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Un mes después de reunirse con el papa Francisco en el Vaticano, el presidente Juan Manuel Santos provocó, con una declaración, una nueva tensión con el expresidente Álvaro Uribe. Quizás el mayor cruce de palabras desde cuando el sumo pontífice intentó disolver las diferencias entre estos dos viejos amigos.

La posesión del nuevo procurador general, Fernando Carrillo, fue el escenario que escogió el mandatario. Allí, mientras saludaba la llegada del funcionario y declaraba una “guerra frontal contra la corrupción” en medio del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, lanzó varias pullas al uribismo.

“El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis –como lo estamos sintiendo en estos días– y nos exige todavía más voluntad, más contundencia y mejor trabajo en equipo”, dijo Santos después de manifestar que hasta ahora el escándalo salpica sólo al gobierno de su predecesor. Acto seguido, saludó que ninguno de sus familiares haya hecho “un solo negocio con el Gobierno” o “estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias”.

Las palabras de Santos tenían nombres y apellidos: los dos hijos del expresidente Uribe. En los primeros días del escándalo de Odebrecht las acusaciones se habían centrado en una reunión Guido Nule, Tomás Uribe y el representante de Odebrecht en Panamá, André Rabello, quien es hoy una de las piezas clave en la delación del escándalo.

“Eso me saca a mí de ‘casillas’. Los hijos míos tuvieron una reunión casual, social, sin ninguno de esos temas de por medio, y se lo contaron a la Procuraduría”, respondió el expresidente a RCN Radio.

Y en el caso del discurso de Santos del lunes, la mención del primer mandatario a sus hijos también lo “sacó de casillas”.  Al poco tiempo, en las redes sociales del uribismo el mismo expresidente comenzó a anunciar que pronto empezarían a responder las “almendras de Santos”.

En la mañana del miércoles, puntual y sin mediar palabra, el hoy senador abandonó los días en los que usaba los 140 caracteres que permite Twitter para enumerar una a una sus inconformidades y se despachó en un extenso comunicado de 12 puntos.

Desde cuando se conoció el escándalo de Odebrecht, el expresidente ha estado a la defensiva, esta vez no fue la excepción y comenzó asegurando que las actuales “expresiones de la lucha contra la corrupción” pierden credibilidad ante “la impunidad total (del Gobierno) al terrorismo”. A renglón seguido, el expresidente defendió la forma como el ex viceministro Gabriel García aterrizó en su gabinete. “No lo nombré por recomendación clientelista”, dice antes de pedir a la Fiscalía “las más estrictas decisiones sobre alguien de mi gobierno que hubiera recibido soborno”.

Pero este fue sólo el inicio, el senador recordó sus molestias de que el dedo inquisidor sólo apunte hacia su gobierno. Uribe siempre se ha caracterizado por utilizar en su vida política ese viejo adagio popular que asegura que la mejor defensa es el ataque. Y en esta oportunidad no fue la excepción.

En su comunicado Uribe se fue lanza en ristre contra el actual gobierno, pero en especial contra dos de sus más altas funcionarias: las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Según asegura el expresidente, la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, que es el eje de los sobornos que se han denunciado hasta ahora de Odebrecht, fue ilegal porque “este trayecto habría necesitado contrato independiente y licitación pública”.

Después aseguró que detrás de esa adición habría un interés personal de Álvarez por ayudar a la familia de Parody, su pareja. “La transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la ministra Parody. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”, dice antes de pedirle a la Fiscalía que investigue constatar si “Enrique Riveira, funcionario actual de la presidencia, “llamó a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia de Infraestructura, para urgirlo sobre este contrato”.

“El gobierno Santos adicionó este contrato en una suma aproximada a 600.000 millones de pesos, lo hizo en vísperas del proceso electoral del 2014. La Ruta del Sol, Tramo Dos, es una vía Troncal o Longituinal Sur-Norte, luego el objeto de la adición, que es una transversal Este-Oeste, comprendida entre Ocaña en Norte de Santander y Gamarra, puerto sobre el río Magdalena en Cesar, sería ilegal. Este trayecto habría necesitado contrato independiente y licitación pública. Se ha denunciado que en un principio la ministra Cecilia Álvarez y los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura estuvieron en desacuerdo, pero finalmente aceptaron la adición y por monto muy superior al inicialmente propuesto de 300.000 millones”, advierte Uribe en el documento.

La arremetida de Uribe contra Parody no es una novedad. Desde hace meses la exfuncionara ha sido el centro favorito de sus críticas al gobierno Santos. Y hay una explicación personal para que esto sea así. Parody ascendió en la política de la mano del expresidente. Aunque llegó a la Cámara de Representantes como independiente, en el año 2002 se convirtió en la “consentida” de la Casa de Nariño. De hecho, hizo parte del grupo de senadores y representantes que redactó la reforma del articulito que permitió la reelección presidencial. Luego fue la candidata estrella del Partido de la U, en ese momento la fuerza política del primer mandatario.

Era tanta su admiración por Uribe, que en el Congreso era conocida la foto que colgaba en su oficina de la familia presidencial. “No es muy diferente de mi casa, la verdad” -decía Gina sobre su oficina en una entrevista que publicó el diario El Tiempo en el 2008-. Allá también tengo mi Uribito”.

Sin embargo, el episodio de la parapolítica hizo que Parody definitivamente rompiera relaciones con quien era su jefe político. Gina marcó distancia con el Gobierno, de hecho votó en contra de la propuesta de Luis Carlos Restrepo sobre la ley de justicia y paz, que precisamente permitió el proceso de paz con los paramilitares, se puso al margen de las decisiones de su colectividad, renunció al Partido de la U y salió del país.

Las relaciones entre Uribe y Gina se comenzaron a marchitar en el momento en que se pretendía una segunda reelección. Ante la eventualidad de que el Congreso aprobara un referendo, Gina dijo que si había reelección, “mi uribismo quedaría en mi corazón y en el corazón de él”. Así fue. Tras un viaje al exterior, volvió a Colombia para hacer campaña para la Alcaldía de Bogotá. Ingresó al gobierno de Santos como alta consejera para Bogotá.

De allí pasó a la dirección del SENA, fue un alfil clave en la capital para que la reelección de Santos y terminó ocupando por un corto período la jefatura del Ministerio de Educación. Allí recibió su mayor golpe político y terminó de acentuar sus diferencias políticas con el expresidente.

Desde ese cargo, Parody fue una de las pocas del gabinete que atacaron de frente al expresidente. En una oportunidad lo señaló de “amigote” de los paramilitares y aseguró que el primer mandatario tenía conocimiento de la infiltración que esos grupos armados hicieron en su partido. “Uribe, famoso por su microgerencia, autoriza la entrada del asesino paramilitar Job a Palacio por la puerta de atrás, como los mafiosos”, trinó.

Uribe no se quedó atrás. El líder del Centro Democrático se montó casi inmediatamente en la polémica por las cartillas del ministerio que acompañaban la revisión de los manuales de convivencia en los colegios. Por todos los medios se declaró en contra de que a los niños y niñas de Colombia se les inculcara en el colegio la llamada “educación de género”, que, según él, promovía el Ministerio de Educación, en cabeza de Parody. Desde su cuenta de Twitter animó la asistencia a las multitudinarias protestas que se hicieron por ese tema. Ese día, que pudo ser el más negro en la vida política de Parody, un congresista del Centro Democrático estuvo en las distintas ciudades en las que se agitaba la movilización. El tema terminó siendo uno de los detonantes de la polarización y la campaña de desinformación en el plebiscito del 2 de octubre.

Por cuenta de la intervención del Centro Democrático y del procurador Ordóñez, Parody esa noche cometió uno de los grandes errores en el manejo de ese escándalo cuando aseguró, en medio del furor de las manifestaciones, que estas habían sido planeadas desde las “guaridas de los políticos”. Aunque el presidente la respaldó, poco tiempo después Parody dejó su cargo para liderar la campaña del plebiscito.

Cecilia Álvarez también ha hecho parte de esa puja. En el momento más álgido de la campaña del plebiscito, la exministra aprovechó su espacio como youtuber para frentear al uribismo. “A Uribe le hace falta amor”, señaló en un video.

Las acusaciones del expresidente contra la pareja caen en un momento de gran sensibilidad política y judicial. El martes en la noche, la Fiscalía hizo público que llamaría a entrevista a Álvarez para que diera su versión sobre la adición que ella como ministra hizo de la Ruta del Sol. Ese tramo es objeto de especial investigación en el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Probablemente el ente acusador sólo quiere recibir detalladamente la información de cómo se hizo la adición a ese contrato por quien en ese momento era la jefe de la cartera de transporte. Y, por ahora, no significa que Álvarez vaya a ser vinculada al proceso. Pero tampoco significa que la Fiscalía no esté investigando el rol que tuvo en ese momento.

La mención del expresidente a los puertos de la familia de la exministra Parody no tiene, por ahora, mucho que ver con el escándalo de Odebrecht, pero seguramente abrirá un nuevo capítulo de investigaciones y especulaciones que podrían tener consecuencias. Por el momento, el uribismo ya anunció que interpondrá en contra de Álvarez una denuncia penal y que el apoderado será el abogado del ex presidente, Jaime Lombana.

Las ex ministras contestaron rapidamente los señalamientos de Uribe. En un comunicado que difundieron en sus redes sociales aseguraron que “nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio. Hemos denunciado persecución por parte del Senador Uribe en nuestra contra y en contra de nuestras familias desde el momento mismo en que denunciamos el paramilitarismo que permeó su Gobierno”.

Al igual que hizo el presidente Santos en la posesión de Carrillo mencionaron el rol de los hijos del ex mandatario en el escándalo de Odebrecht. “El país nunca ha visto al Senador Uribe mover un dedo para que sus hijos aclaren líos con la justicia ni para responder por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración. Todo lo contrario. Su estilo es dilatar, esquivar y distraer a la opinión pública. No será su primera mentira ni la última. Las dos personas que según la justicia colombiana pudieron haber recibido plata por corrupción en el caso Odebrecht trabajaron en su Gobierno o tienen vínculos con su familia. Eso está claro. ¿Por qué no responde a lo que debe responder, senador Uribe?”, concluyeron.

En el comunicado las ex funcionarias no hacen mención a los señalamientos alrededor de que la adición del contrato que hizo Álvarez habría beneficiado los negocios de la familia de Parody.

No caeremos en su juego de odio y engaño. Lo nuestro es la verdad. Seguiremos rodeadas de nuestras familias, con la tranquilidad que nos da la honestidad, caminando con la frente en alto y pidiendo a Dios protección del daño que es capaz de hacer un hombre lleno de odio y que oculta maldad hasta con sus seres queridos bajo su manto autoritario.

Robledo denunció

Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, denunció que el Banco Agrario le aprobó a Odebrecht un crédito por $120.000 millones, luego de que la Superintendencia de Sociedades le decretara la causal de disolución a la filial de la firma brasilera.

De acuerdo con Robledo, El Banco Agrario aprobó el crédito dos semanas después de la decisión de la Supersociedades y con una tasa de interés de DTF+2, mientras que a una persona natural le cobra usualmente un interés de DTF+5 sobre el crédito aprobado.

Para el tercer trimestre de 2015, la filial en Colombia de Odebrecht reportó activos por $25.494 millones y pasivos por $29.399 millones, situación que llevó a la Supersociedades a decretar su insolvencia.

Sin embargo, Odebrecht posee el 86% del Consorcio Navelena, mediante dos empresas, firma temporal a la que le fue asignado el contrato de navegabilidad del Río Magdalena.

Navelena aún no ha presentado formalmente el cierre financiero del proyecto y, ante las advertencias del Gobierno, presentó una carta en la que exponía el plan mediante el cual lograrían dicho cierre.

De confirmarse que existieron irregularidades en el crédito a Odebrecht tal como lo expuso el senador Robledo, el contrato de Navelena se convertiría en el segundo caso de corrupción en el que está involucrada la firma brasilera en Colombia, luego de que se confirmara el pago de sobornos dentro del proceso de licitación de la Ruta del Sol Sector II.

Fortuna de Bula

Uno de los protagonistas del escándalo por los sobornos de Odebrecht en Colombia es un excongresista que lleva muchos años realizando millonarias y sospechosas inversiones. Su nombre aparece en el historial de más de 30 propiedades en Sahagún, Montería, Medellín y Cartagena. Exclusivo.

El nombre del excongresista Otto Nicolás Bula Bula lleva años en el radar de las autoridades en Colombia. Tanto, que sorprende que apenas ahora sea investigado formalmente por la justicia, en medio del escándalo de Odebrecht, cuando desde hace décadas aparece mencionado en diferentes expedientes al lado de colaboradores de grupos paramilitares, como parte de empresas de acumulación de baldíos e, incluso, cercano a grandes capos de la mafia.

Semana.com tuvo acceso al millonario entramado de propiedades en las que aparece el excongresista, que fue heredero de la curul de Mario Uribe en el Senado y que hoy se declara inocente de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito por el escándalo de soborno de Odebrecht, que tiene convulsionada la política nacional.

Desde hace más de tres décadas, el nombre de Bula aparece relacionado a la compra de lotes al primer condenado por la parapolítica Miguel Alfonso de La Espriella, uno de los caciques de Córdoba que destaparon los detalles del Pacto de Ralito con las Autodefensas. Desde los 1980, Bula comenzó a amasar y acumular una fortuna, que aparece casi siempre atada a algún gran escándalo en el país.

Según la Corte Suprema, gracias a las alianzas con Bula Mario Uribe logró incrementar en el 2002 su capital político en Sahagún, Montelíbamo, Planeta Rica y Chinú. Bula fue suplente de Uribe en el Congreso entre 1998 y el 2002 y también entre el 2002 y el 2006.

Paralelamente a su ascenso en la política, su capital económico también se dispara. En el 2004, Bula realizó una importante inversión de 793 millones de pesos en Montería, en la que adquirió una finca de 22 hectáreas, un lote de 48 hectáreas y el predio conocido como La Bomba, de cinco hectáreas. Ese mismo año se hizo a una finca de 25 hectáreas en San Pelayo, por 178 millones de pesos.

Este incremento importante de capital vino acompañado con la creación de la empresa Agropecuaria La Central, una entidad que más tarde, junto con Alimentos Bijao S. A., terminó comprometiéndolo en las investigaciones por acumulación de baldíos en los Montes de María.

Donde primero comienza a aparecer La Central es en las propiedades que Bula compra en en el 2015 en Caucasia, varias de las cuales fueron baldíos. Por su poder pasaron al menos seis propiedades, entre parcelas y fincas, que en medio de una cadena de propietarios aumentan tres y cuatro veces su valor inicial. Así, el excongresista está en los registros de un lote en Cacerí, de 375 hectáreas; de las parcelas 3, 5, 6, 7 y 8, cada una de aproximadamente 50 hectáreas. También adquirió propiedades en el 2005 en Sahagún por 100 millones y 180 millones.

El incremento más notorio de su fortuna se dio después del año 2007, una época en la que desapareció del mapa político al parecer para dedicarse a sacar otros negocios.

El excongresista para ese momento tenía un depósito y pequeños lotes en Medellín, ese año se trasladó a la capital paisa y comenzó una serie de inversiones sin despertar mayor sospecha de las autoridades: adquirió una lujosa casa en El Poblado por 1.000 millones de pesos; una casa en el barrio Lleras por 300 millones; una oficina en el lujoso edificio Forum P.H, en El Poblado, por 210 millones, y un apartamento en Calera Alta por 735 millones. En Sahagún también compró ese año un predio de 290 hectáreas por más de 1.000 millones de pesos.

Incluso, Bula aparece vinculado directamente en la compra de un predio por 970 millones de pesos en el 2007 a Jesús Antonio Mejía Jaramillo, un nombre que está asociado a narcotraficantes del norte del Valle, como “Don Diego”, y señalado como testaferro de la familia Urdinola. Posteriormente, Bula lo vendió a Jesús María Jaramillo, quien a su vez lo transfirió por un valor de 1.100 millones de pesos a Évert Veloza, alias “HH”, jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos. Sin levantar sospecha alguna, Bula queda en la mitad de una millonaria transacción de una casa vieja ubicada entre Medellín y Envigado, que ahora está en poder de la Unidad de Víctimas.

En Sahagún también se repiten los movimientos: aparece como pequeño propietario de varios lotes sin cuantías superiores a 25 millones y locales en Córdoba. Hasta el 2007, cuando hizo una compra de 1.000 millones de pesos que incluye un lote en la vereda Colomboy, en Sahagún, y el predio La Llanura, de 19 hectáreas. En esta compra también aparecen dos predios que lo hicieron saltar en el 2013 a los expedientes de la Fiscalía. Los investigadores lo encontraron asociado a los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, quienes con testaferros construyeron un narcoemporio de más de 1,2 billones de pesos en Colombia.

Entre los predios que fueron ocupados por las autoridades en los que aparece vinculado Bula están dos fincas en Sahagún, cuyas transacciones sumaron más de 300 millones de pesos. En los documentos de estas propiedades, el nombre del excongresista aparece al lado del Consorcio Agroganadero del Valle del Sinú, una empresa de papel que es investigada por haber sido usada para el blanqueo de capital.

En el año 2009, Bula invirtió en Cartagena. Pagó por una casa de dos pisos ubicada en la Avenida San Martín, en Bocagrande, 1.650 millones de pesos. También adquirió un lote de 37 hectáreas en San Pelayo por 87 millones de pesos.

Un año más tarde, mientras el capo Juan Carlos el “Tuso” Sierra acusaba a Bula en Estados Unidos de haber sido testaferro de Mario Uribe, Otto Bula compraba un lote de 290 hectáreas en Sahagún por el que desembolsó 593 millones de pesos. Además de una propiedad en San Pelayo, de 352 hectáreas, por la que habría pagado 1,196 millones de pesos.

Estas serían sus últimas adquisiciones a título personal. Las autoridades lo señalan de haber recibido entre el 2013 y el 2014 cantidades superiores a 4,6 millones de dólares producto de las coimas de la constructora brasileña, sin embargo, el excongresista prácticamente paralizó en estos años sus movimientos de propiedades. Y en vez de seguir acumulando, algunas de sus valiosas propiedades aparecen como vendidas en el 2016.

Ahora, sentado en el banquillo de los acusados, el hombre que logró escabullirse del radar de las autoridades deberá responder por el escándalo de las dimensiones de Odebrecht y por los movimientos que durante años lo mantuvieron jugando al lado del poder.

“El Dueño de las Vías”

Carlos Sarmiento Angulo, el mayor banquero y el más rico de Colombia es también el mayor inversionista en concesiones y construcción de carreteras, entre ellas la del enredo de Odebrecht.

El hombre más rico de Colombia y quien ocupa el puesto 83 en la lista de Forbes, vio en el negocio de la construcción de carreteras una oportunidad de oro para ampliar sus negocios cuyo corazón ha sido el sector financiero. Entendió que el tema de la infraestructura, además de la experticia técnica en ingeniería, requiere de una macro financiación para lo cual su herramienta financiera a través de los bancos del Grupo Aval resultaban un plus para el negocio.

El conglomerado de Sarmiento Angulo logró cuatro concesiones del programa vial 4G, que significarían inversiones por  $8,5 billones, con lo cual decidieron una reingeniería en Corficolombiana, una empresa que está en la bolsa pero controlada accionariamente por Sarmiento Angulo, para lograr economías de escala y gestionar más eficazmente las nueve concesiones que completan con estas últimas. La decisión fue poner en cabeza de la firma Proindesa, creada hace algunos años para la estructuración de proyectos de infraestructura y que hace parte del grupo de compañías subordinadas a Corficolombiana.

El gerente general, Luis Enrique Quintero de la Hoz, un ingeniero civil de la Javeriana con master en Goergia Tec y experiencia en el sector de la infraestructura, tiene a su cargo la responsabilidad de esta línea de negocios del Grupo Sarmiento que tiene un valor cercano a los $11 billones y cuya coordinación inició a mediados del año pasado.

Las concesiones que empezó a manejar Proindesa, fueron producto de una estrategia empresarial que le permitió a Sarmiento Angulo ir aumentando su participación y quedándose con sociedades de concesión de carreteras como fue el caso de Proyectos de  infraestructura S.A –PISA y  su músculo financiero le permitió quedarse con buenos negocios que ahora forman parte de su portafolio como es el caso de:

La vía Bogotá – Villavicencio.
La vía Los Alpes – Villeta y Chuguacal- Cambao
La vía Fontibón-Facatativá-Los Alpes
La vía Buga-Tuluá-La Paila-La Victoria

Con este camino por delante decidió incursionar, y con mucho éxito en las licitaciones para la construcción de las vías, entre ellas los corredores 4G:

Yopal – Villavicencio
La vía Mulaló-Loboguerrero
La vía Puerto Salgar – San Roque (Odebrecht 62% / Sarmiento: 33 % / CSS Constructores 5%)
La vía Ocaña – Gamarra  (Sarmiento 33% / Odebrecht 62% / CA Solarte 5%)
Conexión Pacífico 1  (Sarmiento 60% y Florentino Pérez  40%  Una de las más costosas: 1.8 billones)

Estas nuevas adjudicaciones dentro del más ambicioso programa de infraestructura, pusieron a Luis Carlos Sarmiento Angulo en el primer lugar del negocio de vial en el país con una inversión a ejecutar de $5.97 billones. Seguido de lejos por la española Sacyr, Carlos Alberto Solarte CASS constructores y Mario Huertas quien va asociado con la costarricense Constructora Meco.

Fuente: REVISTA SEMANA / DINERO / LAS 2 ORILLAS

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