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En plena recolección de firmas para presentarlas a examen de la Registraduría, la senadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta popular con la que se pretende aprobar, mediante el voto ciudadano, siete reformas que incluyen desde bajarles el salario a los congresistas hasta modificar la forma como se reparte el presupuesto público, responde con optimismo al reto de que la gente del común le quite poder a la clase política.

¿Cómo va la recolección de firmas para la “consulta anticorrupción” que usted y otros miembros del Partido Verde se propusieron adelantar hace cinco meses?

Vamos bien. Ya tenemos dos millones de firmas recolectadas. Miles de ciudadanos han entrado al sitio digital que abrimos (ver parte superior de la página), han bajado el formulario de la consulta, han recogido firmas y nos las han enviado a nuestra dirección física (calle 36 Nº 28A-24). Para la convocatoria de una consulta popular, la ley exige un millón 762 mil firmas válidas. Previendo que nos pueden anular muchas, aspiramos a entregar a la Registraduría tres millones de firmas.

Pero para que sea válida se requieren 11 millones de votantes efectivos. También que la mitad más uno aprueben los puntos propuestos. ¿No es una simple ilusión?

Si queremos derrotar la corrupción y cambiar a Colombia, tenemos que pasar de la quejadera a la acción. ¡Todas las normas contra la corrupción que se incluirán en la consulta las propusimos en el Congreso y nos las hundieron ocho veces! Está comprobado que los congresistas no se reforman: no van a bajarse el salario, sancionar su inasistencia, rendir cuentas, hacer público su patrimonio, limitarse máximo a tres períodos en el Senado o Cámara, eliminar las mordidas, aprobar el presupuesto en audiencias públicas, tener un método de contratos transparentes o mandar a la cárcel y no a la casa a los políticos o contratistas privados que roben. La única manera de lograrlo es que los ciudadanos les impongamos esos controles mediante el voto popular.

¿Cree que se van a movilizar esos 11 millones de votantes?

Los colombianos tenemos que entender que la corrupción no se derrota quejándose en Facebook ni en Twitter, sino votando. La corrupción está matando, hoy, a más colombianos que el conflicto armado: niños que mueren por desnutrición; mujeres y ancianos que fallecen mientras hacen fila en los hospitales públicos desfalcados; listas inventadas de alumnos o enfermos para saquear los recursos de la educación o la salud. Según la Contraloría General, la corrupción nos está robando $50 billones al año, equivalentes a seis reformas tributarias. 15 millones de ciudadanos votan para elegir Congreso. Estoy segura de que más de 11 millones votarán para que no los sigan abusando y desfalcando unos avivatos.

¿Qué impacto ha tenido la convocatoria?

La gente ha sido muy generosa y activa. Nos han apoyado empresarios, actores, presentadores, futbolistas, músicos y hasta me “metí” al clóset con Daniel Samper Ospina para hacer pedagogía sobre la consulta (risas). En Bogotá tenemos un equipo que revisa y valida los formularios recibidos. Tenemos un margen de firmas inválidas de apenas el 10 %. Los ciudadanos han seguido las instrucciones y han hecho bien la tarea, pero necesitamos recoger un millón de firmas adicionales este mes. Y repito: esta iniciativa sólo es viable si miles de ciudadanos bajan el formulario, firman, recogen firmas de sus amigos y familia y las mandan, gratis, por la empresa de mensajería Envía antes del 20 de julio.

Ustedes intentaron que el Congreso aprobara las propuestas que ahora irán a consulta, pero este camino es tan improbable como el anterior.

Cuando nos hundieron por enésima vez la reducción de salarios de los congresistas, las sanciones al ausentismo y la ley de transparencia en octubre pasado, concluimos que no tenía sentido seguir intentándolo y que la única vía que nos quedaba era la de salir a convencer a los ciudadanos. Cajamarca pudo derrotar la megaminería contaminante en su región, no nos va a quedar grande a todos los colombianos derrotar la corrupción.

Ante mi incredulidad, voy a insistirle: ¿no será que los poderosos del Estado se unen para hundir la consulta?

Es posible, pero sería una torpeza infinita no permitirla. Si la clase política y el establecimiento de poder no se toman en serio el enorme descontento de la gente, y bloquean salidas institucionales y democráticas como la consulta, van a cavar su propia tumba. La justicia, el Congreso y el presidente superan hoy niveles de desaprobación de más del 70 %. Si hunden, con arrogancia, salidas legítimas como la consulta popular anticorrupción, se lo van a cobrar duro. En cambio, si permiten que la ciudadanía haga la tarea que ellos no han podido o no han querido hacer, oxigenarán todo el sistema. Espero que prime la sensatez.

La ley que reglamentó inicialmente la consulta popular advertía que era facultad exclusiva del presidente. ¿En qué norma se fundamentan ustedes?

En veinte años de vigencia de la ley del 94, prácticamente fue nulo el uso de mecanismos de participación ciudadana, porque los requisitos resultaron demasiado restrictivos. Por eso se modificó y la nueva ley (1757 de 2015) permite que las consultas no sólo sean convocadas por una autoridad pública, sino también por cualquier grupo ciudadano, organización social, partido o movimiento, tanto a nivel local como nacional. Entonces, está descartado el problema jurídico de legalidad.

¿Cuántas consultas populares de origen ciudadano se han ensayado antes?

Esta es la primera vez que se intenta una consulta popular de carácter nacional. ¿Qué tema más pertinente que el de la corrupción, que los colombianos identifican como el principal problema del país?

Una vez logren la certificación de la Registraduría sobre la legalidad de las firmas, se necesitan dos pasos más: pasar por el Senado y, después, por el despacho del presidente. ¿Teme ese par de requisitos?

Si hubiera dejado que el temor me paralizara en la vida, no estaría donde estoy. La peor diligencia es la que no se hace. Vamos a organizar una presencia ciudadana argumentada y masiva. Muchos parlamentarios han dicho que, aunque comparten las iniciativas, están impedidos para votarlas y han reconocido que es mejor que alguien ajeno al Congreso tome esas decisiones. Voy a debates con ministros, parlamentarios y candidatos presidenciales y reconocen que la corrupción y la ilegitimidad institucional conllevan un grave problema. Espero que sus palabras se reflejen en acciones y que permitan que los ciudadanos voten la consulta anticorrupción.

La consulta popular también tiene ventajas: con una aprobación de la mitad más uno de los votos, la decisión mayoritaria es obligatoria. Por eso creo que los congresistas no van a quedarse de brazos cruzados.

Estoy segura de que no lo harán: algunos tratarán de sabotear, de dilatar, de echarse una perorata diciendo que la consulta es populista, que atenta contra la “majestad” del Congreso, etc. Pero también estoy segura de que la presión ciudadana y los buenos argumentos van a primar, por realismo político. A meses de buscar su reelección, ¿les van a negar a los ciudadanos el derecho a votar las normas anticorrupción que ellos no aprobaron? ¿Y los candidatos presidenciales qué dirán: que están muy comprometidos contra la corrupción, pero que sus bancadas no permiten que se vote contra ella? Escogimos la consulta popular porque es el mecanismo más vinculante y porque su resultado es obligatorio. Si logramos ir a las urnas y ganamos los votos requeridos, en un año esas normas deben aplicarse. No me canso de decir que si dejamos de quejarnos y votamos, este esfuerzo no tiene pierde.

Aunque no es tema de los propuestos por ustedes, hay uno que cae como anillo al dedo: los intentos de acabar con la eficacia de la figura de pérdida de investidura. El último está en la reforma electoral, a la que le colgaron la doble instancia. ¿Qué opina?

No tiene ninguna presentación que mientras han hundido los proyectos para incrementar la transparencia y el control de su gestión, avancen otros que debilitan la sanción por pérdida de investidura. El proyecto de acto legislativo de reforma electoral modifica las causales de pérdida de investidura y elimina dos: por indebida destinación de dineros públicos y por tráfico de influencias comprobado, lo cual es absurdo y dispara el riesgo de corrupción e impunidad. Le apuesto a que en la reforma electoral seguirán dilatando los proyectos anticorrupción y, en cambio, aprobarán el debilitamiento de la pérdida de investidura.

Esta semana se supo que el proyecto de sanción al ausentismo parlamentario murió por asfixia en la Cámara. ¿No es otra táctica para evitar su aprobación sin el costo de negar la iniciativa?

Así es. Ese proyecto, de autoría del Centro Democrático, que nosotros apoyamos, estuvo más de un año esperando a que lo pusieran en el orden del día en la plenaria de Senado. Apenas lo incluyeron hace un par de semanas, cuando ya se sabía que no habría tiempo para tramitarlo en la Cámara. Es una jugada del Senado para lavarse las manos, decir que lo aprobó y echarle la culpa del hundimiento a la Cámara.

He oído varias veces a sus compañeros congresistas que la quieren poco, decir que usted contesta lista y se va, lo que configuraría una especie de ausentismo ¿Es cierto?

Es completamente falso. Nunca he ido a marcar tarjeta e irme. Los martes y miércoles de sesiones, estoy allí desde las 10 de la mañana, cuando empieza a sesionar la Comisión Primera (Senado), hasta la noche, cuando terminan las plenarias. De jueves a sábado, voy a las regiones a trabajar. Por fortuna las sesiones son televisadas y en mis redes reporto lo que hago. La mentira del ausentismo la repiten un par de amargados a los que les hincha que terminada la sesión de votación o control político, me vaya a trabajar en vez de quedarme oyendo las peroratas de constancias del uribismo contra todo. Hay mucha firma que recoger y mucho oficio que hacer en esta vida para perder tiempo con sus mentiras y diatribas.

Entre sus detractores del Congreso, muchos han dicho que usted ha montado esta convocatoria como una plataforma para las elecciones. ¿Qué les responde?

Que no estaríamos en estas si el Legislativo hubiera aprobado los proyectos que presentamos. No crea que recoger tres millones de firmas es tarea fácil. Hubiera sido mejor y más gratificante haber logrado que el Congreso se autorreformara. Esta idea no la saqué este año del sombrero por astucia. Lo decidimos todos los verdes, cansados de que nos bloquearan. Estoy segura de que en las urnas, la consulta anticorrupción contará con el apoyo de muchos otros candidatos presidenciales, como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Navarro y Robledo, para solo mencionar algunos. Derrotar la corrupción y meter en cintura a la clase política no es una vanidad personal, es un requisito nacional.

Usted se destacó muy rápido en el Congreso no solo por sus temas, sino por su tono. Y también ha sido muy criticada. ¿Cuál es su experiencia como exitosa parlamentaria entre la gente pero como odiada senadora por sus colegas?

No me quejo: son gajes del oficio. Que me amen por fuera del Congreso y me odien adentro, demuestra que estoy haciendo la tarea como debe ser y que este cuarto de hora de poder no me ha cambiado. Sigo siendo una ciudadana con la voz y los ojos de los otros ciudadanos. En el Congreso hay parlamentarios muy buenos en todas las bancadas, pero son una minoría que termina aplastada por el clientelismo y la corrupción. La gente tiene que entender que no puede elegir corruptos el domingo y esperar que los gobiernen como ángeles el lunes.

Después de lo que llama “este cuarto de hora”, ¿sale del Congreso esperanzada, desilusionada o con sentimientos encontrados?

Salgo un poco hastiada pero, en relación con el futuro de Colombia, muy esperanzada. Creo en las instituciones, pero no en los mesianismos ni en que todo se reduzca a “elíjanme que voy a salvar el país”. A pesar de las dificultades, ha sido con acción colectiva y sostenida que logramos derrotar el narcoterrorismo de los 80, la parapolítica de los 90 y desarmar a las Farc. El reto que tenemos ahora es derrotar la corrupción y renovar la clase política. La consulta anticorrupción es una de esas acciones colectivas necesarias para que le digamos a la clase política cómo queremos que nos gobierne antes de decidir quién queremos que nos gobierne.

Control ciudadano a los congresistas

La consulta popular anticorrupción es la primera de origen ciudadano que se intentará realizar en el país desde cuando se aprobó, en 1994, con requisitos tan exigentes que fue necesaria una ley en 2015 para que, fuera del presidente de la República –único que tenía la facultad de convocarla sobre temas de alcance nacional–, grupos o movimientos sociales pudieran proponerla. La consulta propuesta hoy debe reunir más de un millón 700 mil firmas válidas para empezar a recorrer el camino hacia las urnas y se originó en la imposibilidad de que los propios miembros del Congreso aprobaran reformas que les disminuyen poder, manejo y control en materias de contratación pública, relaciones con las otras ramas del Estado, salarios, condiciones de trabajo, etc. Miembros del Partido Verde empezaron a mover la idea en octubre del año pasado y tienen plazo hasta el 20 de julio para recoger la meta de tres millones de firmas con el fin de asegurar su validez ante la Registraduría. Con tal objeto crearon el sitio digital www.vencealcorrupto.com, en donde están los pasos para quienes quieran apoyar la idea que obligaría al parlamento a aceptar plenamente el control de la ciudadanía.

“Pena ajena”

Bajar el salario de los parlamentarios, de 40 a 25 salarios mínimos vigentes, es un punto sensible de la consulta. ¿Ese tema no entrabará más las cosas?

No lo proponemos por capricho, sino por equidad. En América Latina los congresistas se ganan entre 20 y 25 salarios mínimos de sus países, y en Colombia ganan 40 salarios. Entre tanto, el 60 % de los colombianos viven con un salario mínimo o menos. La desigualdad es grotesca. Reducirlo de 40 a 25 salarios mínimos es dejarlo en el mismo promedio latinoamericano y en el nivel salarial ministerial. De paso, le ahorraremos unos $213.000 millones anuales al país. $18 millones mensuales no es un mal salario para un congresista.

¿Cuánto gana hoy un congresista sumando salario, primas, vehículos, gasolina, conductor oficial, escoltas, etc.?

Me da pena ajena con los ciudadanos lo que cuesta un congresista frente a lo que le rinde al país. Sumados el salario, las prestaciones, tiquetes y todo lo demás de que dispone, cada congresista le puede costar al país $99 millones al mes.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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