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Manuel Gregorio Hernández Soto tenía 85 años de edad para la fecha en la que fue hasta la Fiscalía de Montería, Córdoba, a poner la denuncia con la que esperaba recuperar la finca que decía era suya. Manuel estaba enfermo y, según quedó consignado en la declaración de su puño y letra, era viudo, nunca estudió y tenía por oficio trabajar la tierra y arriar el ganado.

Este hombre, nacido el 19 de septiembre de 1924 en Chinú, Córdoba, le dijo esa vez al fiscal que había sido forzado a desocupar los terrenos donde vivía, una vez que llegaron los paramilitares a requerirlo. Eso fue el 4 de enero del 2002. “Él fue desplazado, dejó todo lo que tenía y aún se encuentra esperando a que la ley lo ampare”, dijo tiempo después uno de sus familiares.

El predio, llamado Alto Bonito, constaba de 53 hectáreas. Estaba ubicado en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulatos, de Turbo. Manuel, un hombre de piel terrosa, siempre de sombrero, ojos achinados y 1,69 metros de estatura, detalló con su caligrafía primaria todo cuanto había en Alto Bonito en el momento de la supuesta venta forzada:

“Fue vendido por presión del cual entró a la venta 16 vacas, 7 caballos, 150 palmas de coco, 9 marranos, 250 matas de plátano, 10 palos de aguacate, 10 palos de (ilegible), 3 hectáreas de yuca, 2 hectáreas de maíz, 1 hectárea de arroz, 80 gallinas, 8 pollos, 4 casas de palma cercada en tabla, 50 gallinetas, 60 patos”. Don Manuel también hizo referencia a dos represas con 200 mojarras y cuatro burros.

Pero don Manuel murió, hace dos años ya, sin haber podido probar ante la justicia lo que decía, en medio de temores que lo obligaron al destierro. El 19 de febrero del año 2009, una de sus hijas ratificó ante una notaría lo dicho por su padre, incluso con más señas y datos. En el relato la mujer dice que un grupo al margen de la ley que operaba en la vereda Puya Arriba había amenazado a don Manuel con que “debía vender o entregar las escrituras públicas de la tierra que tenía. La finca tenía 16 cabezas de ganado, caballos, cerdos, gallinas. Mi padre, al ver que su vida estaba amenazada, entregó las escrituras y se fue sin sacar nada. En este momento hay gente viviendo en esa finca”.

En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, quedó constancia de que Alto Bonito, que hoy hace parte de la Hacienda La Corona, le fue adjudicada a don Manuel por el Incora el 13 de julio de 1987. Posteriormente, el 28 de agosto del 2003, los terrenos fueron vendidos a Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretelt, por la suma de cinco millones de pesos. La hectárea tuvo un precio de 109.000 pesos. Patrón, quien hoy se encuentra por fuera del país, le vendió dos años después a su esposo por 19 millones

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Fotocopia de la cédula del hombre que jamás podrá disfrutar del sacrificio de haberse esforzado.

Las tierras por donde se extendía Palo Bonito colindan con San Pedro de Urabá, un territorio en el que está la finca La 35, allí mismo donde funcionó un centro de entrenamiento paramilitar para 2.000 hombres en los tiempos de Carlos Castaño. Para el momento en el que don Manuel dice haber tenido que huir de la tierra, las AUC mantenían un dominio hegemónico en la zona, un asunto que era de público conocimiento.

Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, una fundación que ha documentado 2.800 casos de supuestos despojos, dice que quien haya comprado tierras allí sabe que detrás hay una historia de violencia, sangre y desplazamiento. “Decir que el comprador actúa de buena fe no tiene ningún tipo de presentación. El que compró en ese momento, a precios irrisorios, sabía de dónde venía esa tierra y por eso debe restituirla”, dice.

Desde el momento en el que Manuel puso la denuncia, su familia comenzó errar por distintas zonas del Urabá y Córdoba, temerosos de su seguridad. Una de las hijas de Manuel menciona incluso al magistrado Pretelt en una de sus declaraciones ante la Fiscalía.

“He recibido varias visitas diciéndome que deje el proceso como está, o que lo retire, el lunes fue donde (se omite el nombre por seguridad), que es una familiar mía que vive en (se omite el nombre), un señor llamado Jorge Pretelt, con tres escoltas en motos y carros sin placa, a ella le preguntaron por mí, pero ella dijo que yo no vivía allá, le preguntaron por mi dirección y ella no la dio. Luego preguntaron por mi papá, que se llama Manuel Gregorio Hernández, ella les dijo que mi papá estaba viviendo donde (se omite el nombre). Preguntaron si ellos sabían lo que yo estaba haciendo con respecto a la recuperación de la finca” y ella dijo que no sabia nada de eso, y se fueron.

Líneas más adelante, la mujer dice que un 13 de enero a don Manuel lo visitó un hombre que se identificó como Teófilo. “Y le dijo a mi papá que se acordara que él había vendido a conciencia y mi papá le dijo que lo hizo porque le dijeron que vendiera la finca o perdía la vida, luego le dijo (Teófilo a don Manuel) que si yo no dejaba eso así, que me atuviera a las consecuencias. Mi papá les dijo que no sabia nada de esto. Mi hermana (se omite el nombre) fue la que me llamó y me contó esto que está pasando, no me dijo cómo era Teófilo ni cuántos años tenia. Tampoco me habló de Jorge Pretelt, pero cuando fue donde mi otra hermana, lo que le dijo fue que iba de parte del patrón”.

El caso estuvo muerto durante varios años en la Fiscalía. Sólo el 13 de marzo del 2015 la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona y Alto Bonito por estar involucradas, y la cita es textual del comunicado de la Fiscalía, en el delito de desplazamiento forzado. “La Fiscalía investigará si en esta compra-venta en la que aparecen Pretelt y Patrón López (su esposa) se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos”. La justicia comenzó a moverse, paradójicamente, a raíz de otros escándalos del magistrado Pretelt, ya cuando Manuel no está vivo para demostrarlo.

Fuente: REVISTA SEMANA

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