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Legítimos reclamos que no cesan, una eventual burocracia que presiona e impide, sumado a la tergiversación mediática, parecen obligar una vez más a “cortar el hilo por lo más delgado”: La gente.

Durante su asistencia al Foro de Mujeres Líderes de Risaralda en representación del municipio de Apia, convocado por la Defensoría del Pueblo, la representente legal del plan de viviendas “San Daniel”, Luz Miriam Naranjo, aprovechó la presencia de los corresponsales de Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA, para manifestar su inconformismo no sólo por el tratamiento de las autoridades gubernamentales, sino por el manejo mediático que se le están dado a los reclamos de ochenta y siente familias, las cuales según viene manifestando desde tiempo atrás, fueron virtualmente estafadas al momento de adquirir sus viviendas en dicha urbanización.

“Me parece algo fuera de lo normal que en el día de hoy, prácticamente me obliguen a firmar las escrituras. No puedo hacer eso. Sería una actitud irresponsable de mi parte, cuando existen toda clase de irregularidades afectándonos de forma sustancial”, afirmó la mujer, quien no parece dejar de estar consternada por cuanto considera un verdadero contubernio.

“Si todo está tan bien, de maravilla; ¿por qué razón el señor alcalde no permite al patólogo contratado por nosotros hacer su labor, a fin de constatar si las viviendas cumplen con los requisitos estructurales para ser entregadas o no?

Hechos

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El cuestionado informe de la promotora de vivienda.

Naranjo manifestó que cuando sus representados pretendieron comprobar profesionalmente el estado de las distintas unidades, por órdenes del burgomaestre apiano, Jorge Arboleda Hincapié se hizo presente la fuerza pública a fin de impedir el trabajo encomendado y desalojar por la fuerza a las personas allí presentes.

“Ahora, además tenemos una resolución fruto de la inventiva de la Secretaria de Planeación, hablando de la falsedad de la existencia de ochenta y siete lotes, cuando en realidad de acuerdo con lo que afirman hay uno más, teniendo en cuenta el correspondiente a la caseta comunal”, explicó.

La representante adujo que la cantidad de viviendas que asegura esa resolución, la 013, es completamente inexacta, porque algunas corresponderían a otras personas.

“No son ochenta y siete las viviendas construidas, sino ochenta y una. Las seis restantes y seis lotes de socios a quienes no les correspondió el subsidio. Es decir, la carta cheque”, aseveró. Cabe destacar que la entrega de esas carta cheques tuvo lugar exactamente el 31 de diciembre de 2011.

Al parecer, el peritaje técnico habría sido encomendado a un tal Javier Rosero, a la postre responsable de la construcción de las casas, lo cual vendría a contradecir los procedimientos legales correspondientes.

“Hablando mal y pronto, esto no le cabe en la cabeza a nadie porque es inadmisible que el constructor tenga a la vez la responsabilidad del control edilicio. Ello contradice las más elementales normas jurídicas existentes al respecto”, concluyó Naranjo.

Por último, quiso destacar que el informe estructural enviado por la promotora de vivienda no cabe, diciendo que las casas se encuentran en perfecto estado, cuando prácticamente fue la que envió a construir las viviendas. Además, el informe constaba de una sola hoja, tal y como si esa certificación hubiera sido hecha por defecto, sin constatar el estado de la misma.

Negativas

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¿Dónde vivirán las familias que pagaron por casas propias que no pueden ocupar?

Mediante un documento, el propio alcalde habría negado el derecho de petición de permitir el ingreso del patólogo a la obra, aduciendo que se evidencia en planos el buen estado de la estructura, sin contar que este documento fue enviado por la misma promotora.

“Insisto. No corresponde de ninguna manera que los encargados de la construcción sean los mismos en certificar el estado de las viviendas. Eso no tiene precedentes”, calificó la representante.

A su vez, Naranjo habló de la organización de una suerte de “cabildos abiertos” entre los interesados, a los cuales a pesar de las numerosas invitaciones formuladas, el alcalde nunca concurrió.

“El día de la respuesta, Murillo Blandón envió una incapacidad. No se presentó. Tampoco hubo respuesta de la promotora de vivienda. Estuvieron ausentes la Procuraduría y la Contraloría. La gente quedó cruzada de brazos esperando una respuesta. Eso fue una verdadera falta de respeto a la comunidad y lo que es a mi persona, sin la resolución del patólogo, no voy a firmar nada”, respondió terminante.

Requerimiento

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Imágenes del foro donde las mujeres expresaron su solicitud.

Por su parte la veedora y beneficiaria del proyecto de vivienda, Patricia Elena Zamora Blandón pidió al alcalde “explicar las cosas como son”, empezando por la resolución del 23 de mayo de 2017, su negativa a permitir el ingreso del patólogo a la obra para comprobar, de paso, que las viviendas poseen cobertura anti sísmica.

“Pedimos la certificación de resistencia en ese sentido de las casas y no las tiene. Por otra parte, lleva a un reconocido periodista del departamento al lugar para reafirmar la hipótesis de que el problema de San Daniel es de carácter político. Si fuera asi, ya se habría resuelto hace mucho”, aclaró.

“Nosotros simplemente pretendemos que nos autoricen el ingreso del patólogo a la obra. No necesitamos un informe estructural realizado en un escritorio, lo cual estuvieron tratando de mandar e imponer. Tampoco que desde la alcaldía se escuden en el argumento político de no querer entregar las firmas o de que Luz Miriam Naranjo no lo hace porque no le interesa”.

Para finalizar, la veedora ratificó que únicamente se solicito a quienes corresponde la entrega del informe o a lo sumo, exonerar la representante de cualquier problema en la urbanización a futuro, para hacer posible el requisito de la firma, asumiendo  dicha responsabilidad el gobierno del municipio.

Durante la semana pasada, representantes de “San Daniel” estuvieron en la Procuraduría para pedir una vez más la autorización de ingreso al patólogo, habida cuenta de daños estructurales comprobados. La respuesta del titular fue que ya no había nada que hacer porque ya recibieron.

Lo único sin quedar claro, es quienes se harán cargo por lo que pueda ocurrir más adelante y para colmo, los motivos del eventual sometimiento de las autoridades a morar dentro de casas donde además, se puede comprobar a simple vista el paulatino proceso de deterioro, utilizando como elemento de presión el virtual congelamiento de la efectiva concesión del proyecto.

Comité

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Copia de la primera página de la resolución del Fondo Nacional de la Vivienda.

Trascendió que durante un encuentro del Comité de Moralización celebrado el pasado 3 de agosto en el despacho del alcalde, resolvió el envío de un estructural a revisar el estado de las viviendas, el cual debía ser idóneo e independiente, sin pertenecer a ninguna de la partes involucradas.

Sin embargo, tal como lo manifiestan representantes del proyecto, veedores y beneficiarios, esa designación recayó en personal identificado con la promotora de viviendas, acentuando el malestar de los damnificados que exigen por derecho una respuesta inmediata a la imperiosa necesidad de ocupar viviendas pagadas a través de su propio peculio.

Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI

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