Derechos Humanos

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A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, la ONG Human Rights Watch expresó una serie de cuestionamientos y observaciones a la ley de amnistía que actualmente se discute el Congreso de la República y con la que se concederán las amnistías e indultos a los guerrilleros de las Farc por delitos políticos y los delitos conexos con éstos. La iniciativa permitirá también adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, “en especial para Agentes del Estadoque hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

En la misiva, firmada por el director de la organización para América Latina, José Miguel Vivanco, se destaca que el proyecto de ley considere que las violaciones de derechos humanos deben ser excluidas de amnistías; no obstante, se advierte que algunas disposiciones puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales –señala la ONG– existe una obligación jurídica de asegurar justicia.

“Notamos que el proyecto de ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de ‘reclutamiento de menores’”, alerta la organización.

La ONG le pide al presidente que asegure que el proceso de paz no se use indebidamente para limitar la posibilidad de que los responsables de atrocidades enfrenten una justicia genuina por sus crímenes y eleva un llamado para que no ceda a “presiones militares” para permitir que aquellos que han violado derechos humanos se aprovechen del acuerdo de paz para eludir la justicia.

Entre otras, Human Rights Watch cita recientes expresiones del fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre que la Fiscalía “llevará a la Jurisdicción Especial para la Paz a todos los agentes que hayan cometido delitos dentro de los llamados falsos positivos” para lo cual ya estaría preparando informes.

“Pareciera que el actual fiscal está ignorando su deber de garantizar el avance de las etapas procesales previstas en la legislación ordinaria para la investigación penal de agentes del estado responsables de atrocidades, lo cual sería una abierta contradicción a la legislación vigente en Colombia y representaría una virtual denegación de justicia para las víctimas”, señala la organización.

Las inquietudes

De forma pormenorizada, Human Rights Watch explica punto por punto sus reparos a la iniciativa, advirtiendo además que el mecanismo de libertad condicional ideado para agentes del Estado o combatientes de las Farc responsables de crímenes atroces “no parece contener unas garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia”.

En materia de amnistías, la ONG recuerda que en el proyecto de ley se hace manifiesto que se cumplirá con el derecho internacional y dispone que ninguna de amnistía se concederá a los responsables de una variedad de atrocidades de derechos humanos; sin embargo, Human Rights Watch asegura que la enumeración de tales atrocidades “contiene ambigüedades” que podrían permitir que las amnistías de jure o de factobeneficien a responsables de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la ONG, hay inconsistencias entre el proyecto legislativo y el derecho penal colombiano, entre ellas evoca que en la lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías se incluyenvarias categorías legales que no tienen un correlato explícito en la legislación colombiana.

“El proyecto de ley menciona las ‘ejecuciones extrajudiciales’, pero el derecho colombiano no tipifica ningún delito bajo este nombre (…) De manera similar, el proyecto se refiere a la ‘sustracción de menores’, aunque no existe el delito de ‘sustracción’ de personas en el Código Penal de Colombia”, indica la ONG.

Ante ello, Human Rights Watch le pide claridad al Ejecutivo en la definición de cada una de las categorías legales que no tengan una contrapartida explícita en el derecho colombiano, buscando asegurar que estas “incongruencias con el derecho colombiano” no sean utilizadas indebidamente, por ejemplo, para amnistiar el homicidio de un civil.

Según la organización, estas categorías legales deben ser precisadas y cita expresiones, en su opinión, ambiguas, como “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad”. Además, reclama porque ni el acuerdo de paz y ni el proyecto legislativo contienen ninguna definición de lo que se entiende por ‘determinante’, ni brindan pautas de interpretación para asegurar que la definición utilizada sea acorde con el derecho internacional.

“Es necesario que la legislación clarifique este punto para garantizar que no se confieran amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal, pero que podría pretenderse que no tuvieron una participación ‘determinante’ en los delitos”, agrega.

Sobre la expresión “graves crímenes de guerra”, la ONG sostiene que se enmarca en un lenguaje que parece emular erróneamente el del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la intención de establecer que sólo se excluirán de la amnistía aquellos delitos con mayores probabilidades de ser juzgados dentro de la competencia de la CPI.

En la lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías, la ONG recuerda el “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” y sugiere que la Jurisdicción Especial debería investigar el reclutamiento de todos los menores, de conformidad con el derecho colombiano, lo cual garantiza de forma más adecuada los derechos de las víctimas.

Uno de los puntos en los que Human Rights Watch llama más la atención del Gobierno es el que abarca los beneficios para agentes del Estado que se encuentren detenidos por su presunta participación en violaciones de derechos humanos.

Sumado a dudas porque sean los directores de centros penitenciarios quienes supervisen a personas que gocen de libertad condicional, la organización se declara preocupada porque el mecanismo de libertad condicional creado por el proyecto de ley “carezca de dos garantías básicas” establecidas en el derecho colombiano.

“El proyecto legislativo dispone que los acusados solamente deberán informar cambios de residencia, pedir autorización para salir del país y comparecer ante la Jurisdicción Especial, una vez que esta entre a funcionar (…) Asimismo, el proyecto no establece de forma clara que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos. El proyecto dispone que los acusados deberán comprometerse a la ‘no repetición’, pero no aclara si eso alude a los delitos que presuntamente ya han cometido o si también se extiende a otros crímenes”, precisa.

Por otra parte, dice la ONG, no es claro quiénes estarían a cargo de revocar la libertad condicional si el acusado incumple sus obligaciones, ni qué procedimientos se seguirían para ello. Tampoco se aclara si el tiempo en libertad condicional se computará como tiempo de pena cumplido. “Si bien el proyecto no se pronuncia sobre este punto, conforme al derecho colombiano el tiempo en libertad condicional normalmente se calcula como tiempo cumplido a efectos de la pena. Si no se realizan aclaraciones en este sentido, la Ley de Amnistía podría menoscabar aún más la credibilidad de las sanciones previstas para quienes confiesen crímenes de guerra en la Jurisdicción Especial, y permitiría que cumplan tan sólo unos pocos años en condiciones de restricción de la libertad”, puntualiza Human Rights Watch.

Ante el punto que estipula que los combatientes de las Farc responsables de crímenes de guerra obtendrán la libertad condicional hasta que sean juzgados en la Jurisdicción Especial, se advierte que se carece de algunas de las garantías básicas del derecho colombiano.

“Al igual que el régimen creado para agentes del Estado, el régimen previsto para las guerrillas no establece que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos. El proyecto tampoco aclara si el tiempo de libertad condicional que cumplan los guerrilleros se contará para el cálculo de las penas que se impongan por sus crímenes de guerra, lo cual podría permitirles acortar aún más sus penas, socavando la credibilidad de las sanciones establecidas en la Jurisdicción Especial”, manifiesta la ONG.

Adicionalmente, finaliza la carta, el proyecto no establece que se revocará la libertad de quienes incumplan los requisitos previstos en la ley. El proyecto, dice Human Rights Watch, dispone que un juez ‘verificará’ que el acusado cumpla con los términos de la libertad condicional y que estos podrán ser ‘monitoreados a través de sistemas de vigilancia electrónica o de cualquier otro’, pero no especifica cuál será la consecuencia en caso de incumplimiento, ni cómo se impondrá.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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