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Mientras cursaba su carrera universitaria de Derecho, Alejandro Reyes consiguió un trabajo que le permitió recorrer e interesarse por esa Colombia que no cabía en los códigos, territorios donde la ley sobre la tierra era impuesta por el más fuerte y no se leía la Constitución porque no se hablaba castellano. La convivencia entre lo formal y lo real. Reyes es uno de los investigadores más respetados de la “cuestión agraria” y sus libros, entre ellos Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, se han convertido en indispensables para conocer la realidad histórica de un problema no solo económico, sino también social: el despojo y el acaparamiento de la tierra en el país. Ad portas de una eventual firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), este académico habla sobre las implicaciones que tiene el acuerdo sobre desarrollo agrario integral logrado en la mesa de negociación y de la necesidad de modernizar el campo para la prosperidad del país.

¿Por qué es tan importante prestarle atención a la cuestión agraria en esta época de transiciones políticas en Colombia?

La experiencia internacional muestra que ninguna sociedad se ha logrado modernizar si no logra resolver su problema agrario. Es decir, si no moderniza las relaciones de producción y los derechos de propiedad en el sector agrario. En el país existen muchísimos conflictos en torno a la ocupación territorial.

¿A qué conflictos hace referencia?

Para mencionar algunos, podemos señalar el conflicto entre campesinos colonos sin derecho de propiedad, que son dueños de mejoras, y comerciantes, inversionistas y propietarios que vienen comprando esos derechos personales de los campesinos y convirtiéndolos en derechos privados de propiedad. Todo esto acudiendo a la violación sistemática de la ley de baldíos, que dice que son imprescriptibles.

¿Quiénes son los responsables de estos hechos?

Los grandes rentistas, los que acumulan la tierra, no para ponerla a producir sino para capitalizar rentas de la tierra. Ese grupo viene haciendo juicios de pertenencia para obtener títulos privados de la tierra colonizada por los campesinos.

Pasemos a la actual coyuntura política. ¿Qué piensa del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) para promover una política de desarrollo agrario integral una vez firmado el pacto final?

Podría calificarse como reformismo moderado. El acuerdo no es revolucionario, tampoco es un acuerdo marxista y no atenta contra la propiedad privada legítima. Por supuesto contempla hacer una reforma rural integral.

¿Cuáles son las tareas más urgentes que debe atender dicha reforma?

Hacer un catastro moderno, multipropósito, bien hecho, porque con este instrumento de regulación estatal del mercado de tierras el Estado sí podría recuperar los baldíos ilegalmente apropiados, también podría formalizar la pequeña propiedad campesina que no tiene título, que representa el 60 % en Colombia.

¿Qué representa esa falta de títulos?

Quedarse por fuera del mercado y por eso sus tierras no constituyen patrimonio, por falta de título. Cuando el campesino sin título muere, lo que les deja a sus hijos es un lío de tierras informales, pero nunca un patrimonio ni una herencia real, entonces Colombia tiene que formalizar la propiedad campesina.

¿Qué debe hacer el Estado con las tierras que han adquirido mediante la violencia los grupos armados ilegales?

Tiene que restituir con mucha más intensidad las tierras despojadas. Actualmente este proceso avanza bien, pero tiene los impedimentos del conflicto. También debe hacer redistribución de nuevas tierras. Se calcula que Colombia tiene unas 250.000 familias sin tierra, de agricultores que no tienen propiedad, entonces son arrendatarios, ocupantes precarios de tierras.

¿Qué piensa de la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)?

Lo que hace la URT es un trabajo generalmente invisible y muy duro. Cada reclamación de tierras implica reconstruir el plano catastral, hacer cartografía social para establecer pruebas de la tenencia, que generalmente es informal, entre otros procedimientos. La restitución de tierras se constituye como una política de avanzada que va entrando a reparar daños del conflicto, pero que a la vez sirve para ir ordenando los derechos de propiedad sobre la tierra, ir sentando las bases para un desarrollo con justicia posconflicto. Propiamente es de justicia transicional. Por supuesto que podría avanzar más rápido sin conflicto armado.

Como investigador, ¿qué rescataría de dicho acuerdo?

Dos principios conceptuales que animaron las discusiones: el primero hizo referencia al enfoque territorial del desarrollo rural. Colombia no tiene un único problema agrario, tiene muchos. Cada región tiene sus características, y el enfoque territorial es un avance conceptual para generar políticas efectivas. El segundo hace referencia a la nueva ruralidad, en donde se comprende que el desarrollo rural no se reduce a lo agropecuario, sino que incluye el turismo, artesanías, agroindustria, comercio, cultura, etc.

En este nuevo enfoque rural, ¿qué papel deben jugar las comunidades locales?

Deben organizarse, participar y definir el ordenamiento ambiental de los derechos de propiedad. Lo sustancial desde el punto de vista del acuerdo agrario es que el desarrollo deja de dibujarse en un escritorio del Ministerio de Agricultura o de Planeación Nacional a ser agenciado, controlado y gestionado por los mismos pobladores rurales, campesinos, empresarios del campo, técnicos, en fin, a todos los que puedan contribuir a profundizar la democracia al descentralizar los instrumentos claves para el desarrollo rural y hacerlo de abajo hacia arriba. La idea del enfoque territorial para el acuerdo de paz y el cambio agrario es darles la voz a los mismos pobladores, que son quienes en realidad conocen los problemas que afectan a su región.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

03/28/2016
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