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Si bien ideológicamente no podían estar más distantes, como se refleja en la polarización que vive Colombia por cuenta del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, hay una característica que une a los promotores del Sí y el No en el plebiscito: no han publicado las cuentas de campaña con la celeridad que deberían. Los aportantes aquí mostrados son apenas el panorama inicial de las cuentas del plebiscito. Los financiadores y cifras consolidadas sólo se conocerán en su total dimensión hasta el próximo 2 de diciembre.

Pero, desde ya, existe el compromiso de complementar esta investigación con los datos que se conozcan en esa fecha. Por ahora, de los 129 comités inscritos a nivel nacional ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, para promover una de las dos opciones, solo 17 registran información de sus financistas hasta la fecha de corte de esta investigación, el 23 de octubre. Entre todos, un total de ingresos reportado de $3.211 millones.

Por el Sí se inscribieron y fueron aprobados 113 comités, de los cuales solo 15 han reportado información. Por el No se inscribieron y fueron aprobados 16, pero solo dos registran datos de su financiación, ambos de la cuerda del Centro Democrático. Aunque según información del CNE fueron inscritos y admitidos para hacer campaña por el Sí y el No un total de 1.836 comités en todo el país, entre nacionales, departamentales, municipales y locales, Colombiacheck solo investigó los comités a nivel nacional.

Según la ley 1475 de 2011, en cuanto a la financiación de las campañas electorales, los partidos, movimientos u organizaciones deben presentar informes parciales de sus cuentas de campaña. El plazo máximo para entregar las cuentas definitivas se cumple transcurridos dos meses de la votación. Así que, en teoría, las cuentas consolidadas de los diferentes comités que participaron en la campaña del plebiscito se conocerán hasta el próximo 2 de diciembre.

De acuerdo con Sandra Martínez, coordinadora del Programa Transparencia en la Política de la organización Transparencia por Colombia, las cuentas de campaña deben ser publicadas ocho días después de realizar cada gasto en el aplicativo Cuentas Claras en Elecciones del CNE, el cual es de acceso público.

“Cuentas Claras debe funcionar como un libro contable, es decir, las organizaciones deben publicar allí sus ingresos y gastos mientras adelantan la campaña”, algo que, en su gran mayoría, no han hecho los comités a nivel nacional. Para Martínez es comprensible que un buen número de comités aún no publiquen sus cuentas porque muchas de estas organizaciones no participan con frecuencia en este tipo de procesos electorales y contables, además, “no conocen cómo funciona el aplicativo y muchas son organizaciones pequeñas”, explicó. Sin embargo, la coordinadora de Transparencia dijo que los grandes partidos “sí conocen cómo funciona Cuentas Claras”, pues esta herramienta de transparencia entró en vigencia desde las elecciones de 2011. Pese a ello, aún no publican las cuentas de la campaña por el plebiscito.

También explicó que el plazo que la ley otorga, hasta el 2 de diciembre, es para consolidar lo que han ido reportando y para hacer cambios mínimos, “no para esperar hasta ese día y publicar la totalidad de sus ingresos y gastos”. Se corroboró que las colectividades que aún no han reportado su lista de financiadores son: los partidos de la U, Liberal, Conservador, Opción Ciudadana y el Movimiento Progresistas, que tuvo como gerente de campaña a Jimena Castellanos, quien fue investigada y absuelta por la Fiscalía debido a la compra irregular de un lote cuando se desempeñaba como asesora jurídica durante la alcaldía de Samuel Moreno.

El Polo solo ha reportado un financiador, fue Gustavo Ruben Triana Suárez que dio $5 millones. Él ha sido secretario general de esa colectividad y además directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. El comité de los ‘cacaos’ del Sí Se trata de “Colombia Próximo País”, comité que gerencia Juan Antonio Pungiluppi Leyva. Dicha organización reportó $505 millones recibidos de 21 aportantes y otros $8 millones que puso el mismo gerente.

Pungiluppi fue muy cercano a la familia Santo Domingo, Alejandro fue su padrino de boda, pero desde 2010 inició su propio camino fundando Teka Capital, una firma de inversiones dedicada al mercado de valores de la que es cofundador junto con Diego Córdoba, quien también ha sido muy cercano a la familia Santo Domingo. Este último fue durante cuatro años presidente de Valorem SA, un conglomerado de esa familia en el que le tocó manejar un portafolio de 18 compañías, entre ellas Caracol TV. De los 21 financiadores del comité “Colombia Próximo País” hay seis empresas dedicadas al negocio de vigilancia y otras tantas dedicadas a la construcción e ingeniería.

También se encuentran pesos pesados del sector empresarial vallecaucano como el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien a través de la Siderúrgica del Occidente, de la cual es fundador, aportó $50 millones. Por el lado de las empresas de vigilancia (Vigilancia Acosta, Vise Ltda, Serdan S.A, Deas, Atlanta y Compañía de Servicios de Vigilancia) todas giran bajo un mismo nombre, Jesús Hernando Acosta Martínez, un hombre que según una investigación del portal Las Dos Orillas, logró tener bajo su dominio “la seguridad de la mayoría de entidades del Estado y las grandes empresas privadas”.

El emporio de vigilancia se inició con la empresa Vise Ltda que tuvo un multimillonario contrato con la Unidad Nacional de Protección, UNP, que estaba  bajo la administración de Andrés Villamizar Pachón, funcionario de las entrañas del senador Carlos Fernando Galán y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. En la campaña por el Sí, cada una de estas empresas dio aportes individuales que sumados alcanzan los $90 millones para el comité “Colombia Próximo País”. Estas seis empresas hacen parte de las diez que conforman el grupo empresarial Altum que, según información de noviembre de 2015 de la Cámara de Comercio de Bogotá, están subordinadas por Acosta Martínez. Otra empresa de vigilancia, Aseisa Ltda., que no hace parte del grupo Altum, aportó al mismo comité $10 millones de pesos.

La empresa que más contribuyó económicamente a este comité fue Bongo L&A SAS que puso $115 millones. Como dato curioso sus dos principales accionistas, cada uno con el 49,8%, no son colombianos. La primera es Aksel Kivilcim Iskira, de origen bosnio; el segundo es Wolfgang Karl Langner, alemán. Estos dos personajes además de ser los dueños de dicha empresa comparten otra característica en común, manejan sus negocios desde la República Democrática del Congo. Bongo L&A SAS se dedica a la importación y tiene como razón social el almacenamiento y depósito, además de actividades inmobiliarias. Su representante legal es Karl Langner y como suplente está Mario Bernal Sandoval, según la información que reposa en el Registro Único Empresarial y Social, Rues. Por el lado de las personas naturales los grandes aportantes del comité son Carlos Arcesio Paz Bautista, César Augusto Caicedo Jaramillo, Carlos Andrés Uribe Arango y Andrés Uribe Crane.

El primero fue el que como persona natural aportó más recursos para el sí con $100 millones de pesos. Por años se desempeñó como presidente de la Harinera del Valle. El segundo es presidente del Grupo Empresarial Colombina, quien apenas aportó $5 millones. Por su parte Uribe Arango y Uribe Crane, aportaron cada uno $25 millones al Sí y ambos financiaron en 2015 la campaña de Enrique Peñalosa por la Alcaldía de Bogotá.

Estos financistas son cercanos al sector de la construcción porque se registraron como accionistas de la empresa Ladrillera Santa Fé. Además, controlan Asesorías e Inversiones Andina, como gerente y subgerente, una empresa que también dio $25 millones al comité de “Colombia Próximo País”. Otra financiadora del comité gerenciado por Pungiluppi es Mincivil SA, una empresa del mundo de la construcción y la ingeniería, cuyos accionistas mayoritarios son los hermanos Carlos y José Franklin Greidinger Betancur, junto con otros miembros de su familia. José Franklin ha sido condecorado con la Orden al Mérito Julio Garavito en el grado Cruz de Caballero por parte de la administración Santos, como lo registra la revista Anales de Ingeniería en la página 95 en su edición 922 de 2012.

Este constructor también ha estado en el ojo del huracán por la caducidad del contrato de la represa el Porce en Antioquia, según un informe de 2008 publicado por la revista Semana. Otros comités por el Sí El otro grupo político que ha reportado algo de sus cuentas de campaña es el Mira, partido cristiano que apoyó el sí y que registra $20 millones como aporte. La gerente del comité fue Martha Liliana Agudelo, exgobernadora del Caquetá. El Mira dice que los $20 millones los entregó un único aportante, su propio partido, sin embargo, Sandra Martínez, coordinadora de Transparencia, señala que este tipo de información es insuficiente “porque no aclara el origen de los recursos de la colectividad política”. Los otros comités que hasta el momento han reportado son: “Con la Paz Renacemos” que gerencia Adriana Córdoba, esposa de Antanas Mockus.

El comité recibió $145 millones de un único aportante, la Fundación Avina Colombia, que se describe como una ONG enfocada en producir cambios para el desarrollo sostenible en América Latina. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, reportó $100 millones de ingresos provenientes de sus recursos propios. El comité de León Valencia llamado “Siudadanos” publicó en Cuentas Claras $7 millones que dice haber obtenido de actos públicos y por donaciones de dos personas naturales: el abogado y periodista Ramón Jimeno y Jorge Alberto Tovar Beltrán. “Fundación Partido Cultural y Comunitario” es otro de los grupos que ha reportado. El comité lo gerencia Venus Albeiro Silva, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, quien reportó $6 millones de ingresos por medio de ayudas en especie de Yeisson Leonardo López Reyes, Derly Sánchez Junca y Alfredo Silva.

“Cecam”, comité conformado por un grupo representativo de ciudadanos que reportó $3 millones de ingresos de fondos propios. Otro de los comités que reportó es el que gerencia Nelly Alfaro Betancourt, cuyo reporte en Cuentas Claras señala cien mil pesos de ingresos. Su organización en favor del sí la denominó “Yo Soy Líder, Yo Soy Paz, Sí a la Paz”. Los Vargas Lleras en la financiación del Sí Uno de los hallazgos salió del reporte entregado por el comité de Cambio Radical, que tuvo como gerente y representante legal a Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Colombia. Y es que pese a las dudas que manifestó el vicepresidente sobre la conveniencia de votar sí, personas de su círculo más cercano han reportado $660 millones con los que financiaron al comité “Colombia sí a la Paz”, una fundación que tiene por director ejecutivo a Javier Alberto Hernández López, quien fue viceministro de Infraestructura, cartera que ha manejado el vicepresidente.

Esta fundación aparece como el principal aportante de los comités de los partidos Cambio Radical y Alianza Verde. Al primero le dio $315 millones y al segundo otros $245 millones que recibió a través de su propio comité bautizado, “Sí a la Paz Alianza Verde”. La fundación gerenciada por Hernández López ha reportado $150 millones de ingresos hasta la fecha, los cuales provienen de dos empresas: Lamitech SAS y Azembla SAS. La primera aportó $50 millones y está registrada en Cartagena donde se dedica al diseño especializado con laminados decorativos. Sus representantes legales son Juan Manuel González Arbeláez y Katia Benedetti Padrón. La segunda empresa, con $100 millones de aporte, también está registrada en Cartagena, pero se dedica a la producción de plástico. Sus representantes legales son el ingeniero civil Carlos Alberto Alejandro Albán González y Luis Alberto Rincón Izquierdo.

Aparecen los del No La lista de comités que hasta el 23 de octubre habían publicado sus cuentas la cierran los que fueron manejados por el Centro Democrático. El primero lleva el nombre del partido y fue gerenciado por Andrés Gallego Segovia; el segundo es “La Paz es de Todos”, cuyo gerente es Juan Carlos Vélez Uribe, excandidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Vélez generó un gran escándalo por una entrevista concedida al diario La República en la que confiesa que el Centro Democrático hizo propaganda en contra de la refrendación del acuerdo de paz, apelando a engaños y tergiversaciones porque “estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”, como se lo dijo también al periódico El Colombiano. Aunque luego se retractó y renunció al partido del expresidente Uribe, sus palabras produjeron un alto impacto negativo para los financiadores del No.

De los 14 comités del No que todavía no reportan un peso están el de “Mejor No” de Jaime Castro; el de Javier Suárez, un polémico exseminarista muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez que, según El Espectador, representa una fundación la cual persigue a notarios y jueces que han unido en matrimonio a personas del mismo sexo. Finalmente, hay otros comités con nombres llamativos: Cordepaz La Paloma Violada, El Acuerdo Final No Construye La Paz, Todos Contra Las Farc, entre otros. Papeles de Panamá y lavado de activos, entre los financiadores del No De los 90 financiadores reportados hasta ahora por los promotores del Sí y el No, 49 fueron aportantes de dos comités del Centro Democrático que apoyaron la no refrendación del acuerdo final.

La investigación demuestra que los antioqueños fueron fundamentales para financiar esta opción ya que de esos 49 financiadores se pudo comprobar que 25 aportantes (entre personas naturales y jurídicas) tienen algún vínculo con Medellín, el Aburrá Sur o el Urabá, de acuerdo al Registro Único Empresarial y Social, Rues, y otras bases de datos. Entre los financiadores de los comités del Centro Democrático aparece Elvia Jiménez de Urrea, quien no solo aportó $10 millones a nombre propio, sino otros $4 millones bajo la empresa Portacap SAS, de la que ella es gerente y representante legal. No es la primera vez que Jiménez de Urrea aporta a las campañas del senador y expresidente Uribe, en 2006 le dio $11,5 millones para su campaña a la presidencia y en 2014 aportó $588.000 para su campaña al Senado.

Jiménez de Urrea además de fiel financiadora del expresidente Uribe, hace parte de las personas que aparecen en la famosa lista de los Papeles de Panamá. Está registra como intermediaria de tres empresas. Otro de los financiadores de uno de los comités del Centro Democrático es Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, miembro de la junta directiva de la Compañía de Profesionales de Bolsa, una conocida empresa dedicada al mercado de valores, que ha sido sancionada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que además, ha estado incluida en la lista de comisionistas de bolsa que la justicia estadounidense ha señalado como facilitadores de lavado de activos. Los ‘parapolémicos’ financiadores del No Luego de que los comités del No auspiciados por el Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe reportaran sus cuentas de campaña del plebiscito, el portal Verdad Abierta publicó un completo informe en el que mostró los posibles nexos entre despojadores de tierras, paramilitares y financiadores del uribismo.

Esta publicación le dio alas a los congresistas Claudia López e Iván Cepeda (este último del Polo, un partido que hasta ahora solo reporta $5 millones en la campaña del plebiscito) para solicitar una investigación a la Fiscalía y al CNE con el ánimo de que indaguen si personas y empresas que aportaron al no tienen vínculos con paramilitares. No es la primera vez que esto sucede, en las elecciones de Congreso en 2014, varios de los financiadores de la lista de Álvaro Uribe al Senado tuvieron esos mismos cuestionamientos. En aquella elección Cepeda por medio de una misiva también lo advirtió. Algunos de los nombres que dio y que concuerdan con los financiadores de 2014 de la lista al senado del Centro Democrático son los hermanos Guillermo (ya fallecido) y Jaime Henríquez Gallo, que dieron dinero por medio de empresas en las que han aparecido como representantes legales: Unibán, Nido de Jabalí, Agropecuaria Viena, G. Hernández Agropecuaria Lagunilla, Agropecuaria Los Cunas, Agrícola Santamaría, G & J Henríquez & Cía, Distribuidora Agrícola La Urabá, y Banaexport. Estos dos hermanos aparecen en la lista que el exparamilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, dio a la Fiscalía 25 de Medellín donde los señala como personas y empresas con posibles nexos con estos grupos de autodefensas.

En los financiadores de la campaña del 2016 para votar por el No, Jaime Henríquez Gallo, excongresista del Partido Liberal, estuvo presente bajo la empresa Bananera Augura de la que es directivo. La empresa aportó $33 millones. Otros financiadores de 2014 que aparecen en la lista de Hasbún y cuyos nombres se repiten ahora entre los financiadores de la campaña del Centro Democrático, son Nicolás Echavarría Mesa y uno de los hermanos Posada Echeverri. Echavarría fue el gerente de la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y ahora, en 2016, su aporte a la campaña por el no se hizo dio por medio de la Fundación Social Banafrut, una ONG controlada por la empresa bananera del mismo nombre y de la que es directivo. La fundación de Banafrut puso $10 millones.

Por su parte, en 2016, Rodrigo Posada Echeverri (quien está en la lista de Hasbún) aparece aportando $3 millones a la campaña por el no. En 2014 su hermano, Juan Camilo Posada Echeverri, también aportó a la lista de Uribe en el Senado, con una pequeña donación de $47.000 pesos. Pese a los señalamientos de las autoridades, el senador Uribe ha defendido a sus financiadores. En 2014, por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter: “Ni Guillermo Henríquez, ni Jaime su hermano son paramilitares ni compinches de Farc, el segundo es jefe de Santos en Urabá. Equivocado y honorable”. Grupo Ardila Lülle, ¿lavadas las manos?

Otro de los grandes aportantes del No al plebiscito es la Organización Ardila Lülle, OAL, que mediante un crédito y por medio de uno de sus medios, RCN Radio, contribuyó con $210 millones. La OAL, luego del escándalo por la confesión de Juan Carlos Vélez, emitió un comunicado en el que advierte que, además del crédito que facilitaron a los comités del Centro Democrático, también apoyaron a otras campañas (comités) que promovieron el Sí. La OAL dejó claro que estos hechos se podrán probar el 2 de diciembre cuando todos los comités entreguen sus cuentas de campaña, la organización también explicó que a lo largo de su historia “ha apoyado de manera proactiva a la democracia colombiana, a los partidos, a las instituciones democráticas”.

Lo que no mencionó en su comunicado es que en ese “apoyo proactivo a la democracia colombiana” se han inclinado por una corriente en particular, el uribismo. En 2014, con datos y evidencia en mano, se comprobó que RCN Televisión SA fue el máximo financiador empresarial de la lista al senado de Álvaro Uribe, el canal dio $786 millones, lo anterior si se suman los aportes de todos los candidatos al senado que integraron la lista del Centro Democrático. Por la misma senda que el grupo Ardila Lülle aparecen en el listado de financiadores del No, tres empresas que llaman la atención: Seguros Bolívar, Davivienda y Google Inc. Las dos primeras dieron $292 millones a los comités de la campaña por el no en el plebiscito. Sorprende este aporte especialmente viniendo de Seguros Bolívar que durante años ha patrocinado el premio nacional de periodismo Simón Bolívar.

Ambas compañías explicaron a la W Radio que también habían financiado la campaña por el sí en el plebiscito, pero hasta ahora no aparecen reportados esos apoyos. La tercera es nada menos que el omnipresente buscador universal, Google Inc. Empresa que en Colombia está registrada desde 2008 como Google Colombia Ltda. y, según información disponible en el Registro Único Empresarial y Social, se dedica a la publicidad. Esta compañía aparece en el reporte de aportantes financiando la opción del no a través de dos créditos por un valor total de $144.228.163 millones. Actualización Al día siguiente de publicar la investigación sobre los financiadores del plebiscito, tanto los que aportaron a los comités que promovieron el Sí como a los que promovieron el No, fuimos contactados por Susana Pabón, vocera de Google Colombia, quien nos pidió publicar una declaración de esta empresa. “Google no realizó contribuciones financieras a ninguna de las partes de la campaña del plebiscito en Colombia. La información publicada en Colombiacheck refleja una transacción comercial que involucra la compra de publicidad por parte de un tercero en la plataforma publicitaria de Google”, explicó Pabón.

Colombiacheck aclara que la información divulgada corresponde a las cuentas oficiales reportadas por los comités del Sí y el No ante el Consejo Nacional Electoral por medio de su aplicativo de Cuentas Claras en Elecciones hasta el 23 de octubre. Allí aparece la empresa Google Inc reportada por el partido Centro Democrático como parte de su listado de financiadores con dos créditos, como explicamos en el último párrafo de la investigación. De acuerdo con el artículo 20 de la ley 1475 de 2011, que regula la financiación de las campañas electorales en Colombia y estipula las seis fuentes de financiación a las que pueden optar los candidatos de los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos con el sector privado, se debe contar entre esas fuentes “las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares”.

Es por esa razón que el partido Centro Democrático reportó a Google Inc en su lista de financiadores, pues de acuerdo a dicha ley, hasta que el crédito este vigente hará parte de la financiación de dicho grupo político, cuya postura ante el plebiscito y el acuerdo de paz es ampliamente conocida. Colombiacheck cuenta en la investigación qué individuos y qué empresas aparecen en los listados oficiales de financiadores. Así lo seguirá haciendo periódicamente con el ánimo de mejorar el debate público en nuestro país.

*Este artículo fue publicado originalmente en Colombiacheck, un proyecto periodístico impulsado de Consejo de Redacción financiado por Open Society Foundations. Se trata de una plataforma digital, abierta y colaborativa, que publica artículos basados en la técnica de comprobación de hechos y datos, que proviene de una larga tradición del periodismo anglosajón y se conoce como fact checking.

Fuente: PACIFISTA

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