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Al analizar los casos de cinco defensoras de DD.HH., por primera vez el tribunal internacional dijo que en las operaciones militares que se realizaron en la periferia de Medellín a partir de 2002, como Orión, hubo desplazamientos y excesos de fuerza ocasionados por la Fuerza Pública.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los abusos que se cometieron durante las operaciones militares con las que se buscó recuperar el control de la Comuna 13 en Medellín en el año 2002. Cinco casos de mujeres defensoras de derechos humanos que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas asesinada fueron los expedientes que analizó la Corte IDH, que determinó que el Estado, desde sus distintos organismos como el Ejército, violó sus derechos fundamentales. Así lo dice en una sentencia que se acaba de conocer.

Se trata de las líderes Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce. Las dos primeras fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse”, dice la Corte IDH. Las otras tres fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, agregó el tribunal internacional.

Todo sucedió en el año 2002, época en la que Andrés Pastrana daba sus últimos golpes después de haber terminado la zona de distensión y que Álvaro Uribe Vélez entró a la Presidencia declaró el estado de conmoción interior. Uribe, entonces, decidió recuperar zonas que consideraba que estaban bajo el control de grupos guerrilleros. En el caso de la Comuna 13, donde vivían las defensoras de derechos humanos, se desarrollaba una guerra entre milicias de las Farc, el Eln, y el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares para tomar el poder en la zona. Fue entonces que se dio vida a una serie de operativos militares que dejaron una larga estela de graves violaciones de derechos humanos.

La primera intervención se hizo el 21 de mayo de 2002 con la Operación Mariscal, cuando Pastrana era presidente. Luego vino en junio la Operación Potestad. En agosto esta última cambió el nombre a Operación Antorcha y finalmente se ordenó la intervención más fuerte y recordada en la Comuna 13: Orión, que se llevó a cabo entre el 16 y 22 de octubre de ese mismo año. Se trató de una gran operación militar en las que, además del Ejército, participaron la Policía, el DAS y la Fiscalía. Sin embargo, en diversas investigaciones de la justicia colombiana se ha señalado que la Fuerza Pública contó con la ayuda de grupos paramilitares que operaban en la zona al ejecutar operaciones como Orión.

La Corte IDH tomó apartes de la investigación que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la Comuna 13, “La huella invisible de la guerra”, en la que se documentaron una serie de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y acciones contra la población civil. Fue un despliegue militar nunca antes visto en una ciudad colombiana, pero sus resultados no lograron acabar con la ilegalidad en la zona, pues los paramilitares continuaban ejerciendo un dominio territorial pese a la presencia de las Fuerzas Armadas. Las amenazas, enfrentamientos, desapariciones y homicidios crecieron exponencialmente, al punto que las cifras de familias víctimas de desplazamiento intraurbano aumentaron.

“Concretamente, durante 2002, más de 1.200 personas se desplazaron de la Comuna 13, siendo dicho año en el que más personas se vieron forzadas a abandonarla, tomando en consideración un período de 17 años, desde 1982 a 2009”, se lee en el fallo de la Corte IDH. Además, se hace referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las defensoras de derechos humanos en ese entonces, pues eran las principales víctimas de los hostigamientos y agresiones que se evidenciaron. Las mujeres no solo resultaban afectadas, también lo fueron sus hijos y parejas.

Así sucedió con el caso de las cinco líderes, a quienes las desplazaron y amenazaron a sus familias. Ellas participaban en la Asociación de Mujeres de las Independencias, en las que realizaban trabajos de violencia de género en la Comuna 13. Asimismo, trabajan en las Juntas de Acción Comunal, convirtiéndolas en referentes políticos y objetivos militares de los grupos paramilitares que querían ejercer control en la zona. En pocas palabras, eran un obstáculo para los intereses de las autodefensas, quienes las incluyeron en sus infames “listas negras”.

La Corte IDH responsabilizó al Estado por no garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la protección de la familia, a la honra y dignidad, a la circulación y residencia, a la libertad de asociación, y al derecho de tener garantías y protección judicial. Sin embargo, el tribunal internacional especificó que no en todos los casos hubo responsabilidad del Estado, pues algunos de los hechos fueron investigados y los responsables, condenados.

Este caso llegó al sistema interamericano por petición del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2004, el mismo que manejó los procesos de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Doce años después, el tribunal interamericano ordenó la reparación de las cinco mujeres y sus familias por los daños ocasionados durante las intervenciones militares en la Comuna 13 de Medellín. Además, se trata del primer fallo en el que se responsabiliza al Estado por los excesos de fuerza y violaciones a derechos humanos que se cometieron durante estas intervenciones de la Fuerza Pública, especialmente, durante la Operación Orión.

¿NAZIS EN “LA MODELO”?

El día que Juan De Jesús Pimiento llegó detenido a la cárcel La Modelo en el año 1999 sindicado de la desaparición de dos personas, cincuenta hombres dotados con armas de alto calibre y granadas ingresaron con él. No se le despegaban, eran su sombra y su guardia personal. La organización del esmeraldero Víctor Carranza, de quien era su mano derecha, se había asegurado que J de J Pimiento se mantuviera vivo, pero que además tomará el control del penal, hasta entonces manejado por guerrilleros de las Farc.

Pimiento se instaló en el pabellón de máxima seguridad, en una habitación de más de cincuenta metros cuadrados, provista de una hamaca, muchos libros, un ordenador personal y rodeado por las celdas de narcotraficantes extraditables como Miguel Ángel Arroyave, Ángel Gaitán Mahecha y Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Estaba en el único edificio con vidrios blindados de la cárcel y desde allí se disponía a impartir el orden a sangre y fuego. Esa noche, el día de “la retoma de La Modelo por las AUC” tembló por primera vez.

Pimiento tenía instrucciones de la plana mayor de las autodefensas y de la Casa Castaño para retomar el control, a como diera lugar, de un espacio estratégico como lo era la prisión más importante de Colombia, donde se libraba una extensión de la guerra entre paramilitares y guerrilleros pero sobre todo donde se movían fuertes sumas de dinero necesarias para la financiación de la organización paramilitar que se preparaba para el proceso de paz en el gobierno Uribe.

Juan De Jesús Pimiento llegó resuelto a cumplir su propósito. Con una pistola fabricada en 1734 en Estados Unidos y acompañado de su escolta de cincuenta hombres, fue personalmente al edificio del ala norte controlado por unos doscientos guerrilleros de las Farc. Entró con sus  armas y su arrojó y en pocas palabras, les notificó que era el nuevo dueño de la cárcel: desde ese día les quedaba prohibido cualquier alusión a las Farc, cualquier tipo de entrenamiento y banderas de la organización guerrillera. La advertencia para muchos fue un chiste. Pimiento los esperaba en la mañana siguiente, de madrugada, para dirigir un entrenamiento militar, en lo que era un experto. Como era de esperarse, ningún guerrillero se presentó. En la madrugada, J de J  activó sus gatillos; el tiroteo duró 12 horas. 25 personas de las Farc murieron. Sus cuerpos, desmembrados y tirados por las alcantarillas.

Desde ese día nadie osó a contradecir sus órdenes. Pimiento era el único de los 30 detenidos en el pabellón de máxima seguridad que no estaba ahí por delitos de narcotráfico. Todos ellos, los más ricos y peligrosos de Colombia, reconocieron desde el primer momento a Pimiento como el jefe, como Il Padrone a quien acudirían cada vez que necesitaran protección dentro de La Modelo.

Los pocos guerrilleros que iban quedando se replegaron en una parte más pequeña del ala norte de la cárcel, desde allí resistían mientras el ala sur, controlada por pimiento y los paramilitares, se convirtió en el nuevo centro de poder en la prisión. Desde allí crearon toda una organización económica sostenible al punto que reformaron sus celdas, montaron empresas y se hicieron la vida más amena bajo las ordenes de Pimiento y su lugar teniente, alias “Caracas”.

Esa primera masacre de 25 personas es el punto de partida de una macro investigación que lidera el director de Fiscalías Especializadas Iván Fernando Lombana. Desde el bunker se está recopilando información para saber qué pasó con más de 45 personas desaparecidas entre esos años por cuenta de la dura retoma paramilitar en la prisión más grande de Colombia.

El Fiscal Iván Fernando Lombana tiene detalles de lo que se denominó la retoma de La Modelo y de cómo por órdenes de Carlos Castaño se fundó desde la cárcel el Bloque Capital de las Autodefensas a punta de homicidios, torturas y descuartizamientos.  Son tres los casos de masacres documentadas entre 1999 y 2001 con cerca de 45 muertos de los que nunca se volvió a saber.

J de J Pimiento nunca fue condenado por los delitos que se le acusó y algunos creen que su llegada a la cárcel fue una estrategia calculada para hacer un adoctrinamiento de la ideología paramilitar en la prisión; y una vez cumplida su tarea quedar en libertad, sin ninguna reseña ni condena en su contra, cómo finalmente ocurrió. Salió de la cárcel en 2002 sin dejar ninguna prueba de su participación en las masacres de La Modelo, ni en los crímenes por los que había sido acusado.

La primera pista de las investigaciones que hasta ahora comienzan a destapar la realidad de lo ocurrido en La Modelo y de decenas de cuerpos desaparecidos las dio Mario Jaimes Mejía, alias el ‘Panadero’ quien espera condena por su participación en el secuestro y abuso sexual contra la periodista Jineth Bedoya.

Un crimen declarado de lesa humanidad y que se habría realizado a instancias de J de J Pimiento quien participó en la reunión en el pabellón de máxima seguridad desde donde en esa época se ordenó el secuestro de la entonces periodista de El Espectador. En esa reunión también participaron los comandantes de las autodefensas Miguel Ángel Arroyave y Ángel Custodio Gaitán, también cercanos a Víctor Carranza y quienes compartían el poder en la cárcel con Juan De Jesús Pimiento.

Del pasado de Pimiento poco se sabía. Su temporada de cerca de dos años en La Modelo fue producto de un proceso por el asesinato y desaparición de dos trabajadores del esmeraldero Leonidas Vargas. Por estos hechos también fue involucrado a la investigación el propio Víctor Carranza. De su cercanía y relación de negocios poco se sabía hasta que comenzaron a salir a la luz las declaraciones en Justicia y Paz de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Daniel Rendón Herrera “Don Mario” y de Fredy Rendón Herrera “el Alemán”, quienes lo señalaron como uno de los emisarios y representantes del esmeraldero en las reuniones de la plana mayor de las AUC. Pimiento se sentaba en la mesa con Vicente y Carlos Castaño y junto a ellos planeó y coordinó el apoyo de Carranza para el ingreso de los paramilitares en los llanos orientales que derivó en las masacres de Mapiripán y Caño Jabón.

Una de las primeras cosas que hizo recién salió de prisión fue instalarse en Bogotá y moverse con comodidad entre el alto poder político. Recibía llamadas de candidatos a la presidencia y atendía candidatos a las elecciones parlamentarias de 2006 en su mansión en el condominio campestre al norte de Bogotá en Altos de Yerbabuena. Una propiedad que le compró al ex congresista conservador Pablo Victoria, y que terminó allanada sin que él dejara huella cómo no la dejó con las masacres en La Modelo.

En el documental de un grupo de periodistas de  Televisión Española titulado “Cárcel sin ley” los reporteros presentan a Pimiento quien en realidad, más allá del entonces director del Impec, el capitán Aurelio Guacharna, fue quien le dio la autorización para ingresar a la cárcel y les permitió que lo grabaran, para dar una sentencia final (Minuto 49:20)

“Aquí para los presos esto es un paraíso. Como en todo paraíso, existen dioses, los todo poderosos viven al final de este corredor, en el ala de alta seguridad”

“Es uno de los cabecillas de la milicia de la extrema derecha. Juan De Jesús Pimiento, doctor en Filosofía, jamas admitirá abiertamente que un gran número de los asesinatos sucedidos en La Modelo fueron ordenados por el”.

“La muerte está presente en los pasillos, en las rotondas, en los patios, a veces ella quiere mostrarnos que también tenemos un fin”.

“Yo creo que pasa de un millón de dólares la inversión económica –de las AUC en la cárcel–. Una ideología como la expresada por las Autodefensas Unidas de Colombia representa la disciplina el orden y el trabajo. La izquierda considera la lucha contra el Estado, pretende imponer ideología basada en la miseria y la pobreza. En una parte de la cárcel hay trabajo, hay bienestar, hay orden, en la otra parte hay pobreza, hay miseria y hambre”.

J de J Pimiento y los grupos nazis

Aunque la información oficial indica que Pimiento fue asesinado en el año 2012  en las inmediaciones del municipio de Chia, hay quienes afirman que esto no cierto. Una fuente en Miami, dice conocer movimientos de Pimiento posteriores a su supuesta muerte. Se habría acercado a un agregado militar de un país latinoamericano, buscando protección especial a cambio de información de inteligencia sobre el supuesto plan de un grupo neo-nazi en Colombia para accionar en tal país.

Pimiento en efecto había entablado relación con una organización de extrema derecha con filiación neo-nazi a la cual llegó por vía de uno de sus fundadores, el fallecido abogado Armando Valenzuela. Su formación en Alemania como doctor en Filosofía y su cercanía como cuadro ideológico de las Autodefensas Unidas de Colombia le dieron el feeling.

Por ese tiempo escribió un libro titulado “una cosa es contarla y otra es hallarse” en el que describe capítulos de la violencia guerrillera en Colombia desde una mirada histórica y filosófica, y en uno de sus apartes, señala:  “Hitler ríe desde la historia, pero nadie se contamina con su alegría, enojado contempla esa masa de latinoamericanos, raza totalmente impura, usar la esvástica como un simple abre latas”.  

Nadie sabe qué pensaba en realidad J de J Pimiento, nadie puede asegurar si está vivo o muerto, pero lo cierto es que es pieza clave y un eslabón en la investigación sobre lo ocurrido en La Modelo entre 1999 y 2002 que hasta ahora se comienza a conocer.

Las relaciones de Pimiento con estas organizaciones neo-nazis, a las que habría financiado, son materia de investigación en la Fiscalía, que le sigue la pista a las cabezas de estos grupos en Colombia.

GESTORES

Más de 50 jóvenes que hacen parte del Movimiento Nacional Gestores de Paz, en el municipio de Piedecuesta (Santander), se reunieron el pasado 22 de diciembre para hacer una reflexión sobre los logros obtenidos en la construcción de paz en sus comunidades.

Además de conversar y reflexionar sobre el balance del año pasado, los jóvenes aprovecharon dicho espacio para afianzar sus lazos de amistad y compañerismo, de cara a los desafíos que se tienen en este nuevo año que comienza.

El evento, que se realizó en el restaurante Tabacalero, contó también con la presencia de las voluntarias comunitarias, quienes animaron el encuentro y les recordaron la importancia de compartir, dar amor y cantar con alegría el nacimiento de Jesús.

María Gamboa, voluntaria comunitaria, aseguró que esta época es para celebrar unidos en familias y que una de sus mayores satisfacciones es enseñarles a los niños y jóvenes a que reconozcan sus derechos.

“Disfruto mucho de su adolescencia y me encanta pasar tiempo con ellos, por eso les enseño sobre sus derechos, para que nadie apague la luz que hay en ellos”, dijo.

De esta manera, el Movimiento Gestores de Paz se prepara para seguir contribuyendo en 2017 a la construcción de paz en las comunidades, y movilizando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sean conviertan en líderes positivos del cambio.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / LAS 2 ORILLAS / WORLD VISION INTERNACIONAL

 

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