Derechos Humanos

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Liliana Astrid Ramírez, docente y líder asesinada.

Si bien la paz con las Farc redujo significativamente el número de muertes por razones del conflicto armado, desde la firma de los acuerdos con esa exguerrilla han aumentado los asesinatos y las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos debido a disputas por el control territorial.

Esta tendencia comenzó a mediados del 2016 –cuando ya estaba cercana la paz con las Farc– y se ha mantenido en lo que va del 2017, según un estudio conjunto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Las cuatro instituciones se unieron, compararon los informes que sobre el tema se presentan desde distintas organizaciones sociales y ONG y depuraron las cifras.

El resultado de ese estudio, titulado ‘Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017’, da cuenta de que el año pasado hubo en total 98 homicidios y 3 desapariciones forzadas.

Quizás lo más novedoso e interesante del trabajo de los investigadores es que, al cruzar los datos, encontraron que el mayor número de muertes y agresiones ocurre en zonas cocaleras y en las regiones delimitadas para las circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes.

Según el informe, en 14 de esas 16 zonas hubo asesinatos de líderes sociales. De hecho, ocurrieron 64 crímenes de los 98 registrados el año pasado, y 1 de las 3 desapariciones forzadas reportadas.

Y por municipios, hubo crímenes en 35 de los 170 que conforman esas zonas, priorizadas por el Gobierno para la inversión rural por haber sido las más afectadas por el conflicto armado. En cuanto a la relación de zonas cocaleras con los asesinatos, el informe señala que 31 de los 84 municipios con crímenes tenían cultivos de hoja de coca.

Encabezan la lista Tumaco (Nariño), donde el jueves 5 de octubre resultaron muertos 6 campesinos cocaleros cuando protestaban contra un operativo de erradicación forzada, El Bagre (Antioquia), Corinto, Caloto, El Tambo (Cauca) y Buenaventura (Valle).

Por departamentos, el Cauca se ratifica como el territorio donde más riesgo corren los líderes sociales, con 35 muertos en el 2016. Los indígenas y campesinos aportan el mayor número de víctimas.

“No se perciben avances en términos de disminución de agresiones ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales; por el contrario, la situación empeora comparando el primer semestre de lo sucedido en 2015 y 2016”, dice el informe. Reitera que la tendencia se mantiene en lo que va del 2017.

Lo más grave, afirman los investigadores, es que pese a las denuncias de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, además del Cauca, Antioquia, Valle y Nariño siguen a la cabeza de departamentos con más crímenes. Ese año se sumaron a esa lista Chocó y Cesar.

“Esto debería alertar sobre la ineficiencia de las medidas de protección y seguridad adoptadas por las autoridades”, agrega el estudio.

Impunidad, la constante

Lo peor, de acuerdo con los investigadores, es que en la mayoría de los casos aún se desconocen los autores, pese a que el Acuerdo de Paz de La Habana establece la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar estos crímenes.

Solo para poner un ejemplo, en 58 asesinatos, de los 98 ocurridos en el 2016, el autor no ha sido todavía identificado.

Al ‘clan del Golfo’ o autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia les atribuyen 25 de los crímenes.

La situación de los líderes sociales llamó la atención del subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien estuvo recientemente en el país. Luego de una visita de seis días, Gilmour pidió al Gobierno, al Congreso y la justicia medidas efectivas contra los responsables de los crímenes. “Estamos hablando no solo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, añadió.

Precisamente, las cuatro instituciones que elaboraron el informe piden a la Fiscalía poner en marcha la Unidad Especial de Investigación, ya creada mediante decreto, para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Mesa en el Cauca para hacer seguimiento

En el Cauca, el departamento con más asesinatos de líderes sociales, 35 en el 2016, crearon una mesa de garantías, en la que, según la administración departamental, están, además de la Gobernación, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales para hacerles seguimiento a los hechos de violencia.

La administración seccional considera que eso permite buscar la verdad de los casos y tomar acciones. De hecho, en la Gobernación afirman que la violencia está relacionada con la llegada de otros grupos armados a las zonas que antes ocupaban las Farc en lugares como Toribío, Jambaló y Corinto, en el norte caucano, y Argelia y El Tambo, en el sur. Esos grupos, incluidas disidencias de las Farc o del Eln y bandas, tendrían nexos con minería ilegal y el narcotráfico. En esos reacomodos, según la administración seccional, los líderes comunitarios quedan en riesgo.

Algunos sectores denuncian en redes sociales la presencia de paramilitares relacionados con el ‘clan del Golfo’ y ‘Águilas Negras’, interesados en generar crisis, en especial, en sectores cercanos a las zonas donde están los excombatientes de las Farc.

DOCENTE ULTIMADA

Según las primeras versiones, la profesora Liliana Astrid Ramírez fue asesinada cuando se bajaba de un taxi en la entrada del colegio de la vereda San Miguel en zona rural de Coyaima. Los sicarios que se movilizaban en una moto huyeron del lugar luego de disparar en repetidas ocasiones contra la docente con rumbo desconocido dado que no hubo reacción por parte de las autoridades.

La denuncia inicial relata que varios de los docentes y rectores de ese centro educativo han sido amenazados de muerte en repetidas ocasiones, se han presentado las denuncias correspondientes sin que haya reacciones o resultados de las investigaciones por estos hechos, es decir que hasta el momento no se conocen las intenciones o razones de dichas amenazas.

Adicionalmente se ha podido establecer que hace pocos minutos se está realizando el levantamiento de la profesora y se estarían estableciendo los primeros indicios de las razones de este asesinato que es interpretado, en principio, como un atentado contra el derecho a la educación y contra los liderazgos de la región.

TESTIGO

La junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no quiere saber de medios de comunicación. Agradecen la preocupación, pero no hablan. Están dedicados a ultimar los detalles del entierro de su compañero Jair Cortés, asesinado el pasado 17 de octubre en la vereda Restrepo, en Tumaco (Nariño).

A finales de septiembre de este año la junta en pleno (15 personas) y tres líderes de negritudes se desplazaron hacia el casco urbano de Tumaco. Habían salido del consejo comunitario tras amenazas proferidas por grupos ilegales que operan en la zona rural del municipio.Las intimidaciones llegaron tras oponerse a la pretensión de los armados de obligar a las comunidades negras, campesinas e indígenas que habitan en la región a protestar contra la erradicación forzada. El problema no es menor, ese municipio nariñense es el que más sembradíos de coca tiene: 23.148 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Las denuncias vienen de tiempo atrás, en un consejo de seguridad de la Gobernación de Nariño se habló de las presiones de los armados y por eso salieron del territorio. En un comunicado del 5 de octubre, horas después de la masacre que acabó con la vida de siete campesinos en la vereda El Tandil, la junta de gobierno reiteró: “Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armadoshacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública que realiza labores de erradicación forzosa”.

“Nosotros creemos que todo tiene que ver con eso”, enfatiza Celimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que aglutina a 16 de estos. Por “esto” se refiere a la sustitución de coca que el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera está impulsando desde septiembre del año pasado. El fin de semana pasado, incluyendo Jair Cortés, estaban reunidos con los funcionarios del Gobierno hablando de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

“El mensaje fue claro: a los dirigentes comunitarios que no se opongan a la erradicación y que promuevan la sustitución serán víctimas de hechos violentos”, concuerda Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño.

La amenaza se extiende a otras comunidades. Por ejemplo, la guardia indígena del pueblo awá también ha contrariado a la disidencia de las Farc cuando han pretendido obligarlos a manifestarse. El riesgo se agrava teniendo en cuenta que en varios sectores, a orillas del río Mira, la disidencia ejerce control territorial.

Era el caso de la zona en la que Jair Cortés ejercía liderazgo. Él había sido elegido como representante de la zona 4 del consejo comunitario, y allí impulsaba la sustitución voluntaria. En ese punto del resguardo hacen presencia los hombres comandados por Cachi, quien, se dice, sería un subalterno de Guacho, señalado disidente de la guerrilla.

Sin embargo, no son los únicos actores armados en el territorio. En el área rural de Tumaco también tienen presencia estructuras armadas del clan del Golfo, al mando de Contador, y un satélite del cartel de Sinaloa,comandado por David. Ambos grupos se oponen a los procesos de sustitución voluntaria. Además, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo ayer, en el que señala el surgimiento de un nuevo grupo denominado Guerrillas Campesinas del Norte, que según el documento se opone a la sustitución y opera en las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje.

La protección de los líderes es una preocupación en Nariño. Ítalo Pantoja, subsecretario de Gobierno de la Gobernación, se queja de que“la Unidad Nacional de Protección (UNP) se demora muchísimo en sacar los estudios de riesgo”. El viernes 13 de octubre Jair Cortés había salido a visitar a su esposa, quien se encontraba enferma. Llevaba un chaleco antibalas y un celular que le había asignado la UNP.

La tierra: un conflicto vivo

Las Farc, tras la aplicación del Plan Colombia por parte de la Fuerza Pública en Huila, Putumayo y Caquetá, llevaron colonos a poblar territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Así lo reconoció la exguerrilla cuando quedó estipulado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que devolverían tierras en las cuales impulsaron el proceso de colonización.

Por lo anterior, las tensiones entre campesinos y negros son fuertes, tanto que cuatro fuentes que conocen la zona (entre quienes se encuentran funcionarios de la Gobernación y afrodescendientes) afirman que esas diferencias pueden ser la causa del asesinato de Cortés. Recuerdan el asesinato de Genaro García, líder de Alto Mira y Frontera, el 3 de agosto de 2015 a manos de integrantes de las Farc.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) es la organización con la cual el consejo comunitario ha tenido diferencias más fuertes en los últimos tiempos. Incluso, la señalan de ser la base política de las Farc.

“Rechazamos este tipo de agresiones contra los líderes. Ya hubo un caso con Genaro (García)”, enfatiza Diana Montilla, encargada de derechos humanos de Asominuma. Sin embargo, sobre la solución al tema de tierras hay dos versiones. Por un lado, Montilla asegura: “Hemos avanzado en el tema con el consejo comunitario”. Mientras que Celimo Cortés, de Recompas, dice que “no hay un clima de diálogo con ellos”, y complementa diciendo que en las mesas de concertación “no pasa nada”.

El desencanto con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se acentúa. No es para menos, en territorios donde se instalará la circunscripción especial número 10, acordada en La Habana, se han producido cinco homicidios de líderes. La desconfianza con el Estado llega al punto que personas de la región piensan que les quieren quitar la tierra para implementar parte del Acuerdo: “¿En dónde piensa que van a desarrollar los proyectos de la paz?”, preguntó un líder.

Los tres problemas que aquejan al consejo comunitario: los grupos armados, la coca y la tierra no se han resuelto. Mientras tanto, los campesinos, los awás y los negros siguen en la mitad.

Seis muertos en enfrentamientos entre disidencias y bacrim

Aún no hay nada claro sobre el presunto enfrentamiento entre un grupo armado organizado y disidencias de las antiguas Farc ocurrido en la vereda San José de Tapaje, del municipio de El Charco (Nariño), en donde murieron seis personas que habrían pertenecido a esa guerrilla.

Algunas versiones indican que el encuentro armado fue entre hombres a cargo de “Cachi” y “Guacho”, este último disidente de la columna Daniel Aldana, de las Farc, fue por el control de una de las rutas del narcotráfico que atraviesa la región; sin embargo, la información es tan dispersa, que no se tiene exactitud siquiera sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos.

Incluso, la misma Gobernación de Nariño dice manejar información similar a la que se ha publicado en los medios de comunicación y señala que se encuentra a la espera de que una comisión pueda ingresar a la zona, de difícil acceso, para determinar qué sucedió en realidad.

Por su parte, una comunicación del  Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, de Nariño, condenó la muerte de seis de sus antiguos compañeros, a quienes identificaron como Alexis Estupiñán, Kevin González, Carlos “Pescadito” Perea, Júnior Velásquez, Bruno Suárez y Johan, de quien, dijeron, no pudieron establecer el nombre verdadero.

MAS MUERTES EN TUMACO

Organizaciones indígenas en Nariño reportaron la muerte de dos miembros de la comunidad aborigen awá, en zona rural de Tumaco, donde en días pasados fueron asesinados seis campesinos y un líder comunitario afro.

Aunque el hecho se presentó el pasado lunes la situación se conoció este miércoles 18 de octubre, tras identificar a las personas fallecidas como parte de la comunidad indígena que habitan en el pie de monte costero de Nariño.

Según información entregada por Rider Pai, uno de los líderes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), la situación se presentó en el kilómetro 85 de la carretera hacia Tumaco, donde la pareja tenía un restaurante.

Hasta allí llegó una camioneta de donde descendieron personas que dispararon contra los indígenas.

“La Unipa emitirá este jueves un comunicado en el cual rechazará el hecho y solicitará que se adelanten las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso”, explicó el líder indígena.

Añadió que “estas personas (asesinadas) ya habían perdido a dos hijos y el señor fue herido en otro atentado el 22 de octubre del año pasado”.

Se anunció también que en el comunicado se pedirá la protección de esta familia y en general del pueblo awá.

“Que atiendan a esta familia, que el gobierno garantice la vida de estas familias, que históricamente los hermanos y hermanas indígenas awá han quedado viviendo en las vías”, insistió Pai.

El martes, el líder comunitario José Jair Cortés fue asesinado también en una zona rural del puerto sobre el pacífico, en donde el pasado 5 de octubre hubo una matanza de al menos seis campesinos cocaleros en un confuso ataque, atribuido a la Policía Antinarcóticos.

El Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera fue el que denunció hace algunas semanas la situación de emergencia humanitaria que viven campesinos afrocolombianos, mestizos e indígenas en la zona rural de Tumaco y Llorente, por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

Los líderes sociales y de derechos humanos en Colombia han sido blanco de ataques que dejan 190 muertos desde enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.

Tumaco, el municipio del país con más sembradíos de hoja de coca, base de la cocaína, sufre el azote de diversos grupos armados que se disputan los corredores del tráfico de droga a Estados Unidos, con escala en Centroamérica.

Colombia es el principal productor y exportador de cocaína del mundo, según la ONU.

Más de medio siglo de un cruento conflicto armado en el país deja unos 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

El gobierno selló en noviembre un acuerdo de paz con las Farc, hoy desarmadas y convertidas en partido político, aunque todavía quedan activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, conocidas como Bacrim.

Desmovilizados

En un comunicado emitido por Farc desde el Espacio Territorial “Aldemar Gaitán” antes zona veredal en Nariño, se informa sobre el asesinato de seis ex combatientes en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco, Nariño. Y se desmiente que haya sido a cargo de “disidencias” de esa organización ex guerrillera que firmó la paz con el gobierno el pasado mes de noviembre, hace un año.

– Carlos Sinisterra (Kevin González)

– José Miller Estupiñan Toloza (Alexis Estupiñan)

– Edinson Martínez Ordoñez (Carlos “Pescadito” Perea)

– Duber Alberto Obando Vallecilla (Junior Velasquez)

– José Alfredo García Estupiñan (Bruno Suarez)

– Y Johan (No se logró determinar su nombre completo)

Tomando las informaciones conocidas y acopiadas hasta ahora, y basándonos en ellas como elementos de juicio, desde el ETCR “Aldemar Galán” alzamos nuestra dolorida voz de indignación. Nuestra voz de rechazo ante hechos macabros como el sucedido en San José de Tapaje, en la localidad de Isupí el pasado domingo 15 de octubre.

Así describe el documento con fecha del 18 de octubre.

No puede pasar desapercibida la infame y cobarde masacre cometida por la banda encabezada por personajes con los nombres de Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliecer García Estupiñan (Marcos Arteaga) entre otros. Ya en ocasiones anteriores estos mismos personajes, han realizado acciones hostiles contra las comunidades de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada. Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar “disidencias”, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares. Y es ahí donde surgen las preguntas:

¿Quién o quiénes, en las instancias del poder del Estado y del gobierno, están detrás de semejantes acciones? ¿Quién está interesado en azuzar y permitir la eliminación física de las personas que somos portadoras de una larga y digna tradición de lucha popular? ¿Acaso no es la mejor coartada utilizar a estas bandas para que realicen actos de canibalismo social y político que solo favorece a los poderosos de siempre? O de qué otra manera se explica que no se realicen acciones contundentes contra semejantes manifestaciones, cuando todo el mundo sabe quiénes son los integrantes y por dónde se pasean.

La alerta de que esto se estaba fraguando, la elevamos ante la composición tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación – donde tenía asiento representación del gobierno – desde el mismo momento en que se detectó cuando transcurrían los días de la ZVTN. Pero no pasó nada, y ahí están las consecuencias.

El asesinato de estos 6 ex combatientes se suma a la reciente masacre de campesinos en Tumaco, según denuncian ellos, por parte de la Policía Antinarcóticos; también al homicidio ayer de un líder social de esa misma comunidad quien denunció dicha masacre y había sido amenazado. ¿Dónde están las garantías de seguridad para la paz? Expertos opinan que gobierno debe cumplir con lo acordado para no empeorar la situación en el país. Por ejemplo: en lo relativo con las garantías de seguridad, la unidad para desarticular el paramilitarismo y la protección a líderes sociales que hace parte también de los compromisos de gobierno en el cese al fuego con ELN.

“DESASTRE”

Los líderes de las antiguas Farc siguen reclamando la liberación de miles de sus miembros que hoy están en las cárceles y no han sido beneficiados por la amnistía y por las condiciones.

El 30 de diciembre de 2016, el Gobierno expidió el decreto-ley 1820 que otorgaba la amnistía que sería efectiva para los miembros de las Farc sindicados de delitos políticos. De igual forma, se han expedido otros decretos “exprés” para dar la libertad a guerrilleros que se encuentran recluidos en cárceles del país, sin embargo, a casi diez meses de expedido el primer de todos, los líderes de la exguerrilla exigen la liberación de más de mil miembros que quedan en las cárceles.

“Exigimos con vehemencia que sean liberados nuestros prisioneros. Lo decimos con vehemencia porque hicimos 50 años de resistencia por las reivindicaciones de nuestros pueblos”, señaló este miércoles Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Para los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), hay negligencia por parte del Gobierno en cuanto a quienes aún permanecen en centro de reclusión y quienes ya han sido beneficiados con la amnistía están en condiciones de vulnerabilidad, pues no ha sido resuelta la identificación y ni la bancarización.

También resaltaron que muchos de quienes salieron de las cárceles no tiene claridad sobre su situación jurídica y temen ser recapturados. Según la Farc, la gran mayoría de los amnistiados tiene problemas con la documentación, el registro civil y la bancarización, esta última una situación que dificulta el recibo del pago pactado en el acuerdo, que era del 90 % de un salario mínimo mensual legal vigente.

“En este momento, la implementación es un desastre. Si el conjunto del pueblo colombiano no toma la bandera del acuerdo de La Habana, vamos a tener una crisis profunda, un fracaso en la conquista y la búsqueda de la paz”, concluyó Santrich.

En junio pasado, el líder de las antiguas Farc protestó con una huelga de hambre para que el Gobierno hiciera efectiva la amnistía para los prisioneros de esa organización que estaban presos y señaló que había denegación de justicia por parte de los jueces de ejecución de penas, que son quienes deben otorgar la amnistía a los exguerrilleros.

IMPLEMENTACIÓN

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se mostró preocupado por la masacre de campesinos en Tumaco, las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir el acuerdo firmado con las Farc, el papel de la empresa privada en esta etapa de transición y las disputas políticas, que impiden tener una percepción clara de los derechos de los ciudadanos.

Howland llegó al país el 30 de enero de 2012. Foto: archivo Semana“Lo que veo en Colombia son oportunidades perdidas”, dice con tono preocupante Todd Howland al referirse a las dificultades que enfrenta la implementación de los acuerdos pactados con las Farc en La Habana y ratificados en Bogotá hace once meses. Uno de los problemas que observa es que las disputas políticas impiden concentrarse en trabajar por los derechos, sobre todo por las comunidades más vulnerables.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia cree que son muy pocos lo que están dispuestos a hacer sacrificios por las personas en las áreas rurales y cuestiona que muchos sectores en el país están en “modo espera”, expectantes en lo que haga el gobierno nacional.

Howland está a pocas semanas de terminar su mandato en Colombia, a donde llegó en enero de 2012, cuando las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc todavía estaban en fase exploratoria, para asumir la dirección de la sede en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Venía de El Congo, donde había ocupado el mismo cargo, acumulando 25 años de experiencia en posiciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, tanto en la ONU como en otros organismos internacionales.

Rápidamente, el diplomático se convirtió en un mediador clave entre el gobierno nacional y los movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en un impulsor y defensor de las conversaciones con las Farc. Hoy, a pocas semanas de terminar su mandato en el país y tras once meses de firmados los acuerdos con la antigua guerrilla, enfrenta uno de los episodios más difíciles de su trabajo en Colombia: la masacre de seis campesinos en Tumaco (Nariño), ocurrida el pasado 5 de octubre, en medio de una protesta por las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos adelantadas por la Fuerza Pública.

Esa matanza, así como el surgimiento y la expansión de nuevas y viejas estructuras criminales, ha minado la confianza de Howland en que el acuerdo, tal como prometieron el gobierno nacional y las Farc en La Habana, le pusiera punto final a la violencia política y contribuyera a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que vive el país desde hace décadas.

VerdadAbierta.com habló con Howland sobre los desafíos que enfrenta el país para implementar los acuerdos de paz, el papel de los empresarios en esta etapa y las distintas visiones sobre el desarrollo económico, que continúan generando tensión entre el gobierno nacional y las comunidades.

¿Qué lectura hace su Oficina del contexto en que ocurrió la masacre de Tumaco?

Antes del proceso de paz la situación era suficientemente complicada, porque el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera tenía varias dificultades con la presencia de las Farc en su territorio y con la llegada de colonos asociados a la economía ilícita de la coca, que generan un problema de tierras porque ese es un territorio colectivo (de comunidades afro). Además, de tiempo atrás había muerte de líderes por fricciones con paramilitares y con las Farc, por lo que el consejo tenía líos para mantener el gobierno propio. Con el proceso de paz se abrió la posibilidad de hacer unos cambios: se dijo que el consejo vería reconocida su autoridad y tendría el dominio del territorio, mientras los colonos podrían solucionar sus problemas de violaciones de derechos económicos, sociales y políticos. El proceso generó unas expectativas, pero ahora debemos comenzar a hablar de la realidad.

¿A qué realidad se refiere?

En Tumaco la desmovilización de las Farc fue difícil, porque muchas de las personas involucradas en los grupos ilegales que estaban dedicados al narcotráfico y vinculados a la guerrilla no fueron reconocidas en el proceso de desmovilización. Las Farc no querían que entrara gente muy criminalizada, por lo que esas personas quedaron sueltas, acostumbradas a actuar en la ilegalidad y con la economía de la coca. El gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones.

El pasado 12 de octubre, la Comisión Étnica para la Paz le rindió un acto de reconocimiento a Howland, que está a punto de abandonar el país. Foto: Comisión Étnica para la Paz.

Durante los últimos meses el vicepresidente Óscar Naranjo ha visitado varias veces el municipio e incluso inauguró allí un Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia. Si el Estado, en cabeza de Naranjo, ha considerado a Tumaco como un territorio estratégico, ¿por qué ha sido incapaz de disminuir la tensión en la zona?

El Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente.

Las comunidades de esa zona también han denunciado presiones de grupos armados ilegales que se oponen a la sustitución. ¿Cómo afectan esas organizaciones criminales el proceso de implementación?

En Antioquia, por ejemplo, se aspira a eliminar la coca mientras el Clan del Golfo está consolidando poder, tiene habilidad de corromper a las autoridades locales y a la Fuerza Pública, y ha demostrado poco interés en que se haga la sustitución. Así no se va a transformar ni una hectárea de coca en el departamento. Aparte de eso, a estas zonas llegan los funcionarios a hablar con los campesinos y los líderes comunitarios sobre la sustitución, poniendo en riesgo a la gente, que ya ha sido víctima de muertes, amenazas y desplazamientos. El gobierno está trabajando día y noche en este tema, pero debe reorientar el enfoque.

Aunque esas estructuras ilegales son una amenaza para el proceso, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones campesinas de Tumaco señalan a la Policía Antinarcóticos como la responsable de haber disparado contra los manifestantes. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Fuerza Pública en estos escenarios de alta conflictividad social?

Si las cosas fueron como dice la Defensoría, porque no me corresponde a mí señalar responsabilidades, es importante entender por qué la Fuerza Pública habría disparado, por qué no siguió sus propios protocolos. Porque esto no es normal, teniendo en cuenta que estas protestas en Tumaco son pan de cada día. Necesitamos entender esa parte, porque, si no, esto puede replicarse, dado que los mismos factores que existen en Tumaco están en otros 42 municipios del país: pobreza; existencia de economías ilegales, como la coca; grupos como el Clan del Golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc; y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación (forzada).

Además de la falta de coordinación institucional, ¿qué otros problemas enfrenta el Estado para cumplir la parte del acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas?

Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales.

La empresa privada también podría comprar esos insumos. ¿Cómo percibe el interés de los empresarios en las economías campesinas?

La polémica política que hay en el país ayuda a que nada cambie, porque todo el mundo tiene miedo. Las empresas podrían ir directamente a hacer acuerdos con las acciones comunales del Catatumbo (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia), Alto Mira y Frontera (Nariño), pero parece que estuvieran esperando algo del gobierno. Los consumidores, de otro lado, están en modo de ‘no me importa’. Si el 50 por ciento de la gente en Colombia está de acuerdo con que la gente de estas áreas rurales tenga una mejor vida (en razón de los resultados del plebiscito), debería comprar la comida que ellos producen. Pero, de nuevo, la gente a favor del proceso de paz tampoco está organizada. Parece que todo el mundo está esperando, y así no se va a cambiar nada.

¿La parálisis que señala podría obedecer a una falta de liderazgo en el sector?

Este problema entre (el presidente) Juan Manuel Santos y (el senador) Álvaro Uribe, entre el ‘sí’ y el ‘no’, hace que la gente no se sienta parte de una sociedad que puede cambiar. Este es, además, un Estado muy neoliberal, pero los empresarios creen que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas. Desde el punto de vista del desarrollo, si la gente tiene más dinero va a comprar más productos; entonces, ¿cuál es el interés de que la gente siga en la pobreza? Esta es una contradicción entre una economía feudal que tiene la idea de explotar para ganar dinero, que está desactualizada 200 años, y una economía que entiende que hay diferencias en el margen, pero que todo el mundo debe tener más dinero para comprar más.

La comunidad internacional ha jugado durante años un papel activo en la mediación de los conflictos entre las comunidades y el Estado. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar esa comunidad en este nuevo escenario?

Uno de los problemas que tenemos en la comunidad internacional es que nuestras intervenciones están basadas en decisiones políticas y no necesariamente en las necesidades de la gente. Hay mucha inversión en cosas que a veces no son las más difíciles, en proyectos demasiado cortos que se basan en el dinero de los donantes. Parte de eso ocurre porque el gobierno tiene que ser más franco con su propio análisis del problema, porque este es un país desarrollado que tiene mucha gente sin acceso a agua potable, a la escuela, a la salud.

Ahora, nosotros estamos trabajando con gente que no conoce la realidad: en el sistema internacional estamos haciendo reflexiones del país contratando la gente que sale de las mismas universidades de siempre, por lo que tenemos los mismos análisis del gobierno, con la dificultad de que hay muy pocos campesinos, indígenas y afro que trabajen en nuestras sedes y que pueden tener una perspectiva distinta sobre cómo se puede empoderar a las comunidades y crear un canal político con el Estado. En la comunidad internacional estamos lejos de priorizar lo que puede ser útil en razón del proceso de paz.

Durante sus años en Colombia usted ha tenido una relación muy cercana con los pueblos étnicos. Actualmente, las comunidades afro e indígenas denuncian una eventual exclusión del Capítulo Étnico del acuerdo del Plan Marco de Implementación que está diseñando la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI). ¿Cómo cree que pueda resolverse ese obstáculo?

Yo creo que ellos deben parar de ir a tantas reuniones en la CSIVI y comenzar a litigar estos casos. Si hay resistencia política para empoderar a las comunidades afrodescendientes e indígenas, tienen que emplearse estrategias distintas. A las comunidades les gustan las reuniones y las movilizaciones, y eso está bien. Pero pueden usar otras estrategias, que son más fáciles que movilizar miles de personas, como la orden de un juez en el sentido de que tiene que respetarse el Capítulo Étnico. La CSIVI es una máquina de discusiones, con un desacuerdo permanente, y los movimientos sociales no pueden pensar que es el único escenario para facilitar cambios en razón del acuerdo.

¿Por qué cree que hay tanta resistencia en el gobierno para implementar este Capítulo, negociado a última hora en La Habana?

Por muchos años, los indígenas, afros y campesinos han sido votos capturados, y esta situación le conviene a mucha gente. Empoderar comunidades en razón del gobierno propio les quita influencia a los partidos tradicionales y a los alcaldes. También está el tema de la consulta previa, que tiene una estigmatización completamente inapropiada, de personas que dicen que es un freno al desarrollo. Hay gente dentro y fuera del gobierno que no quiere buscar acuerdos reales con esos pueblos, porque esos pueblos tienen otros valores. Pero la Constitución dice que este es un país multiétnico y pluricultural, por lo que las personas no pueden imponer sus ideas sobre el desarrollo. El verdadero freno de este país son la corrupción y la falta de inclusión económica y política, de derechos básicos. Esta es una de las cosas que más me ha molestado: culpar a los indígenas y afros por la falta de desarrollo. Es ridículo.

¿Las empresas multinacionales podrían tener responsabilidad en esa estigmatización sobre la consulta previa?

La diversidad de empresas que hay en Colombia es muy grande. Algunas de ellas, como Enbridge, que tenía el contrato para construir el oleoducto subterráneo del Pacífico, llegó con la idea de no generar daños al ambiente, de hacer una buena consulta previa, pensando en que si no la hacía bien podría tener problemas después. Pero hay otras empresas que llegan pensando que aquí no hay gente, o que la gente que vive en los territorios es un obstáculo. Ahora, la responsabilidad social (empresarial) tiene que estar relacionada con la manera de operar y no con cuántas sillas se le dan a una pequeña escuela, por ejemplo. En Buenaventura (Valle del Cauca) no hay agua potable, ni hospital, pero hay empresas que podrían beneficiarse de que esos problemas se resolvieran. Sin embargo, se siguen viendo todos los problemas como un asunto del gobierno.

Ahora que va a terminar su mandato en Colombia, ¿cómo evalúa la implementación del acuerdo de paz, que usted apoyó desde la Oficina?

Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante, porque nosotros la empujamos: dijimos que los objetivos eran la no repetición y el goce efectivo de derechos. Parecía que se estaba muy cerca de hacer un cambio profundo en la sociedad, pero ese cambio todavía es evasivo porque la sociedad está en modo de espera. Al tiempo, estamos en una situación en la que hay violencia, conflictos que van a comenzar en razón de la interacción entre la Fuerza Pública, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Hay oportunidades perdidas en Colombia, en razón de crear una transformación más profunda y más sostenible asociada a los derechos humanos.

Las dificultades en la implementación han hecho que en las regiones, incluso las priorizadas por el gobierno, también se sienta esa frustración. ¿Cree que esa sensación puede exacerbar los niveles de conflictividad?

La frustración que hay es explosiva, es enorme, en todas partes, y no ayuda a crear una situación estable. La gente tenía una expectativa de que algo iba a cambiar, y ahora lo que está calculando es si está mejor o peor en términos de ganancias, de seguridad. Eso se complica con el hecho de que hay mucha gente de las Farc que no entró al proceso, o que entró y ya está regresando a sus comunidades sin programa (de reintegración). Esta gente también va a hacer parte de esa frustración y puede agravar la situación, dado que sus metodologías de presión pueden ser muy distintas a las de los líderes tradicionales, generando problemas de control y radicalización entre los movimientos sociales. La situación, en general, es muy complicada.

COMPROMISO

El comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, afirma que la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos ayudarán a evitar el asesinato de líderes sociales. Asegura que el Estado está comprometido con la seguridad de ellos y que, para eso, es fundamental que pidan esquema de seguridad. Parece que la paz no ha traído tranquilidad para los líderes de las zonas cocaleras y otras regiones que por haber sufrido con más fuerza el conflicto tendrán circunscripciones especiales en la Cámara…

El Gobierno es consciente del problema. Es un compromiso del acuerdo de paz proveer seguridad en esos territorios donde hay retos mayúsculos vinculados a economías ilícitas. Por eso es vital la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos allí.

Hay un dispositivo de seguridad muy fuerte para esos líderes, a cargo del Ministerio de Defensa, que cubre las zonas cercanas a los Espacios de Capacitación y Reincorporación donde están las Farc y las comunidades aledañas. En esos espacios ha sido exitosa la protección, y la seguridad está garantizada.

Lo que está ocurriendo es que las Farc salieron de las zonas donde ejercían influencia territorial y eso produjo un vacío. Pero siguen existiendo rentas ilícitas que atraen a otros grupos armados y generan riesgos. La única entidad que nos puede decir qué está pasando es la Fiscalía. Lo que sí se advierte es que los nuevos actores llegan a disputar esos espacios por rentas ilícitas, y en esa disputa la parte más frágil son los líderes. Frente a la salida de las Farc de estos espacios, entra el ‘clan del Golfo’, por ejemplo.

Nadie podría decir que el Fiscal no tiene competencia para investigar esos casos.

¿Por qué no se ha puesto en marcha la Unidad Especial de la Fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que estarían detrás de estos asesinatos de líderes?

Esta unidad está creada por decreto, pero el Fiscal ha dicho que el Comité de Escogencia no le ha mandado la terna para nombrar el director.

Lo cierto es que la Fiscalía conserva sus competencias mientras arranca esa unidad, que está pensada precisamente para que tenga autonomía. Nadie podría decir que el Fiscal no tiene competencia para investigar esos casos. Le escuché decir en un debate en el Congreso que han aumentado sustancialmente las imputaciones a los presuntos responsables en estos casos.

¿Qué tan grave es que en 14 de las 16 zonas con circunscripciones especiales se estén dando estos asesinatos?

Es preocupante. Hay que preguntar cuántos de estos líderes sociales tenían esquemas de la Unidad de Protección, que está protegiendo a cientos, y me atrevería a decir que a miles. La pregunta es cuántos habían pedido un esquema de protección y habían denunciado amenazas para que esa unidad evaluara los riesgos.

DESHALOJO

Cerca de 300 familias de Bilbao desalojadas ilegal y violentamente por la administración del Alcalde Enrique Peñaloza en el mes de Abril en la localidad de Suba Bogotá, hacen presencia en la Secretaría Distrital del Hábitat (calle 52 con carrera 13) exigiendo soluciones de vivienda y respuestas efectivas a los daños ocasionados.

Se solicita presencia y acompañamiento de las entidades defensoras de Derechos Humanos y Sociales, así como de los medios y la comunidad en general interesada en la defensa de la vida digna.

Se teme por la seguridad y vida de la comunidad presente pues a esta hora hace presencia la fuerza pública del ESMAD.

MESA SOCIAL

La paz como derecho de los pueblos, la concebimos en términos de la vida digna, de la capacidad de las comunidades para participar de forma vinculante en los asuntos que las afectan, del respeto de todos los actores sociales estatales o no por esa participación del pueblo y por las exigencias emanadas desde la población y por los derechos de la misma. Es así que, la Mesa social para la paz de Risaralda plantea que el actual sistema de salud, concretamente en la ciudad de Pereira, debido a su deplorable estado no constituye una posibilidad de construcción de paz.

La deuda que tienen las EPS con la red pública de salud en esta capital, que de acuerdo a las denuncias de los propios administradores supera los 17.000 millones de pesos, afectan a cerca de 120.000 usuarios de las capas más desprotegidas de la población. En las mismas denuncias se alerta acerca de la imposibilidad de prestar servicios en la red pública al finalizar el presente mes, por ausencia de recursos financieros.

Las usuarias y usuarios del sistema de salud de nuestra capital, ya sean estos afiliados a EPS privadas o públicas, son sometidas y sometidos a condiciones indignas e inhumanas, que atentan contra su vida. Los tratamientos y medicamentos que requieren se les niega de forma sistemática, incluso existiendo amparo por la vía de la tutela. Las EPS no cumplen la Constitución Política ni las leyes.

La Ley 100 de 1993 permite la existencia de las EPS como entes de intermediación. Dicha intermediación les reporta el 30% de ganancia, lo que para el año 2017 equivale a 67 billones de pesos aproximadamente. Esa ganancia con la que se quedan los dueños de las EPS son los dineros requeridos para salvar la vida de quienes mueren por causa del negocio montado con el sufrimiento de las colombianas y colombianos. Adicional a ello, el sistema les permite montar más negocio con las integraciones horizontal y vertical, es decir, ser dueños a la vez de IPS y de los contratos complementarios a todo el derecho de salud. Un negocio redondo.

La Mesa Social para la paz de Risaralda, nos solidarizamos con las usuarias y usuarios del sistema de salud en Pereira y sus municipios, con sus familiares, las y los anima a continuar la movilización en defensa de sus derechos entre los cuales, el derecho a la salud conexo con el derecho a la vida, permite la existencia de los demás derechos.

Exigimos del alcalde Juan Pablo Gallo Maya, del secretario de salud municipal y de los entes del Estado que deben velar por los derechos de la población, que tomen las medidas pertinentes y urgentes para cobrar a las EPS que tienen deuda con la red pública del municipio y solucionar la debacle en ciernes. Les exigimos además que realicen las acciones necesarias con la presidencia de la República y con el Ministerio de Salud, para que se obligue a los dueños de las EPS a pagar y a afrontar las consecuencias penales por el martirio al que someten a la población, para poder enriquecerse.

Fuente: CONTAGIO RADIO / RCN / GENERACION PAZ / DIARIO EL TIEMPO / DIARIO EL ESPECTADOR / VERDAD ABIERTA / MESA SOCIAL PARA LA PAZ PEREIRA – RISARALDA

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