Los dineros públicos que año a año se roban los corruptos difícilmente regresan a las arcas de la Nación y casi que pueden darse por perdidos.

Así lo revela el informe que el contralor Edgardo Maya le entregó al Congreso de sus cuatro años de gestión, en el cual indica que en ese periodo se iniciaron 4.141 procesos de presunta responsabilidad fiscal, por valor de 21 billones de pesos, de los cuales solo fueron recuperados 700.000 millones de pesos.

En plata blanca, esto quiere decir que de cada 100 pesos que se habrían desviado por corrupción, solo 3 regresaron al erario. El reporte señala que, en gran parte, “se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de 409.471 millones de pesos en desarrollo de 945 procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares”.

Los casi 290.000 millones de pesos restantes regresaron al Estado, entre otras, por cuenta del cobro de multas y sanciones impuestas en años anteriores.

Para Carlos Hernán Rodríguez, auditor general de la Nación, estas cifras son muy pobres y dan muestra de la ineficiencia del control fiscal que se hace en Colombia: “El dinero que realmente se recupera es mínimo y esto tiene que ver, en parte, con la falta de coordinación de la Contraloría General y las territoriales, ya que no hay una misma línea de control concurrente entre estos órganos”, explica.

Nuevas reglas de juego

De hecho, tanto Maya como Rodríguez abrieron el debate esta semana para que se reforme el sistema de control de los recursos públicos, aunque cada uno lo hizo por su lado.

A pocos días de dejar su cargo, Maya radicó un proyecto de ley para darle más dientes a ese órgano de control. “Tenemos un problema, y es que hay mucha prescripción y caducidad de los términos de los procesos de responsabilidad fiscal”, agregó el contralor.

La ley precisaría tiempos y facultades de estos mecanismos, y limitaría su apertura a que los auditores pueden “realmente sustentar un hallazgo fiscal ante el funcionario que adelanta el juicio”, dice la iniciativa.

De otro lado, Rodríguez plantea que se reglamenten los controles preventivos (diferente a previos), ya que –en su concepto– “es imposible que se sepa que se está causando un detrimento patrimonial, pero solo se pueda llegar a certificar cuánto fue lo que se perdió, y no se tenga la chance de emitir algún concepto antes de que se cauce ese detrimento, como en forma de alerta temprana”.

Para esto, agregó, “se debe crear un sistema nacional de control fiscal efectivo, con atribuciones de proponer, coordinar y armonizar políticas públicas cohesionadoras en las materias de su competencia”.

Ahora, la pelota está en el campo del Congreso, el cual también tendría que definir si decide eliminar o no las contralorías regionales, que han sido duramente criticadas en los últimos años.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO

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