Derechos Humanos

A Luis Carlos Gómez no lo despojaron de su moto ni de sus pertenencias de valor, pero sí le quitaron la vida. El docente aseguró en un consejo de educadores que estaba recibiendo amenazas.

Para llegar a su trabajo como rector de la Institución Educativa Bajo Lorenzó, de la vereda de mismo nombre de Puerto Asís (Putumayo), Luis Gabriel Gómez tenía que viajar dos horas y media en moto por una trocha. Cinco horas se tardaba cuando le tocaba a pie, por aquello de las épocas de lluvias. Atravesaba el río Putumayo y luego cuesta arriba por el río Cuembi hasta llegar al colegio.

Callado es el adjetivo que más le adjudican. Que hablaba solo lo necesario, excepto cuando le decían que fuera más conversador, entonces se animaba y charlaba más de lo usual. Visitaba las seis sedes del colegio que dirigía, a pesar de que quedaran retiradas de cualquier casco urbano.

Al profesor Gómez lo mataron. Fue en la madrugada del miércoles, a las cuatro de la mañana, en los primeros metros de la vía que conduce a Puerto Asís desde Mocoa. Fue cerca al cementerio capitalino, donde dos sujetos, con cuchillo en mano, le quitaron la vida al educador. Primero dijeron que fueron habitantes de calle que suelen merodear el lugar de descanso de los muertos para consumir. Pero la hipótesis se descartó porque sus pertenencias de valor seguían consigo, incluso la moto que usaba para llegar al colegio. Cerca al cuerpo quedó un arma blanca.
Al lado del cuerpo encontraron su moto, sus partenencias y un arma blanca

La noticia impactó a los docentes de la región, quienes respondieron a la convocatoria de Fecode a hacer efectivo un paro para exigirle derechos al gobierno en materia de garantías de seguridad. El asesinato a líderes sociales y profesores en las regiones ha dejado al país en un estado de preocupación, sin dejar a un lado las amenazas que también han recibido los educadores, la más conocida fue una amenaza de un jefe paramilitar a Deyanira Ballestas en el sur de Bolívar.

Los docentes salían de Villa Garzón hacia Mocoa cuando se enteraron de la noticia. “Nos enteramos que habían asesinado a una persona cuando cruzábamos  el puente del rio mulato de Villa Garzón”, dijo un profesor.

Gómez es el octavo docente que muere de manera violenta en Colombia en lo que va de 2018. Según Carlos Rivas, presidente de Fecode, desde 1998 han asesinado a 1.217 profesores. Y esta semana el listado se volvió a ampliar con este caso.

Otro docente, quien por miedo no quiere mostrar su identidad, afirmó que en las mesas municipales de definición de planta el rector Luis Gabriel Gómez alzó la voz para manifestar que estaba recibiendo amenazas. Pero que las palabras que de su boca salieron nunca quedaron en ninguna consigna o registro.

Una persona cercana al rector afirma que “se conocía que había informado a las autoridades, no se sabe si puso denuncias de manera formal”.

Pero el caso no es aislado. Muchos docentes al denunciar el incremento del microtráfico alrededor de las instituciones educativas han recibido amenazas. Si no llegan intimidaciones por denunciar, llegan por el liderazgo que algunos ejercen en la zona. “Porque eso incomoda”.

Julieta Salcedo, presidenta de la Asociación de Educadores del Putumayo, dijo que hay 16 docentes que han tenido que ser reubicados por amenazas de muerte. Los casos están en un comité de amenazados, y tratarlos no ha sido fácil, pues los casos visibles de quienes se atreven a mencionar trae complicaciones porque eso significa mostrarse.

El gobierno departamental ha puesto las dudas en el asunto sin presentar mayores señalamientos. El secretario de educación, Luis Carlos Guevara, desconocía que el rector tuviera amenazas y se encontrara en la capital del departamento, y por ende deducen que Gómez no hizo actividad alguna relacionada con sus funciones como rector.

No fue la primera vez que el rector Luis Gabriel Gómez. Durante su trabajo en la vereda El Tigre, atravesada por el río Guamués, solicitó ser trasladado por el auge de la violencia que allí se vivía.

La Policía ya está detrás del caso: el coronel Harold Barrera, comandante de la policía en el Putumayo, aseguró que están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector donde fue asesinado el rector para recopilar detalles e información sobre el caso.

En las zonas rurales de Putumayo los docentes tienen miedo. Gómez llevaba tres años en su cargo como rector.

AUDIENCIA FALLIDA

Con indignación e impotencia recibieron los familiares del asesinado líder social, Bernardo Cuero Bravo, una notificación en la que se citaba al difunto hombre para que asistiera a la audiencia de liberad por vencimiento de términos de la persona capturada por ser su presunto asesino.

Se trataría del acusado Carlos Meriño, quien fue capturado por las autoridades por el presunto ilícito de homicidio en contra de Cuero Bravo, cometido el día 7 de junio de 2017 en el municipio de Malambo, Atlántico.

El líder social se dedicaba a ser fiscal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Su familiares aún no logran comprender cómo es posible que el juzgado encargado, en lugar de citar a los abogados y representantes de viíctimas, decidan enviar un oficio al hogar del difunto, citándolo personalmente para que comparezca a la audiencia donde cabe la posibilidad que su presunto asesino quede en libertad.

Según explica el abogado de la familia Cuero, esta ya es la tercera ocasión en que se programa audiencia para determinar si existe vencimiento de términos, pero asegura que ahora deberá ser aplazada nuevamente porque consideran como insólita la situación ocurrida.

La familia de la víctima y su abogado han repudiado este hecho, pues lo consideran como “revictimizante” e inaudito, teniendo en cuenta que la oficina encargada del proceso realiza este tipo de trámites todos los días, por lo que no creen que sea un error tan grave de manera natural.

Inclusive el abogado ha señalado que el error resulta de tal gravedad, que podría afectar al proceso, marcando la tendencia de libertad por vencimiento de términos para el presunto homicida.

“Tenemos una dificultad porque el proceso está en la Sala Penal del Tribunal. En consejo de seguridad le pedimos a la gobernación, a la directora de fiscalías, que hablara con las autoridades porque el hecho de que se haya intentado este recurso de apelación justamente tiene como propósito dilatar los términos para lograr una libertad por vencimiento”, aseguró el abogado del difunto líder social.

Teniendo en cuenta los términos recorridos bajo los criterios que señala el jurista, podría existir la posibilidad de que el hombre quede en libertad.

Fuente: REVISTA SEMANA / LA FM / VOCES

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