Derechos Humanos

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Permisividad, no aplicar el control social y permitir que los paramilitares se expandieran sin reproches fueron las razones de la Corte Suprema de Justicia para llamar al país a la reflexión. En una sentencia a Salvatore Mancuso por 23 delitos de lesa humanidad, el alto tribunal dijo que en aras de lograr una ‘catarsis’, el país debe hacer un ‘acto de contrición’.

“Ya va siendo hora de que, en aras de lograr una catarsis, un olvidar, un comenzar de nuevo y de ceros, todos hagamos un verdadero acto de contrición, pues, todos somos culpables”, señala la Corte en uno de los apartes del fallo y añade que “jamás aplicamos eso que a veces es más efectivo que la sanción penal: el control social (…) rechazó social”, señala

Dice la Corte que los ciudadanos fueron cobardes al guardar silencio frente a los actos cometidos por parte de los grupos paramilitares y sus jefes como Salvatore Mancuso, “la delincuencia no hubiese logrado sus metas (…) de no haber contado con el silencio pagano (…) y la simpatía de algunos servidores públicos”.

En la sentencia se condenó en el marco de la ley de justicia y paz, a ocho años a Salvatore Mancuso, Edgar Ignacio Fierro Florez y otros nueve paramilitares por 23 delitos entre ellos actos de terrorismo, homicidio en persona protegida y toma de rehenes.

Más amenazas

Los teléfonos de las dos instituciones educativas del casco urbano de Vigía del Fuerte, Antioquia, sonaron con unos pocos minutos de diferencia. Era un hombre que dijo llamarse Ricardo López y ser el comandante de un grupo paramilitar que opera en la región. Aseguró que la organización que comanda necesita el “apoyo” de los habitantes del municipio y pidió “una colaboración” económica: los profesores de la Institución Educativa Embera debían reunir $20 millones y los de la Institución Educativa Vigía del Fuerte, $4 millones más.

“A la negativa de esta petición, el hombre amenaza a la I. E. Embera con asesinar a uno de los docentes si no se cumpliera esta “orden”, ya que argumentaba que en el municipio tenía gente y menores de edad listos para realizar estos actos. En el caso de la I.E. de Vigía, el hombre amenazó al personal docente, anunciándoles que tenían 24 horas para abandonar el pueblo”, denunciaron los profesores de Vigía en un comunicado.

La amenaza llegó hace una semana, el 29 de abril, a solo tres días de que muy cerca, al otro lado del río Atrato, la gente de Bojayá, Chocó, conmemorara los 14 años de la mañana en que un cilindro bomba, lanzado por las Farc en un combate con paramilitares, atravesara el techo de la iglesia del pueblo y matara a 79 personas. Ese día, los sobrevivientes de la masacre se reunieron en asamblea, recordaron a sus muertos y le pidieron al Estado garantías para que el horror de la guerra no se repita en su territorio.

La presencia de Los Urabeños en zona limítrofe entre Antioquia y Chocó, sobre el río Atrato, preocupa a las comunidades de una región históricamente azotada por la violencia. Foto A. Narciso García. “Nosotros no le paramos a nadie —dice uno de los profesores de Vigía—.

En ningún momento hemos suspendido clases, nos llamó un grupo pidiendo plata y usted sabe que cuando la gente no les da plata ahí es que amenazan, pero nosotros no nos vamos a dejar amenazar ni nos vamos a ir del pueblo”. La idea de ese profesor es la misma que expresó todo el cuerpo docente en el comunicado con el que denunciaron las amenazas: “No permitiremos que se nos amedrente, amenace y mucho menos que se nos calle con amenazas de muerte a los educadores y educadoras”.

Esas palabras describen bien la postura que ha defendido ese grupo de profesores que, por ejemplo, se negó a suspender clases durante el paro armado que Los Urabeños ordenaron también en ese municipio hace ya poco más de un mes. Mientras el comercio y muchas otras actividades estuvieron paralizadas en el pueblo, los colegios mantuvieron sus puertas abiertas. No permitiremos que se nos amedrente, amenace y mucho menos que se nos calle con amenazas de muerte “Ya venía pasando, nos extorsionaban y nos amenazaban a nivel personal, pero esta vez decidimos denunciarlo de esa forma porque nos cogieron a todos y porque eso ha sido frecuente, por ejemplo, a los comerciantes los extorsionan todo el tiempo”, dice el profesor.

Ese caso, efectivamente, es apenas un episodio más de las presiones violentas a las que están sometidas las comunidades de esa zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó. Delis Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, explica que ha vuelto el miedo ante la posibilidad de que la población civil quede en medio de las acciones armadas.

“Hay preocupación porque, así como pasa en Vigía, está pasando en toda la región. Esta vez extorsionaron a los educadores, pero eso está generalizado. Esos grupos están aquí hace rato andando por la zona y la gente está atemorizada por esa situación”, explica la líder. Por eso el 2 de mayo insistieron en que el derecho a la no repetición se les sigue vulnerando, en que la presencia de las Farc y de Los Urabeños en la región vuelve a crear las condiciones que desde la década de 1990 llevaron a numerosos enfrentamientos muy cerca de las comunidades y en 2002 a una de las mayores atrocidades cometidas en la historia del conflicto.

A ese escenario que plantea la presencia de varios actores en la región, se suma otro asunto que, según explica Delis Palacios, genera aún más temor entre los sobrevivientes de la masacre. Se trata de los espacios de diálogo entre la comunidad y las Farc con ocasión del proceso de negociación en La Habana y del perdón público que esa organización armada ha pedido a las víctimas.

La presencia paramilitar es muy fuerte en Quibdó y en todo el Atrato, porque ellos se han reorganizado. Pero en Bojayá el terror es todavía más fuerte después de los acuerdos que hemos sostenido con las Farc. Nos preocupa que por eso seamos estigmatizados. Usted sabe que hay mucha gente que no está de acuerdo con el proceso de paz y que uno tenga interlocución en esa negociación lo vuelve objetivo”, dice Palacios.

Por eso, explica la líder, han insistido en que el Gobierno debe estar presente en la región, debe avanzar en la reparación de las cientos de familias afectadas por la guerra en la zona, actuar ante la presencia de organización delincuenciales  y ofrecer condiciones para que la vida de la gente de Bojayá no siga condicionada por los grupos armados. “Las autoridades deben estar aquí para evitar que ese tipo de cosas pasen —dice Delis—.

En el marco de proceso de paz esas amenazas que hay en esta región no pueden seguir. A los líderes negros nos siguen asesinando en muchas regiones y por eso queremos que se generen condiciones y medidas para que en esta tierra se pueda andar libremente”.

Fuente: CARACOL RADIO / PACIFISTA

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