Derechos Humanos

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La petición de la Procuraduría elevada en el trámite de una tutela que cursa en el Alto Tribunal busca que la Corte declare la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el departamento. Es decir, que se evidencia una crítica situación y abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad Wayúu.

La Procuraduría realizó un informe sobre la problemática y además ha venido vigilando el cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en diciembre de 2015. En su criterio, estas no se han cumplido.

En dicho pronunciamiento, la CIDH pidió protección a las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, que están en riesgo por no tener acceso a agua potable y el estado de desnutrición de niños y niñas de la comunidad.

Igualmente, la CIDH le solicitó al Gobierno asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes.

La procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, indicó que “la Procuraduría está adelantando otro seguimiento a las condiciones del departamento que consideramos críticas en lo que hace referencia a la salud, la educación, la situación del programa de alimentación escolar, niñas abusadas sexualmente,”.

De acuerdo con Hoyos, la situación no ha cambiado, a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantizara el acceso al agua de los niños Wayúu que mueren de sed y hambre.

Medias insuficientes

“La Procuraduría considera que han sido insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno nacional y que lo que existe en el departamento es un estado de cosas inconstitucionales que debe ser declarado formalmente por la Corte. La Corte puede aceptar la petición o no, pero con independencia de eso, hacemos seguimiento a las medidas”, señaló Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia.

Fuente: DIARIO LA TARDE

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