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Esneider González

Eran las 8:00 p. m del miércoles 19 de octubre cuando atentaron contra Esneider González, miembro de varias organizaciones campesinas locales y regionales del Cauca. Aunque recibió tres impactos de bala (dos en la cabeza y uno en la espalda), fuentes de la Clínica del Valle del Lili en Cali, a donde fue trasladado, confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

González es un líder conocido en el departamento: integra la Asociación de Victimas Arte Paz y Vida, la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto (Astrazonac), la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc) y el movimiento político Marcha Patriótica en Cauca, entre otros.

Según el Congreso de los Pueblos, González recientemente participó en las visitas oficiales de la comisión del Mecanismo de Monitoreo y verificación (MM&V) a la vereda la Cominera de Corinto, donde se instalaría la zona veredal transitoria donde los miembros de las FARC harían su transición a la vida civil durante los 180 días que duraría el proceso de dejación de armas.

Por esta preocupante situación, Maribel Lozano -la esposa de Esneider González- y sus hijos tuvieron que salir del municipio con medidas de protección por parte de la Policía. ¿La razón? Lozano también es una líder campesina, defensora de Derechos Humanos y presidente de una asociación de víctimas en Corinto. Ella teme por su vida y la de su familia.

“En el municipio estamos muy preocupados por los hechos que se han registrado en los últimos días, que se suman a la muerte de la señora Cecilia Coicué y a la de dos jóvenes asesinados en el pleno parque principal frente a la Alcaldía y a pocos metros de la Policía”, manifestó el alcalde de Corinto, Edward Fernando García.

Y es que en lo que va del 2016, en Corinto se han presentado 30 homicidios, una cifra bastante alta para un minicipio de 32.000 habitantes. Uno de los más recientes fue el pasado 24 de septiembre, cuando asesinaron a dos jóvenes en pleno parque principal.

El otro fue el asesinato de la líder comunitaria Cecilia Coicué, de 58 años, que fue encontrada muerta cerca de una quebrada que colindaba con su finca ubicada en la vereda La Cominera de Corinto.

Este asesinato acaparó la atención de los medios de comunicación sobre todo porque se trataba de la mujer que alquilaría sus tierras para instalar una zona veredal transitoria en la vereda la Cominera, en Corinto. La misma que Esneider González visitó como parte de la comisión de verificación.

“No vemos soluciones y sí más bien una actitud de varias instituciones en desconocer lo que se está presentando y no asumir el problema que se ve venir hacia futuro en nuestro municipio”, manifestó el alcalde Corinto, quien contó a Semana.com que teme que la zona veredal transitoria se la lleven para otro lugar y usen esa decisión para “evadir el problema y después dejarnos solos, como siempre nos ha pasado a los corinteños. A nosotros solo nos queda la estigmatizacion y el pueblo no recibe ningún apoyo estatal importante”.

Este domingo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, llegó a este municipio caucano para reunirse con el alcalde y comandantes de la Fuerza Pública para tratar la difícil situación de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. Allí se generaron compromisos por parte de la Policía para investigar quiénes estarían detrás, mientras el defensor programó una reunión con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para contarle lo que está sucediendo.

La situación que vive el norte del Cauca es preocupante. Y no es para menos. Está región, que ha sido históricamente un fortín de las FARC, disfrutaba los efectos del cese al fuego. Los combates, atentados y asesinatos estaban pasando a ser parte del pasado. Ahora temen que nuevos grupos armados empiecen a tomarse el territorio, pues de nada sirve que las FARC dejen la zona, si el Estado no llega a hacer presencia.

Pero el alcalde de Corinto no es el único que intenta llamar la atención de las autoridades. Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, aseguró que este tipo de casos se están volviendo constantes y la mayoría se han presentado en el sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño.

“Las comunidades han venido sintiendo cómo los paramilitares han tomado control en el territorio. Atentan contra los líderes que no apoyan proyectos de minería, o que trabajan por la restitución de tierras, o que apoyan el acuerdo de paz. Es como un patrón que se está presentando en varias regiones”, manifestó a Semana.com.

Según dijo, no ha sido fácil que el Gobierno les preste atención. ”El Gobierno manifiesta preocupación, pero brinda garantías cuando ya ocurre el atentado o cuando ya hay amenazas”, reclamó.

En el primer semestre de este año 35 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia y 279 sufrieron algún tipo de agresión, según un informe de la ONG Somos Defensores. Y esta cifra podría aumentar considerablemente si se tiene en cuenta que en los últimos dos meses los atentados con los líderes han sido más constantes.

Otros lamentables casos: La Sierra, Cauca

Corinto no es el único que sufre. La semana pasada, la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca) denunció el asesinato de uno de sus líderes en La Sierra, al sur del departamento.

Se trata de Yimer Chávez Rivera, de 31 años, un defensor de derechos humanos responsable de la guardia campesina en la vereda Frontino de ese municipio, una propuesta de paz que implementó Ordeurca que busca la apropiación y protección del territorio.

Esta organización se pronunció ante el acontecimiento y aseguró que “a pesar de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno y los avances en el proceso de paz con el ELN, el Cauca ha visto un incremento en las agresiones y amenazas en contra de los hombre y mujeres que defienden el territorio”.

La organización aseguró que el pasado mayo otra integrante, llamada Ana Milena Miranda, sufrió un atentado.

Almaguer, sur de Cauca

El pasado lunes 29 de agosto, en la vereda La Herradura de este municipio caucano, seis hombres armados y vestidos de camuflado asesinaron a los líderes caucanos Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo. Los tres eran defensores del medio ambiente y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).

Tumaco, Nariño

En el último fin de semana de agosto cuatro líderes indígenas Awá fueron asesinados en Tumaco. El día 26 fue asesinado el líder Camilio Roberto Taicus cuando se dirigía a su casa en el resguardo Hojal la Turbia de Tumaco.

Solo tres días después, el 29 de agosto, los hermanos Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21), fueron asesinados cuando se desplazaban desde el corregimiento de Llorente al resguardo Hojal La Turbia.

Pero no fue todo. Ese mismo día se apareció el cuerpo sin vida del indígena Diego Alfredo Chirán, de 24 años, que duró un día desaparecido.

Amenazas

Las amenazas de muerte que le hicieron llegar a la vocera del campamento por la paz en Montería,  Elena Mercado, a través de una llamada telefónica hicieron que el campamento por la paz, que completaba 25 días fuese levantado en la capital cordobesa.

Elena Mercado, narró a la W Radio, lo sucedido pero advierte que continuará con su lucha incansable por la paz desde esta región.

“Nos vemos obligados a desmontar el campamento por la paz, por las amenazas que recibí esta madrugada vía telefónica. Decían que el campamento por la paz era un nido de guerrilleros escudados en el temita de la paz; que conocen todos mis pasos, a dónde voy y a dónde vengo con el cuentico de la paz. Me dijeron que no me hiciera matar como otras personas que han hecho caso omiso a este tipo de advertencias  y que la próxima vez que durmiera iba a ser en un cementerio”, afirmó Elena Mercado.

Así mismo,  sostuvo que a través de la Fundación Cordobexia, continuará trabajando hasta tanto sean refrendados los acuerdos de paz, que era la finalidad del campamento en Montería.

“No vamos a permitir que nos arrebaten este momento de constricción de paz”, puntualizó la líder.

Cabe anotar, que cerca de 53 personas soportaron  las inclemencias de las altas temperaturas que azotan a la ciudad de Montería en jornadas diurnas y en horas nocturnas las lluvias que en los últimos días han sido frecuentes en esta sección del país.

“No nos van a callar”

Nosotras las madres de Soacha pedimos que por favor-

Se detiene. Parpadea una vez y sus ojos se clavan en las cámaras de televisión. Su tono de voz, antes bajo como sus ojos, se levanta –como un muro, como un puño–: “No, por favor nada. Es una obligación del Estado que nos ayude y que nos apoye”. Que paguen los militares culpables de asesinar de fiorma extrajudicial a su hijo, Víctor Fernando Romero, en Ocaña (Norte de Santander). Que culmine un juicio que se ha extendido por casi una década, dice.

Carmenza Gómez, la mujer que habla, respira rápido. “No vamos a esperar más, estamos cansadas, nos tienen hasta la coronilla. A nosotros nos están viendo la cara de qué, ¿de pendejas? NO MÁS”, dice. Y detrás de ella, en el cuarto piso del Juzgado Primero especializado de Cundinamarca, Cecilia Arenas y Luz Edilia Palacio, también madres de Soacha, asienten. Carmenza Gómez ha asistido a todas las audiencias desde que en 2008 comenzó el proceso por cinco de los 19 casos de “falsos positivos” de Soacha.

Uno de los abogados defensores, le explicó a El Espectador que en el proceso se unieron dos hechos de ejecuciones extrajudiciales por “la cercanía en el tiempo entre los dos episodios y porque ambos siguieron el mismo patrón”. Se trató de los homicidios de los jóvenes Julio Cesar Mesa y Jhonatan Soto en julio de 2008; y los de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andres Bustamante, en agosto del mismo año.

Por los hechos están siendo juzgados 21 militares. Entre ellos, el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, ya condenado a 35 años de prisiónpor otro caso de ejecuciones extrajudiciales. Precisamente para escuchar si el juez los declaraba culpables o inocentes es que seis madres de Soacha se encontraron el pasado 4 de octubre en los Juzgados Especializados de Cundinamarca. Y, precisamente al enterarse que la audiencia sería aplazada fue cuando Carmenza Gómez dijo ante los micrófonos y las cámaras, “estamos cansadas”.

El abogado que no asistió a la diligencia judicial, Jesús Herrera, argumentó que se encontraba internado en urgencias del Hospital Militar. No obstante, según una de las abogadas de las víctimas, han sido ocho años en los que “si uno analiza sistemáticamente la situación, puede ver que lo que pasó no es fortuito. La ausencia bien sea de los abogados de la defensa, o de los mismos imputados, ha sido una constante”.

Los primeros escollos ocurrieron cuando una de las abogadas de la defensa, Hilda Lorena Leal, fue acusada de presionar testigos para retractarse, así como de ofrecerles dinero e incluso, amenazarlos si seguían confesando. El 9 de octubre de 2012, la mujer fue suspendida para ejercer como abogada de por vida. Luego, en septiembre del año pasado, fue conmemorada por el Ministerio de Defensa con una “medalla militar como reconocimiento a quienes han dedicado su labor a la protección de derechos humanos en el país”.

Pero eso no fue todo. La apoderada de una de las víctimas señaló que si bien el juicio oral se tardó por la gran cantidad de material recogido –la Fiscalía presentó 500 pruebas-, se hace “evidente” que los seis abogados de los 21 militares acusados han demorado las cosas. Y es que solo en la última parte del juicio, los alegatos de conclusión, mientras que Fiscalía, víctimas y Defensoría presentaron sus posiciones en el lapso de una semana, la parte defensora se tardó más de un año.

“Se demoraron meses presentando sus argumentos, pedían más tiempo, alguno llevó todo el expediente. Una vez, casualmente a las 4:55 de la tarde del día anterior a la audiencia un abogado presentó una renuncia, otro día uno dijo que un virus le borró los archivos”, explicó la abogada de víctimas que prefirió reservar su nombre.

Finalmente, el pasado primero de junio finalizaron los alegatos de conclusión cuya exposición comenzó en la semana del 26 de noviembre de 2014. Tanto la Defensoría como la Fiscalía y las victimas solicitaron la pena máxima y que los homicidios se declaran como crímenes de lesa humanidad. “Fueron crímenes sistemáticos, tenían un perfil claro en sus víctimas y los hicieron buscando que quedaran en la impunidad”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Cuatro meses esperaron las cinco madres de los jóvenes de Soacha para escuchar si los militares serían condenados. “Y ahora nos vuelven a dejar en el aire, volteando de aquí para allá. No es justo, esto no es justo”, gritaba Luz Edilma Sánchez en la salida del Juzgado. Luego, cuando cesaron los gritos y solo quedaron sus sollozos, los oficinistas, que desde todos los pisos se asomaron, regresaron a sus puestos de trabajo. “Pero nunca nos vamos a callar. Que lo sepan bien: nunca”.

 

¿Uribe afuera?

Más allá de cómo termine esta fase de ajustes al acuerdo de La Habana, y de los múltiples esfuerzos que tanto el gobierno como las FARC vienen realizando para incluir a los múltiples sectores que promovieron el No en el plebiscito en un pacto de paz, todo parece indicar que el Centro Democrático se quedará deliberadamente por fuera.

Álvaro Uribe, como viejo zorro, presentó “propuestas” que van enfocadas a acabar con el núcleo central del acuerdo logrado. Propuestas que sabe de antemano que no serán aceptadas por la insurgencia.

No es viable que las FARC acepten dar el paso a la vida política legal sin que sus jefes puedan presentarse a elecciones. Ni que se acepte un modelo de justicia ordinaria más parecido a una fórmula de sometimiento que defrauda a las víctimas de todos los actores del conflicto. Ni mucho menos que una guerrilla que cuenta con una base especialmente campesina no busque mínimas transformaciones en la ruralidad colombiana.

Está claro que Uribe no quiere la paz, ya que en buena medida el futuro de su proyecto político depende de la continuidad de la guerra.

La estrategia es evidente: prolongar al máximo el actual limbo político y jurídico, posteriormente posar de victima excluida del acuerdo final, para concluir con un accionar sistemático dirigido a impedir la implementación de las transformaciones que traiga consigo el pacto de paz.

En su propósito, utilizará una vez más múltiples y variados repertorios, por demás ampliamente conocidos: una fuerte campaña mediática dirigida a desinformar y a generar temor frente a los cambios que necesariamente se darán en el país, promover movilizaciones que contrarresten las expresiones ciudadanas a favor de la paz, utilizar a Néstor Humberto Martínez desde la Fiscalía como lo hizo con Alejandro Ordoñez en la Procuraduría, aliarse con élites locales de dudosa procedencia y, por supuesto, intentar ganar las elecciones del 2018 con mayor ahínco después de los resultados del plebiscito.

Ante este difícil panorama, no queda otro camino que avanzar en la implementación del nuevo acuerdo logrando la incorporación de otras fuerzas políticas y de grupos ciudadanos pero sin Uribe, teniendo como premisa máxima que la satisfacción del derecho a la paz que tenemos todos los colombianos, y especialmente quienes más sufren el conflicto, no puede depender de cálculos mezquinos de ningún partido político o sector económico. Mucho menos de una sola persona.

Las posibilidades de superar el complicado escollo que puede significar para la implementación de un nuevo acuerdo de  paz una oposición tan fuerte como la ejercida por el centro democrático y todos los sectores de poder que lo acompañan, están dadas especialmente por las acciones que inteligentemente deben desarrollar el presidente Santos, las FARC y los grupos ciudadanos interesados en la paz.

El presidente Juan Manuel Santos deberá ejercer un liderazgo real, comprometiéndose realmente con la pedagogía de los acuerdos de paz y los beneficios de estos, generando una estrategia comunicativa certera que le llegue a los sectores urbanos, especialmente a los estratos más pobres, alineando a los grupos políticos y económicos de su coalición de gobierno y, sobre todo en lo que se refiere al proceso, plantarle pelea fuerte y contundente a la extrema derecha representada en el uribismo.

Las FARC, por su parte, pueden ayudar mucho a ganar mayor aceptación de los acuerdos y a su implementación, aumentando y ampliando los mensajes de reconocimiento de las víctimas, de solicitud de perdón y de reconciliación, y fortaleciendo la relación de respeto y reconocimiento que el proceso de paz les ha permitido construir con las Fuerzas Militares colombianas.

El movimiento ciudadano a favor de la paz que ha despertado después de la victoria del No, en medio de su heterogeneidad, tiene el reto de superar el coyunturalismo   y de entender que el desafío que se presenta no es una carrera de velocidad sino de resistencia. Esto es así toda vez que su tarea no se agota en la consecución de un nuevo acuerdo, sino en la nada fácil labor de ganarse los corazones y las mentes de la mayoría de los colombianos para la implementación de los acuerdos y en hacerle frente a los no pocos intentos que el señor Uribe y sus amigos gestarán para echar abajo lo acordado.

Fuente: REVISTA SEMANA / WRADIO / DIARIO EL ESPECTADOR/ LAS 2 ORILLAS

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