Ambiental

La extracción del gas de esquisto con la técnica de fracturación hidráulica podría tener un efecto nefasto en la calidad y la disponibilidad de agua potable en Estados Unidos, concluyó el martes un reporte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

“Esta evaluación es la compilación más completa hasta ahora de datos científicos nacionales sobre el impacto que tiene la fracturación hidráulica sobre los recursos hidráulicos”, subrayó Thomas Burke, asesor científico de EPA.

Se trata de las conclusiones definitivas de la Agencia basadas en más de 1.200 fuentes científicas, una evaluación independiente por el consejo científico de la EPA e informaciones suministradas por las diferentes partes interesadas.

Este reporte, solicitado por el Congreso de Estados Unidos, entregó las pruebas científicas de que está técnica de extracción podría tener efectos indeseables sobre las reservas de agua en ciertas circunstancias.

En sus conclusiones preliminares, la EPA no constataba el impacto de la fracturación hidráulica en las reservas de agua del país.

En esta evaluación final, la Agencia de Protección del Medio Ambiente identificó los factores por los cuales los efectos de la fracturación sobre los recursos hidráulicos pueden ser nefastos, más frecuentes y más severos.

Estos efectos se producen generalmente en la proximidad de los pozos de producción de gas y de petróleo de esquisto.

El impacto sobre la calidad del agua puede ser temporal o resultar en una contaminación que impida el consumo de agua de las fuentes y puntos cercanos.

El reporte de la EPA menciona también una importante disminución de la disponibilidad de las reservas hidráulica en los lugares donde la fracturación requiere importantes cantidades de agua para romper las rocas y poder acceder al gas o al petróleo.

La manera en que las empresas disponen de agua para la perforación, que contienen una gran concentración de substancias químicas podrían afectar los mantos de agua subterránea, causando otro problema. Estos fluidos son reinyectados en el suelo.

El reporte cita como riesgosas las estructuras insuficiente sólidas de las salidas de los pozos en los que son inyectados esos líquidos a alta presión para romper las rocas.

La EPA identificó lagunas en los datos recolectados que limitan su capacidad de evaluar el impacto de la fracturación hidráulica sobre los recursos de agua potable, lo mismo a escala local que a nivel nacional.

ALCANCES

Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra varios bloques petroleros alrededor del Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suple de agua a Bogotá.

A pesar de los enormes riesgos ambientales que conlleva, el fracking parece ser el futuro de la industria petrolera en Colombia. Eso es lo que se desprende de una información conocida este martes, según la cual el gobierno colombiano ya tiene dispuestos 43 bloques para explotar hidrocarburos mediante esta controvertida técnica.

Aunque en el país todavía no se ha sacado el primer barril vía fracking, en lugares como San Martín, en Cesar, y Anapoima, en Cundinamarca, se están haciendo trabajos exploratorios. Y según información del mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Colombia ya hay otros 41 bloques destinados a esta actividad.

Si bien la mayor cantidad de reservas de yacimientos no convencionales está concentrada en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales, hoy existen varios bloques destinados para fracking en la zona andina central del país. Tal vez la situación más preocupante se vive en los alrededores de Bogotá, concretamente cerca al Parque Natural Chingaza, en donde hay al menos 7 bloques disponibles para fracking.

Asimismo, existe un bloque que se sobrepone a la zona urbana del municipio de Fusagasugá y otro más que se ubica en las jurisdicciones de Chía y Cajicá. También hay algunos alrededor del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, y las comunidades de Guasca, en Cundinamarca, han denunciado la realización de trabajos exploratorios sin los debidos permisos.

Es necesario aclarar que estas áreas son delimitadas unilateralmente por el gobierno, que luego las ofrece a las empresas interesadas en desarrollar esta actividad. Sin embargo, hasta el momento no se han firmado contratos de exploración ni explotación para los bloques mencionados. Aun así, varias organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Alianza Colombia Libre de fracking, prendieron las alarmas ante lo que consideran una amenaza para la sostenibilidad ambiental del país.

En un comunicado de prensa divulgado este martes, afirman que “el fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos como el Páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más grande del mundo; el Páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80% del agua potable de Bogotá, por no mencionar otros ecosistemas como el complejo de ciénagas y humedales en el sur del Cesar”.

Por esa razón, enviaron una carta al Presidente Santos en la que le solicitan que declare la moratoria al fracturamiento hidráulico y la suspensión de todos los proyectos vigentes en Colombia.

SABER DECIR “NO”

Un año después de la Consulta Popular que rechazó el proyecto La Colosa, de la empresa Anglo Gold Ashanti, habitantes de Cajamarca (Tolima) afirman que pese a algunos impactos económicos que han debido sortear, hoy volverían a tomar la misma decisión.

En una esquina de la plaza principal de Cajamarca cuatro campesinos de sombrero, machete en el cinto y botas pantaneras toman café mientras conversan. Frente a ellos, tres mujeres, dos de ellas con bebés en sus brazos, esperan sentadas a que se complete el cupo en el todo terreno que las llevará a su vereda. Entretanto, el conductor acomoda en el techo varios bultos blancos cargados con los alimentos que ellas acaban de comprar.

El ir y venir de carros y personas es mayor que de costumbre porque es sábado víspera de Semana Santa. Por eso, además de los clientes de siempre, los negocios que rodean el parque también están ocupados por decenas de viajeros que se detienen antes o después de cruzar el Alto de la Línea. La aglomeración forma un agite que le confiere un aire vital a Cajamarca. Cualquier desprevenido lo vería como un pueblo en movimiento.

De ahí que resulte difícil pensar que la cotidianidad de este municipio tolimense, conocido por ser una de las principales despensas agrícolas del centro del país, se haya visto afectada por la histórica decisión que tomó hoy hace exactamente un año. En una votación arrolladora, el 97 por ciento de las 6.100 personas que participaron en la Consulta Popular sobre el proyecto minero La Colosa le dijeron ‘No’ a la construcción en su territorio de la que habría sido una de las explotaciones de oro a cielo abierto más grandes del mundo.

Ese 26 de marzo de 2017, apenas se conocieron los resultados, las calles del pueblo se convirtieron en el escenario de un carnaval que celebraba una histórica victoria contra la locomotora minero-energética impulsada vigorosamente por todos los gobiernos en los últimos 20 años. Por unas horas, Cajamarca fue el epicentro de una revolución pacífica que afirmaba que el agua vale más que el oro, y en cuya narrativa era preferible la vida a la construcción de una mina, por más riqueza que prometiera.

Al día siguiente, sin embargo, superada la embriaguez del triunfo en la Consulta, en el pueblo también empezó a rondar cierta tensión, como una sensación agridulce porque no iba a ser tan sencillo que todo volviera a la normalidad. Al fin y al cabo, la empresa AngloGold Ashanti, dueña de La Colosa, estuvo radicada en Cajamarca durante 14 años. En ese tiempo se convirtió en un actor económico relevante en el municipio, y su salida repentina tendría repercusiones palpables en la vida de la gente.

La vida sigue

Dentro de su local de zapatos y ropa ubicado en una de las calles de la plaza principal, Don Jorge se ríe cuando le preguntan si está arrepentido por haber rechazado el proyecto minero, y luego emite su réplica: “A mí eso nunca me sirvió para nada. No les vendí un par de zapatos a los que trabajaban en la mina. Siempre que les pagaban, se iban para Ibagué o Armenia a gastarse la plata. Mis clientes siguen siendo los mismos de siempre: los campesinos y la gente del pueblo”.

Con menos vehemencia Yamile, vecina de don Jorge en un negocio dedicado al arreglo de electrodomésticos, dice que a ella la salida de AngloGold no la ha afectado “porque si a alguien se le daña la licuadora igual tiene que venir a repararla”. Sin embargo, afirma que debido a los resultados de la Consulta aumentó el desempleo en el municipio y muchos de los antiguos trabajadores de la empresa no han logrado ubicarse en otros sitios.

Germán Cárdenas es un abogado cajamarcuno que tiene una oficina de consultoría legal frente al local de Yamile. Él coincide con la comerciante en que el No a La Colosa tuvo un impacto en el empleo. Sin embargo, dice que eso hace parte de un proceso paulatino de adaptación a las nuevas circunstancias. “En ese aspecto también hay que tener en cuenta consecuencias positivas como la reducción en el costo de vida que se había disparado por la presencia de la empresa”, asegura.

Cárdenas y Yamile coinciden en que de todas formas Cajamarca siempre ha sido un pueblo agrícola y ese es el camino que decidieron fortalecer cuando rechazaron a La Colosa. “Esta es una despensa agrícola que siempre ha funcionado sin minería. Lo que se necesita es un gobierno que impulse esa vocación para que sea cada vez más próspera”, propone el primero. “Más que pedir que regrese la empresa, debemos exigirle al alcalde que promueva iniciativas para todos los habitantes, y no únicamente para su grupo”, remata la segunda.

‘Orocacha’: “nuestro verdadero oro es la arracacha”

Bernaín Vargas recibe a todos los visitantes a su finca con una amplia sonrisa y una buena porción de la exquisita torta de arracacha que prepara su esposa. Su predio, ubicado en las goteras de una de las inmensas montañas que rodean a Cajamarca, está principalmente dedicado al cultivo de este tubérculo con el que sienten una conexión profunda: “fue gracias a él que mis padres consiguieron este terreno y que nosotros podemos mantener a nuestros tres hijos”, dice.

Vargas fue una de las cabezas del movimiento que lideró la Consulta Popular que rechazó la minería en Cajamarca. Sus razones se conservan intactas un año después de las históricas votaciones: “Es mentira que esa actividad traiga el progreso que prometen. Muchos amigos se fueron a probar suerte a las minas de esmeraldas de Muzo, en Boyacá, y llegaron más pobres de lo que salieron. ‘Eso es pan para hoy y hambre para mañana’, como dice mi papá”.

“La arracacha, en cambio, con sus sube y baja ha sido el sustento de este pueblo por muchos años”, continúa Bernaín. Luego calcula que en Cajamarca hay al menos 5.000 hectáreas sembradas con este alimento y que diariamente salen 1.500 bultos hacia los acopios de ciudades como Cali y Bogotá. Esas dimensiones convierten a este municipio en uno de los principales productores del Tolima y de Colombia, un potencial que campesinos como él han podido capitalizar luego de la Consulta.

La arracacha que produce en su finca, así como la de los 20 miembros de su asociación, se prepara en las cocinas de la reconocida cadena de restaurantes Crepes and Waffles. Gracias a un acuerdo logrado el año pasado, semanalmente tienen que enviar entre 500 y 700 kilos hacia Bogotá, por los que reciben el doble del valor al que se paga este alimento en Corabastos. “Cuando los dueños del restaurante vinieron a hacer la negociación nos dijeron que el verdadero nombre de la arracacha debería ser ‘orocacha’, por su color amarillo y porque es la verdadera riqueza de esta región”, recuerda Vargas.

Sin embargo el líder campesino reconoce que su caso es excepcional porque en Cajamarca la actividad agrícola enfrenta las mismas problemáticas que en cualquier parte del país: malas carreteras, comercio injusto, degradación del suelo por el uso indiscriminado de agroquímicos e impactos crecientes del Cambio Climático. “Uno se juega la vida en cada cosecha y cada vez es más difícil. Pero seguimos acá porque no nos falta la comida y por eso amamos esta tierra”.

¿Adiós definitivo?

Aunque hace un año Cajamarca le dio un No rotundo al proyecto La Colosa, todavía no está asegurado que ese veredicto sea definitivo. En el Concejo Municipal, que es el encargado de materializar los resultados, aún no se expide un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial blindado explícitamente frente a estas actividades. Según Róbinson Mejía, vocero del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, “es probable que ese objetivo no se alcance durante la actual administración, pues primero hay que volver a caracterizar todo el territorio y eso tarda algún tiempo”.

Por otra parte, los títulos mineros aún permanecen en poder de la empresa, que no se quiso manifestar sobre el proceso de devolución. Sobre el impacto económico de su salida, AngloGold afirmó que tras los resultados de la Consulta tuvo que despedir a 300 personas entre empleados, contratistas y proveedores. Así mismo, que las inversiones sociales que estaba realizando en el municipio, que entre 2010 y 2016 sumaron más de 6.000 millones, quedaron congeladas indefinidamente.

En entrevista para el diario Portafolio, el alcalde Pedro Pablo Marín afirmó hace unas semanas que el municipio había dejado de recibir 100 millones de pesos por concepto de impuestos y que al menos 2.000 millones de pesos dejaron de circular en la economía por cuenta de los despidos. “Los proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda del municipio están paralizados”, explicó en ese momento.

Semana Sostenible quiso conocer las estrategias que está implementando desde su administración para enfrentar las consecuencias económicas de la salida de la empresa, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había respondido a las llamadas ni a los mensajes que se le dejaron. Por tanto, tampoco se conoce su posición sobre el futuro del proyecto.

Sobre este último punto, AngloGold ratificó la respuesta que emitió hace un año luego de las votaciones: “Diversas razones que van desde lo institucional, lo político, y particularmente lo social con la Consulta, nos obligaron a tomar la decisión de detener todas las actividades en el proyecto y con ello el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el Tolima”, afirmó en ese momento a través de un comunicado de prensa.

Por eso, habitantes como Yamile temen que la posibilidad de que se construya una mina de oro a cielo abierto en su municipio aún permanezca abierta. “Sería muy complicado que la empresa regresara luego de le dijimos que no queremos ese proyecto. A pesar de que sí ha tenido un impacto, no me arrepiento de haber votado en la Consulta. Yo he visto muchos reportajes que muestran que los pueblos mineros son demasiado pobres. Por eso si me volvieran a preguntar, no dudaría por un segundo en volver a decirle no a la minería”.

Fuente: REVISTA SEMANA

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