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La intimidación proviene del grupo autodenominado “Defensores de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental contra los comunistas”, según cuatro organizaciones relacionadas con la paz.

Según la denuncia, el grupo paramilitar “Defensores de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental contra los comunistas”, por medio de correos y panfletos han amenazado con atentar en contra de la vida de ocho dirigentes políticos y defensores de Derechos Humanos.

Ante la situación, las organizaciones: El Espacio Regional de Paz del Cauca, La Red por la Vida  y Los Derechos Humanos del Cauca, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano y Marcha Patriótica aseguran que las intimidaciones han venido aumentando en los últimos días.

“Un Mensaje de amenaza enviado por correo electrónico a las 7:51 de la noche, con el asunto ‘ultimátum 20 de junio de 2017’ dirigido al e-mail “fundcima@yahoo.es” y al correo de Camilo González Posso”, dice la acusación.

Según la denuncia, el grupo de autodefensas rechazó las propuestas de la Comisión Regional de Paz y seguridad. Además de declarar “objetivo Militar a siete líderes sociales y a un integrante de la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos-MAPP OEA”.

Las organizaciones de Derechos Humanos, le pidieron al Estado proteger y adelantar medidas necesarias que garanticen los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica.

IMPLICADOS EN EJECUCIONES

En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, el cerco de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se estrecha cada vez más sobre Colombia. Así lo deja ver el último reporte de ese despacho, que ya conoce el Gobierno Nacional: 23 generales y seis coroneles activos y retirados están en su radar por haber comandado unidades militares implicadas en 1.228 hechos conocidos como falsos positivos. La Fiscalía de la CPI los dividió en cinco casos, según las regiones donde ocurrieron, y si la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz no hacen lo suficiente, esos serían los procesos que podrían llevar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas ante este tribunal internacional.

En el listado de los altos oficiales que llamaron la atención de la Fiscalía de la CPI figuran los nombres del actual comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y de otros tres hombres que ocuparon ese mismo alto cargo: los generales (r) Mario Montoya Jaime Lasprilla y Óscar González. Aparecen también el primer general —y hasta ahora el único— que ha sido llamado a juicio por crímenes de esta naturaleza, Henry Torres Escalante; y militares que fueron retirados del servicio en 2008, recién estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, como los generales Luis Pico Hernández, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés.

Están, por otro lado, nombres de oficiales que, al contrario, han sido registrados como denunciantes de las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, el comandante de la Séptima División, el general Jorge Salgado, a quien la Fiscalía le archivó un proceso por homicidio en persona protegida tras encontrar que sus acciones al llegar a la Brigada 11, con sede en Montería, evitaron que se cometieran más ejecuciones de civiles. Están también los generales (r) Gustavo Matamoros Camacho y Jorge Rodríguez Clavijo, quienes según Human Rights Watch, junto con el general Salgado, le han aportado información a la justicia colombiana que compromete al general (r) Montoya.

Esta información resulta de extrema relevancia ahora que la Corte Constitucional analiza si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se acoge al espíritu de la Carta Política del 91. El Gobierno le indicó a la CPI que una vez entre en vigencia, los casos de ejecuciones extrajudiciales serán procesados en ese sistema de justicia transicional. Uno de los más grandes debates alrededor de la JEP ha sido cómo establecer la responsabilidad del mando, es decir, de los altos oficiales que, si bien no jalaron el gatillo, tampoco evitaron crímenes como las ejecuciones extrajudiciales. Por eso, si la JEP hace bien la tarea, estos casos no tendrían que terminar ante jueces internacionales.

En noviembre de 2012, cuando salió el primer reporte interino de la Fiscalía de la CPI sobre el país, el Gobierno quedó advertido del interés especial de ese despacho en hacerles seguimiento a los expedientes de ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces se han dado comunicaciones constantes con distintas autoridades del Estado, principalmente la Fiscalía. Además, ha habido reuniones de funcionarios de esa Corte con funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales y representantes del sistema de la ONU, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual viene denunciando este tipo de asesinatos en Colombia desde 2004.

Ese fue justo el año en que la Fiscalía de la CPI le abrió a Colombia un examen preliminar. El informe, que deriva de esa coyuntura, sostiene que los asesinatos de civiles en escenarios montados por militares para que parecieran muertes en combate podrían constituir homicidio y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad, y asesinatos y ataques contra civiles como crímenes de guerra. El informe concluye que estos crímenes fueron desarrollados como parte de un ataque directo contra civiles en distintas regiones de Colombia, en virtud de una política adoptada en algunas unidades militares de las Fuerzas Armadas, y la existencia de una política estatal.

Sobre los casos evaluados, que ocurrieron con una frecuencia perturbadora entre 2002 y 2010, la CPI cita el reporte anual de 2015 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según el cual el número de víctimas de estos delitos asciende a más de 5.000 en ese período. La Fiscalía de la CPI categorizó los cinco casos potenciales por divisiones y brigadas específicas del Ejército en regiones y departamentos concretos: Cesar y La Guajira; Norte de Santander y Magdalena; Meta, Casanare y Vichada; Huila, y Antioquia y Córdoba. Estos dos últimos, que pertenecen a la Séptima División, es donde más se habrían registrado hechos: 677 entre 2002 y 2008.

La Fiscalía de la CPI basó su información en fuentes varias: informes de organizaciones nacionales e internacionales, sociedad civil, sentencias judiciales, medios de comunicación o reportes de las autoridades colombianas. La primera conclusión es que los oficiales implicados en los hechos tuvieron la oportunidad de detectar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, y, además, al menos desde 2004, la ONU y la sociedad civil ya habían advertido a través de denuncias públicas la aparición de estas ejecuciones extrajudiciales. Antes de 2008 no hay reportes que indiquen que se tomaron medidas para evitarlo.

De igual modo, el informe preliminar de la Fiscalía de la CPI destaca que algunos de los oficiales identificados habrían pasado de dirigir batallones a brigadas que también fueron mencionadas en los casos potenciales de ejecuciones extrajudiciales. Al parecer, su intervención incluyó presionar a los subordinados para producir resultados de muertes en combate, castigando a quienes no lo lograban con la negativa de días de descanso y otros beneficios, incluidos los económicos.

Con base en fallos de la justicia colombiana, el informe destaca que la mayoría de los asesinatos se cometieron para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla, y que las víctimas fueron seleccionadas especialmente, pues residían en zonas remotas o pertenecían a sectores marginales de la población. Desempleados, indigentes, adictos y, en general, personas que eran percibidas como un riesgo para la sociedad. Para ubicar a las víctimas se usaron civiles, paramilitares, policías o militares que secuestraron o atrajeron a las víctimas bajo engaño, como promesas de trabajo. Tras su asesinato, les colocaron armas y equipos al lado de sus cuerpos para simular combates que nunca tuvieron lugar.

En algunos casos, los asesinatos estuvieron precedidos por secuestros o detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos. El reporte señala que, dentro de la cadena de mando, es precisamente el gran debate de la JEP para los militares, en algunas ocasiones hubo conocimiento previo de los hechos que contribuyeron a la implementación de estrategias diseñadas para cometer los crímenes. Algunas de las ejecuciones extrajudiciales demostraron que los implicados acordaron vestir a las víctimas como guerrilleros y que, en otros casos, las autoridades minimizaron las acusaciones de lo que estaba sucediendo.

Al finalizar el reporte, la Fiscalía de la CPI precisó que la información que han entregado las autoridades colombianas es insuficiente para concluir que se están o se han tomado medidas concretas y progresivas de investigación frente a los casos mencionados de ejecuciones extrajudiciales. El despacho de la fiscal Fatou Bensouda recordó, además, que las instancias de la CPI han dejado claro que los procedimientos hipotéticos no tienen ningún efecto y que, por eso mismo, es de absoluta importancia que Colombia envíe pruebas tangibles de que se están realizando indagaciones relevantes.

El 29 de octubre de 2008, en rueda de prensa el presidente, Álvaro Uribe, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaban el retiro de 27 oficiales y suboficiales del Ejército que presuntamente estaban implicados en ejecuciones extrajudiciales.

Primer caso potencial

A la Primera División y la Décima Brigada, que operan en La Guajira y el Cesar, se les atribuyen 146 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. En esa época estuvieron como comandantes de la Décima Brigada el coronel (r) Néstor Raúl Espitia Ribero durante el segundo semestre de 2004; y los entonces coroneles —hoy generales en retiro— Hernán Giraldo Restrepo, desde diciembre 2004 hasta junio 2006, y Fabricio Cabrera Ortiz hasta diciembre de 2007.

El jefe máximo de esa región era el comandante de la Primera División, cargo en el que estuvo el general (r) Leonel Gómez Estrada, entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003. Le siguió el general (r) Mario Montoya Uribe hasta abril de 2005, quien luego fue comandante del Comando Conjunto del Caribe hasta febrero de 2006, para después asumir como comandante del Ejército hasta el 4 de noviembre de 2008, cargo del que salió al estallar el escándalo de los falsos positivos. En la Primera División quedó el general Justo Eliseo Peña entre mayo de 2005 y agosto de 2007. También dirigió al Comando del Caribe entre febrero de 2006 y noviembre de 2008.

Andrés Garzón, abogado defensor del general (r) Montoya, le dijo a El Espectador: “Hay una confusión muy grande sobre la doctrina militar y el concepto de bajas, que representa cinco cosas distintas: capturas, incautación de material de intendencia, ocupación de lugares o posiciones, animar a las deserciones y neutralizar al enemigo. Además, tenemos los libros de comunicación, a los comandantes de los batallones se les pedían resultados operacionales. Jamás se habla de bajas. La mayoría de las ejecuciones a las que se refiere la CPI ni siquiera están probadas. El general (r) Montoya ha estado dispuesto a dar las explicaciones pertinentes a las autoridades y así seguirá siendo”.

Segundo caso potencial

Está relacionado con la Segunda División del Ejército, que opera entre Norte de Santander y Magdalena e incluye a las brigadas Móvil 15 y 30. Presuntamente, estas unidades cometieron 123 falsos positivos entre 2003 y 2009. Entre diciembre de 2004 y noviembre de 2007 el comandante de la División era el general (r) Carlos Ovidio Saavedra. Lo sucedió hasta octubre de 2008 el general (r) José Joaquín Cortés Franco. En septiembre de 2008, la Brigada Móvil 15 protagonizó el caso que prácticamente dio origen al escándalo de ejecuciones extrajudiciales: la desaparición de 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que fueron presentados como bajas guerrilleras en Ocaña, Norte de Santander.

En dicha Brigada 15, entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, estuvo el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien ha declarado en medios que “la presión (por dar bajas) siempre existió y eso lo sabe todo el Ejército”. A él lo sucedió el coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez hasta el octubre de 2008. Ambos fueron destituidos por el Ministerio de Defensa en 2008 junto con otros 25 oficiales, luego de que un reporte interno del entonces inspector del Ejército, el general (r) Carlos Suárez, evidenciara 17 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. La investigación había sido solicitada por el Ministerio de Defensa.

En cuanto a la Brigada 30, a la que se le atribuyen 85 ejecuciones extrajudiciales entre 2003 y 2009, el reporte de la Fiscalía de la CPI detalla que entre septiembre de 2006 y octubre de 2008 tuvo como comandante al general (r) Paulino Colorado y que el segundo comandante fue el general (r) Ricardo Bernal Mendiola. Según las autoridades colombianas, la Fiscalía ha emprendido procesos contra los generales (r) Cortés, Coronado, Bernal, Herrera y Castro. Contra el general (r) Saavedra no aparecen investigaciones.

Tercer caso potencial

Abarca la Cuarta División en Meta, Casanare y Vichada, incluyendo las Séptima, Décimo Sexta (16) y Vigésima Octava (28) brigadas. En esta zona se evalúan 224 falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008. Durante este período, ente febrero de 2006 y noviembre de 2008, el comandante de la división fue el general Guillermo Quiñónez Quiroz. En la Décimo Sexta Brigada, presuntamente responsable de 113 de los casos reportados, entre diciembre de 2005 y junio de 2007 estuvo el general Henry Torres Escalante, a quien sucedió el coronel Cipriano Peña Chivatá.

En esa misma época, entre 2006 y 2008, estuvo en la Brigada 28 ofició como comandante el entonces Néstor Rogelio Róbinson Vallejo, hoy general y excomandante de la Cuarta División del Ejército. De los oficiales señalados en este tercer caso potencial que examina la Fiscalía de la CPI, el único que tiene un proceso abierto y está en etapa de juicio es el general (r) Torres Escalante. Sobre los demás no aparecen investigaciones, aunque el informe resalta que la información de falsos positivos en esta región es muy limitada porque se trata de una zona remota, de escasa población y en la que es un desafío que la sociedad civil denuncie.

Cuarto caso potencial

Se circunscribe al Huila y concretamente a la Quinta División y la Novena Brigada. La información a la que accedió la Fiscalía de la CPI se refiere la presunta ejecución de 119 asesinatos, la mayoría de ellos ocurridos entre 2007 y 2008. En esa zona, la comandancia de la Novena Brigada entre junio de 2006 y noviembre de 2007 estuvo a cargo del entonces coronel Jaime Alfonso Lasprilla, quien fue comandante del Ejército. Fue sucedido por el general William Pérez Laiseca, quien estuvo a cargo hasta diciembre de 2008.

Estos oficiales reportaban a los comandantes de la Quinta División, que entre septiembre de 2006 y noviembre de 2007 fueron el general (r) Gustavo Matamoros y luego, hasta diciembre de 2009, el general Jairo Erazo Manzola. De los oficiales citados, sólo tiene investigación Erazo. En este capítulo también sale mencionado el actual comandante de las FF. MM., el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. En su favor, él acreditó ante este diario que tiene una hoja de vida intachable, sin investigaciones ni penales ni disciplinarias. De los otros, la Fiscalía de la CPI no tiene información.

Quinto caso potencial

Corresponde a la Séptima División, incluye a las brigadas Cuarta, Décimo Primera y Décimo Cuarta y se refiere a aproximadamente 677 casos de ejecuciones entre 2002 y 2008 en Antioquia y Córdoba. Ningún otro caso potencial de la CPI reporta tantos hechos como este. Entre julio de 2005 y octubre de 2006, el comandante de la Séptima División fue el general (r) Óscar González Peña. Cuando estalló el escándalo de Soacha en 2008 fue designado como comandante del Ejército, luego de su paso por el Comando Conjunto del Caribe entre 2006 y 2008.

En la Séptima División, entre octubre de 2006 y octubre de 2008, también estuvo el general (r) Luis Roberto Pico Hernández, quien venía de ser comandante de la Cuarta Brigada. El informe señala que, de acuerdo con testimonios de miembros del Ejército, en la Séptima División la presión se ejercía en distintos niveles y por varios medios. En este capítulo vuelve a salir mencionado el general (r) Mario Montoya. El reporte de la Fiscalía de la CPI señala que los tres años que Montoya comandó el Ejército corresponden con los índices anuales más altos de ejecuciones extrajudiciales. “El período en que aumentaron esas muertes fue cuando arreció el conflicto en Colombia”, dijo Andrés Garzón, abogado de Montoya.

¿POSTOBÓN CONTRATA “PARAS”?

Según testimonio de paramilitares desmovilizados, Postobón habría entregado 595 millones de pesos anuales a las AUC. Fiscalía entra a definir si el aporte de la empresa fue voluntario o no.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que iniciara una investigación a Postobón por su presunta financiación al frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los noventa.

El frente Héctor Julio Peinado Becerra tenía presencia y operación en el Cesar antes de desmovilizarse en el 2006.

Fue el mismo Peinado, jefe paramilitar, quien junto a Armando Madriaga Picón, alias ‘María Bonita’, y a otro desmovilizado, habría explicado en qué consistió la participación financiera de Postobón, que habría entregado 595 millones de pesos anuales a las AUC.

Madriaga dijo que parte del apoyo económico era resultado de las presiones que ellos (AUC) ejercían a los comerciantes para que vendieran productos Postobón en la región, unas 15 cajas de gaseosa mensuales repartidas en los negocios, bajo la amenaza de cerrar los locales si no lo hacían.

Según la versión de El Colombiano, Picón habría descrito cómo se manejaba la situación: “el distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias. Con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba a cerrar al que no colaboraba”, además dijo que en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos.

La Fiscalía entraría a esclarecer y “para evidenciar si el aporte fue voluntario u obligatorio, si fue voluntario es necesario conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso”.

De encontrarse que Postobón patrocinó financieramente a las AUC, la empresa tendrá que explicar los nexos, asumir la responsabilidad jurídica e involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.

Otra de las empresas que fueron incluidas en la investigación, por la misma acusación, fue la petrolera Petronorte.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / DIARIO EL HERALDO DE BARRANQUILLA

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Con el propósito de contrarrestar hechos delincuenciales y dar aviso oportuno a las autoridades, el Alcalde Fernando Muñoz a través de la Secretaría de Gobierno ha […]
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