Esta semana el senador Álvaro Uribe radicó un proyecto de ley que -por una sola vez- le daría facultades extraordinarias al presidente Duque para aumentar el salario mínimo mediante un decreto.

La propuesta sorprendió a la opinión pública, no solo porque nadie esperaba semejante iniciativa cuando estamos tan lejos del comienzo de año, sino por el tono en que la hizo.

Economía, política e ideología

Los aspectos económicos de la propuesta son sencillos: a los trabajadores se les haría un aumento salarial y a las empresas se les compensaría el aumento de costos que esto implica mediante la reforma tributaria que bajaría sus impuestos. Además el aumento salarial se congela por un tiempo en los fondos de cesantías (es decir, es un ahorro forzoso).

Pero los aspectos políticos detrás de la propuesta no son tan sencillos. Sorprende que un  senador proponga facultar al presidente para algo tan específico como subir el salario mínimo, sin que el propio presidente lo haya solicitado. Tampoco es claro que estas  facultades se necesiten porque el presidente tiene la potestad legal de fijar el salario mínimo.

De manera que detrás de la propuesta de Uribe podría haber varios mensajes o intenciones importantes, por ejemplo:

  • Recordarle al presidente Duque que fue elegido gracias al Centro Democrático (CD) y que por tanto la agenda económica es la del partido y no otra;
  • Limitar la iniciativa del gobierno para definir la política económica y comenzar a darle una mayor injerencia al Congreso.
  • Consolidar una alianza entre el CD, los grandes empresarios (como la ANDI) y los sindicatos, aunque a estos últimos les moleste un poco que se esté obviando el proceso de consulta y concertación. El propósito inmediato de esta alianza sería ganar apoyo para las reformas que va a presentar el CD y, más a largo plazo, consolidar un proyecto político corporativista.

La exposición de motivos del proyecto concluye con una frase enigmática: “queremos una economía cristiana, solidaria, sin confrontación entre empleadores y trabajadores”. Solo el senador Uribe sabe qué es una “economía cristiana”, pero de todas formas nos recuerda el lenguaje de la iglesia Católica entre principios y mediados del siglo pasado, que se remonta a la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII (1891) como respuesta a las ideas comunistas de la lucha de clases de esa época.

Los planteamientos de esa escuela eran sorprendentemente similares a los del mencionado proyecto de ley: se proponían la cooperación entre capital y trabajo, la necesidad de que el Estado velará por un salario justo, el favorecimiento del ahorro y la lucha contra el consumo conspicuo. Esto último es consistente con la parte del proyecto que propone depositar el aumento salarial en los Fondos de Cesantías, en vez de dárselo a los trabajadores para que “lo gasten”.

Para evitar la inflación

Desde el punto de vista económico, el proyecto es muy vago: se limita a facultar al presidente para aumentar el mínimo por una sola vez y para tomar medidas (jurídicas, tributarias y financieras) que limiten el impacto inflacionario de este aumento (supuestamente un aumento considerable).

Como no se sabe nada sobre la magnitud ni sobre la forma de aumento, es imposible adelantar alguna predicción sobre la factibilidad económica y el efecto que tendría el proyecto sobre el mercado laboral. Por eso me limito a algunas observaciones y preguntas.

El proyecto se preocupa por las presiones inflacionarias del aumento salarial;  dichas presiones pueden provenir:

  • De que los trabajadores que reciben el aumento salarial (que no ha sido respaldado por una mayor productividad) tratan de gastarlo (presión de demanda)
  • Del alza de los costos para los empresarios que implica ese aumento salarial no compensado por mayor productividad (presión de oferta).

Con relación al primer elemento, el proyecto propone congelar el aumento salarial depositándolo en los fondos de pensiones, posiblemente para evitar que los trabajadores se gasten ese ingreso adicional; por lo tanto, no habría presión inflacionaria de demanda.

Con respecto al segundo elemento, parece que se piensa que la disminución de impuestos compensaría el mayor costo laboral. De esta manera la propuesta salarial iría  estrechamente unida con la reforma tributaria que se está preparando, pero acerca de la cual se sabe poco (solo que disminuirá los impuestos a las empresas). Sin cifras sobre las magnitudes del aumento del salario  y la disminución de impuestos, es difícil proyectar el impacto de la propuesta sobre la inflación del lado de la oferta.

O en todo caso, para hacer estimativos confiables sobre la formula compleja de Uribe, harían falta modelos económicos sofisticados que no sé si existan en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) o el Ministerio de Hacienda.

Mar de dudas

Quedan muchos problemas y preguntas que los autores del proyecto tendrían que aclarar en estos días:

1. El aumento salarial afecta los costos de las empresas de manera diferencial porque depende de la intensidad con que usen el trabajo. En general las empresas pequeñas, PYMES y MIPYMES son más intensivas en mano de obra que las grandes y, por lo tanto, el impacto del aumento de salario mínimo será proporcionalmente mayor para las primeras que para las segundas.

Suponiendo que los beneficios de la reducción de impuestos sean uniformes, el efecto neto sería pequeño (y hasta negativo en algunos) para las empresas pequeñas y muy positivo para las grandes.

Pero esos beneficios no serían uniformes. La reducción de impuestos consistirá en disminuir las tasas tributarias sobre las ganancias de la empresa, lo cual implica una mayor reducción (absoluta) para las empresas que tienen ganancias altas, que son las grandes. Las PYMES y MIPYMES tienen ganancias bajas (muchas veces negativas) y por lo tanto los beneficios de reducir la tasa de tributación serán pequeños, pero el aumento de costos será grande.

2. Hay que tener en cuenta que el empleo asalariado representa alrededor de la mitad del empleo total. El resto son trabajadores independientes, contratistas, informales y otras categorías que no reciben salarios, no tienen prestaciones, ni vacaciones, ni están protegidos por la ley laboral; si son formales (muchos no lo son) deben pagar el 100 por ciento de sus aportes a la seguridad social.

Una gran proporción de esas personas se encuentra en condiciones similares o peores que  las de quienes reciben un salario mínimo, pero no se van a beneficiar del aumento. Esto hace pensar que el proyecto es más un intento de crear una alianza con los sindicatos que de beneficiar a los trabajadores.

3. Aún entre los asalariados, hay un buen número que recibe el mínimo pero no trabaja para empresas sino para familias (servicio doméstico), personas naturales o entidades sin ánimo de lucro. En estos casos no aplica la rebaja de impuestos, y el alza del salario simplemente aumentaría el desempleo o la informalidad.

4. El salario adicional no le sería entregado a los trabajadores, sino depositado en sus cuentas de cesantías, limitando los montos que puedan retirar periódicamente. ¿Pero entonces los Fondos de Cesantías van a recibir mensualmente estos recursos? Si es así estaríamos creando un nuevo sistema de ahorro forzoso, pero esta vez consistente con la   encíclica de León XIII.

5. Buena parte de los pagos que se hacen a los gobiernos (nacional, departamental, municipal) y a otras entidades están “indexados” o atados al salario mínimo (por ejemplo, las multas de tránsito se fijan en salarios mínimos). Sin embargo, el artículo 1 del proyecto dice que el presidente quedará facultado para hacer que los “indicadores económicos” no se vean afectados por el aumento propuesto. Y esto en efecto implicaría acabar el sistema de medir las cosas en salarios mínimos, lo cual tiene ventajas porque la indexación automáticamente aumenta la inflación.

6. También dice el proyecto que el presidente podrá regular “la inclusión de dicho incremento” en la liquidación de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. Esto lleva a pensar que el aumento salarial  no se trasladaría a las prestaciones o a los aportes de seguridad social-como tampoco posiblemente a las pensiones-.  Estas medidas podrían ser o no ser beneficiosas, pero plantean preguntas cuyas respuestas definitivamente no tenemos.

En resumen

El proyecto de ley presentado por el senador Uribe plantea muchos interrogantes y su factibilidad jurídica no es clara.

Sus implicaciones económicas son confusas, pero parecen regresivas, aunque busquen mejorar el salario mínimo de los trabajadores. La propuesta deja por fuera grupos vulnerables importantes y no abre ninguna alternativa para beneficiarlos.

Desde el punto de vista político, el hecho de que el ejecutivo no haya solicitado la propuesta y que el proyecto lo presente el senador Uribe en vez de otro senador plantea preguntas sobre la dirección que tomarían la política económica y las reformas propuestas- en especial la tributaria-.  Ciertamente el proyecto es una crítica a la iniciativa del ejecutivo en materia económica que ha prevalecido en Colombia durante muchos años.

Finalmente, el hecho de que el proyecto plantee como objetivo general el llegar a una “economía cristiana, solidaria, sin confrontación entre empleados y trabajadores” sugiere muchas cosas tanto en términos de alianzas políticas como de orientación ideológica.

En todo caso esto es bueno porque lleva el debate al campo de las ideas y no al de las personas.

 

Fuente: RAZÓN PÚBLICA

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