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El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ratificó su negativa al nuevo acuerdo de paz con los dirigentes de la guerrilla de las FARC suscrito este sábado en La Habana y reclamó un Acuerdo Nacional sin plazo en el que se hagan “nuevas observaciones” al pacto. Lo hizo tras reunirse con el actual presidente, Juan Manuel Santos, que tuvo la deferencia de desplazarse a una instalación oficial próxima a su finca de Riosucio (Antioquia) —acompañado de autoridades militares— para informar a Uribe del nuevo pacto antes de darlo a conocer al país.

En realidad, Uribe, como señala el analista y excolaborador de Público Antonio Caballero, sólo trata de “marear la perdiz” porque “no tiene la menor intención de contribuir a la paz”. La mayoría de los politólogos coinciden en Colombia en que el líder de la derecha quiere hacer de la oposición al acuerdo de paz de Santos —que, según él entrega el país al “castrochavismo”— su bandera para las próximas elecciones presidenciales, cuya campaña se iniciará en pocos meses.

El presidente Santos ha dejado claro que el acuerdo firmado el pasado sábado entre los delegados del Gobierno y la guerrilla de las FARC es el definitivo y no va a experimentar modificaciones sino que, por el contrario, va a ser sometido a un proceso de ratificación y a su urgente implantación en cada uno de sus aspectos. El acuerdo ya ha recibido la aprobación del Secretario de Estado estadounidense John Kerry, que ha felicitado a Santos por el nuevo acuerdo de paz tras anunciar que Estados Unidos “continuará apoyando el pacto en su implantación”.

Tras más de cuatro años de negociación, el Gobierno y la guerrilla firmaron el pasado mes de agosto un acuerdo apoyado por Noruega y Cuba como garantes, por otros países latinoamericanos como acompañantes y con el apoyo personal del propio secretario General de la ONU, Ban Ki-mon.

Sometido el texto a plebiscito el pasado octubre (un trámite que no era imperativo) el resultado de la consulta fue negativo para el acuerdo por un estrecho margen. Tratando de recoger las motivaciones de los contrarios al acuerdo, la delegación del Gobierno Santos regresó a negociar de nuevo a La Habana con los representantes de la guerrilla, después de resumir los motivos de quienes votaron ‘no’, a quienes Uribe dice representar mayoritariamente junto a representantes de una minoría del Partido Conservador y delegados de las iglesias. Con todos ellos se celebraron reuniones de las que salieron 56 nuevas propuestas de cambio a los acuerdos firmados en Cartagena ante la Comunidad Internacional el pasado 26 de septiembre.

Durante los 42 días transcurridos desde el plebiscito, Gobierno y FARC han negociado modificaciones al pacto de Cartagena en centenares de reuniones en las que los representantes de la guerrilla han cedido en sus posiciones respecto a varios de los acuerdos básicos. Según declaraba el jefe de sus negociadores, Iván Márquez, cedieron “hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización cuyas armas no fueron vencidas”.

Efectivamente, como declaró a Público el general Óscar Naranjo, exdirector general de la Policía y negociador en La Habana, “Uribe olvida que las FARC no son una guerrilla rendida o sometida, sino una parte de la negociación sentada en la misma mesa que el Gobierno”.

Según ha podido conocer este diario, el único momento de la negociación
en el que estuvo a punto de darse una ruptura entre las delegaciones del Gobierno y las FARC, fue cuando se puso sobre la mesa la demanda de los contrarios al acuerdo en el plebiscito para que los máximos dirigentes de la guerrilla no puedan participar en política y ser elegibles. “Tengo que decirlo con franqueza, aquí no se logró avanzar”, confesó Santos, “la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad”.

La realidad es que, en anteriores procesos de paz y desmovilización, como el llevado a cabo con el M-19 en los años 90, los dirigentes de la guerrilla pasaron a ser parlamentarios e incluso a ser cooptados como ministros, como sucedió con el guerrillero Antonio Navarro, nombrado ministro de Sanidad en el Gobierno del liberal César Gaviria.

El resto de las modificaciones al acuerdo de paz suscrito en Cartagena se refieren a los bienes de la guerrilla —que estará obligada a declararlos y entregarlos para resarcir a las víctimas—, al aumento en la severidad de la vigilancia y confinamiento de los dirigentes guerrilleros sentenciados en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz por delitos atroces o crímenes de guerra, al retoque en esta jurisdicción —en la que ya no intervendrán magistrados extranjeros salvo en demanda de conceptos y que sólo tendrá dos años para abrir investigaciones sobre delitos cometidos en el conflicto interno— y a una batería de afirmaciones más bien retóricas para el consumo de la derecha más reaccionaria. Por ejemplo, la afirmación de la familia y sus valores, la negación de que los acuerdos incluyan la llamada “ideología de género”, la garantía del “derecho a la propiedad”, el respeto y apoyo a la pluralidad de cultos sin discriminación alguna y la consideración de “víctimas” del conflicto a las iglesias protestantes, que en Colombia son un grupo de opinión próximo a los diez millones.

A partir de este lunes, el presidente Santos y el Gobierno se enfrentan a la decisión sobre cuál será el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo, que requiere iniciativas legislativas en el Parlamento, dado que no será automáticamente agregado al bloque constitucional, como se previó en un principio en una iniciativa descartada en el nuevo texto. El Ejecutivo también tendrá que tomar una decisión sobre la puesta en marcha inmediata de los mecanismos de implantación de lo pactado, que las fuerzas guerrilleras —en fase de alto el fuego pero operativas en sus zonas de combate o concentración— esperan y sobre la amnistía y la reincorporación a la vida política antes de dejar las armas y desmovilizarse de forma definitiva.

Explosión virtual

El descontento de los usuarios se da debido a las declaraciones del líder de la oposición, quien pidió a Santos que no diera por definitivo el nuevo acuerdo.

Bajo el numeral ya son cientos los trinos a través de la red social Twitter, que piden a Uribe y su equipo del ‘No’ que “dejen de joder”.

Uno de los más sobresalientes fue el de la senadora Claudia López, quien escribio: “Recorderis: Proceso de Paz es para finalizar conflicto armado con FARC y ELN, no para para arreglar líos judiciales de tierras a Uribe y sus muchachos”.

Lo no cambiado

El nuevo acuerdo modificó un alto porcentaje del texto inicial, pero mantuvo lo convenido sobre justicia y participación en política de los ex guerrilleros. Esos, al fin, son el núcleo de cualquier proceso de paz.

Se trata de un nuevo acuerdo. De una reforma amplia al texto firmado en Cartagena el 26 de septiembre. Ese fue el mensaje que, al unísono, enfatizaron los discursos del presidente Santos, y de los jefes de los equipos negociadores del gobierno y de las FARC –Humberto de la Calle e Iván Márquez- al anunciar el cierre de la renegociación.

La coincidencia no sorprende. A los tres les interesa atraer a quienes votaron No y se abstuvieron, porque de esa nueva mayoría depende la ejecución de lo pactado. Santos, por eso, dijo que “este acuerdo incluye al No” y Humberto de la Calle afirmó que el nuevo es mejor que el original. Iván Márquez fue más lejos y le puso porcentajes a las modificaciones introducidas: aseguró que se incluyeron un 65 % de las solicitudes del No, un 65 % sobre el sistema especial de justicia, 90 % en el asunto de género y cien cambios en desarrollo rural, política antidrogas, víctimas y fin del conflicto.

Si a las 297 páginas del primer acuerdo se les marca en rojo las líneas que cambiaron, la mayor parte quedaría en color. Y sin embargo, el consenso no está asegurado. El propio Santos lo reconoció en su discurso: “el nuevo acuerdo no va a satisfacer a todos”, dijo. La razón es que una cosa es cambiar un porcentaje amplio de los textos y, otra muy distinta, modificar los puntos esenciales. Hay algunos que no se podían alterar porque dejarían sin piso la esencia de un acuerdo de paz: la desmovilización y desarme de la guerrilla a cambio de garantías para participar en política y, de esta manera, que una organización armada se transforme en fuerza política.

Esos puntos fundamentales son los de justicia y participación en política para los ex guerrilleros. Los principales líderes del No en el plebiscito querían que hubiera al menos un día de cárcel para los jefes de las FARC que hayan participado en delitos de lesa humanidad, y que hubiera limitaciones para ser candidatos o hacer política.

Santos, en su alocución de sábado de puente a las 8:00 pm –el menor punto de rating posible- dejó en claro que en el asunto de la elegibilidad no había logrado que las FARC se movieran. Durante la semana habían circulado versiones sobre los momentos de crisis que se vivieron en el Laguito, el lugar de las negociaciones de La Habana, cuando el equipo de gobierno llevó peticiones de los del No para que los condenados por delitos graves perdieran derechos políticos, o para que estos se limitaran a solo algunos escenarios –locales y no nacionales- o que se pospusieran hasta después de cumplidas las condenas. Las FARC rechazaron todas las fórmulas. Ellos piensan que el sentido de su desmovilización y la dejación de las armas es, precisamente, entrar a la política. Y así lo terminó aceptando el gobierno.

El otro punto crucial, que no cambió en esencia, es el de la justicia transicional. Allí había dos aspectos claves. En primer lugar, el uribismo y otros sectores planteaban que no hubiera un sistema especial sino que todos los casos de miembros de las FARC fueran tramitados por la justicia ordinaria. En eso no habrá cambio. La llamada JEP –Jurisdicción Especial para la Paz- se mantendrá. En la renegociación solo se aclararon, o incorporaron, algunos criterios: solo durará 10 años, las tutelas sobre sus procesos serán tratados por la Corte Suprema, no habrá jueces extranjeros y las ONG no podrán actuar como fiscales. Pero el aparato que se había acordado inicialmente básicamente se conserva.

Lo mismo ocurre con la petición del No para que hubiera cárcel –al menos un día, decían algunos- como castigo para los autores de los delitos más graves. En el nuevo acuerdo se mantiene el concepto de “restricciones a la libertad” y no se incorporó la “privación de la libertad” que pedía el uribismo. Es decir, no habrá cárcel. Eso sí se incorporaron algunas aclaraciones. En el acuerdo de Cartagena, la decisión sobre los alcances de la “restricción a la libertad” se había dejado en manos de los magistrados del tribunal especial de justicia transicional. En el nuevo texto, esos criterios se hicieron explícitos: los ex guerrilleros se mantendrán en zonas comparables en tamaño a los centros en los que se están concentrando, tendrán limitaciones para el movimiento y horarios establecidos para salir de las zonas a cumplir tareas de promoción de los acuerdos y de seguimiento al cumplimiento de los mismos.

Hay un tercer aspecto: el de convertir los compromisos pactados en normas de rango constitucional con la figura de acuerdos especiales dentro del marco de los Convenios de Ginebra (el famoso DIH: normas para minimizar los efectos de la guerra sobre los civiles). Los del No querían abolir esta fórmula. Y lo que hizo el acuerdo final –firmado por De la Calle y Márquez el sábado- fue adoptar un punto medio.

Se mantuvo la fórmula para los temas directamente relacionados con el fin de la guerra: desmovilización de las FARC, dejación de armas, garantías de seguridad para sus miembros y para su ejercicio de la política. Pero se sacaron los que tienen una relación indirecta con el acuerdo para terminar la guerra: el desarrollo rural, la política anti drogas, por ejemplo. Las FARC lograron conservar este mecanismo para lo fundamental –las condiciones para su transformación de organización armada a fuerza política- porque para ellos es un blindaje frente a las tentaciones del establecimiento, presentes o futuras bajo otro gobierno, de incumplir lo pactado.

El nuevo acuerdo, en fin, conservó los aspectos que son la columna vertebral de cualquier acuerdo de paz: los guerrilleros no van a la cárcel y pueden hacer política. Esos dos temas son los que marcan una diferencia entre una negociación política de paz, y un proceso de sometimiento a la justicia de una organización criminal. Los diálogos de La Habana jamás habrían ocurrido si el gobierno no hubiera aceptado, desde el principio, que se trataba de lo primero. La fórmula no es distinta a la que funcionó en los procesos de paz anteriores con el M-19 y otros grupos, pero es mucho más dura con las FARC porque el derecho internacional, una vez firmado el Tratado de Roma, impide conceptos como amnistía general, perdón y olvido, que favorecieron al eme y a las otras organizaciones.

El acuerdo gobierno-FARC firmado en Cartagena había buscado un delicado equilibrio entre beneficios para la guerrilla a cambio de su desmovilización y desarme, y el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano. Según los discursos de Santos, de la Calle y Márquez en la noche del sábado, esa receta se mantuvo en el nuevo acuerdo. Ahora –sobre todo cuando se analicen los textos- vendrá el debate sobre si eso, en el marco de los cambios realizados al 65 % del pacto inicial, es aceptable para los del No o, al menos, sirve para conformar una nueva mayoría a favor del Sí.

¿Dificultades?

El presidente Juan Manuel Santos, dijo al programa de la BBC británica HARDTalk que si no se aprueba la refrendación de la paz “estaría en serias dificultades” y reiteró que no extraditará a Estados Unidos a ‘Timochenko’, líder de las Farc, si hay acuerdo de paz.

“Yo tendré que… estaré en serias dificultades. Pero estoy absolutamente convencido de que la mayoría abrumadora de los colombianos me va a apoyar, va a apoyar este proceso de paz”, dijo el mandatario, al señalar que si no prospera la iniciativa no insistirá en la paz.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó al mandatario que si “después de todos estos años de negociaciones en un tema vital para el futuro de su nación, ¿me está diciendo que si la gente vota en contra, simplemente usted se marcha?”, increpó el comunicador, ante lo cual el presidente Santos dio un contundente “sí”, y agregó: “Porque ese es el compromiso que adquirí desde el principio”.

Respecto a la situación del máximo jefe de las Farc, Santos dijo que: “la recompensa de 5 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por ‘Timochenko’ tendrá que desaparecer porque no voy a extraditarlo”.

“¿Puede imaginarse a un líder de la guerrilla negociar un proceso de paz que acabara con una condena a cadena perpetua en Estados Unidos? Es absurdo“, añadió el presidente colombiano, según la transcripción en inglés de la entrevista facilitada por la BBC.

Santos dijo que confía en la colaboración de Washington en este asunto: “Estados Unidos ha estado a mi lado durante todo el proceso y saben que no voy a extraditar a esta gente si llegamos a un acuerdo de paz”.

El gobierno de Santos y las Farc, con unos 7.000 guerrilleros, según cifras oficiales, negocian en La Habana un acuerdo de paz para acabar con un enfrentamiento que desangra a Colombia desde hace más de cinco décadas.

En la entrevista con HARDTalk, Santos volvió a cuestionar la estrategia de lucha contra la drogas liderada por Estados Unidos.

“La guerra contra las drogas no se ha ganado. Somos el país del mundo que más ha sufrido en esta guerra”, lamentó.

“Hemos sacrificado a nuestros mejores líderes, nuestros mejores políticos, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías, y seguimos siendo el primer proveedor mundial de cocaína”, constató el presidente.

Acuerdo final

Para leer el texto del acuerdo final y definitivo, ir al siguiente link:

Acusación

El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.

Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos aislados”, aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad…”.

La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.

Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el “Puro Centro Democrático” por la que sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.

Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.

Fuente: publico.es / PULSO / DIARIO EL ESPECTADOR

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