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El contrato de alimentación escolar que está a punto de adjudicar la Gobernación del Huila, puede convertirse en el mayor escándalo de corrupción que se haya registrado en la historia reciente del departamento.

En las últimas horas varios medios de comunicación y portales de internet filtraron una grabación magnetofónica, en la que el gerente de una unión temporal que participa para quedarse con el millonario contrato, no solo revela nombres de los ganadores –horas antes de la audiencia de adjudicación- sino que además habla del pago de coimas por una cifra cercana a los 1.500 millones de pesos.

Se trata del Programa de Alimentación Escolar PAE que busca llevar la alimentación y nutrición a los niños y niñas más vulnerables del departamento, lo que hace más gravosa la presunta falta al ponerse en riesgo la vida de miles de niños.

Según el denunciante, el contrato por 56 mil millones de pesos, uno de los más grandes que adjudicará administración en el presente cuatrienio, será adjudicado a la Unión Temporal PAE Huila 2017, firma proveniente de la Costa Atlántica y socia de empresas como Generación Colombia, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana y Alfaba, las tres estrechamente relacionadas con quienes hoy están al frente del manejo administrativo de la Gobernación, en especial Alfaba, cuyo representante legal y propietario fue hasta hace un tiempo el señor Germán Trujillo, esposo de Cielo González, la hermana del actual gobernador, Carlos Julio González Villa.

En las denuncias resultan enlodados muchos pesos pesados, entre éstos José Nelson Polanía  y Juan Carlos Casallas, ambos jurídicos de la Gobernación y muy allegados al Gobernador, como también Armando Saavedra, actual jefe de Planeación.

En resumen lo que se dicen los denunciantes es que el contrato será adjudicado en las próximas horas a Jaime y Alicia Saavedra, curiosamente hermanos del actual director de planeación departamental, Armando Saavedra, quienes han sido socios en muchos proyectos de Germán Tujillo, el esposo de la exgobernadora Cielo González Villa.

El siguientes es el texto publicado en el grupo de Chat “Sí a La Paz”:

“Estoy estupefacto. Ayer en la noche recibí de fuentes muy confiables,  varias grabaciones  que comprometen  la idoneidad del Gobierno Departamental en la adjudicación del contrato de alimentación escolar. Además de las grabaciones, datos y documentos muy precisos llegaron a mis manos y no deja de sorprenderme la forma  como se ha llevado el proceso y de las pretensiones de personas muy allegadas al Gobierno departamental en el contrato que debe adjudicarse hoy a un único proponente por un monto  de 56 mil millones de pesos, tal vez el contrato de mayor  valor e importancia en materia de ganancias y pagos de coimas.

“Causa mucha curiosidad  que la encargada de adelantar la calificación del proceso de escogencia del proponente, Martha Julieta Galindo, justo en estos momentos esté saliendo del país. Algunos suspicaces dicen que su salida es intencional, para no tener que dar declaraciones respecto del escándalo que se ve venir y que puede causar serios perjuicios a la gestión del gobierno departamental.

“Hay que decir que el proceso fue liderado por los abogados  asesores  José Nelson Polanía  y Juan Carlos Casallas, quienes  han sido duramente cuestionados  por la forma como han manejado el proceso,  evidenciando abierto favoritismo para que el contrato sea  asignado a la Unión Temporal PAE Huila 2017, firma proveniente de la Costa Atlántica, socia en varios proyectos de empresas como Alfaba, generación Colombia y Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, las tres estrechamente relacionadas con quienes hoy están al frente del manejo administrativo del departamento.

“Una de las sorpresas más grandes es conocer que dentro  de dicha unión temporal figuren dos personas reconocidas y con poder al interior del Gobierno, como son Jaime Saavedra y su hermana Alicia, curiosamente ambos hermanos del actual director de planeación departamental Armando Saavedra y quienes han sido socios de Germán Trujillo, en varios negocios de manejo de alimentos en distintas regiones del país”.

Ahora resta esperar la rápida acción de los organismos de control y la Fiscalía que desde ya, con la simple publicación de todas estas denuncias en redes, tienen la obligatoriedad de abrir indagaciones preliminares para determinar las presuntas irregularidades.

Fuente: N-24 CO

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