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 “Es un día muy especial para la construcción de la paz en nuestro país”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos al posesionar ayer a los magistrados y al fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Es un día especial para el avance en la garantía de los derechos de las víctimas de nuestro conflicto, y es un día muy especial para seguir cicatrizando las heridas que nos dejaron más de medio siglo de guerra interna”, agregó el mandatario durante la ceremonia realizada en la Casa de Nariño.
Sin impunidad
De acuerdo con el presidente Santos, el modelo de justicia transicional permitirá aplicar la justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto, y, al mismo al tiempo, hacer una transición de nuestra sociedad hacia la paz.
“La Jurisdicción Especial para la Paz juzgará y sancionará conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, no solo de guerrilleros o de agentes del Estado, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación activa o determinante en los crímenes más graves”, precisó.
Indicó que la piedra angular del acuerdo que se logró en el tema de justicia es el pacto de que no hay amnistía para los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
“Todos estos delitos serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción. Habrá sanciones, como la restricción efectiva de la libertad para quienes ofrezcan verdad y reparación a las víctimas, e incluso penas de prisión de hasta 20 años para quienes no digan la verdad. Eso es todo lo contrario a impunidad”, explicó.
Igualmente, el Mandatario insistió en que lo más importante de este modelo de justicia es que está diseñada para garantizar los derechos de las víctimas. “Las víctimas quieren más la verdad que ver a sus victimarios tras las rejas. A las víctimas les sirve más la reparación que la venganza”, dijo.
Elección ejemplar
El Jefe de Estado subrayó que los nuevos magistrados fueron seleccionados a través de un sistema público de convocatoria y elección que resulta ejemplar.
Al respecto explicó que un Comité de Escogencia compuesto por delegados de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario General de Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos y del Centro Internacional de Justicia Transicional realizó la convocatoria y ejecutó el proceso para pasar de más de 2000 inscritos a los 51 magistrados, principales y suplentes, finalmente designados.
Consideró que dicha convocatoria fue amplia, la inscripción fue abierta, con reglas y plazos claros; las hojas de vida de los aspirantes y sus razones para postularse fueron públicas, y hasta los videos de las entrevistas pueden verse en internet. Por eso, añadió, “esta será una corte plural como el país, pero sabemos que en sus decisiones primarán, como debe ser, la verdad y la justicia, y que sus fallos se ajustarán a las evidencias”.
Además, llamó la atención sobre que más de la mitad de los magistrados de este nuevo sistema de justicia transicional son mujeres. “Aquí están representadas, de la mejor manera, las mujeres colombianas, haciendo su aporte profesional y sereno a la reconstrucción de nuestro tejido social”, sostuvo.
Primeras asignaciones
Entre las primeras tareas de los magistrados están dictar su propio reglamento y preparar todo lo necesario para su organización y para que la jurisdicción pueda funcionar.
Así mismo les corresponderá aplicar lo referente a la Ley de Amnistía, función que vienen cumpliendo los jueces ordinarios, pero que pasará a esta nueva jurisdicción ya posesionada.
No hay vuelta atrás
El Mandatario enfatizó que este nuevo modelo de justicia empezará a funcionar en plena campaña electoral y que los Acuerdos de Paz y específicamente la Jurisdicción Especial para la Paz seguirán siendo objeto de debate al interior de nuestra sociedad.
“Un debate de alguna manera inane, en la medida en que los acuerdos ya no tienen vuelta atrás, a pesar de que algunos políticos quisieran lo contrario”, sostuvo. “La forma como ustedes desarrollen sus funciones dará la mayor legitimación a todo lo que Colombia ha construido”, sostuvo.
Su tarea será histórica
“Colombia necesita justicia para que podamos cerrar la página de la violencia y asumir el desafío de la reconciliación. Colombia necesita verdad para que nos ilumine el camino del futuro. Colombia necesita que sus víctimas sean reparadas para que se cierre al fin el ciclo del dolor y podamos renacer a un nuevo día”, agregó el Jefe de Estado.
Señaló que todas estas tareas dependen de los nuevos magistrados, de su compromiso y su trabajo recto, patriótico y certero.
“Los colombianos estaremos atentos a su trabajo, confiamos en su buen criterio y respetaremos sus decisiones. Su tarea será histórica y así deben entenderlo. Porque la paz necesita de la justicia y la justicia necesita de la paz”, puntualizó.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

El exfiscal Giovanni Álvarez, que se posesionó este lunes como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, asegura que en seis meses, como máximo, los jefes de la guerrilla deberán estar entregando sus versiones ante la nueva jurisdicción.

¿Habrá justicia plena con este sistema de justicia transicional?

Lo que puedo decir es que la Unidad de Investigación y Acusación será implacable con la investigación pero firme con la reconciliación porque esa es la finalidad del proceso de justicia transicional en busca de una paz estable y duradera.

¿Cuándo se verán las primeras sentencias?

El tiempo de las sentencias no lo puedo decir, en razón a que lo primero que hay que hacer, ahora que se ha instalado la justicia especial para la paz, es empezar a diseñar lo que será el código de procedimiento de la JEP. Una vez aprobada esa norma empezaremos a desarrollar formalmente el trabajo que tenemos que hacer. Lo que sí puedo asegurar es que las declaraciones de los que se acojan o el mecanismo que se establezca similar a las versiones libres y las investigaciones estarán ya marchando en unos seis meses.

¿Priorizará investigaciones? 

Tres líneas serán priorizadas. La primera es la investigación de los delitos de violencia sexual, mandato que por demás es una exigencia de los acuerdos de paz. Una segunda prioridad será el daño ecológico producto tanto de las voladuras de oleoductos como de la minería ilegal. Y habrá una tercera línea: la de reclutamiento de menores, que tiene dos vertientes. Una es la del reclutamiento para efectos del combate. Pero también se llevaban menores para realizar actividades ilegales: por ejemplo, ser raspachines en las zonas de producción de coca.

¿Qué se sabe al respecto? 

Es una línea que tiene que ser prioritaria porque se trata de los derechos de los menores de edad. Por investigaciones realizadas en la justicia ordinaria sabemos que esta práctica ocurrió en las zonas cocaleras, especialmente en el suroriente del país, y probablemente era una forma de obtener mano de obra a bajo costo. Muchos de esos menores nunca volvieron a sus hogares.

¿Cuáles serán las otras líneas de investigación priorizada?

Serán la investigación de los delitos de violencia sexual, esa es priorizada no solo por su importancia sino porque es prácticamente una exigencia en los acuerdos de paz. Y el otro tema, que es muy importante, es el del daño ecológico. Producto tanto de las voladuras a los oleoductos como la minería ilegal.

¿Y otros temas más generales?

Nosotros tenemos que empezar por algo, esas son tres líneas gruesas de investigación que son muy importantes, no quiere decir que no va a ver algunas otras o muchas otras.

¿Cómo va a ser el proceso de intercambio de información con la Fiscalía? 

Adelantaremos un trabajo armónico con la Fiscalía General de la Nación, cada uno desde sus competencias. Estamos a la espera de que la Fiscalía envíe a la JEP los informes sobre los procesos que son de competencia de la jurisdicción.

¿Ustedes ya extendieron una solicitud para eso?

No, pero sé, porque vengo de la Fiscalía, que esa entidad ya está trabajando en esos informes.

¿Más o menos cuándo creen que podrían estar llegando esos informes?

En este momento no le podría decir, ese es un tema de resorte de la Fiscalía, sé que tienen unos informes ya listos, pero entiendo que han decidido terminarlos y entregar un paquete completo.

¿Cuántos funcionarios va a tener su Unidad?

Ya fue autorizada una nómina de 214 funcionarios, cuya selección obedecerá a criterios técnicos y jurídicos. Inicialmente tendremos 16 fiscales de tribunal y cuatro de sala. Habrá al menos 10 fiscales en las regiones que estarán acompañados de dos investigadores y un asistente. Su función será atender a las víctimas del conflicto en las regiones y, por supuesto, participar en la labor investigativa de la unidad.

¿Cómo se van a priorizar los casos que van a llegar al sistema?

La información que llegue a la Jurisdicción Especial tiene dos vías. Una es a través de los informes, los que llegan de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y organizaciones de víctimas. Por supuesto, la selección de los casos será un trabajo coordinado que haremos entre la Fiscalía de la JEP y los magistrados. Porque dentro de las funciones que tiene la Fiscalía también está priorizar casos y entre otras cosas garantizar que el tribunal no se vaya a sobrecargar de tal forma que no pueda hacer su trabajo.

¿Cree que los civiles que tuvieron responsabilidad en el conflicto llegarán a su jurisdicción? 

Acá no vamos a hacer ninguna cacería de brujas. Yo espero que cuando se empiecen a ver las virtudes del proceso, los civiles que están en esa situación van a venir voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, hay varios civiles que ya solicitaron su inclusión. El que estamos conformando es un equipo técnico y jurídico que tomará las decisiones que haya que tomar basado en las pruebas que se recauden dentro de las investigaciones. Las investigaciones no serán partidistas o políticas. Lo fundamental siempre serán las pruebas que se recauden y su contundencia. Lo que las pruebas indiquen fijará el derrotero de las decisiones de la unidad.

¿Cómo va a ser el contacto con las víctimas?

Tenemos la obligación de elaborar un protocolo de atención a víctimas que se construirá con su plena participación. Ese protocolo será una de las primeras tareas.

¿Cuándo podría estar listo el protocolo?

En menos de cuatro meses no va a estar listo el protocolo, porque no solo hay víctimas de varios sectores, sino que tenemos que llegar a consensos, hacer análisis no solo desde el punto de vista jurídico sino desde muchos otros aspectos que hay para construir ese protocolo que permita, como debe ser este proceso, que todos trabajemos coordinadamente.

¿Cómo evitar que esta nueva institución no se politice?

Precisamente con eso, con la conformación de un equipo técnico y jurídico que tome las decisiones que haya que tomar basado en las pruebas que se recauden dentro de las investigaciones. Las investigaciones no serán partidistas o políticas. Lo fundamental es las pruebas que se recauden y la contundencia de las mismas. Lo que las pruebas indiquen fijará el derrotero de las decisiones que adoptará la unidad de investigación y acusación.

La Unidad de Investigación y Acusación será implacable desde el punto de vista investigativo porque todos tienen que cumplir con su obligación si quieren obtener los beneficios que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también por supuesto tenemos que ser firmes con la reconciliación porque digamos que un punto fundamental de una paz estable y duradera es la reconciliación y para lograrla tenemos que fundamentarnos en la investigación rigurosa, eficiente, con todas las garantías y solo se puede adelantar teniendo un grupo que sea técnico y jurídico.

MORENO

La Fiscalía le pidió este martes a una juez de Bogotá que avale un principio de oportunidad para el cuestionado ex fiscal Gustavo Moreno, protagonista del escándalo de corrupción que enreda a políticos y magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la juez que adelanta el proceso no dio su aval.

De acuerdo con el abogado Pedro Aguilar, defensor de Moreno, se presentó un error de trámite relacionado con el número de radicado del proceso.

“La calificación jurídica provisional de la conducta imputada al señor Luis Gustavo Moreno son distintas a las que se investigan en este radicado. De ahí la competencia de la suscrita como juez de garantías que no es factible asumir dentro del radicado que cursa ante la Corte Suprema de Justicia donde hay un juez natural para el efecto so pena de invadir órbitas de competencia que escapan a las exigencias de los artículos 153, 154 y al paráfrafo 2 del artículo 324”, señaló la juez.

Aguilar señaló que por ahora se paraliza la colaboración de Moreno con la investigación por el ‘cartel de la Toga’ en razón de que todavía no pacta la negociación que viene adelantando su cliente con la Fiscalía. En todo caso, dice que la solución del error podría tardar unos 15 días.

La Fiscalía argumentó que la colaboración de Moreno ha sido eficaz y ha permitido abrir capítulos judiciales, además de tener repercusiones en el Congreso y las altas cortes.

Moreno, al hacer parte de una “organización” liderada por los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, dijo la Fiscalía, habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que los exmagistrados Ricaurte y Bustos tenían un grupo de abogados que servían de intermediarios para pedir dinero a políticos a cambio de favorecerlos en procesos penales. En ese grupo, dijo la Fiscalía, estaba Moreno y los abogados Leonardo Pinilla y Luis Ignacio Lyons.

Ha entregado información y se ha comprometido en servir como testigo en procesos que se deriven ante cualquier autoridad.

El ente acusador indicó que nunca en la historia del país se encontraron hechos tan graves como los investigados y en los que ha servido como testigo el exfiscal Moreno.

En la diligencia, la Fiscalía mencionó los proceso de los senadores Álvaro Aston y Musa Besaile y los pagos que habrían hecho para conseguir beneficios judiciales en investigaciones en su contra.

“En la ponderación de interese en la necesidad de hacer justica y los resultados que ya se están viendo por la colaboración (de Moreno) tendrá que ceder el primero en favor del segundo”, indicó el fiscal del caso.

Fuente: EL DIARIO /DIARIO EL TIEMPO
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