Acción de las instituciones no ha sido suficiente
La Corte Constitucional pudo constatar esta vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Por este motivo observó que en La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Sin embargo, dice que “la Sala debe reconocer el esfuerzo de las distintas entidades para hacer frente a esta crisis y para buscar alternativas para su superación. Sin embargo, las acciones implementadas por las diferentes entidades estatales tienen deficiencias que afectan el objetivo principal de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas y los niños wayuu”, indica la sentencia.
Explica más adelante que estos planes y programas no tienen una cobertura universal y no cuentan con una sostenibilidad a largo plazo, además de la inexistencia de coordinación entre las diferentes entidades a nivel nacional y territorial.
Ordena por ende que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado
La acción de tutela sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional fue interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán contra la Presidencia de la República, los ministerios de Salud y Protección Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Los líderes esperan que la situación cambie
El líder wayuu Gustavo Valbuena de la zona norte extrema de la Alta Guajira, aseguró en su intervención en la audiencia que hace falta algo fundamental en el departamento y es que las entidades no tienen información estadística y por eso cualquier política pública está destinada a fracasar.
“Son necesarios varios aspectos, que haya transparencia en el manejo de recursos públicos, que haya sostenibilidad en las acciones y que haya un diálogo genuino con las comunidades, porque debe ser el estado el que se adecúe a los pueblos indígenas y no al contrario”, explicó.
Dijo además que algunas instituciones no quieren aceptar esta sentencia, porque “son campeonas en eludir las responsabilidades de las órdenes judiciales”.
Ever Epinayu, líder del municipio de Manaure, reconoce que nada de lo ordenado en la sentencia se ha cumplido, pero que el hecho de que la Corte y la Procuraduría lleguen a La Guajira les da una esperanza de que las cosas puedan cambiar.
“Clase política también es responsable”
