Ambiental

Extensas manchas de crudo sobre las fuentes hídricas, en el departamento de Santander.

 

Increíblemente, al silencio que guardan los medios masivos de comunicación con respecto a los graves desastres ecológicos que vienen teniendo lugar en el país, le sucede el anuncio del Gobierno de iniciar un sistema de explotación petrolera denominado “fraking”, a pesar de sus graves efectos en lo referente a contaminación y envenenamiendo del agua de las distintas fuentes.

Casi podría afirmarse con absoluta certeza del virtual abandono oficial de las políticas de protección del medio ambiente, lo cual comenzó a evidenciarse en mayor medida desde el acuerdo firmado con Emiratos Árabes Unidos para extraer oro del Páramo de Santurbán, una de las mayores reservas de agua de Suramérica y del mundo entero.

Haciendo caso omiso a las numerosas protestas de organizaciones medioambientales o de un basto sector de la clase dirigente, expresando su preocupación a ese defecto, el gobierno no sólo ratificó la “indetenible locomotora megaminera” en perjuicio de los habitantes de los distintos municipios y departamentos del pais, cuyas protestas vienen siendo reprimidas con el uso de la fuerza pública, al tiempo de vetarse la posibilidad de organizar legítimos plebiscitos para rechazar de forma masiva estas actividades.

Poco antes de conocerse la tragedia del derramamiento de crudo de Santander, hizo saber que implementará además el fraking a gran escala en todo el territorio nacional.

Las opiniones al respecto, pertenecen y son de uso exclusivo de los calificados lectores de Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA.

RIO “DESAPARECIDO”

Desde cuando se empezaron a sentir los coletazos del fuerte verano por cuenta del fenómeno del Niño, los medios y la comunidad en general concentraron sus miradas en los niveles de los dos ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca

Y mientras los reflectores apuntaban a mostrar los bajos caudales de esos afluentes, en una apartada región, considerada una de las estrellas pluviales de Colombia, ocurría lo impensable: la desaparición de todo un río.

El descubrimiento fue hecho por las autoridades, quienes el pasado 22 de enero desarrollaron una operación contra la minería ilegal en el departamento de Cauca. Militares de la Tercera División del Ejército apoyados por la Fuerza Aérea y la Fiscalía llegaron hasta zonas apartadas de los municipios de Mercaderes, Bolívar y Almaguer. Todos localizados en la zona sur occidental de ese departamento.

Pero la verdadera sorpresa de las autoridades no fue encontrar maquinaria pesada y cientos de hombres y mujeres escarbando la tierra en busca de chispitas brillantes, sino observar las dantescas imágenes de desolación y sequía. “No podíamos creerlo. Ver ese panorama nos produjo muchísima tristeza, rabia y dolor”, expresó un suboficial que estuvo en la operación.

La descripción que hacía el uniformado no era para menos. Lo que él y sus compañeros vieron desde el aire fue el cauce seco de uno de los ríos más caudalosos e importantes de la región: el río Sambingo.

Ese afluente, que hace parte de la cuenca hidrológica más importante del Pacífico caucano, es tributario del Patía, otro mítico río de la región. Antes de desembocar al océano, ambos recorren casi 150 kilómetros de montañas, cañones y bosque tropical.

La riqueza fluvial del Sambingo era tan abundante antes de desaparecer, que ese río fue protagonista en diciembre del 2014 de una dolorosa tragedia invernal tras una avalancha que mató cinco personas y desapareció ocho.

La otra indignación es que en las imágenes de sequía del afluente se observa claramente que no sólo el fenómeno de El Niño es el responsable. A lo largo de su árido cauce se observan enormes grietas de volcán que no son otra cosa que las zanjas producto de la explotación minera ilegal.

En esa operación, que las autoridades denominaron ‘Espartaco‘, fueron incautadas cinco retroexcavadoras y una clasificadora, “otros elementos, que eran empleados para la realización de esta actividad ilícita, los cuales tendrían un valor cercano a $2.400 millones”, dice el comunicado oficial del Ejército.

Esas mismas fuentes oficiales aseguran que en esa actividad minera ilegal sobre el río que se secó les dejaba ingresos cercanos a $3.000 millones mensuales.

Una cifra irrisoria para el daño ambiental que causaron, y más si tenemos en cuenta que cálculos de expertos consideran que recuperar todo ese ecosistema costaría alrededor de $100.000 millones.

“Con el desembarco de las tropas en tierra y tras un minucioso análisis y un peritaje de los alrededores, se observó la desaparición de varias especies que se extinguieron debido a esta actividad depredadora alrededor del entable minero. Así mismo, desde el aire se puede apreciar el daño causado a 360 hectáreas de bosque nativo”.

La pregunta que ahora se hacen quienes lloran la desaparición del primer río en Colombia es si el Sambingo volverá a ser el caudaloso afluente cuando retornen las lluvias.

ABEJAS MUERTAS

Este suceso ocurrió en la zona de Traslasierra, donde los productores apícolas apuntan a una mala y desmedida aplicación de agroquímicos. Se están evaluando las causas.

Productores apícolas en Traslasierra quedaron devastados por la muerte de millones de abejas, lo que implicó no solo una pérdida económica sino todo el esfuerzo que pusieron para llevar adelante su producción.

Todo se dio a conocer a través de unos videos y fotos que se viralizaron esta semana, despertando interés en los medios locales

La zona afectada es un sector de unos 30 km entre el cruce a La Paz y la ruta 148. Allí los apicultores y entidades comenzaron un relevamiento para cuantificar las pérdidas del sector, al tiempo que ordenaron la toma de muestras para enviar a un laboratorio a los fines de procurar determinar qué provocó la muerte de las abejas. Aproximadamente, son 72 millones las abejas muertas.

Según indican los medios, la situación esta vinculada con una mala aplicación de productos fitosanitarios en la zona. Sin embargo, se siguen realizando las pruebas necesarias para determinar qué fue el causante de este suceso inesperado.

“Tengo 62 años, soy apicultor de toda la vida en esta zona, y jamás vi una mortandad tan grande y repentina, nos llama la atención porque fue muy de golpe”, planteó Alfredo Montenegro, productor del paraje Loma Bola, quien perdió más de 200 colmenas completas y unos 170 núcleos a punto de ser vendidos y agregó que “para colmo, justo estamos en el final de temporada, que es cuando se entregan las reinas en los ‘nucleros’, las pérdidas son muy graves“.

Esperemos que se den las causas de esta masiva mortandad y que los productores puedan salir adelante.

DERRAME

En una reunión de alto nivel, las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el caño Muerto y en la quebrada La Lizama denunciaron los problemas que desde ya están viviendo por la emergencia ambiental que ya completa 22 días.

En la mañana del viernes 2 de marzo, una mujer que trabaja para el Sistema de Vigilancia de Ecopetrol vio a dos niños pasar con los zapatos llenos de aceite. “¿Por qué tienen los zapatos así?”, les preguntó. Ellos le respondieron que había un charco de todos los colores más atrás del camino polvoriento que atraviesa la finca de palma de aceite Santo Tomás.

⎼Tráiganme un poquito de ese charco en este frasquito⎼ les dijo ella.

Ellos le hicieron caso, y siguieron hacia La Fortuna, un caserío que se parece a tantos en Colombia: dos hileras de casas a lo largo de un camino sin pavimentar, una escuela, una tienda, una iglesia cristiana. A las 12:10 del mediodía de ese viernes, Ecopetrol, la empresa que maneja el campo petrolero Lizama, ya sabía que cerca al caño Muerto había un chorro de petróleo que no debía estar allí. El afloramiento, que es como le dicen los ingenieros de petroleos al chorro, está a unos 300 metros de La Fortuna.

No es fácil verificar qué tan cierto es el relato de Fabio Hernández, el líder veredal que me contó la historia. Pero esa es la versión que corre a lo largo del pueblo que hoy está sumido en una catástrofe ambiental sin precedentes en Colombia.

En 22 días, se han derramado 23.440 barriles de petróleo, lodo, agua y gases a lo largo de 24 kilómetros del caño Muerto, la quebrada la Lizama y el río Sogamoso.  Según miembros del movimiento ambiental de la región, pescadores han visto visos iridiscentes en la desembocadura del Sogamoso en el Magdalena.

Todavía no está muy claro qué pudo hacer que, de la nada, del caño Muerto brotara una columna líquida de petróleo que según alcanzó los diez metros de alturaJuan Gabriel Zapata, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). La hipótesis de Ecopetrol es que un temblor en Zapatoca (Santander) aumentó la presión dentro del pozo Lizama 158, sellado desde 2017. El petróleo se habría escurrido hacia el caño, al no encontrar una salida por la cabeza del pozo.

Sin embargo, esa teoría no convence a todo el mundo. Ni siquiera al mismo Ecopetrol. “No hay una explicación hasta ahora”, dijo Ricardo Curán, el vicepresidente de producción de Ecopetrol, en una reunión privada con el Ministerio de Ambiente, la Anla, la CAS, la Gobernación de Santander y otras entidades encargadas de atender la emergencia.

Para encontrar respuestas, la empresa está esperando que le llegue un largo cable tubular que permite bajar un sensor sónico y de temperatura a lo más profundo del pozo y que, en medio de la oscuridad, puede ver los posible puntos de fuga dentro de Lizama 158. Así se comprobaría si hubo fallas estructurales, algo que, hasta la fecha, Ecopetrol descarta de forma tajante.

Mientras tanto, la empresa intenta atajar el petróleo en 16 puestos de control ubicado a lo largo del caño Muerto y la quebrada La Lizama. Ya evacuaron 15 familias y han recogido más de 1.200 peces, patos, babillas y culebras vivos, pero evaden responder cuántos animales han encontrado muertos. “Lo importante, más allá de eso, es que estamos respondiendo”, me dijo Eduardo Uribe, vicepresidente de sostenibilidad ambiental de la empresa, tras su visita a La Fortuna.

Unas horas antes, Uribe estaba sentado en el centro de una larga mesa improvisada junto al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y la directora de la Anla, Claudia González. Los tres habían viajado desde Bogotá hasta La Fortuna para reunirse con el pueblo en el único lugar lo suficientemente grande para albergar a todos: la iglesia.

Y aun así, no todo el mundo pudo entrar. Hubo quienes escucharon la reunión asomados por las ventanas enrejadas del templo. Los niños correteaban alrededor de la capilla, y saltaban para enterarse de la conversación dentro del salón. El microfono rotó, primero, entre los voceros oficiales. Compartieron las cifras, los planes de manejo, los reclamos mutuos que ya llenaron páginas de prensa, emisiones de radio y televisión. Luego habló la gente.

“El caño muerto le da el agua a unas 16.000 cabezas de ganado”, dijo Fabio Hernández, el director de Asorural, una asociación que acoge a todas las juntas de acción comunal de La Fortuna y La Meseta. “Me enseñaron ayer los pescadores de Puerto Sogamoso que es un caño adorado por ellos. Sus aguas lénticas y con piscinas son el sitio ideal de criadero de peces que llegan más tarde al río Sogamoso y a poblar las ciénagas que nos rodean”, siguió Hernández, quien calcula que son 300 los pescadores que se han visto afectados.

“Todo esto se acabó. El caño Muerto quedó como dice su nombre: muerto”, dijo Hernández.

Más tarde, Daisy Triviño, una mujer con gafas y pelo teñido de rubio, se levantó y con una voz al mismo tiempo fuerte y temblorosa, contó que desde que empezó el derrame su nieta, de cinco años y con problemas cardiorrespiratorios, se levanta todas las noches ahogada y vomitando. Ella, que también sufre del corazón, llevaba dos días levantándose “con la nariz reventada”. “Me cuesta mucho respirar”, dice.

Muestra la orden médica que asegura que, por causas “no identificadas”, su nieta estaba sufriendo de alergias que le estaban cerrando la tráquea. “Se le pone el pecho rojo y me dice que no puede respirar”, cuenta. “El médico le dijo que tenía que salir ya de aquí”. Dice que su hermana, también con problemas cardíacos, vive el mismo infierno sofocante.

A su lado se levanta Marco Antonio Caicedo, un joven moreno y de pelo negro. Marco Antonio no se mueve ni desvía la mirada de la mesa central mientras Triviño cuenta que él tiene una niña prematura, de dos meses de nacida, que desde el 5 de marzo fue hospitalizada por problemas respiratorios. Salió el 9, pero Marco Caicedo regresó a la Clínica Magdalena dos días después. La bebé fue internada otros seis días. Esos viajes, más los tres medicamentos que le recetaron a su hija, le costaron al pescador un millón de pesos.

“Aquí no ha venido nadie a hacernos censo ni a preguntarnos cómo estamos”, me cuenta Marco tras la reunión. Y es cierto: si bien Ecopetrol ya censó a 152 personas, todas vivían a lo largo del cauce de los cuerpos de agua. Los habitantes de La Fortuna, el caserío a 300 metros del pozo, no fueron incluidos en ese registro.

“Queremos que no pongamos muertos, sino que encontremos soluciones para la vida”, concluyó Triviño, con los brazos de su nieta amarrados a su cintura. Tras esa intervención, un campesino grande que no dijo su nombre se puso de pie y dejó en el suelo a un minúsculo cachorro que había cargado todo del día. Tomó el micrófono, y a pesar del afán de los funcionarios para terminar la reunión, se dirigió a ellos: “es que ustedes tienen que entender que esto para nosotros es, hagan de cuenta, lo mismo que si se nos hubiera muerto la mamá”.

ANUNCIO

Dentro de unas semanas se conocerán los últimos ajustes para que el fracking, o producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales (YNC) tenga vía libre en nuestro país. Así lo informó la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz.

De acuerdo con las declaraciones de Ortiz en el diario El Tiempo, el Ministerio de Ambiente ya revisó y ajustó los lineamientos para “el desarrollo sostenible de este tipo de hidrocarburos, en los cuales se usa el fracturamiento hidráulico en la roca que los produce”. Estos lineamientos eran la último paso para dar el banderazo de inicio a esta actividad en el país.

Son muchas las suspicacias y preocupaciones que ha generado la llegada del fracking a Colombia. Por una parte, está el Gobierno y las industrias petroleras, que aseguran que, al implementar esta técnica, el país aumentará sus reservas de crudo en 3.000 millones de barriles.

De hecho, en un informe publicado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) se estimó que los Yacimientos No Convencionales (YNC) son la salvación al déficit de reservas al que hoy se enfrenta el país.

El afán es tal que, a pesar de que todavía no había permisos ambientales, en 2016 se conoció que ya existen 43 bloques para explotar hidrocarburos mediante la técnica que consiste en fracturar la roca madre, ubicada a kilómetros de profundidad, inyectando agua y químicos que reemplacen allí dentro el petróleo o el gas contenido durante millones de años.

La viceministra explicó que las capacitaciones para los funcionarios de MinMinas se realizarán el 12 y 13 de septiembre y que los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente pueden dejar tranquila a la comunidad, pues están basados en el principio de precaución.

Entre ellos, señaló la publicación, está la identificación previa de los riesgos ambientales y sismológicos son identificados previamente, además de un sistema de sismicidad que monitoree los posibles movimientos del subsuelo. Y es que, un estudio publicado en la revista Science, reveló que el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, tras el inicio de esta actividad los sismos se dispararon en un 40% respecto a años anteriores.

Además, dijo el Ministerio de Minas, el reglamento ambiental exige planes para prevenir posible contaminación de las aguas, así como para conservar los vertederos, uno de los puntos más controversiales de esta técnica.

Y es que, de hecho, en 2016, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos reveló que el fracking tiene un efecto grave en la calidad y la disponibilidad de agua potable en ese país. No solo por la gran cantidad de agua que requiere -se calcula que se gastan 23 millones de litros al mes en un pozo-, sino porque puede contaminar los mantos de agua subterránea con gas metano e inclusive, elementos radiactivos.

“No es cierto que se vaya a competir con los nacimientos acuíferos. Por el contrario, se van a respetar los volúmenes del líquido y sus cuerpos, ya que se tienen que proteger a la par con el desarrollo de la operación”, dijo Ortiz.

En países como Francia, Alemania, Austria, Suiza y Bélgica, hay fuertes restricciones (e incluso prohibiciones totales, como en Francia) para el desarrollo de la actividad. En Colombia, y en otros países latinoamericanos, ha sido propuesta como una alternativa viable. En nuestro país, los lugares donde se encontrarían los bloques para este tipo de explotación se sitúan, sobre todo, en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Fuente: Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA / DIARIO EL ESPECTADOR / REVISTA SEMANA / INFOCAMPO

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