El procurador General, Fernando Carrillo anunció que iniciaron una serie de indagaciones para establecer si agentes de la Fuerza Pública pueden estar involucrados en los asesinatos de líderes sociales.

Según lo explicó, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se habló de la posibilidad de que grupos ilegales los estén captando.

“Estamos llamando a la ciudadanía para que haga las denuncias. Nos parece fundamental, porque parte de lo que se discutió ayer en el Comité con el señor presidente de la República y lo dijo la Fiscalía abiertamente, es que aquí hay una captación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”, dijo.

Señaló que el llamado también es para los alcaldes y gobernadores para que asuman sus responsabilidades relacionadas con la defensa de la vida y la integridad de los líderes.

El procurador insistió en qué hay que poner en marcha esquemas de seguridad colectiva y esquemas de seguridad étnicos. Y criticó a quienes tienen esquemas de seguridad sin necesidad.

“En este país se volvió estatus el hecho de tener escoltas”, dijo.

AMENAZAS Y CRÍMENES

Hay algo profundamente errado en este país. Escuchar el audio de la amenaza a la profesora Dayanira y ver, incrédulo, la terrorífica cuenta de líderes sociales ejecutados, uno tras otro; leer las amenazas de muerte a los representantes de la Colombia Humana en diferentes regiones, y todo sin que pase nada. Asistir a la reactivación e increíble remontada del paramilitarismo, que empezó a notarse tras la desmovilización de las Farc, subió de forma asombrosa con la campaña electoral y, tras la victoria del uribismo, se desencadenó, se desató, como si presintiera que con el nuevo gobierno su espacio vital va a poder ensancharse naturalmente y que ahora, como dice la voz telefónica que amenaza a Dayanira, “podremos matar al que se nos dé la gana”.

El presidente Santos, que luchó por cambiar este país, tiene las manos atadas, o mejor aún, no tiene manos, sus dedos son de porcelana o algodón. Sólo le queda esperar a que se termine este mes para dejar el poder, pero en lo esencial ya no está ahí. De algún modo, el sillón presidencial está vacío. Y Duque, que aún no llega a calzarlo, no parece mayormente preocupado por lo que pasa, por ese goteo de muertos en pueblos y regiones. Si alguien le pone un micrófono y le pregunta por los crímenes de líderes sociales, pues él los condena, claro, qué va a hacer, tampoco puede decir que no le importan, pero si nadie le pregunta no dice nada, y su silencio es tan aterrador como las imágenes de los cadáveres, porque encarna el desinterés por ese dolor humano. Si nadie se lo pregunta, él se concentra en las cosas que sí le importan, como la costilla rota del senador Uribe.

Duque aún no se ha posesionado, pero ya lo que Santos había logrado desenredar en materia de paz, vuelve a enredarse con rapidez. Como si la realidad colombiana fuera un mecanismo retráctil. Y así, amenaza con regresar el viejo país de la violencia, las amenazas y la muerte. En un libro muy exitoso, el escritor Enrique Serrano describe y anuncia todo esto en un capítulo que (cito de memoria) se titula “Quienes deben irse y quienes pueden quedarse”, en el que viene a decir lo que hoy estamos viendo: que Colombia es un país tradicionalista, alérgico a los cambios, y quien no comprenda esto, dice Serrano, “está cordialmente invitado a que se largue”.

Esa es la verdad: muchos colombianos, entre los que me encuentro, que creímos en un cambio propiciado por el proceso de paz, la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas, y que tras las elecciones perdimos una idea de país, estamos al parecer cordialmente “invitados a largarnos”, como dice Serrano, pues ahora de lo que se trata es de avanzar en sentido contrario al de la historia. Y ya lo demás viene por añadidura, como si cada cual supiera el rol que debe jugar: el CNE pretendiendo suspender la elección de Mockus, el político más decente, mientras que los compradores de votos del CD siguen ahí. O la SIC embargando el sueldo a Petro.

Es lo que veremos. Como el árbitro de Colombia vs Inglaterra, que pitaba el foul inglés a favor de los ingleses. Así será ahora, sospecho, pero con la realidad política y social. El baile del cangrejo, siempre un pasito atrás. Para que nuestro hermoso país no cambie y siga siendo el mismo.

CIFRAS

Las cifras son escalofriantes: según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 hasta junio de 2018. Estos crímenes tienen que ser prevenidos y sancionados, no sólo por el drama humano detrás de cada cifra, sino porque esos asesinatos minan nuestra precaria democracia y debilitan los lazos comunitarios y las posibilidades de la paz. La evidencia acumulada muestra además que esta violencia tiene cierta sistematicidad: muchas de las víctimas están vinculadas a reclamos de tierras o a la defensa de la sustitución de cultivos o del medio ambiente. Esta nueva guerra sucia reproduce entonces un terrible patrón de nuestra historia, que ha sido ampliamente documentado, conforme al cual los esfuerzos de apertura democrática suelen ser violentamente cerrados por un aumento de la violencia regional contra los líderes sociales.

Infortunadamente en este punto, el gobierno Santos, que tanto hizo por la paz, se rajó, a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios, como el ministro del Interior. Pero más que el gobierno Santos, es todo el Estado y la sociedad los que estamos fracasando, por lo que surge la obvia pregunta: ¿qué podemos hacer para parar esta matazón?

No hay respuesta fácil: el profesor Gutiérrez Sanín propuso en su última columna cuatro importantes elementos de respuesta, que comparto. En consonancia con ellos, quisiera reiterar la propuesta de un pacto de todas las fuerzas políticas que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras.

En otros países se han hecho pactos de ese tipo, como, por ejemplo, en España, en donde las principales fuerzas políticas suscribieron en 2000 un pacto condenando inequívocamente la violencia terrorista de Eta, después de haber alcanzado otros acuerdos previos (los llamados Pactos de Madrid, Ajuria-Enea y Navarra). Esos pactos acabaron cualquier asomo de legitimidad de los atentados de Eta.

Un pacto de esa naturaleza es importante hoy en Colombia pues creo que la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos que con diversos propósitos perpetran esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban por cuanto no los han rechazado explícitamente. Un pacto de condena de esos crímenes por las principales fuerzas políticas eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría a esos crímenes de cualquier asomo de legitimidad, lo cual no sólo podría inhibir a ciertos actores locales de persistir en esa violencia, sino que fortalecería la capacidad del Gobierno de prevenir esos crímenes y la de la Fiscalía de investigarlos para que sus responsables sean sancionados.

La condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional, a pesar de nuestras diferencias. Los distintos líderes tienen entonces la responsabilidad de suscribir ese pacto, sin intentar sacar provecho político propio de ese doloroso drama; nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de movilizarnos para presionar soluciones para que termine este exterminio.

PERSPECTIVAS

Iván Duque pregona su deseo de que nos reconciliemos, pero, como van las cosas, no parece que esa ilusión se haga realidad, empezando por su propia actitud.

Elegido, Duque anunció que se propone “conducir a Colombia a pasar la página de la polarización, para que nos unamos en unos propósitos de país”, pero su talón de Aquiles es que aun hoy, en las puertas de la “Casa de Nari”, no tiene clara la dimensión del problema a resolver. Según el nuevo mandatario, “el error fue haber dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz”, análisis inexacto y simplista que parte del supuesto de que el uribismo nada tiene que ver con ese terrible mal de la polarización, y que la culpa de la misma es de los demás. Explicable óptica uribista, pero pésima estrategia reconciliadora.

No, doctor Duque, aterrice. Si en verdad acaricia el propósito loable de conseguir que vivamos tranquilos a pesar de las diferencias, hay que empezar por reconocer que la primera piedra de la discordia la pusieron ustedes —el Centro Democrático—, y concretamente su jefe, Álvaro Uribe. En efecto, cuando se hicieron ostensibles las diferencias de los colombianos frente al proceso de paz, ya el país estaba polarizado porque el gobierno de Uribe —al que sirvió el próximo presidente en una modesta oficina del BID en Washington—, en nombre de la seguridad democrática, censuró a sangre y fuego sus discrepancias con muchos sectores.

El espionaje desatado durante ese régimen oprobioso a magistrados, opositores y a muchos columnistas que no comulgaban con ese gobierno corrupto dividió severamente a la Nación y no de manera pasajera. El talante de un gobierno inspirado en que todo aquel que opinara en contra suya era tratado como amigo de las Farc, del narcotráfico, o como delincuente, causó la polarización que luego se prolongó con la visceral oposición que Uribe le montó a Santos apenas iniciado su mandato, cuando ni siquiera había hablado de negociar con la insurgencia, sólo porque en el gabinete ministerial fueron nombrados Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras, antiguos aliados del irascible expresidente que desde entonces cayeron en desgracia con él.

Reconciliarse no consiste en trasladar pecados al contrario y ponerse a salvo de los propios, sino en propiciar espacios donde quienes son contrapartes estén dispuestos a reconocer mutuamente sus errores y enfrentar el futuro sin conflictos. Lo que Duque pretende es imponer “su” paz, pero a partir de que todos acepten que el uribismo es víctima de la polarización y no el victimario que fue y seguirá siendo. Eso es confundir reconciliación con rendición.

Esa actitud de considerar que fueron otros los causantes de la polarización sigue latente en el comportamiento belicoso de algunos soldados del nuevo gobierno, según se sabe por las accidentadas reuniones de empalme en ministerios y departamentos administrativos. Lo que deberían ser reuniones cordiales en las que los voceros de Duque sean informados del estado en el que encontrarán las cosas cuando asuman el poder, se han convertido en escenarios para cuestionar a los funcionarios salientes, y para pasarles cuentas de cobro por el resentimiento que todavía alimentan por haber estado viudos de poder. Eso sin contar con uno que otro abuso, como el que se suscitó en el ICBF cuando un exmagistrado, quien se anunció como miembro de una de las comisiones de empalme, pretendió presionar en un asunto en el que actúa como abogado.

Va a tener que cambiar de táctica Duque si aspira a reconciliarnos. No basta con ser el símbolo de la unidad nacional, sino ejercerlo con contundencia y sinceridad. A propósito, ¿por qué el novel mandatario solo abrió su boca para rechazar, sin convicción y tardíamente, los crímenes de líderes sociales, pero luego de que Gustavo Petro y Ángela María Robledo le criticaron su inexplicable silencio? Está lejos el sueño de la reconciliación.

Bien que la JEP haya convocado a los jefes de las Farc para que den explicaciones y respondan por los secuestros. Es parte de la verdad que necesitamos.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / CARACOL RADIO

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