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El contralor general de la República, Edgardo Maya, entregó al Congreso un informe sobre el balance fiscal del país para que este realice los debates pertinentes de control político a los funcionarios o exfuncionarios responsables de la situación económica.

Entre las cifras más reveladoras está la de la deuda del sector público que fue de 516 billones de pesos en el 2017. Un aumento de 5,9% con respecto al 2016. Y también un déficit fiscal de 23, 81 billones de pesos que corresponden al 2,61% del producto interno bruto y un total de 118 billones de pesos en gasto público social sin que se evidencien los resultados esperados.

El informe fue entregado al presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien dijo que luego de escuchar al contralor, creía que se había quedado corto en su discurso de posesión del presidente Iván Duque.

Maya dijo que no se explica cómo con un gasto público social, que pasó de 40 billones de pesos a 127 billones en 12 años desde el 2005, no se redujo sustancialmente las cifras sobre inequidad y pobreza.

“Hay estudios internacionales que señalan que hoy seguimos siendo el tercer país más desigual de América Latina luego de Haití. Teniendo en cuenta que el gasto público social va dirigido a la población vulnerable, al analizar la pobreza en el periodo de tiempo de inversión está no disminuyó en niveles proporcionales”, explicó.

En ese sector del gasto la Contraloría encontró más de $3.000 millones de pesos en hallazgos para la vigencia de 2017.

El contralor explicó que el índice de Gini, un indicador que mide la calidad de vida de los ciudadanos, pasó de 0,56 a 0,52 en 10 años, siendo cero el mejor puntaje. Un aumento muy bajo para un periodo tan largo.

En el sector ambiente.

Maya hizo duras críticas al sector ambiental. Dijo que las CAR necesitan una legislación urgente para que se definan reglas claras sobre su operación y su administración de recursos. Aseguró que no se hizo una priorización de los problemas ambientales en las regiones y que la inversión no dio los efectos planeados.

“El sector ambiental ocupa un lugar secundario en la designación del presupuesto general de la nación. Se evidencia una desarticulación en la ejecución de recursos por parte de las entidades de sistema nacional ambiental. Los recursos de la contribución parafiscal del sector eléctrico están siendo usados por las corporaciones para financiar gastos administrativos diferentes a los establecidos por la ley”, agregó.

El contralor dijo que en regalías hay 13 billones de pesos que no se ejecutaron y que están en los bancos. 1.3 billones de pesos que debían ser invertidos en ciencia y tecnología pero que los Ocad no apropiaron y administraron por lo que terminaron invertidos en vías terciarias, un fin completamente diferente a su destinación.

Finalmente, Maya habló de su gestión. Informó que va a entregarle al país un listado de “la manada de elefantes blancos” como una represa en la Guajira por $600.000 millones de pesos, las conclusiones sobre HidroItuango, y argumentó que el Fonade debería ser eliminado tras los escándalos de corrupción.

De otro lado,  el contralor afirmó que el 80% de la explotación minera en el país es ilegal.

Fuente: BLURADIO