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Después de tres horas de diálogo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, llamó a la ciudadanía a hacer un compromiso: “en cuando de mí dependa, en cuando tiene que ver con mis responsabilidades institucionales y sociales, esto que está pasando en Colombia, el asesinato de líderes no volverá a pasar. Y en cuanto a mí dependa no aceptaré ningún tipo de complicidad con quienes contribuyan a crear esa cultura del asesinato de líderes en Colombia”.

Así cerró una conversación en la que participaron tres líderes y dos lideresas sociales de diferentes territorios del país: Cauca, Córdoba, Meta y Chocó. Asimismo, hicieron presencia instituciones del Estado, entidades del sector privado, comunidad internacional y testigos como periodistas, comisionados de la Verdad, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y políticos como Guillermo Rivera, exministro del Interior y Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc.

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Este es el primer Diálogo para la No Repetición que convoca la Comisión de la Verdad, cuyo mandato es realizar acciones para procurar que no se repita la guerra. Esta es una de sus estrategias, que se basan en tres temas: afectaciones a la democracia, el despojo de tierras y el paramilitarismo. En estos también se enmarca el asesinato de líderes y el narcotráfico, que será otro tema para un diálogo amplio, anunció el padre de Roux.

En esta ocasión, el diálogo tuvo tres momentos orientados por tres preguntas, y cada participante dio sus respuestas.

¿Cuáles son las causas del asesinato de líderes sociales y por qué somos indolentes ante esto?

Para la primera surgieron respuestas como la de Andrés Chica, líder del Sur de Córdoba, quien habló de las alianzas entre políticos y paramilitares en el país, en lo que es conocido como la ‘parapolítica’. Además, habló del paramilitarismo que sigue controlando y atemorizando este territorio cordobés, como sucedió desde finales de los años 80. O la respuesta de procurador Fernando Carrillo, sobre una causa histórica en el asesinato de líderes. “El liderazgo social que va de la mano de la protesta social tuvo siempre connotaciones peyorativas y negativas. Antes de la constitución del 91 lo que importaba acá era cómo eliminar al enemigo interno. El que hacía protesta social estaba necesariamente ideologizado y le incomodaba al sistema”, dijo, explicando de dónde viene la práctica nefasta de estigmatizar y asesinar líderes sociales.

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También aparecieron elementos del país diverso como lo es Colombia, en el que las comunidades negras e indígenas tienen concepciones sobre el territorio que distan de lo que piensa los no étnicos, que son quienes gobiernan. Alcibiades Escué, el alcalde de Toribío (Cauca), el pueblo que más ataques de las Farc sufrió, así lo explicó: “Nos encontramos con el problema del territorio. Para los pueblos indígenas y afros, el territorio es la madre. Y para los no indígenas es un bien, es riqueza”. Y agregó: “El riesgo del país es que no nos encontremos de forma respetuosa para dialogar”.

¿Qué acciones se pueden tomar para que esto se detenga?

Este diálogo sirvió también para que se reconociera lo que no ha funcionado. Se habló de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, que están, pero que, según denunciaron los líderes, se quedan en el papel porque los funcionarios que deben actuar no lo hacen, como sucedió en la masacre de Bojayá, dijo el líder y víctima de este territorio, Leyner Palacios. También de la falta de presencia territorial de las instituciones, que reconoció el fiscal general de la Nación encargado Fabio Espitia: “El esclarecimiento está directamente ligado a la posibilidad de ir rápidamente al lugar”, aunque no sucede siempre. Y dio una cifra alarmante. “Asesinar es muy fácil. Es tal vez uno de los delitos que más impunidad garantiza. Se condena al responsable en un 28% de los casos”.

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También lo hizo Ricardo Arias, viceministro encargado para la participación e igualdad de derechos. “Hay un desgaste de reuniones, comités y subcomités, y no queda nada concreto para las comunidades. Si seguimos creando estos espacios sin resultado, seguiremos aumentando los compromisos y les tocará resolverlos a otro gobierno”.

Al final, los invitados volvieron sobre varios temas. Primero, la necesidad de que el Estado llegue a copar los espacios que dejaron las Farc al desmovilizarse. Segundo, implementar el Acuerdo de Paz. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, explicó que en su departamento las familias que firmaron acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito siguen esperando que el Estado les cumpla, razón por la cual, dijo, no se avanza en problemas como el narcotráfico. Tercero, la necesidad de pensar en protección colectiva, rural y preventiva.

Estas respuestas de fondo son a las que quería llegar la Comisión de la Verdad con el encuentro. La comisionada Patricia Tobón, que también lideró el diálogo, recalcó que ésta conversación será parte de los análisis del informe final, que deberá presentarse a finales de 2021.