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Ese día, Duque dijo que su intención era hacer todo lo posible para que en diciembre estuvieran aprobados varias de esas iniciativas que buscan atacar, desde distintos flancos, la corrupción en el país. “Ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles y el 26 de agosto salimos a votar para solidarizarnos con el sentimiento colectivo y decir que llegó el momento de actuar con firmeza al unísono”, dijo el primer mandatario, quien aseguró, además, que escucharía la voz de casi 12 millones de colombianos que se manifestaron en las urnas en la consulta anticorrupción.

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Pero el deseo dista mucho de la realidad y la implementación de lo que se intentó con la consulta anticorrupción, a través del Congreso, parece evidenciar que el interés principal del Gobierno, y el de los partidos que lo rodean, no está en sacar adelante esos proyectos. Por ejemplo, la Cámara de Representantes, el pasado martes 23 de octubre, hundió la iniciativa que pretendía poner un límite de tres períodos a la permanencia en las corporaciones de elección popular. No sólo la sacó del camino, sino que, desde los debates, el Partido Liberal le intentó meter la condición de consecutividad al proyecto, haciéndole perder todo el sentido al asunto, pues las personas, bajo ese entendido, podían, por ejemplo, ser congresistas durante tres períodos, “descansar” uno y luego volver al Legislativo.

Por fortuna, la plenaria del Senado de la República incluyó esa limitación durante el segundo debate de la reforma política y revivió un asunto que ya parecía muerto. Sin embargo, aún queda abierta la posibilidad de que, al pasar la reforma política a la Cámara, los representantes que hundieron la limitación de períodos puedan meterle nuevamente la mano.

La reducción de los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado y la fijación de un tope de 25 SMMLV para estos no tiene futuro. La ponencia está en manos del representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, y ese partido ha dejado claro que no apoya la reducción sino la congelación de los salarios. De hecho, está radicado en Senado y es ahí donde tiene ponencia, según aseguró la senadora Paloma Valencia.

Lo único que parece tener un camino despejado, y que posiblemente estará listo a final de año, es la intención de eliminar los beneficios judiciales a quienes sean investigados por casos de corrupción hasta que devuelvan la totalidad de los recursos usurpados, así como la imposibilidad para estos de que, en caso de ser condenados, puedan pagar penas en casa. Y esas iniciativas están salvadas porque fueron incluidas por la Fiscalía General de la Nación en un proyecto que ya ha avanzado en el Congreso y que está por culminar el tercer y cuarto debate.

Así las cosas, lo que se inició como una aparente arremetida, por fin, de la clase política en contra de uno de los flagelos que ha afectado al país durante toda su historia empieza a quedar en palabras y podría quedar demostrada, nuevamente, la incapacidad anunciada del Congreso de la República para autorreformarse y para crear las medidas pertinentes para blindar el erario y hacer más transparente el ejercicio de la política.

Todavía no hay mensaje de urgencia

En la medianoche del 29 de agosto pasado, luego de una reunión de varias horas con todas las colectividades en la Casa de Nariño, el presidente Duque anunciaba la creación de la mesa técnica anticorrupción y dejaba sobre el tapete una promesa: radicar esas iniciativas en el Congreso con mensaje de urgencia. “La idea que tenemos es que, en los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica. Y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción, y que podamos, en los próximos meses y de cara al fin de este período legislativo en el mes de diciembre, darles a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley”, dijo Duque.

Ese mensaje de urgencia, que era la llave para que los proyectos tuvieran prelación en el orden del día para los debates, no ha sido radicado y, por lo tanto, una gran parte de las iniciativas están en la lista de espera. “El presidente incumplió el compromiso de radicar el mensaje de urgencia. La consecuencia es que los proyectos quedan en la cola. Ahí empezamos más, porque quedamos de últimos en el trámite”, dijo la exsenadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta anticorrupción y que hoy lidera la veeduría ciudadana para la implementación de lo acordado en la mesa técnica anticorrupción.

Explicó, además, que una de las razones por las que, como promotoras de la consulta, aceptaron la invitación del presidente Duque, además del espíritu de encontrar puntos en común en medio de las diferencias, fue el ofrecimiento del mandatario de llevar al Legislativo con esa orden de urgencia que le confiere el artículo 163 de la Constitución Política. “Eso sólo lo pude hacer el presidente, es un ofrecimiento que no podía hacer nadie más”, agregó López.

En contraste, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, envió una carta a los integrantes de la mesa técnica anticorrupción en la que aseguró que la intención del Gobierno de radicar el mensaje de urgencia se mantiene. “El viernes pasado informé a algunos de los integrantes de esta mesa técnica que, a efectos de permitir el tránsito de las reformas constitucionales, los mensajes de urgencia se radicarán una vez se inicie el debate del proyecto de ley de orden público —marco para proceso de paz— que debe de ser aprobada antes del 16 de diciembre, pues su tiempo de vigencia se agota”, dice en la misiva.

El primer informe de la veeduría ciudadana

Tal como quedó pactado en la mesa anticorrupción, una veeduría conformada por miembros de la sociedad civil haría seguimiento al avance de las iniciativas anticorrupción. Uno de los datos que da el primer informe señala que, de los 25 proyectos radicados, a seis no se les ha asignado ponente, nueve tienen ponente, pero no ponencia para primer debate y diez tienen algún tipo de trámite.

Entre los seis que tiene ponente, pero no ponencia, destacan el de la Procuraduría, que busca “promover la integridad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortalecer el ministerio público” y el que pretende implementar los presupuestos públicos con participación ciudadana, que tiene por objetivo fomentar la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones que los afectan de manera directa.

También menciona los nueve proyectos cuyas ponencias están pendientes por radicar: registro público de cabildeo; rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales; fortalecimiento de las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública; inhabilidades a condenados por corrupción; y el tope de salarios de congresistas y servidores públicos.

 

Estos son los congresistas que no han presentado ponencia de los proyectos anticorrupción.

Fuente: Veeduría a la implementación del acuerdo.

“La responsabilidad de que esto avance en el Congreso es del Gobierno”: Claudia López

La exsenadora Claudia López, en diálogo con El Espectador, hizo serias críticas al Gobierno por no haber radicado hasta el momento el mensaje de urgencia y señala que el Centro Democrático, partido del presidente, está saboteando la implementación de los proyectos en el Congreso.

¿Por qué no hay mucho avance en los trámites? ¿Qué está pasando?

El Centro Democrático siguió en modo de campaña contra la consulta y puede que el presidente tenga un genuino interés en que esto de adelante, pero ese interés no lo tiene la ministra del Interior. Ella es del Centro Democrático, se había pronunciado en contra de la consulta, pero como ministra le ha tocado guardar las formas. ¿Quién debería estar encima del presidente para mover este tema? Pues, la ministra, y eso no pasa.

¿Y por qué considera que hay oposición del Centro Democrático hacia esas iniciativas?

No entiendo la lógica política porque eso los perjudica a ellos. El Centro Democrático queda en contra de casi doce millones de colombianos, demostrando que la clase política es incapaz de reformarse y saboteando al presidente. ¿Qué ganan con eso? Es una deslealtad con el Gobierno y a mí no me hacen ni cosquillas.

¿En manos de quién están los proyectos anticorrupción hoy?

La responsabilidad de que esto avance en el Congreso es del Gobierno. La ciudadanía hizo todo lo que podía: recogió firmas, puso 12 millones de votos. Si sale o no es responsabilidad del presidente de la República. Si se hunde, es porque el presidente hizo “conejo” de frente, porque no movió un dedo, porque el Gobierno no fue a los debates. Nosotros vamos a seguir haciendo “lobby”, vamos a presentar los informes de seguimiento.

¿Y qué esperan los promotores de la consulta? ¿Qué debe pasar ahora?

Creo que hay una luz de esperanza porque al presidente le interesa su pellejo, su prestigio. El presidente sólo tiene que comparar la encuesta Gallup de hace dos meses con la más reciente. Lo que más subió para su favorabilidad fue la lucha anticorrupción. Hay tres señales que debe dar el Gobierno: radicar el mensaje de urgencia, invitar a los parlamentarios a una reunión para sacar adelante los proyectos de la consulta y, públicamente, en los medios, en las ruedas de prensa, en los talleres regionales, insistirle al Congreso que discuta y apruebe las iniciativas. Si da esas tres señales es porque el compromiso del presidente, que es lo único que nos queda, sigue vigente.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR