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Sobrecostos millonarios, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron y ajustes injustificados en varios subcontratos son parte de la lista de irregularidades que encontró la Contraloría en la puesta en marcha y ejecución del proyecto de la Refinería de Cartagena, Reficar, tras culminar la Actuación Especial adelantada por el ente de control.

Detalla la Contraloría que existió “un presunto daño fiscal de US$2.879 millones, equivalentes a $8.5 billones”, una cifra que resultó de los 36 hallazgos fiscales que detectó. Lo que quiere decir, que, en palabras de la Contraloría, que “hasta el 2046 pagaremos los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejo el proyecto”.

La Actuación Especial fue adelantada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, “a través de un equipo de alto nivel conformado por 28 experimentados auditores (15 de esta dependencia y 13 de otras Delegadas), siendo la primera vez que una actuación de la Contraloría demanda un número así de grande de funcionarios para adelantar labores de control”, explicó la entidad.

Durante el proceso de vigilancia se revisaron 177 subcontratos, allí se detentó que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos US$$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación. La cosa es tan grave que “siguen llegando materiales constructivos y al 31 de agosto de 2016, la refinería ha tenido 38 paradas operacionales”, comentó el contralor Edgardo Maya Villazón.

Reficar, manifiesta el ente, tiene una deuda por US$$1.657 millones con la filial de Ecopetrol denominada Ecopetrol Capital AG, que tiene un patrimonio negativo (el 99% del mismo corresponde a las cuentas por cobrar a Reficar). Así que “el proyecto tiene hoy un valor presente negativo de US$9.213 millones, como consecuencia de sus adiciones presupuestales y la destrucción de rentabilidad esperada. El presupuesto inicial era de US$3,777 millones y el valor ejecutado llega a US$8,016 millones.

Con las adiciones presupuestales, se modificó una tasa de rentabilidad del proyecto esperada de 16,10% a una de 4,35%, que está por debajo de la deuda del proyecto (5,5%). Por la estructura financiera de Reficar, sus rentas futuras están pignoradas. Es decir, se hizo la refinería a crédito y hoy se hace un gran esfuerzo para pagar”.

¿Qué más encontraron?

La gestión, para la Contraloría, falló en muchos espacios. Por ejemplo, encontraron que “se dio un incremento injustificado del valor inicialmente pactado para la construcción de los racks de tubería por valor de US$72.7 millones”. O, también detallan, está “el pago de servicios de transporte por $724,5 millones que nunca se utilizaron”. Ahí no para la cosa: en el “alquiler de grúas hidráulicas, subcontratado por CB&I, se dio un presunto daño fiscal por valor de $37.855 millones”. ¿Por qué? “Se evidenció que para un estimado de utilización de 84 grúas, en la mayoría de los meses solo se contaba con un operario y un supervisor. Es decir, no se podían utilizar todas las grúas disponibles y facturadas”.

Lograron observar “un costo de US$135.1 millones por andamios sin justificación dentro de la obra”. Y con el alquiler de los baños, al parecer, también hubo festín. “CB&I pagó al subcontratista por alquiler de cada unidad de baño portátil la suma de $880.052 para el año 2011, valor que fue modificado hasta llegar a $640.388 en el año 2015”. Después de indagar por servicios similares en el mercado, se “encontró que se hizo un pago superior al del mercado por esta contratación, por un valor de $9.597 millones”. Para sumar: hay “pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por US$7.947 por parte de CB&I”.

En el extenso documento de la Contraloría se resume que “existen anticipos sin legalizar correspondientes a los subcontratos 1289 y 1291,  bajo el pretexto de estar cubiertos por la Carta de Crédito otorgada por CB&I a favor de Reficar, por valor de $41.894 millones”. Aparecen pagos que no concuerdan con las órdenes de cambio aprobadas en los respectivos subcontratos representando mayores costos en la facturación por valor de $13.260 millones.

Pero la situación no para. “Durante el desarrollo del proyecto se presentaron deficiencias en los diseños definitivos para la construcción por parte del EPC, por lo que aumentó el número de horas de ingeniería en la realización de ajustes, modificaciones y consecución de documentos finales, ocasionaron un impacto negativo de compras. Esto generó el uso de 2’341.763 horas de ingeniería adicionales, por un valor no justificado de US$364,6 millones”.

La Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la salida del Glencore del proyecto en 2009, pero según la Contraloría, Ecopetrol no ejecutó los mecanismos para contrarrestar los incumplimientos del socio adjudicatario incluidos en el Acuerdo Marco de Inversión –AMI, que incluían una garantía por valor de US$$75 millones y penalidades consistentes en el cobro de US$$166 mil diariamente.

Respuesta de Reficar

Por su parte, Reficar respondió que la mayoría de los hallazgos de la Contraloría se refieren a problemas de gestión o desempeño en la ejecución de trabajos por parte de la empresa contratista CB&I y algunos subcontratistas. Y niegan que los resultados de la auditoría no hacen referencia a actos de corrupción, desfalco o similares por parte de Reficar, ni existen hallazgos con alcance penal.

Cabe aclarar que actualmente Reficar tiene en marcha un proceso de arbitramento internacional en contra de la compañías CB&I N.V., CBI Colombiana y CBI UK, en el que se busca recuperar los costos.

Desfalco

Los resultados de la primera fase de la auditoría de Reficar son escalofriantes. Según el contralor general de la Nación, Edgardo Maya, el daño fiscal de la Refinería de Cartagena supera los $8,5 billones y es seis veces mayor que el millonario debacle de Saludcoop.

La investigación que analizó 177 contratos (121 de la firma constructora CB&I y 56 de Reficar), por valor de US$1.730 millones, revela que los 36 hallazgos fiscales representan irregularidades por US$943 millones. El resto de hueco fiscal (US$1.936 millones) corresponde al lucro cesante, es decir, al dinero que dejó de producir la refinería por el retraso de 27 meses en la entrega de la obra.

Para entender la magnitud del problema es necesario volver la mirada al proceso de adjudicación del contrato y a todas las anomalías que vinieron con él. Las dos empresas que hicieron ofertas para quedarse con el 51 % de Reficar no certificaron ninguna experiencia en temas de refinación y no superaron el valor mínimo de la licitación. Ni Petrobras ni Glencore, compañía que finalmente se quedó con el contrato, después de duplicar el valor de la oferta, tenían la capacidad para llevarlo a cabo.

Eso se demostró el 16 de febrero de 2009, tan sólo dos años después de haber iniciado la obra, cuando Glencore declaró que tenía un imprevisto que afectaba la ejecución del proyecto de manera definitiva. Dos días después, la junta directiva de Ecopetrol, por unanimidad, autorizó la salida de Glencore y se quedó con el 100 % del proyecto. En ese momento ya estaba contratado el constructor (CB&I), se había definido el modelo de financiación y se habían seleccionado los posibles proveedores.

Para la Contraloría, uno de los primeros errores estuvo ahí. En vez de pagar US$541 millones a Glencore, Ecopetrol debió haberlo sancionado. En efecto, jurídicamente, la repentina salida de la empresa tenía varias consecuencias económicas. Por ejemplo, una garantía por valor de US$75 millones, penalidades por US$166.000 diarios por retrasos o US$40 millones por incumplimiento. Sin embargo, nada de eso se cobró. Glencore salió como si nada hubiera pasado y Ecopetrol, responsable absoluto de la construcción de la refinería, tuvo que crear una entidad tenedora de valores en el extranjero, Ecopetrol Capital AG, que recibió créditos a largo plazo por US$7.000 millones.

En 2012, la filial de Ecopetrol le transfirió US$2.240 millones a Reficar, que, según el contralor general, hoy todavía tiene una deuda de US$1.657 millones con Ecopetrol.

A esta serie de irregularidades, producto de la corrupción o de la negligencia —lo definirá la investigación de la Fiscalía—, se suma el hecho de que todos los contratos están en inglés y nueve de cada 10 tienen errores o cláusulas de conveniencia irregulares.

Por su parte, Reficar respondió que la mayoría de los hallazgos de la Contraloría se refieren a problemas de gestión o desempeño en la ejecución de trabajos por parte de la empresa contratista CB&I y algunos subcontratistas. Y además niega que los resultados de la auditoría hagan referencia a actos de corrupción o desfalco por parte de Reficar. Asegura que tampoco existen hallazgos con alcance penal.

Sin embargo, los efectos de los sobrecostos y las adiciones presupuestales no se han hecho esperar. Mientras la tasa de rentabilidad del proyecto esperada era de 16,10 %, la actual es de 4,35 % y se ubica por debajo de la deuda del proyecto (5,5 %). Lo más grave del asunto es que este a penas es el primer informe de la Contraloría. La segunda parte empezará en enero de 2017 y espera duplicar los hallazgos fiscales.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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