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Luego de cinco meses de someterse a la Ley 550, el Hospital Universitario del Valle comenzó a mostrar signos de vitalidad. Por ejemplo, la recuperación de servicios, el aumento de pacientes y la finalización de cuatro de las seis alianzas estratégicas, son algunos de los avances significativos.

El Hospital realiza consultas de medicina especializada electivas y urgentes, consulta de medicina general urgente, odontología, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, partos, terapias y cirugías.

También, se pagó la totalidad de los salarios atrasados a todos los empleados del Hospital a corte de marzo, incluyendo primas, que era uno de los grandes dolores de cabeza en administraciones anteriores.

Durante el 2016, la junta directiva del Hospital Universitario autorizó la firma de un plan de desempeño entre el Hospital y la Gobernación del Valle, lo que le permitió al departamento girar $20.000 millones y ponerse al día con los salarios de los trabajadores, entre los de planta y agremiaciones.

A pesar de que al final de año el Hospital tuvo dificultades debido al reintegro de 171 trabajadores oficiales por un fallo judicial, la institución ha logrado el pago permanente de los trabajadores para garantizar el funcionamiento del centro asistencial.

En octubre pasado, cuando la Superintendencia Nacional de Salud avaló el ingreso del hospital a la Ley 550, se presentó una matriz para el pago de las deudas, a siete años, y compromisos de una facturación y productividad por $14.000 millones, mensuales, para cumplir con esas acreencias. Un ahorro de $40.000 millones, anuales.

Sin embargo, la orden de reintegrar a los trabajadores oficiales (que incrementaba los costos en $7.800 millones) obligó a presentar otra matriz; es decir, establecer el pago de las acreencias por $286.000 millones a 13 años, más un año de gracia. Escenario que aún está pendiente por definirse.

La entrega de medicamentos, que era en el pasado otro de los dolores de cabeza, también se superó y este servicio se presta en la actualidad sin contratiempos.

Surtidas dos, de las tres etapas de la Ley 550, donde se definió la Promotora gracias a la cual se determinaron las acreencias y los derechos de voto de los acreedores, la siguiente etapa es la firma del acuerdo por parte de éstos.

Con las medidas de choque, se han invertido más de $183.000 millones, con lo cual se frenó cualquier posibilidad de liquidación del HUV.

Para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acudir a la Ley 550 fue la única fórmula posible para mantener abierto el Hospital. De lo contrario, ya estaría liquidado.

Fuente: CARACOL RADIO

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