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Una acción de tutela que fue interpuesta por la Personería de Dosquebradas para que varias entidades del municipio, inclusive del orden departamental como La Carder, adelantarán unas obras de mitigación de riesgo a favor de una familia del sector de Mataburros, en Santa Teresita, terminó en un incidente de desacato que llegó hasta la Corte Constitucional.

Los antecedentes se resumen al año 2015 cuando la señora Gloría Inés García Holguín, se acercó a la Personería para instaurar una acción de tutela para obtener ‘el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, calidad de vida, vivienda digna, dignidad humana e integridad personal’, presuntamente vulnerados por varias entidades del municipio de Dosquebradas, La Carder e inclusive el Ministerio de Medio ambiente.

La señora en mención reclamaba ayuda, pues su vivienda ubicada en la carrera 16 No. 56 -49 del barrio Santa Teresita y que limita con la quebrada La Soledad, el terreno comenzó a tener desprendimientos por ola invernal del año 2011; en los años 2014 – 2015 la Carder conceptuó que debían realizarse  unas obras  ‘para evitar un perjuicio irremediable a la vivienda’, concepto que se remitió a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres y a la oficina de Obras Públicas, sin que se diera ninguna solución.

Incidente

En este caso también se vinculó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, esta entidad se pronunció señalando que les corresponde a los Alcaldes como jefes de la administración local, la implementación de los procesos de gestión del riesgo.

Lo cierto, es que la Personería llevó este hecho al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Sala Unitaria Laboral donde en julio de 2016 se resolvió que la Dirección  del Riesgo de Dosquebradas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Carder debían coordinar con la autoridad local, para que en el ámbito de sus funciones se realicen obras públicas correspondientes en el sector en mención.

Este hecho se convirtió en incidente de desacato, en tal sentido el pasado 14 de julio la magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón le ofició al presidente de la República Juan Manuel Santos, para que él como superior jerárquico del Ministro de Ambiente y desarrollo Sostenible en el término de dos (2) días hábiles hiciera cumplir la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira.

Por ahora la Personería de Dosquebradas, se encuentra a la espera de la respuesta no sólo del Presidente Santos, sino también del Ministerio de Ambiente con el fin de determinar las acciones a proseguir.

Fuente: SECRETARÍA DE PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS