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La privatización total de las pensiones podría ser el más espectacular negocio de la historia para un sector financiero ya ultra concentrado, al costo de aumentar la pobreza y la desigualdad en el país.

Sin pudor ni vergüenza los presidentes de Asofondos y de Anif mantienen su ofensiva mediática para impulsar la idea de acabar Colpensiones, privatizar el sistema de pensiones y convertir los ahorros de los trabajadores colombianos en cantera de negocios para los ricos más ricos del país.

Los artificios retóricos y matemáticos con los que tratan de sustentar ese despropósito parten por editar aspectos fundamentales de la historia. El sistema que tuvo Colombia entre 1946 y 1993, solidario, con participación gobierno, trabajadores y empleadores, fue apropiado e inteligente, pero naufragó sin remedio por la corrupción de los gobiernos que en forma irresponsable e ilegal no pagaron sus aportes y regalaron espacios a poderosos sin escrúpulos -políticos, sindicalistas, magistrados- que se dedicaron a saquear el sistema o se adjudicaron pensiones muy superiores al valor de sus aportes.

La puesta en marcha del nuevo modelo -calcado de una reforma neoliberal que acometió hace 35 años la dictadura de Augusto Pinochet en Chile- no resultó mejor. Tanto aquí como allá sus resultados se resumen en una ruina económica y social de gigantescas dimensiones en la cual solo una ínfima minoría de los trabajadores se pensionan, la mayoría con menos del salario mínimo, mientras las administradoras de los fondos obtienen ganancias exorbitantes.

En Chile se percibe con toda nitidez el fracaso de ese sistema. Después de aportar 10 por ciento del valor de sus salarios durante su vida laboral, 91 por ciento de los pensionados de vejez por edad, afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) apenas reciben el equivalente a 62 por ciento de un salario mínimo. Adicionalmente, como ocurre en Colombia, la cobertura es baja y hay grandes diferencias entre las pensiones que reciben hombres y mujeres. Las AFP son entidades ineficientes que como las que funcionan en Colombia cobran altas comisiones, -explícitas y ocultas- a los trabajadores.

Un importante porcentaje de los chilenos, que gracias al buen desempeño de la economía en las décadas anteriores superaron la línea de pobreza, están regresando a esa condición en la vejez. Y la situación tiende a empeorar. La comisión que nombró la presidenta Michelle Bachelet para revisar el modelo, expresa en su informe: “Un 50 por ciento de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo iguales o inferiores a 15 por ciento del ingreso promedio de los últimos años”.

En contraste les va muy bien a los propietarios de las seis administradoras de fondos de pensiones, que hacen grandes negocios con los ahorros de los trabajadores -manejan 62 por ciento del PIB chileno-.

El debate presidencial a punto de concluir en Chile señala que todos quieren cambiar el modelo. Sebastián Piñera -hermano de José Piñera creador de las AFP- propone aumentar los aportes a 14 por ciento, cargando un 4 por ciento a los empleadores. Plantea también incrementos de la Pensión Básica y del Aporte Previsional Solidario, con miras a mejorar la situación que afecta a la clase media, a las mujeres y a la tercera edad.

Alejandro Guillier, el otro candidato que pasó a segunda vuelta, propone entregar la administración de los fondos a una entidad pública, aumentar en cinco puntos las cotizaciones de los trabajadores, reducir las comisiones de las AFP y establecer representación ciudadana en sus directorios. Beatriz Sánchez, la candidata que logró la tercera votación -y que pesará mucho en la decisión final-, asumió las propuestas del movimiento No + AFP que ha realizado multitudinarias protestas contra el sistema. Propone eliminar las AFP y restablecer un sistema solidario, tripartito basado en la seguridad social y no en el lucro del sector financiero.

Contra los cantos de sirena, datos y gráficos poco confiables que publicitan Anif y Asofondos, el destino de los trabajadores colombianos se debate entre la insensatez de universalizar el modelo de capitalización individual “a la chilena” -el postre envenenado que nos ofrecen- o alguno de los sistemas de reparto con activa presencia del Estado que predominan en el mundo -85 por ciento de los países según la Ocde-.

Preocupan mucho al respecto el fracaso del Gobierno que no fue capaz con la reforma pensional y la irresponsabilidad en el cuidado de Colpensiones. Se comienzan a derrumbar los grandes logros en eficiencia y calidad que alcanzó Mauricio Olivera al frente de esa entidad. Son malos e inquietantes los mensajes que encierra que el presidente Santos no hubiera nombrado ahí, desde julio cuando se fue, un reemplazo a la altura.

La privatización total de las pensiones podría ser el más espectacular negocio de la historia para un sector financiero ya ultraconcentrado, al costo de aumentar la pobreza y la desigualdad en el país. Los enormes desequilibrios que enfrenta el sistema no se deben exclusivamente a Colpensiones ni a la prima media y la enorme amenaza que plantean para las finanzas públicas se originó en buena parte en la transición hacia el sistema privado. Es irrefutable que Colombia necesita con urgencia una reforma pensional pero también que no son los trabajadores quienes deban pagar el dramático costo de los fracasos. Se necesita un buen gobierno que además de enderezar la economía, elevar la productividad y reducir la informalidad, asuma con decisión el tema pensional y las reformas necesarias para restablecer un marco de seguridad social en función del bienestar de la población    -en especial de los más débiles y necesitados- y no consagrar un sistema incapaz de pensionar a toda la población, insolidario e inequitativo, al servicio del mercado de capitales. El tema es otro gran ausente en la contienda presidencial en marcha.

Fuente: REVISTA SEMANA

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