La exsenadora Claudia López se defiende de los ataques de populista y oportunista que le endilgan quienes se oponen a la convocatoria de la Consulta Anticorrupción que impulsa y cuya votación se realizará el próximo 26 de agosto. Doce millones de colombianos podrán decidir si deben bajar los salarios de los parlamentarios, se les obliga a mostrar públicamente sus bienes y se les impide permanecer más de tres períodos en el Congreso.

¿De dónde y cómo surgió la idea de realizar una Consulta Anticorrupción?

Surgió ante la negativa sistemática del Congreso, de autorreformarse. En mis cuatro años en el Senado propusimos más de ocho veces los proyectos y siempre los negaron o no les dieron trámite. El Centro Democrático presentó, por su parte, el de congelar los salarios de los congresistas y nosotros, los verdes, el de bajarles el salario y ponerles un tope. Ambos fueron negados. Propusimos eliminar la “mermelada” y obligar a desglosar públicamente el presupuesto para que fuera transparente, nosotros los verdes, Iván Duque, Velasco y Benedetti, pero también lo hundieron; el proyecto de rendir cuentas y hacer públicas las declaraciones de renta y patrimonio de los políticos, lo presentamos con el Polo Democrático: también lo hundieron. Por eso digo que ante la negativa del Congreso de autorreformarse y cerrar la vena rota de la corrupción, apelamos a los ciudadanos para que fueran ellos, en las urnas, quienes decidieran y ordenaran al Congreso aprobar esos mandatos en, máximo, un año.

Tal vez porque resultaba impopular oponerse a la Consulta, el Senado la aprobó con los votos de todos los presentes. ¿Cómo se logró esa especie de unanimidad aunque hubiera unos disidentes?

En el Senado la mayoría votó a favor de convocar la Consulta Anticorrupción por convicción o porque, al margen de si estaban o no de acuerdo con cada uno de sus puntos, reconocen el valor de la participación ciudadana y piensan que las normas son útiles. Segundo, porque sabían que les quedaba muy difícil la actitud de ni rajar ni prestar el hacha: ni aprobar las normas en el Congreso ni permitir que la gente las aprobara en las urnas. Y tercero, porque estaban a 15 días de la segunda vuelta presidencial y nadie quería figurar negando una iniciativa ciudadana popular respaldada por más de 4 millones de votantes.

Pero semanas después de la aprobación en el Congreso, algunos congresistas y otros políticos empezaron a atacar la Consulta ¿Por qué y quiénes se oponen de frente o con disimulo?

Los que se han opuesto siempre, de frente, son: Roy Barreras, José Obdulio Gaviria y Germán Vargas Lleras mediante su séquito. No obstante, Roy y José Obdulio prefirieron salirse antes que votar no, y los congresistas de Cambio Radical que estaban presentes, votaron a favor. Pero le insisto en el lado positivo: me parece que es mejor destacar que muchos, entre quienes votaron a favor, están haciendo campaña para que un mayor número de ciudadanos vaya a las urnas, aunque unos pocos que también votaron por la Consulta no estén moviendo un dedo para impulsarla.

Los opositores le han puesto un “pero” a cada pregunta. A la primera (bajar el salario de los congresistas) le salieron enemigos, incluso entre un grupo de jueces y magistrados, según dicen, porque a ellos también les bajarían sus sueldos por efecto de una regla de nivelación. ¿Es cierto que se perjudicarían otros funcionarios del Estado?

No es cierto. Había una interpretación equivocada. Las organizaciones sindicales de los jueces, Policía y Fuerza Pública estaban preocupadas porque algunas leyes vinculan sus escalas salariales a la de los congresistas. Temían un efecto cascada. Pero evaluamos el tema con ellas y quedó claro que la Consulta les bajará exclusivamente el salario a 395 congresistas y altos funcionarios del Estado y que, absolutamente nadie más se verá afectado. La misma ley que cumplirá ese mandato se encargará de desvincular el salario de los congresistas del de cualquier otro funcionario.

Los opositores de la Consulta también afirman que casi todas las propuestas del tarjetón ya existen. Por ejemplo, la de rendir cuentas y la obligación de publicar declaraciones de renta. ¿Por qué es necesario votar medidas que ya operan en la actualidad?

Los proyectos de la Consulta no existen en ninguna ley o complementan normas existentes pero ineficaces: es obvio que no hay norma que les baje el salario a los congresistas o les limite la reelección; no hay ley que permita cancelar unilateralmente y sin ninguna indemnización los contratos obtenidos con corrupción ni impida que un condenado por corrupción goce del beneficio de casa por cárcel. En cuanto a las normas ineficaces, otras de las propuestas de la Consulta las corrigen. Por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción del 98, efectivamente, dice que los servidores públicos deben diligenciar un formulario de declaración de bienes y patrimonio al entrar y salir de un cargo. Pero ese formulario no es público y no hay ninguna sanción si no se presenta. La Consulta convierte en requisito de posesión y ejercicio del cargo la publicación de la declaración de bienes, patrimonio, pago de impuestos y conflictos de interés para que no se pueda evadir. Justamente, esta semana unos periodistas y la organización Dejusticia tuvieron que interponer tutelas contra varios congresistas que se negaron a publicar o a entregarles copia de su declaración de renta para una investigación periodística. Con la Consulta Anticorrupción no habrá que rogarles ni esperar la decisión de un juez. Si no la entregan, no pueden posesionarse ni ejercer.

He escuchado al presidente electo, Iván Duque, proponiendo al menos dos de los puntos que se incluyeron en el tarjetón: eliminar la casa por cárcel y establecer un número máximo de períodos en cargos de elección popular. ¿Duque trata de apoyar la consulta o es coincidencia?

Creo que lo hace por interés genuino. Como dije, varias de las propuestas de la Consulta Anticorrupción las radicamos con el entonces senador Duque y, otras, las propuso él con su partido, pero todas se hundieron. Durante la campaña presidencial me consta que coincidimos en varias propuestas anticorrupción. Así que celebro que el hoy presidente electo respalde la Consulta e invite a sus votantes y al país a votarla el 26 de agosto. También celebro que haya anunciado que incluirá otros proyectos anticorrupción. Eso es bueno, porque ya sabemos que es fácil presentar proyectos y que ha sido imposible que los aprueben. Ahora Duque los radicará, pero mediante la Consulta la ciudadanía le estará ordenando al Congreso que los apruebe.

Algunos miembros del partido de gobierno y otros han sugerido que la realización de una jornada de votación en fecha tan cercana a la posesión del nuevo presidente es contraproducente para él y le hace daño político. ¿Está de acuerdo con esa interpretación?

Esas intrigas son de mala leche de unos pocos a los que por fortuna ni el presidente electo, ni yo ni nadie les para bolas. La ley determina que la Consulta debe convocarse tres meses después de ser aprobada en el Senado, es decir, antes del 5 de septiembre. Por eso se fijó para el 26 de agosto. La Consulta Anticorrupción no es de un partido ni de una persona, es la iniciativa de 4,3 millones de colombianos que con su firma lograron que el Senado y el Gobierno tuvieran que dejarlos ir a votar los mandatos anticorrupción que el Congreso siempre negó, repito. Contrario a lo que dicen las personas por las que usted me pregunta, creo que la mejor manera de que el nuevo presidente empiece su mandato con el espíritu de renovación y reconciliación que quiere imprimir, es que asuma el liderazgo de la Consulta junto con los 40 comités promotores del Sí, para que se aprueben los siete mandatos anticorrupción, el 26 de agosto.

La veo muy conciliadora. ¿Nueva faceta de Claudia López? Independientemente de que se reconozcan las políticas sanas del nuevo gobierno, su partido acaba de notificar que estará en la oposición…

Lo cortés no quita lo valiente. Podemos ser diferentes sin ser enemigos. El verde ha estado y seguirá estando en la oposición, pero, felizmente, en varios puntos de la Consulta Anticorrupción hemos coincidido con el Centro Democrático y con Iván Duque, en particular. Es una buena señal para el país que, a pesar de nuestras diferencias, podamos coincidir en este propósito.

Me perdona que la presione, pero otras personas han atacado la Consulta con el argumento de que cuesta muchos millones de pesos. ¿Cuánto vale realizar esa jornada?

Es absurdo que invertir en las elecciones de los políticos sea legítimo, pero que invertir en las iniciativas de los ciudadanos sea cuestionable. La democracia partidista y la ciudadana valen y constituyen una inversión que nos permite resolver los asuntos públicos pacíficamente. La logística de la Consulta Anticorrupción cuesta lo mismo que la elección del Congreso, unos $300.000 millones. Pero sólo en la reducción de salarios de los congresistas nos ahorraremos $213.000 millones al año, y con las demás medidas de la Consulta recuperaremos parte de los $50 billones que nos roban al año en “mermelada”, contratos a dedo, impunidad para los corruptos y opacidad de los políticos. Esa es la diferencia.

He oído repetidamente la objeción de que los puntos propuestos son superficiales o insustanciales. ¿Cuál es su respuesta?

Si por algo no han aprobado los congresistas los puntos de la Consulta Anticorrupción es porque pueden ser interpretados como se quiera decir, menos como superfluos o intrascendentes: la Consulta les baja el salario, les acaba la “mermelada”, les quita el monopolio de desglosar el presupuesto por debajo de la mesa y sin vigilancia ciudadana y los obliga a hacer audiencias públicas, les quita los beneficios de casa o club por cárcel cuando los condenan por corrupción, los obliga a hacer públicos sus bienes y patrimonio, les aplica normas de extinción de dominio a sus ingresos mal habidos y a los de sus testaferros, y les limita la reelección a máximo tres períodos. Es una durísima metida en cintura y un freno a sus abusos. La Consulta los pondrá bajo control a ver si por fin logramos que entiendan que ellos trabajan para los ciudadanos y no los ciudadanos para sus bolsillos.

Suponga que se aprueban los siete puntos de la consulta. ¿Cuáles trámites adicionales se requieren para convertirlos en leyes de obligatorio cumplimiento y en cuánto tiempo?

Escogimos el mecanismo de consulta popular, porque si obtenemos los 12 millones de votos exigidos, no nos pueden hacer conejo. La Consulta, para aprobarse, es muy exigente en firmas y en votos, porque es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene un doble seguro: el primero, el Congreso tiene máximo un año de plazo para convertir en leyes los mandatos aprobados. Segundo, en caso de que el Congreso no les diera trámite a las leyes en un año, el presidente las debe expedir en decretos-ley. Así que tenemos esta oportunidad única: con nuestro voto obligaremos al Congreso a cumplirle a la ciudadanía.

A propósito, ¿cómo ve este inicio de nuevo período presidencial y fin de la etapa Santos? Se percibe muy convulsionado…

A Santos la historia le irá reconociendo su papel y el logro de haber firmado la paz con el grupo armado ilegal más grande del hemisferio occidental. Eso eran las Farc. Duque tiene la juventud, el talante y el regalo de labrarse su propio papel. No la va a tener fácil, más que con la oposición, con sus propias huestes, las cuales, mientras él hace lo posible por parecer renovador y conciliador, siguen en el odio, la estigmatización y el pánico. Veremos si lo dejan gobernar con su propio estilo. Pero, por ahora, han logrado atizar el ambiente amenazante y polarizador del país.

Por decisión propia, usted no volverá al Congreso cuyo período comenzó hace dos días. Y también se ha dicho que la Consulta Anticorrupción fue un invento suyo para lanzar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. ¿A qué se dedicará de ahora en adelante?

Termino con mucha satisfacción mi período como senadora. Estos 4 años fueron una escuela dura, pero maravillosa. Hice más de 30 debates de control político, logré meter a la cárcel a varios corruptos que denuncié, conseguimos que se aprobaran 18 leyes propuestas por el Partido Verde y las demás serán aprobadas en la Consulta Anticorrupción. Conocí el país, fui candidata a la Presidencia y, luego, logramos el respaldo de más de cuatro y medio millones de colombianos con Sergio Fajardo. Cierro esta etapa agradecida, con mucha experiencia y feliz. Voy a terminar mi tesis de doctorado y luego decidiré qué rumbo sigue en mi carrera. Al que lea los casi dos años de historia de la Consulta Anticorrupción, le quedará claro que es ridículo que se diga que me lo inventé por una candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Ya he sido y podré ser candidata a lo que decida, con o sin Consulta.

La alianza Fajardo-López-Robledo ¿terminó con la elección presidencial o continúa con las campañas municipales y departamentales del año entrante?

Esa alianza continúa y espero que tenga larga vida y muchos logros en todas las elecciones venideras. Estamos trabajando para elegir a muchos jóvenes, mujeres y líderes extraordinarios en las elecciones locales del año entrante, y para ganar muchas alcaldías y gobernaciones. La renovación política y generacional que representa el Verde y la Coalición Colombia es imparable. Tenemos que crecer y aprender a converger con muchos otros sectores alternativos y decentes para que logremos competir fraternalmente, pero no dividir el voto libre ni dejarle la victoria a las maquinarias y el uribismo. En eso hay que afinar y mejorar para crecer y ganar.

No puedo dejar de preguntarle por un nuevo fallo de tutela en que la obligan a retractarse de su afirmación sobre Álvaro Uribe en el sentido de que este sería “promotor y militante” de grupos paramilitares ¿Qué opina de esta nueva orden judicial?

Es lamentable la censura que se está imponiendo por decisiones judiciales absurdas e inconstitucionales. Mis opiniones y afirmaciones sobre los vínculos de Álvaro Uribe y el paramilitarismo han sido públicas durante trece años. Se basan en hechos veraces, ya no solo de mis investigaciones sino de fallos en que se ha pedido investigar a Uribe por conformar y promover grupos paramilitares y por su presunta responsabilidad. Siempre he reconocido que Uribe goza de presunción de inocencia penal porque no tiene ninguna condena pero no goza de impunidad complaciente ante la historia ni ante el control político que existe en las democracias. Somos millones los que tenemos la convicción de que Uribe y paramilitarismo han ido de la mano y no nos podrán censurar ni encarcelar por pensarlo y expresarlo.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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