfuerzos; que la gente diga, pusimos muertos, dañamos la vida de mucha gente, pero se pagó porque logramos esto”.

Para él, como para los otros, este proceso de paz tiene que, además de crear las bases para una transformación del país, reivindicar y dignificar su vida en el monte.

Ninguno lo dijo así pero después de hablar con ellos es claro que uno de los objetivos centrales de la negociación para las Farc es reescribir la historia de Colombia y sobre todo del papel que jugó la guerrilla en el contexto de la historia de este país.

Y, en parte allí radica la dificultad que atraviesa la mesa.

Si para el Establecimiento el objetivo de la negociación es lograr pasar una página dolorosa en la Historia en la que los principales malos son los guerrilleros, para las Farc se trata de construir un nuevo relato que los ubique en la Historia. Al lado de Sucre. De Nariño. De Gaitán. De Galán. Al lado de quienes se rebelaron y resistieron a la violencia ejercida por una clase dirigente para evitar que las cosas cambiaran.

“La reescritura de la Historia es un fundamento de la paz. Si no se hace eso, van a quedar ruedas sueltas que van a generar los odios. La reconstruccion se hace sobre la base de la verdad histórica,” me dice el guerrillero.

Los nudos gordianos
Las Farc se sienten identificadas con la propuesta del ex presidente César Gaviria de una justicia transicional para todos.
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El equipo negociador del Gobierno, liderado por Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, imagina un tribunal como el que propuso Kofi Annan en Bogotá hace una semana.

 

Los generales que llegaron a la Habana trabajarán con su contraparte en la identificación de fórmulas para un cese del fuego bilateral e indefinido y para la dejación de las armas.

Mientras ellos construyen escenarios posibles, los negociadores están enfrascados en la discusión sobre una Comisión de la Verdad, como antesala para discutir una fórmula de justicia transicional.

El gobierno considera que esta Comisión debería ser un mecanismo extrajudicial, “que haga visible lo ocurrido y contribuya a su comprensión, para que no se vuelva a repetir”, según lo dijo el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo durante la visita de Kofi Annan hace una semana.

Explicó que debería ser un espacio en el que participen las víctimas y cuenten lo que les pasó y donde los que tuvieron alguna responsabilidad en el conflicto rindan cuentas.

“Debe ser un espacio en el que participen diferentes sectores de la sociedad, para que la comisión 'engrane' con la realidad política y se convierta en un escenario de reflexión”, explicó Jaramillo.

“La comisión no se puede reducir a un diálogo al margen de la vida pública entre unos comisionados muy prestigiosos y muy inteligentes y unas víctimas. Tiene que convocar a toda la sociedad para que tenga un efecto de no repetición: que el país entienda qué pasó y qué fue el conflicto armado”, lo describió.

Jaramillo está pensando en una comisión como la que existió en Sudáfrica (sin que conceda amnistías), donde a cambio de beneficios judiciales, los victimarios contaron su verdad, una verdad escalofriante que dolió y conmovió tanto al país que nadie pudo ya negar que lo que pasó pasó y mucho menos justificarlo. Liberados así de los secretos del pasado, pudieron dedicarse a tratar de reconstruir un proyecto conjunto de futuro.

El gobierno está convencido que ese conjunto de historias, individuales y colectivas, ayudará a comprender mejor lo que pasó y promoverá el reconocimiento de las responsabilidades de cada sector de la sociedad. No cree que pueda haber una narrativa única y tampoco que la verdad pueda sustituir a la justicia.

Las Farc, por el contrario, creen que la verdad los eximirá de la justicia.

Las Farc quisiera que una Comisión de Esclarecimiento y No Repetición (así llaman ellos a la Comisión de la Verdad) desclasifique documentos, investigue, reconstruya y, en últimas, “desenmascare” a la clase dirigente.

Que establezca, por ejemplo, qué fue lo que se discutió en el consejo de ministros del 7 de noviembre de 1985, después de la retoma del Palacio de Justicia. Que establezca, de una vez por todas, quién ordenó matar a Gaitán.

“Hay una forma de tener un relato coherente, que le de una explicación a la gente de qué fue lo que pasó”, dice el guerrillero. “En Colombia, de manera ex profesa, la clase dominante ha ocultado esa verdad. Es atropellante para la inteligencia de uno, que sobre la muerte de Gaitán haya cinco relatos.”

Las Farc creen que esa “verdad histórica” demostrará que el Estado y la clase dirigente que lo ha manejado es “el último punto de imputación” de lo ocurrido en la guerra y que sus injusticias justifican ampliamente la rebelión guerrillera.

Consideran que es posible construir una verdad única sobre el conflicto, y que ese relato monolítico será suficiente para exonerarlos de cualquier pena por la via de demostrar que la responsabilidad de la guerra fue general.

La Comisión Histórica del Conflicto que acaba de rendir sus informes sobre el orígen y persistencia de la guerra ya les ayudó a destruir la idea de que el conflicto comenzó con ellos.

La propuesta de César Gaviria de una justicia transicional para todos, que reconoce que no solo los combatientes han sido parte del conflicto, va también en esa dirección (“Nos declaramos gaviristas”, me dijo uno de ellos).

Quieren, ahora, que esta nueva Comisión reverse “la matriz de opinión” que ellos consideran que fue creada por los medios masivos de comunicación del Establecimiento “al servicio de una estrategia contrainsurgente de reducirlos a meros terroristas y narcotraficantes “y que se demuestre que hubo unos culpables más culpables que ellos de la tragedia de los últimos 50 años.

“El gobierno nos dice que la legislación de la Corte Penal Internacional exige que haya unos máximos responsables’, dice el guerrillero. “Digamos que aceptaramos esa teoría. Me sacrifico y me voy a la cárcel. Y yo les pregunto, ¿de allá quien se va conmigo? ¿Cuáles son los máximos responsables de la contraparte? ¿Los ex presidentes como comandantes en jefe del Ejército? ¿Los mindefensa? ¿Los comandantes generales? ¿Los dirigentes políticos de los partidos? ¿Quién va a responder?

La respuesta que se dan a esa pregunta es unívoca: nadie. Ningún representante de la clase dirigente –que en su opinión es la que ha comandado el “la guerra sucia” desde el Estado- irá a la cárcel con ellos. Y, como todo lo que surge en la mesa es bilateral, entonces ellos tampoco tendrían por qué hacerlo.

Les pregunto cómo aterrizan, entonces, en la práctica el compromiso que asumieron con las víctimas antes de elecciones cuando en su catálogo de principios dijeron que el proceso no se convirtiría en un “intercambio de impunidades”. Al fin y al cabo, a un secuestrado le da lo mismo si alguien es “más culpable” de la guerra como un todo. Para la víctima, su dolor y su necesidad de justicia es particular.

“La verdad y la justicia, entendida como la justicia social que elimina las causas de la violencia, resarce a las víctimas. Si la verdad nos lleva a la conclusión de que el Estado ejerció la guerra sucia y provocó el alzamiento, esa verdad comienza a explicar las verdades de nosotros”, concluye.

El guerrillero dice que las víctimas que fueron a La Habana pidieron saber la verdad. “Ni una sola dijo ‘queremos verlos podrirse en la cárcel’”.

Le digo que las encuestas muestran que la mayoría de colombianos sí espera que paguen alguna pena.

Para eso, los guerrilleros también tienen una respuesta. Uno de ellos me dijo que cree que dado que la “verdad histórica” destruirá la matriz mediática que ha hecho de ellos los ‘monstruos,’ para los colombianos será más fácil aceptar que nadie se vaya para la cárcel.

Muy diferente es la conclusión de los negociadores del gobierno. Jaramillo dice que para evitar que esta guerra se recicle hay que administrar justicia y para ello considera muy buena la propuesta de Kofi Annan de que de la mesa surja un tribunal especial que asigne penas.

Estas penas podrían ser alternativas pero necesariamente incluirían algún tipo de privación de la libertad para los máximos responsables.

“La principal consideración en materia de justicia debe ser que vamos a reconocer y a responderles a las víctimas para satisfacer sus derechos y para que esto no vuelva a ocurrir”, dice Jaramillo.

El problema del tribunal, para los guerrilleros, es, entre otras cosas, qué derecho aplicará. No tendría sentido –dicen- que se les aplique la juridicidad del régimen contra el cual se alzaron en armas.

“Hay que crear nuevo derecho”, dice el guerrillero y habla del “margen de interpretación nacional”.

Están convencidos de que la justicia penal internacional no aplicaría para este conflicto, sino que los colombianos pueden tener una interpretación propia de esta guerra. El reciente pedido de España a la CPI para que no intervenga en Colombia es para él la constatación de que sí existen otras salidas diferentes a irse a la cárcel.

Jaramillo, por el contrario, considera que no hay una opción distinta a construir un consenso alrededor de una fórmula legítima de justicia para todos.

“La opción es caer en un proceso interminable de acusaciones y recriminaciones mutuas en los tribunales nacionales e internacionales los próximos veinte o treinta años. Eso no le sirve nadie, ni le sirve al país,” dice.

Desmontarse mutuamente de las nociones de sí mismos. Las Farc, de su idea de que realmente fueron el Ejército del pueblo. El Establecimiento, de su idea de que esta guerra fue infligida por un grupúsculo de mentes malsanas y en la que los abusos que se cometieron de este lado fueron responsabilidad exclusiva de unas “manzanas” podridas y no de un diseño institucional.

Quizás solo cuando se destruyan ambos relatos, podrá surgir uno nuevo, aceptable para ambos lados, que no le niegue a las víctimas sus historias, y que jalone el proceso de paz hacia un final feliz. Para eso falta un rato.

Fuente: LA SILLA VACIA

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