Todas las semanas en algún rincón del Caribe, hay una protesta grande o chiquita en contra de Electricaribe.

En el Caribe se va la luz un día sí y el otro también. Se va cuando llueve duro y cuando escampa. Cuando hay sol y cuando es de noche. Se va en matrimonios, grados, en las tiendas y en los restaurantes. En las empresas. Hay pueblos que han durado hasta tres noches seguidas sin energía. A los problemas de voltaje les achacan muertos por electrocución y pérdidas millonarias en todo tipo de negocios y por electrodomésticos fundidos. Si se hiciera una encuesta sobre los grandes males de la región, posiblemente ningún costeño dejaría de mencionar a la empresa privada que presta ese servicio desde hace 17 años: Electricaribe.

La tortura que se padece en siete (menos San Andrés, que cuenta con otro operador) de los ocho departamentos caribe es tema nacional hoy gracias al coro que desde hace meses hacen congresistas tan distintos como David Barguil, Jorge Enrique Robledo y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, entre otros, exigiendo soluciones al Gobierno Nacional.

El domingo pasado en Magangué, la segunda ciudad de Bolívar, un grupo de personas gritando su desesperación incendió la sede de Electricaribe allí, después de padecer 15 horas seguidas en la oscuridad por un mantenimiento. Escenas parecidas se han vivido meses y años atrás en municipios de Córdoba, Cesar y Magdalena.

Ante esa olla a presión, mandatarios de poblaciones grandes, medianas y pequeñas han salido a quejarse públicamente en todos los tonos (el alcalde de Sahagún Carlos Elías, por ejemplo, se refiere a Electricaribe en su twitter como “porquería de empresa”). Algunos incluso piden la intervención y hasta la liquidación del criticado operador.

En realidad, Electricaribe está muy lejos de ser puesto en cintura por el Gobierno Nacional.

Un supuesto mantenimiento que se extendió mucho más de lo anunciado terminó en esto: la quema de la sede de Electricaribe, el domingo pasado en Magangué.
Los conservadores liderados por David Barguil, hicieron una firmatón de usuarios cansados de Electricaribe.
El Ministro de Minas dio la cara al problema de la energía en la Costa con una gira en la que presentó el plan que se ideó para tratar de dar solución al caos.

La consentida

En respuesta al problema de la energía en la Costa, a mediados de este año el ministro de Minas Tomás González presentó un plan de choque a cinco años llamado Plan 5 Caribe.

El Plan contempla entre otros aspectos inversiones por un total de 4 billones de pesos para los sistemas de transmisión de energía nacional y regional (cuya responsabilidad es del Gobierno) y para el sistema de distribución local (cuya inversión está a cargo del operador). La plata de cada obra la pone el responsable y, en el caso del privado, es recuperada a través de la tarifa que paga el usuario.

Sobre los trabajos que le tocan a Electricaribe, la superintendente de servicios delegada para energía y gas, Pilar Delgado, nos contó que esa compañía presentó un paquete de inversiones, pero la Superservicios detectó que “no necesariamente esas deben ser las obras”, por lo que pedirá que las que se planeen en 2016 sean concertadas con la entidad.

En el marco de la iniciativa, González también impulsó que en el Plan Nacional de Desarrollo no disminuyeran los subsidios a la tarifa en los estratos más bajos y que, aparte, Electricaribe asumiera compromisos a corto plazo como aumentar sus brigadas y mejorar el call center.

“A esto se le ha dado un tratamiento pensando no en Electricaribe, sino en la Costa”, nos dijo el Ministro.

El proyecto del Gobierno liderado por Minminas, no obstante, no incluye ninguna sanción, advertencia o incomodidad para el operador sobre el que se genera el 90 por ciento de las quejas de los usuarios de la Costa. González nos explicó que las sanciones dependen de la Superintendencia de Servicios. Y allá aún no tienen los dientes para imponerlas.

(El Plan de Desarrollo plantea un aumento en los montos de los castigos que puede imponer esa entidad en general, pero todavía no se ha hecho la reglamentación que permitirá ponerlo en práctica).

El privado gana además porque los trabajos en los que invierta esa empresa serán cobrados vía tarifa (como es normal que ocurra), y significarán más capital para ellos si en un futuro se vende Electricaribe. Aunque esa compañía dice que no se capitalizará con esa inversión, la realidad es que ellos son los dueños de la infraestructura local que será mejorada o construida. Eso no pasaría si fueran públicos o si el Estado tuviera participación en ella, como pide el Senador Robledo. Eso sí: las obras con plata del Gobierno no serían de ellos ni podrían venderlas.

El consentimiento a Electricaribe tiene que ver también con que, a pesar de que incumplió un acuerdo de mejoramiento suscrito en 2012 con la Superservicios, según nos dijo la misma entidad de vigilancia, después de eso ha sido contratista directo del Ministerio de Minas para obras de normalización de redes eléctricas y cobertura en zonas rurales que no necesariamente tenía que hacer esa empresa.

González dice que la razón por la que el Ministerio prefiere contratar con los operadores esos trabajos, hechos con plata de unos fondos llamados FAER y Prone, es que son ellos los que conocen el sistema. Pero no es obligación que así pase.

Sin mayores sanciones por su ineficiente servicio, contratando con el Estado a través del Minminas y con la expectativa de mejorar sus números con el Gobierno llevándolo de la mano, cae parada Electricaribe, la compañía que además de todo no contesta el 10 por ciento de las quejas de los ciudadanos (dato oficial de la dirección de la Superservicios para el Caribe, que por ese motivo le ha impuesto multas que suman 10 mil millones de pesos este año).

José García Sanleandro, gerente de Electricaribe, dice que la más interesada en que mejore el servicio de energía en la Costa es su compañía.

Las cuadrillas de trabajadores de este operador que llegan a los barrios son recibidos en muchas ocasiones hasta con golpes.

Respuestas a un drama

Electricaribe es una filial de la trasnacional española Gas Natural Fenosa, cuyos accionistas mayoritarios son la multinacional energética Repsol y el grupo bancario catalán La Caixa.

Nació en 1998, año en el que las ocho electrificadoras estatales de la región dejaron de prestar el servicio de energía tras décadas de malos manejos, inoperancia y poca inversión.

En 2000 la española Unión Fenosa obtuvo una participación del 85 por ciento y desde entonces el negocio de la luz no funciona como una concesión, sino como una actividad manejada por una empresa privada, aunque regulada por el Estado.

Hasta mayo de este año, Gas Natural Fenosa tuvo como consejero al expresidente español Felipe González, amigo del presidente Juan Manuel Santos y considerado por algunos en su país y por el Gobierno de Venezuela como un lobbista.

La pasada relación de González con esa compañía y su amistad con Santos, que jamás ha criticado a Electricaribe con la contundencia de los congresistas y mandatarios locales, genera suspicacias en senadores como Robledo, quien calificó como “una verguenza” la posibilidad de que haya un lobby de por medio.

Otro legislador, que prefirió que se omitiera su nombre para evitarse líos debido a que es de la Unidad Nacional, nos aseguró al respecto: “Los paga platos rotos de esa relación, en la que te puedo asegurar que se ha hecho lobby, son los costeños”.

Ese supuesto lobby, sin embargo, fue imposible de confirmar para La Silla Caribe y negado tajantemente por el Ministro González.

Aunque no existe ningún contrato entre el Gobierno y Electricaribe, que adquirió la infraestructura y la distribución y comercialización de la energía, el operador tiene la obligación de hacer las obras de inversión necesarias en el sistema de distribución local (que dicho en palabras sencillas es como la carretera, y todos sus componentes, por la que transita la energía localmente).

Ese plan de inversiones es regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que determina la tarifa y autoriza que por esa vía la empresa recupere lo invertido, y la compañía también está bajo la lupa de superintendencias como las de Servicios, Industria y Sociedades y de la Contraloría.

A pesar de esos controles, el incumplimiento de Electricaribe con los usuarios es evidente.

Para explicarlo, argumentan que recibieron el negocio cuando ya había un rezago histórico en las obras del sistema y que no han podido hacer las inversiones necesarias para ser eficientes debido a que sus números están en rojo por una cultura del fraude y del no pago (que incluye entidades públicas morosas). Mejor dicho, aseguran que el Estado y los clientes también son responsables.

José García Sanleandro, gerente de Electricaribe, nos dijo que el 52 por ciento de los dos millones 400 mil clientes que tiene la compañía les debe plata y que el déficit de caja por lo que ha debido entrarles fue de 590 mil millones de pesos en 2014. “Esta compañía no ha repartido dividendos desde su inicio”.

La Superservicios desde Bogotá nos confirmó que efectivamente ese operador está teniendo inconvenientes financieros y que su nivel de recaudo es del 70 por ciento.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos asuntos: el primero es que -según la dirección territorial de la Superservicios que atiende a todo el Caribe desde Barranquilla- ningún otro prestador de servicios públicos en esta zona tiene líos recaudando.

Y el segundo es que, de acuerdo con la misma oficina, el 80 por ciento de los usuarios del servicio de energía son de los estratos 1, 2 y 3 y el Gobierno paga por ellos un subsidio al operador. Esos recursos ascienden en los últimos tres años a 1.488 millones de pesos, lo que es un atenuante a esa cartera.

Cinco de los siete departamentos en los que Electricaribe atiende están entre los 10 más pobres del país (de hecho, La Guajira, Magdalena y Córdoba están entre los cinco primeros), según el DANE.

La empresa también alega que la cultura del fraude afecta la buena operación de la empresa. Electricaribe levanta unas 21 mil actas todos los meses con presuntas irregularidades encontradas en la conexión de algunos clientes.

La delegada Pilar Delgado detalla por aparte que su entidad tiene reportes de enlaces ilegales a la luz no sólo en estratos bajos sino también en los altos de la Costa.

Habría que agregar a eso, no obstante, que el superintendente regional Elverth Santos ha advertido a Electricaribe los riesgos de pagar incentivos por encontrar fraudes a las cuadrillas de empleados que visitan los barrios y son contratados outsourcing porque podrían inventárselos.

En respuesta a eso, García Sanleandro nos aseguró que ellos trabajan para detectar estas trampas revisando desbalances en el consumo y en terreno, pero sin ofrecer estímulos. Y que, más bien, esas cuadrillas de representantes de Electricaribe suelen ser víctimas de los usuarios.  Muchos de esos empleados son recibidos a punta de piedras, palos y hasta armas cuando llegan a un lugar para cortar, por ejemplo, una conexión fraudulenta o simplemente un servicio que no se ha pagado.

Esos trabajadores son la otra cara de la moneda de un drama en el que, es obvio, no hay alta tensión entre el Gobierno Santos y la empresa que atiende el 20 por ciento de la demanda de energía del país. La misma por la que se sienten torturados todos los costeños.

Fuente: LA SILLA VACIA

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