Derechos Humanos

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Los asesinatos ejecutados por sicarios en los que las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos, son algo que preocupa especialmente a Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En una entrevista con BBC Mundo, realizada en noviembre, dijo que espera que se incremente el número de defensores asesinados respecto a 2016, no a pesar de, sino como una negativa consecuencia del acuerdo de paz que el gobierno firmó con las FARC a fines del año pasado.

El año pasado fue problemático respecto a la situación de seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, ¿en 2017 ha mejorado o empeorado?

La situación es peor.

Hacia el final del año el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos respecto a 2016 probablemente será de entre 10% y 20%.

Estamos hablando de de 15-20 personas más.

El 75% de los asesinatos en 2017 han sido ejecutados por sicarios, es decir que alguien está pagándole a alguien para matar a estos defensores de derechos humanos.

El 60% de los defensores de derechos humanos muertos durante el año han sido asesinados en áreas que antes eran de influencia de las FARC.

Y una parte significativa, probablemente el 25%, son de ciudades, pueblos, que estaban cerca de zonas en las que las FARC ejercían un fuerte control.

Es decir que un número significativo de los asesinatos de este año se relacionan con el proceso de paz; no en forma directa, pero sí en el contexto del proceso de paz, por los cambios en las dinámicas de poder que están teniendo lugar.

Otra cosa muy importante es que hace cinco años, cuando yo llegué al país, casi todos los defensores de derechos humanos que estaban siendo asesinados se oponían a políticas del gobierno. Hoy hay un número significativo de defensores de derechos humanos que están alineados con políticas del gobierno, como restitución de tierras, sustitución de cultivos de coca, que están en contra de la minería ilegal.

Esto es extraño, no es algo que suele ocurrir. Es muy preocupante.

Los está matando gente que no está interesada en el cambio, en la potencial transformación que puede crear el proceso de paz.

Pueden ser intereses económicos locales, pueden ser intereses políticos locales, en muchas ocasiones pueden ser grupos armados ilegales que no están interesados en transformar la economía.

Hay una oposición a la transformación de la realidad colombiana.

Pero también es importante recordar que hay otras estadísticas relacionadas con esto.

Por ejemplo, este año, hasta ahora, hemos tenido 13 personas muertas en el contexto de protestas sociales, eso es el triple que el año pasado.

También se ve, entonces, que hay mucha conflictividad social y una respuesta del Estado. Como esas muertes tienen lugar en contextos en los que hay policía antidisturbios y ejército, se asume que uno de los primeros sospechosos es el Estado, porque son los que tienen las armas. En algunos casos serán otros que estaban en las protestas.

Pero ante todo lo que uno ve es que algo anda mal, por el nivel de conflicto. Y la respuesta del Estado genera interacciones letales con los manifestantes. Ese no es el camino a seguir para crear una nueva relación entre el Estado y la gente que vive en esas áreas rurales que estaban bajo control de las FARC.

Este tipo de desafortunadas interacciones en el marco de la protesta social podría llevar a esa gente a decir que el proceso de paz no los beneficia, a decidir no sustituir la coca o dejar de producir cocaína y asumir que serán protegidos del Estado por nuevos grupos armados ilegales.

¿Esa es, entonces, una receta para una continuación del conflicto?

Absolutamente.

Ese es el problema: los acuerdos de paz estuvieron realmente bien conceptualizados, pero luego aparece toda la oposición, la política, las limitaciones financieras, oposición a nivel local, oposición institucional.

Han sido más de 50 años de conflicto, 50 años es mucho tiempo. Así que hay mucho miedo a que cualquier tipo de cambio podría causar un detrimento individual, económico o institucional.

Lo que ha sido realmente interesante acerca de este proceso fue ver cómo creció toda esa oposición y por qué. ¿Por qué? Porque el conflicto ha sido tan largo que hay una gran resistencia al cambio.

Las complicaciones solo pueden superarse si se tiene una respuesta efectiva e integrada.

Pero lo que pasa es que mientras hay partes del Estado que están trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, para intentar hacer avanzar el proceso, hay otros en el Estado a los que realmente no les interesa que el proceso avance.

¿Desde que llegó al país, cuánto cree que ha mejorado la situación de derechos humanos en Colombia?

Lo que cambió es que hay un enorme potencial para un cambio exponencial relativo a derechos humanos en Colombia.

Eso es lo que cambió.

Uno puede decir que hubo más muertos de defensores de derechos humanos en 2016 que en 2015 y más en 2016 que en 2017, pero es solo una medida.

Hay muchas: el acceso a la educación, el acceso a la salud, pasaron de ser un privilegio a ser un derecho. Ciertamente hay grandes problemas para poner en práctica esos derechos.

Hubo un cambio en relación con los pueblos indígenas, que finalmente, de acuerdo a la Constitución de 1991, son considerados autoridades estatales (en sus territorios). Pero hay preguntas: ¿Cuándo comenzarán a recibir dinero? ¿Recibirán el apoyo necesario para que ese dinero se traduzca en beneficios de derechos humanos?

Se han visto algunos cambios estructurales importantes en este tiempo, pero los procesos de paz con las FARC y con el ELN son lo que podría hacer la gran diferencia, pero es necesario que se implementen bien para llegar a esa no repetición, a ese cambio.

¿Cuán lejos está hoy Colombia de alcanzar una paz estable y duradera?

Hasta que la sociedad colombiana comience a pensar cómo sus compras se relacionan con el bienestar de otros colombianos, y hasta que la gente que obtiene contratos con el gobierno piense primero en los derechos de la gente, cómo la implementación de esos contratos mejorará la vida de la gente y no cómo mejorará su situación financiera, va a haber dificultades.

Como la guerra fue tan omnipresente muchos de estos problemas no salían tan frecuentemente a la superficie, pero ahora se necesita una especie de incómodo descubrimiento, aceptación, un decir: “Algunas de las cosas que vinimos haciendo durante décadas realmente no son apropiadas desde un punto de vista de derechos humanos”.

No se puede tener una situación en la que hay una Colombia moderna, con sus rascacielos, su buena infraestructura, con oportunidades, mientras en otros lugares de Colombia no hay nada de eso.

Hay todo un segmento de la población que no parece ser parte de la agenda política.

Hasta que sus derechos básicos sean resueltos, Colombia seguirá teniendo dificultades.

NUEVO MAGNICIDIO

Fue asesinado Gonzalo Antonio Martínez, líder social y presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Pechindé, en Córdoba, el pasado 20 de diciembre, en inmediaciones del corregimiento Piedras Blancas, en Carepa, Antioquía cuando se devolvía con su esposa y su bebé, recién nacido, a su vivienda.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, dos sujetos abordaron el vehículo público campero en el que se transportaba la familia, entre la vereda el Cerro, en Antioquia y la vereda el Llano, en Córdoba. Allí uno de los sujeto se dirigió a Gonzalo y le dijo dijo “necesitamos hablar con usted”.

Gonzalo que tenía en sus brazos a su hija recién nacida, fue obligado por los dos hombres a que la dejara y los acompañara, posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida sobre la carretera con 4 impactos de bala. Cabe resaltar que las comunidades han denunciado que en este territorio hay control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La muerte de Gonzalo se suma a la ola de asesinatos a líderes sociales en el país, que esta semana ya ha dejado sin vida a 3 líderes más, Alfonso Pérez Mellizo en Cauca y en Putumayo a Nixon Martin Rosero, en el Tigre y Pablo Oviedo, en Puerto Asis.

PUTUMAYO

Solo en el mes de diciembre, en Putumayo han sido asesinados tres lideres sociales. El más reciente de esos hechos sucedió el pasado 18 de diciembre sobre las 10 de la noche, en la vereda Puerto Colombia en el municipio de Puerto Asís. Esta vez el crimen ha causado mayor conmoción, pues al lado de Pablo Oviedo, como se llamaba este lider comunitario, murió su hija Karen, de apenas 8 años de edad, por cuenta de las mismas balas con las que impactaron a su padre.

De acuerdo con el relato de Andrea Alvis, integrante de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, Pablo Oviedo había salido a atender a las fueras de su casa a unas personas que preguntaron por él. Enseguida hombres desconocidos le empezaron a disparar en repetidas ocasiones, generando que una de esas balas impactara en el cuerpo de la pequeña Karen que ni siquiera alcanzó a ser trasladada a un centro médico, mientras que su padre, falleció horas más tarde en el Hospital de San Francisco de Asís.

Cifras

Las cifras de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para las Víctimas, evidencian que el temor de las comunidades no es vano. En Puerto Guzmán ya se cuentan un total de son 76 amenazas, en Puerto Leguízamo 43 y en Puerto Asís 33, la mayoría de estas son contra la vida de dirigentes comunales y líderes de las comunidades que impulsan procesos de sustitución.

Asimismo, la Unidad de Víctimas tiene en sus registros, por lo menos cinco asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC entre octubre y diciembre. En este último mes ya se cuentan tres personas muertas, además de 1.181 desplazamientos forzados en lo que va del 2017.

Asesinatos

Pablo, de 45 años, era un dirigente comunal de la vereda Puerto Colombia en el Corredor Puerto Vega Teteyé, donde vivía hace más 30 años. De acuerdo con Alvis, esa zona donde vivía este líder, se ha vuelto blanco de amenazas para quienes empujan a las familias a adherirse a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, sumado a que otros grupos armados buscan aprovechar los incumplimientos del gobierno para cooptar los territorios y tener el dominio del narcotráfico.

La familia de Oviedo, ya había sido víctima del conflicto armado, pues uno de sus familiares había muerto en circunstancias violentas en medio de la guerra. Ante tal hecho, la Red de DDHH manifestó su preocupación debido a las situaciones de revicitmización a las que se están sometiendo las familias de esta región del país.

Según Alvis, no es la primera vez que a los violentos no les importa cegar la vida de quienes estén acompañando a los líderes, como es el caso de los niños y niñas. Precisamente, hace unos días, en el municipio de San Miguel, atentaron contra un presidente de junta y su hijo menor de edad, quienes resultaron heridos. “Son prácticas sucesoras del paramilitarismo. Esto está sucediendo indiscriminadamente, sin importar las vida de los niños”, expresa la integrante de la Red de Derechos Humanos de Putumayo.

¿Respuesta eficaz?

Aunque se han creado una serie de mecanismos por parte del gobierno para hacer frente  a este tipo de situaciones, Andrea Alvis, señala que parece que fueran una serie elementos que solo se anunciaron para “hacer escándalo mediático”.

El problema también radica en que el Ministerio del Interior ,que es responsable de la Ley de víctimas y el cumplimiento del acuerdo, no está reconociendo ni garantizando la participación de las organizaciones sociales y comunitarias del departamento, y en cambio estas han sido víctimas de estigmatizaciones por parte de la propia Fuerza Pública.

“Quienes nos hemos desgastado somos las organizaciones sociales con esta ‘reunionitis’, sin ningún tipo de respuesta contundente. Lo único que ha sucedido es la continuación de la estigmatización”, dice la defensora de DDHH, y explica que hace unos días fueron capturadas seis personas, que podrían ser víctimas de un montaje judicial, por la forma como fueron detenidas.

Toda una situación que ha generado temor en la comunidad, pero también los lideres sociales que en muchos casos han decidido renunciar a su labor por la estigmatización y los asesinatos, pero además se están presentando desplazamientos de los pobladores que temen por su vida.

Fuente: BBC (GRAN BRETAÑA) / CONTAGIO RADIO

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