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Hace pocos días, algunos medios de comunicación se hicieron eco del ataque perpetrado contra el dirigente social, político y de derechos humanos, Jhon Jairo Salinas, víctima no elegida al azar sino con motivo de su trabajo realizado por la autodeterminación de los colombianos frente al atropello de las multinacionales mega mineras.

Al momento de la agresión, ocurrida a las sombras de la noche en Calarcá, Quindío, Salinas venía realizando una muy activa labor en Cajamarca, municipio del departamento del Tolima, amenazado por la sevicia de quienes saltando sobre la voluntad popular, ponen en serio riesgo la integridad de sus habitantes con la complicidad del Gobierno.

Los señalamientos no son realizados con la lógica iracundia que pueden despertar tales hechos. Es la fuerza de la realidad incontrastable la cual pone en evidencia ya no sólo los desastres de un modelo de desarrollo lesivo aún para el ecosistema y la relación de los seres humanos con la naturaleza.

El aporte de Salinas, entre otros importantes líderes, fue el de generar la conciencia necesaria sobre la destrucción del medio ambiente a manos de empresas como en el caso de la Anglo Gold Ashanti, sin contar el conocimiento previo de los residentes en el lugar, víctimas en carne propia del envenenamiento con cianuro o mercurio de las fuentes naturales.

Esa fue la causa por la cual, ante los acuerdos realizados entre el Gobierno y los grandes monopolios internacionales a espaldas del interés general, en su sentimiento de indefensión, los habitantes de los sectores afectados organizaron consultas para intentar darle valor legal a sus reclamos.

De hecho, cuando a pesar de la acción seductora de las multinacionales, la negativa a la mega minería triunfo con el 97,92% correspondiente a un total de 6165 votos, frente al 1,21 de los 76 sufragios a favor, las poderosas compañías pusieron el grito en el cielo.

No se hable más de las reiteradas amenazas contra la vida de Jhon Jairo Salinas, de cientos de dirigentes populares en todo el territorio colombiano, amedrentados por el accionar de las temibles “Águilas Negras” paramilitares de manera oral; escrita, al estilo de los viejos sufragios del tiempo de la violencia política, a bala o más precisamente acuchillo, como las sufridas por el mencionado.

Las tres puñaladas propinadas a Salinas, la última a centímetros de un corazón sensible, lleno de amor hacia sus semejantes, pone de manifiesto la actitud del gobierno frente a estos actos. Además de negarle la debida protección a líderes, defensores de derechos humanos, de los daños irreparables a la geografía, a la salud de los colombianos, sigue negando la existencia de grupos paramilitares que actuando cual fuerza de choque para infundir temor.

En un estado “enmermelado” de corrupción, donde los beneficios del “fast track” son vetados por la Corte Constitucional al ir a contravía de los intereses de la burocracia, de las mafias; ¿de qué sirve llamar a elecciones, tratar de usufructuar la voluntad popular como arma política, si no se la cumple después? ¿Cuál es el motivo, si las decisiones ya están tomadas de antemano y para colmo, las consultas no son convocadas por el Gobierno, sino los pueblos damnificados?

Queda en evidencia una profunda debilidad política, donde para hacer efectivos los propósitos no alcanzados a través de la manipulación, se incurre en el autoritarismo, la imposición de facto, arrastrando al mayor de los desprestigios.

Podrá faltarle un año al presidente Juan Manuel Santos para concluir su mandato, pero junto a las apariencias de gobernar sobre un país democrático, deberá mantener la gobernabilidad, aunque a la hora de elegir vuelva inclinarse por los poderosos de turno, dando la espalda a los intereses de los colombianos.

Así a estas alturas no le interese su legado, fue también el voto de los partidarios de los Acuerdos de Paz, del medio ambiente, de los derechos humanos, quienes haciendo de lado la férrea oposición al actual modelo económico, le otorgaron al gobierno el triunfo en las últimas elecciones y su base de poder.

Por supuesto, es imposible someter a la consideración de la mayoría los sucesos aquí enunciados, más cuando los medios masivos de comunicación parecen más avocados a la situación de Venezuela que a los acontecimientos del país, a juzgar si en el país existe o no democracia, dictadura, autoritarismo, cuando las evidencias demuestran que en Colombia ni siquiera hay libertad de elegir.

Represión indiscriminada de los escuadrones del ESMAD en la población de Segovia, Antioquia.

Arremetida

Aunque el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, fue el primero en “avisar” sobre el desacato del Gobierno al veredicto de las consultas, a las cuales consideró ilegales, algunas multinacionales o sociedades ligadas a la “locomotora mega minera”, quisieron “visibilizar” el “pánico inversionista”.

Una de las primeras en encender las alarmas fue la Asociación Minera, advirtiendo el aplazamiento de $ 1500 millones a punto de ingresar al tesoro nacional. Igual, la Asociación Colombiana de Minería que a través de su titular, Santiago Ángel Urdinola, dejó entrever su preocupación por la enorme cantidad de plebiscitos a lo largo y ancho del país, mermando el interés de concretar futuros proyectos.

Pero el autor de la iniciativa para darle instrumento legal al veto sobre la abrumadora voluntad mayoritaria fue Mauricio Cárdenas, ministro de Haciendas, decidido a no dejar pasar de largo la posibilidad de retener tan opíparas sumas de dinero.

Durante un seminario realizado como pretexto por los veinte años del gremio de las generadoras de energía, Asolgen, el economista afirmó “no estar dispuesto a permitir “que los intereses de unas minorías muy pequeñas, un concejo municipal, se impongan sobre las necesidades de toda una sociedad. Eso tenemos que arreglarlo de una forma que sea garantista que haya participación y que los proyectos estén bien socializados con las comunidades, pero que no haya actores con poder de veto sobre los proyectos que necesita el país”

Con semejante compromiso de proponerle al Congreso se legisle sobre el tema de las consultas populares, queda arrancado de cuajo no sólo el más elemental de los principios democráticos, sino el repentino atropellamiento falaz del escaso poder de injerencia de la ciudadanía en materia política. A su vez, es inconstitucional porque al estado de derecho consagrado en la Carta Magna de 1991, le antepone uno de los principios de las dictaduras totalitarias como el estado de opinión, donde los acuerdos de las castas dominantes, las decisiones de las minorías “bien nacidas” se imponen a las del pueblo llano, más allá de una mera formalidad legislativa a la hora de imponer una determinada decisión.

Recogiendo palabras textuales de sus afirmaciones, el interrogante es cómo piensa o hará Cárdenas para socializar la cuestión “adecuadamente”, según sus puntos de vista y cuales son, en realidad, “los actores con poder de veto sobre los proyectos “tan necesarios para el país”, cuando el gobierno actúa en contradicción de los ciudadanos, mientras las regalías de la actividad se evaporan a poco de ingresar, sin contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

Respuesta violenta

Las cámaras de los noticieros locales, sin embargo, no llegaron a captar la violencia contra los ciudadanos.

Desde luego, tan urgentes decisiones destinadas a procurar la “grandeza de Colombia”, no podían reposar en el apacible seno de las deliberaciones parlamentarias, gremiales, ni mucho menos. El ataque directo a la “libre empresa” ameritaba poner de inmediato “manos a la obra”.

La respuesta al paro que se había iniciado el 21 de julio en los municipios antioqueños de Segovia y Remedios, protagonizado por trabajadores del sector, comunidades negras e indígenas contra el avasallamiento de sus derechos por parte de la multinacional Gran Colombia Gold, fue el toque de queda, la militarización y el envío de los escuadrones del ESMAD.

La consecuencia fue una represión sin precedentes mostrada con recelo, pero jamás dimensionada en su justa proporción por los medios, para los cuales apenas hubo doce manifestantes heridos “como producto de los enfrentamientos con los responsables del orden”.

Los pretextos son harto conocidos: Se hablo de la presencia de actores armados ilegales apoyando la huelga, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de integrantes del “Clan del Golfo” o de los ignotos “muchachos” de la “cadena ilegal de explosivos”. Debía terminarse con la medida de fuerza, proteger a la población con los ánimos ya caldeados por las tropelías de la mega minería, víctima de la “espuria alianza” entre “oscuros sectores” de trabajadores indignados por la violación de sus derechos elementales y “grupos insurgentes”, que aparecen cuando es necesario delegar las culpas en responsables ajenos, en vistas de ocultar culpas propias…

Desarrollo con inclusión

El dirigente social, político y de derechos humanos, Jhon Jairo Salinas, explica el impacto de la minería a cielo abierto, en un fragmento del documental “Quindío, vienen por tus recursos” (2010) de Carlos Alberto Ricchetti.

En la suma de las naciones del mundo, la búsqueda del progreso es derecho y obligación a la vez. Es fuente indispensable e indiscutible para el bienestar de las distintas comunidades humanas, pero cuando va de la mano con la preservación de la naturaleza, cuando a la producción efectiva de riqueza mediante el trabajo, se suma la búsqueda de una sociedad más equitativa.

Las multinacionales mega mineras tienen formas no sólo menos dañinas al momento de perforar el suelo, de extraer los minerales, sino de evitar la contaminación. Aunque la rentabilidad no sea la misma, debiendo aumentar los costos, no será tanto como el de la imposibilidad de llevar adelante un modelo sostenible, suscitar el malestar entre la colectividad y a veces, de la contratación de elementos marginales organizados a fin de implementar el control social al asocio deliberado con el poder de turno.

Es inviable un régimen que se declara partidario de la paz, mientras genera modelos de desarrollo sin contemplas estándares mínimos de justicia social, de respeto a fueros cualitativos comenzando por el primero de todos, consistente en garantizar la vida humana.

Como se mencionaba antes, de las inapropiadas medidas impulsadas desde el gobierno, junto a las evidencias surgirá la respuesta de porqué se abandona a los ciudadanos, se desprotege a la salud, la educación, el trabajo, ni se combate adecuadamente a los grupos paramilitares, a las bandas aliadas al narcotráfico.

Parecen ser los motivos por los cuales tanto la paz, el conjunto del bien común, hasta la negativa de esclarecer el intento de homicidio del dirigente, Jhon Jairo Salinas, resulta incompatible con el diseño de un estado fallido, antidemocrático, minado de corrupción hasta los cimientos, cuya única réplica posible es la violencia.

Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI

08/03/2017
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