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En un documento de siete páginas, el expresidente Álvaro Uribe presentó la segunda parte de sus “almendras” en las que explica la gestión de su gobierno en temas como la salud, el DAS, la corrupción y plantea interrogantes al presidente Santos.

En relación con el tema de la salud, el expresidente denunció que habría más de 80 contratos adjudicados por Cafesalud, por presiones políticas de la presidencia de la República. Esta información, de acuerdo con el exmandatario, fue revelada por un exgerente de la entidad.

“Me reuní, hace poco tiempo, con el gerente anterior  de Café Salud, aseguradora sucesora de SaludCoop. Estuve acompañado por testigos. He explicado en la Comisión Séptima del Senado, en extenso, lo que aquí trato de resumir. En aquella reunión me dijo el gerente que había encontrado entre 80 y 90 contratos, adjudicados por presiones políticas, ordenados por la  Presidencia de la República. Le pedí que denunciara, además que acudiera al Congreso. Me contestó que no podía ir porque lo llevarían a la cárcel por incumplimiento de tutelas.  Le comenté que podría pedir a la Corte Constitucional un plazo para atender las tutelas. Después supe que salió de la entidad”, señaló Uribe.

El exmandatario también defendió a su familia y señaló que la captura de su hermano, Santiago, se dio por “presiones de los abogados de Farc, que utilizaron Santos y Montealegre”. Frente al tema de sus hijos, Uribe reiteró que las finanzas de sus empresas fueron auditadas por una importante compañía internacional y que toda esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cocaína?

El acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) impuesto por el presidente Juan Manuel Santos costó al país sudamericano un retroceso en materia antidrogas, afirmó a el Nuevo Herald Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial por el Centro Democrático.

Lo más grave, según este dirigente que defendió el No ganador en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, es que el gobierno parece haber sacrificado no solo la lucha contra el narcotráfico por complacer a las FARC, también habría puesto en jaque la institucionalidad democrática que le costó 200 años a Colombia, en procura de los alcances del convenio. “Quiero decirles a todos los latinoamericanos que hoy Colombia naufragó”, aseveró.

De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, el área neta con cultivos de coca para el 2015 se había disparado en 39 por ciento con respecto al 2014, pasando de 69,000 hectáreas a 96,000 hectáreas en solo un año.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Matínez, indicó recientemente que el país, según proyecciones de la ONU cerró el 2016 con una cifra que oscila en las 130,000 hectáreas de sembradíos ilegales, aunque, indicó el funcionario, los norteamericanos proyectan que la cifra asciende a las 200,000 hectáreas.

Los números serían aún más dramáticos para Zuluaga, quien de nuevo se encuentra en fase de precandidato a la Presidencia de Colombia y quien recuerda que a la salida de Álvaro Uribe Vélez el índice se ubicaba en 45,000 hectáreas de cultivos ilegales. “Hoy Colombia está inundada de cocaína. El área sembrada el año pasado superó las 230,000 hectáreas. La producción de cocaína ya superó las 800 toneladas. Esas 800 toneladas valoradas a $30 millones por tonelada, representan cerca de $25,000 millones que movería ese negocio con la producción de Colombia”.

Según Zuluaga, el aumento de la producción del narcótico se debe a que Santos habría descuidado la erradicación de cultivos, focalizado en el acuerdo de paz con el grupo guerrillero. “Volvimos a superar niveles de antes de 1998 cuando se dio el Plan Colombia y la responsabilidad es del Gobierno, que bajó la guardia. Mientras negociaba con las FARC en La Habana, suspendió las fumigaciones, la aspersión, la erradicación”.

Narcotráfico como delito político

El acuerdo de paz del gobierno de Santos con la guerrilla de las FARC establece, además, que el narcotráfico pasa a ser un delito político en Colombia. “Es como que no pasó nada, reconocerles que era parte de su actividad criminal y que estaba bien que se financiaran para poder costear su aparato criminal y de terror contra los colombianos”. El dirigente afirma que el país se encuentra indignado por el trato concedido a la guerrilla narcoterrorista.

“Mientras Santos negociaba con las FARC en La Habana, pues las FARC aprovecharon para aumentar el cultivo ilícito. Esta quizá va a ser la operación de lavado de dinero más grande en la historia del mundo. Al llevar el narcotráfico a la categoría de delito político lo que se le está dando a la sociedad es un mensaje muy grave sobre la actividad que ha financiado a los grupos al margen de la Ley. Hoy en Colombia, según el propio Fiscal General de la Nación, hay 3,500 bandas criminales. Los frentes de las FARC, que estaban involucrados en el negocio del narcotráfico, no se han desmovilizado, siguen en el negocio”.

El acuerdo establece que los integrantes de la guerrilla no sean extraditados y que sean elegibles en cargos políticos. Para Zuluaga, Santos no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos en un proceso comicial referendario en el cual el No se impuso, pese a carecer de tanta publicidad como el Sí pretendido por su administración. El mandatario, además, está cambiando la institucionalidad y las leyes, en pro del acuerdo con las FARC, con medidas tales como el “fast track”.

“El ‘fast track’ es otra violación de la Constitución. Para complacer a las FARC, reducir para una reforma a cuatro debates en vez de ocho. Y lo que es más grave, prácticamente se castró al Congreso, porque el Congreso no puede introducir modificaciones sin el visto bueno del gobierno Nacional. Se acabó la división de poderes en Colombia, que es el principio esencial de lo que debe ser una democracia. Es un Golpe de Estado lo que ha dado el presidente Santos. Así actúan las dictaduras, y Santos ha actuado como un dictador, disfrazado de demócrata.”

Zuluaga resalta que el acuerdo en nada comprometió a las FARC con el fin del flagelo de las drogas. “Es un pésimo precedente para la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Es un precedente funesto, un pésimo ejemplo y desconcertante para los colombianos que hemos sufrido como ningún otro país por cuenta del narcotráfico. Ellos no se comprometieron a entregar laboratorios ni rutas aéreas. Ellos no se comprometieron a obligar la desmovilización de los frentes que están en el negocio, entonces el problema le sigue quedando a la sociedad colombiana”.

En cuanto a los secuestrados dijo que: “Las víctimas de las FARC han denunciado con un listado de 670 colombianos que fueron secuestrados por las FARC y ahora están desaparecidos. Y las FARC no asumen ninguna responsabilidad. Y lo mismo ocurre con los menores secuestrados de manera forzada. La Fiscalía tiene documentados 11,500 casos y las FARC ha entregado 13. Eso es una burla para el país, eso es un crimen de lesa humanidad lo que ha hecho las FARC. Pero no pasa nada, porque ese es un acuerdo basado en la impunidad. Es la entrega del país a las FARC, es diseñar la Constitución y ajustarla para complacer a las FARC”.

Caso del hacker

Zuluaga compartió gabinete con el actual mandatario neogranadino en el segundo gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, de 2006 a 2010, como ministro de Hacienda. Recientemente, la Fiscalía General de Colombia archivó una investigación que adelantaba en su contra, bajo el señalamiento de que habría tenido conocimiento y participación en las actividades del hacker Andrés Sepúlveda. La justicia lo absolvió y aclaró que no estuvo implicado en estas acciones ilegales.

“La decisión de la Fiscalía confirma lo que siempre dijimos durante mi campaña presidencial en el 2014, que la campaña siempre actuó de manera honesta y ajustada a la ley. No hay prueba alguna que pueda comprometer mi campaña con actuaciones al margen de la ley. Y por el contrario, esto abre las puertas para que se conozca la verdad en el país. En noviembre del año pasado, introduje una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con pruebas y testimonios públicos, uno de ellos, del tercer hombre más importante en la Fiscalía, donde se muestra como fue la operación de infiltración criminal a mi campaña, con el propósito de desestabilizarla y evitar que yo ganara la presidencia de Colombia”.

Calificó de complot lo ocurrido y acusó a un organismo público por la campaña de descrédito. “Las personas infiltradas son fuentes pagas de la Dirección Nacional de Inteligencia que es el máximo organismo de seguridad del Estado adscrito a la presidencia de la República. Hay evidencias muy claras. Estas eran fuentes pagadas con recursos públicos, recursos del presupuesto general de la nación de la cuenta de gastos reservados. Por eso es tan importante que la Fiscalía avance en esta investigación, porque esto puede comprometer la legitimidad de la elección de 2014”.

Beneficios personales

Ahora que el expresidente Uribe insinúa que Gina Parody y Cecilia Álvarez podrían haber influenciado la adición de una vía para beneficios particulares, vale la pena recordar el enfrentamiento que en 2013 protagonizó el exmandatario con Salomón Kalmanovitz por obras que habrían favorecido su hacienda de El Ubérrimo.

El país político se encuentra alborotado más que nunca por cuenta del caso Odebrecht y el tema de la corrupción ha pasado a ocupar las primeras planas de la agenda nacional, teniendo como telón de fondo el adelanto de la disputa electoral por el poder de 2018. Y en ese tire y afloje, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, es protagonista fundamental, no solo como denunciante sino también como blanco de ataques por parte de sus contradictores, entre ellos el mismo gobierno.

Fue Uribe quien insinuó que la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, se había visto beneficiada con la adición de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en el proyecto de la llamada Ruta del Sol, hecho en el cual además estaría involucrada la entonces ministra de Transporte y pareja sentimental, Cecilia Álvarez. Según el exmandatario, las dos tuvieron que ver con en el documento Conpes con el que se realizó la modificación cuando tenían que haberse declarado impedidas, pues la vía presuntamente favorecía intereses de la familia Parody en el sector postuario.

En respuesta, a través de un comunicado público, Parody y Álvarez dijeron que dicho señalamientos obedecen al deseo de Uribe de “dilatar, distraer y esquivar a la opinión pública”, tras la detención de su viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. “Nadie en el país se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio (…) el país nunca ha visto al senador Uribe mover un dedo para que sus hijos aclaren líos con la justicia ni para responder por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración”, señalaron.

Más allá de quién tenga la razón, porque hasta de demandas penales se ha hablado, lo cierto es que historias de obras que se hacen con cuantiosas inversiones para favorecer a altas personalidades, bien sea políticas o empresariales del país, hay por doquier en el país. Y precisamente hay una en particular que involucra al mismo expresidente Álvaro Uribe y que en octubre de 2013 fue denunciada en su columna de El Espectador por Salomón Kalmanovitz, titulada “La expansión del Ubérrimo”, que, como se sabe, es la hacienda de propiedad del exmandatario en cercanías de Montería (Córdoba).

En su escrito, el excodirector del Banco de la República se refiere a un informe de la Contraloría (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) en el que se revela que Uribe y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del ya desaparecido  Incoder y a cargo de Corpoica, que privilegiaron el distrito de riego Mocarí, en el que se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., que a esa fecha sumaban 1.479 hectáreas. El lío es que, cuenta Kalmanovitz, la función del Incoder no era la de emprender inversiones en distritos de riego y drenaje, por lo cual su cambio de misión en la Ley de Desarrollo Rural fue declarado inexequible.

Y en lo que tiene que ver con Corpoica, su función era la investigación y asistencia técnica y era ilegal que interviniera como contratante de obra en los distritos de riego. “Sin embargo, el decreto 732 de 2008 privilegió a Mocarí para recibir inversiones públicas de Corpoica que beneficiaron el patrimonio familiar de los Uribe Moreno, sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un debate sobre el problema agrario que organizó Semana por esa época, el exministro Arias me acusó de mentiroso, pateando el tablero del debate”, agrega el analista.

Y concluye: “Las inversiones públicas en Mocarí fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad. Hay que recordar que las S.A.S. fueron creadas por ley de diciembre 2008, no requieren de revisor fiscal y pueden declarar todos los costos que quieran con facturas simples, de tal modo que la mayor parte de ellas terminan exentas del impuesto a la renta. El actual director de la DIAN manifestó la inconveniencia de las S.A.S., pues se convirtieron en vehículo de evasión y elusión de impuestos. De esta manera, el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante”.

Por supuesto, la columna tuvo riposta por parte de Uribe, quien aseguró que él sólo se beneficiaba del drenaje, pero no del riego, y se fue lanza en ristre contra Kalmanovitz: “No mienta, mi familia y yo pagamos tasa de mantenimiento de canales a pesar de inundaciones y no favorezco contratos”, escribió en su cuenta de Twitter. “No tengo tierras en el distrito de riego de Mocarí. Sí tengo en el distrito de drenaje. Mi familia y yo somos de los pocos que hemos pagado las tasas de mantenimiento no obstante que en varias ocasiones hemos sufrido inundaciones por falta de atención del Estado”, argumentó. Sin embargo, en el ambiente quedó la pregunta del por qué Uribe no se declaró impedido para firmar un decreto que favorecía sus propiedades, pues de cualquier manera, riego o drenaje, las obras se hicieron con dineros del Estado.

“El crimen no paga”

Pese a haber sido declarado culpable por las interceptaciones ilegales que se hicieron a través de esa entidad, un magistrado ordenó cesar el procedimiento penal en su contra. ¿Por qué?

Después de un juicio que duró más de seis años, el 26 de julio del 2016 el juez Sexto Especializado de Bogotá condenó a ocho años de cárcel al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales que se hicieron a través de esa entidad a diferentes personalidades nacionales que se caracterizaban por ser detractoras del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pero lo que fue una victoria para las víctimas sufrió un revés en diciembre del año pasado.

En una decisión del magistrado Jairo José Agudelo Parra, del Tribunal Superior de Bogotá, se determinó cesar la acción penal en contra de Narváez y ordenar su inmediata libertad. Al mismo tiempo resolvió trasladar copias del proceso al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue las dilaciones del proceso.

En primera instancia, el juzgado Sexto Especializado declaró culpable a Narváez porque, para él, quedó probado lo que argumentó la Fiscalía, que “a partir del año 2004 servidores vinculados al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como José Miguel Narváez Martínez, integrados en un grupo de inteligencia creado secretamente al interior de esa institución denominado G-3, acordaron, según se desprende de la manifestación externa de sus acciones, desplegar de manera permanente y sistemática procedimientos delictivos desbordando, naturalmente, sus facultades legales contra organizaciones defensoras de derechos humanos, algunos periodistas, políticos y otras personalidades nacionales cuyo denominador común era ser contradictores del gobierno de ese entonces, so pretexto de producir inteligencia estratégica”.

Para el funcionario judicial se evidenció que con estas acciones hubo “una suerte de concertación de los aludidos servidores para cometer delitos y, en ese propósito, determinadas conductas punibles asumiendo una forma de ejecución del plan criminal que comprometió gravemente el bien de la seguridad y administración pública, así como el derecho a la intimidad, caso de la interceptación ilícita de comunicaciones telefónicas, móviles y electrónicas de las víctimas empleando, para el efecto, equipos de la entidad y seguimientos pasivos sin que mediara autorización judicial”.

Por esto, condenó a Narváez a pagar una pena de ocho años de prisión por el delito de concierto para delinquir. Más adelante, por un recurso de apelación presentado por la defensa del procesado, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá aumentó su pena 11 meses más.

Pero ¿por qué si fue hallado culpable ya no deberá pagar la condena? Según las leyes, en el caso de Narváez, por ser servidor público para la época de los hechos, los delitos que le endilgaban prescribían en seis años y ocho meses desde la acusación de la Fiscalía. Este plazo se cumplía el 23 de noviembre del 2016 y según el magistrado, si bien hubo una decisión del Tribunal, una actuación de la defensa de las víctimas no fue resuelta en un recurso de casación antes de esa fecha y por eso tomó tal decisión.

“El fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal se consolidó con posterioridad al proferimiento de la sentencia de segunda instancia y antes de que alcanzara ejecutoría el auto por medio del cual el ad quem (juez) concedió el recurso de casación excepcional interpuesto por el apoderado de la parte civil, luego entonces de acuerdo con el marco jurisprudencial antes indicado, el Tribunal debió ocuparse de ese aspecto”, consideró el magistrado del caso.

En su decisión agregó: “Y comoquiera que en ese asunto se estructura el citado fenómeno de la prescripción sobreviniente, esto es, entre el día de proferimiento de la sentencia de segunda instancia y su ejecutoría, la Sala decretará aquella y cesará el procedimiento respecto del implicado”.

Que el magistrado del Tribunal haya resuelto cesar la acción penal en contra de Narváez y ordenar su libertad por la prescripción de los delitos que le endilgaron no significa que él sea inocente, pues en dos despachos judiciales lo condenaron por los hechos.

No obstante, como hubo un recurso que debía resolverse antes de la fecha la prescripción y nome se hizo, para el togado se agotó el tiempo para que se ejecutara la pena contra Narváez. Es de aclarar queque pese a la decisión él no podrá quedar libre debido a que hay otros procesos penales en su contra, uno de ellos es por su presunta participación en el crimen del humorista Jaime Garzón.

Los abogados de las víctimas no quedaron nada contentos con el fallo y aseguraron que lo consideran “obtuso” porque para ellos no hay sustentación en la decisión.

Al respecto, en diálogo con este portal uno de los representantes de la parte civil del proceso manifestó: “Repudiamos que la Fiscalía nunca haya realizado investigaciones de contexto e integrales por los crímenes cometidos por el DAS durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez; al no hacerlo han negado el reconocimiento de que hay un delito de lesa humanidad de persecución política que se extendió de manera sistemática contra todos los críticos del gobierno de entonces, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los magistrados, etc. Esta persecución que conllevó asesinatos, amenazas de muerte, torturas, desplazamientos forzados, exilios acompañados de órdenes de hacer montajes judiciales, campañas de desprestigio, cometer hurtos, robos y acciones terroristas”.

Y concluyó: “Denunciamos que la justicia se hizo cómplice de José Miguel Narváez porque les hizo el juego a sus maniobras dilatorias y la impunidad en este caso es una afrenta para las víctimas, para la propia administración de justicia, es un vergüenza para la democracia y una bofetada a la sociedad en su conjunto. También es una ofensa para los más de 20 agentes del DAS condenados que reconocieron su responsabilidad”.

Fuente: WRADIO / EL NUEVO HERALD / DIARIO EL ESPECTADOR / REVISTA SEMANA

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