Derechos Humanos

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Luego de que la Fiscalía declarara que la financiación en los años 90 de grupos paramilitares en el Urabá podrá ser considerado como un crimen de lesa humanidad, se conoció un informe inédito de contabilidad del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero de las autodefensas, comandado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito. Si bien el estudio financiero que hizo la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía se basa en precaria información que entregaron los paramilitares, tras la decisión de la Fiscalía esta se convierte en una prueba fundamental para comprender la relación de bananeros, ganaderos y comerciantes con los grupos paramilitares del Urabá.

“Los recursos económicos para el sostenimiento del Frente Árlex Hurtado durante el período comprendido entre los años 1996 y 2004 provinieron de diferentes fuentes o sectores, como: bananero, ganadero, comercio, narcotráfico, exacciones y contrabando. Dicho sostenimiento involucró diferentes aspectos del gasto, como son costos de incorporación de personal, nómina, dotación de material de campaña, combustible, viáticos, etc.”, dice el informe que fue entregado al Tribunal de Justicia y Paz en 2014 y que fue utilizado por el magistrado Eduardo Castellanos para condenar a José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras.

Este fallo, emitido en julio de 2015, fue de los primeros en advertir que la financiación de grupos paramilitares debía ser declarada como crimen de lesa humanidad. Al igual que la resolución emitida por la Fiscalía el pasado 12 diciembre y que se conoció hace seis días, estableció que las Cooperativas de Vigilancia (Convivir) fueron diseñadas desde el paramilitarismo y usadas como fachada para recibir financiación de las empresas bananeras. Para el magistrado Castellanos, se trataba de una “anomalía colombiana”, pues en comparación con otros países del continente, Colombia fue el único país donde empresarios bananeros asumieron roles importantes dentro de las estructuras paramilitares y con su financiación se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Ese es, básicamente, el mismo argumento de la Fiscalía.

Según el informe de la Fiscalía conocido por este diario, la primera estimación que se dio sobre la financiación de grupos paramilitares fue en un análisis que entregó la Policía Judicial en noviembre de 2011. Ahí se consignaron los aportes que entregaron los bananeros en la zona de Urabá a las Convivir y se estableció que fueron, aproximadamente, $33.392 millones los que giraron entre 1997 y 2008. Esa información la entregaron nueve comercializadoras a las autoridades cuando tuvieron que explicar su relación con las Convivir.

“Obsérvese que la desmovilización del Bloque Bananero fue el 25 de noviembre de 2004 y las Convivir o Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada percibieron ingresos por este concepto hasta el año 2008. Es decir, en el período comprendido entre el año 2005 y el año 2008, las Convivir percibieron ingresos por la suma de $12.613 millones”, concluyó la Fiscalía. Es decir, que la financiación del paramilitarismo continuó después de que comenzara a regir la Ley de Justicia y Paz. Además, aún están en deuda las autoridades de lograr determinar la cifra total de los multimillonarios giros que hicieron los bananeros en el Urabá, pues este reporte solo tiene en cuenta la información de nueve comercializadoras de banano y la Fiscalía estableció que fueron 194 las que financiaron a los paramilitares a través de empresas fachada como las Convivir.

En el estudio contable la Fiscalía también hace referencia a los ganaderos del Urabá que también financiaron al grupo de Raúl Hasbún Pedro Bonito. Se determinó que pagaron $5.000 al año por cada hectárea de tierra destinada al pastoreo, como lo dijo el mismo Hasbún en una versión libre en septiembre de 2010. Hasta el momento solo se ha podido determinar que los ganaderos entregaron $281 millones anuales, una cifra que está muy lejos de aproximarse a la realidad según manifestó el excomandante del Frente Árlex Hurtado.

“(Raúl Hasbún) dijo que por este concepto la organización percibía entre $30 y $50 millones de pesos mensuales; promediando podríamos considerar que eran 40 millones de pesos cada mes, lo que elevaría la suma de captación a $480 millones anuales”, se lee en el reporte. ¿Sabe en realidad la Fiscalía sobre la danza de los millones que ganaderos y empresarios entregaron a los paramilitares? De lo que se lee en el informe se puede concluir que los únicos datos disponibles son los testimonios y recuerdos de exparamilitares de la zona.

Por ejemplo, frente a los empresarios, el desmovilizado Wilson Erney Marín Fernández, alias Piolín, manifestó que entregaban mensualmente $130 millones en efectivo. Agregó que la plata se recogía en los distintos pueblos y que Fáber Leonel Londoño, alias Gustavo, era el encargado reunir los recursos que entregaban los ganaderos. Según Piolín, al año se obtenían recursos superiores a los $1.500 millones del ganado y el comercio. Esta versión fue ratificada por Samuel Agudelo Puerta, alias Aguilera, quien precisó cuánto dinero entregaban los comerciantes en cada municipio al mes: en Currulao y Carepa se recogían $5 millones, en Apartadó $40 millones y en Chigorodó $12 millones. Es decir, que al año el comercio del Urabá antioqueño entregaba algo más de $750 millones.

Desde gasolineras, supermercados, mueblerías, almacenes de electrodomésticos, bares, tabernas, almacenes de ropa, hasta abarroteros, ferreteros, prenderías, droguerías y locales de pieles de ganado financiaron al Frente Árlex Hurtado. Asimismo, la Fiscalía en este informe contable precisó que en el barrio Belén Altavista de Medellín también se recogieron recursos a partir del cobró de $35.000 mensuales a los 130 buses que operaban en la zona, del pago de $2,5 millones mensuales que hacían tres ladrilleras que operaban en la zona. Y del robo de combustible de un oleoducto que quedaba en la zona.

Es tan precaria la información que existe sobre la financiación a grupos paramilitares, que en el mismo estudio contable se concluye: “Conocer la cantidad de dinero que le ingresó al Frente Árlex Hurtado por cada año o por todo el período comprendido entre los años 1996 y el 2004, es muy difícil. Si bien se conocen algunos datos, como son parte de los recursos provenientes de los sectores bananero, ganadero y comercial de la zona de Urabá, faltan herramientas que nos permitan conocer cuánto dinero percibió dicha organización por conceptos como: exacción, contrabando, peajes, narcotráfico, los comerciantes de Ciénaga y Belén Altavista, entre otros. Con el análisis realizado, nos aventuramos a dar la cifra de ingresos en $38.717 millones. Enfatizando que es un aproximado muy por debajo de la cifra que realmente pudo haber sido”.

Pedido

La Defensoría del Pueblo solicitará formalmente ante la Corte Constucional el cierre definitivo e inmediato de la Cárcel Bellavista de Medellín, ante los problemas de hacinamiento e infraestructura que presenta.

El defensor Carlos Negret visitó el penal este jueves en compañía de defensores de Derechos Humanos y representantes del Inpec. “Mañana mismo le pediremos a la corte el cierre de este establecimiento hasta tanto no cesen todos los inconvenientes que existen en esta cárcel”, agregó el defensor.

Durante su recorrido pudo constatar que actualmente hay más de 4.600 reclusos en un espacio que fue diseñado para 1.900.

“Las condiciones de esta cárcel son deplorables y dramáticas, incluso la vida de los internos está en riesgo”, dijo Negret y pidió que el Inpec que gestione el traslado de los presos a otras cárceles del país que tengan cupos disponibles.

Según el defensor, quien advirtió también la poca atención en salud que tienen muchos de los reclusos, en Bellavista, “como en todas las cárceles, el panorama es terrible, hay un hacinamiento insoportable para cualquier ser humano, no hay dignidad, los presos duermen en los baños, es de lo más indignante que he visto en mi vida”.

La situación más crítica se evidenció en el patio número dos, donde hay problemas estructurales. Negret, como representante del Ministerio Público, dijo que ese patio debe ser demolido inmediatamente y recordó que las fallas estructurales ya son de conocimiento del Gobierno Nacional, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

El anuncio del Defensor fue bien recibido por los defensores de Derechos Humanos.

A comienzos de este año, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el personero de la ciudad, Guillermo Durán, pidieron al Gobierno Nacional dar soluciones de fondo para el problema carcelario, pues los centros de detención temporales también presentan hacinamiento de hasta el 80 por ciento.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / DIARIO EL COLOMBIANO

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