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El miércoles comenzó la campaña por la consulta anticorrupción, con la publicación del tarjetón que se votará el próximo 26 de agosto.

Esta incluye siete puntos, con respuestas de sí y no, entre los que destacan la reducción de salarios para altos funcionarios (como congresistas), el límite de tres periodos para ser elegido en el Senado u otras corporaciones de elección popular, la obligatoriedad de la rendición de cuentas de estos funcionarios y la publicación de sus declaraciones de bienes, renta y conflictos de intereses.

Para que los puntos sean aprobados, deberán participar ese día más de 12’231.314 de ciudadanos, la tercera parte del censo electoral. Además, cada uno tendrá que obtener como mínimo 6’130.000 votos por el sí.

No habrá nuevas inscripciones de cédulas, los colombianos podrán votar en los mismos puestos de las elecciones presidenciales. Los mandatos que sean aprobados serán tramitados como leyes en el Congreso en el plazo de un año; de no hacerlo, el presidente electo, Iván Duque, quedará facultado para expedirlos por decreto.

Este mecanismo de participación ciudadana se concretó tras más de un año de gestión del Partido Verde. Una de sus principales promotoras ha sido la excandidata a la vicepresidencia y senadora Claudia López, quien hará uso de uno de los mecanismos de democracia directa que ayudó a construir en su juventud, como integrante del movimiento de la séptima papeleta.

La corrupción tiene múltiples causas. Una es que la gente del sector público de bajo rango no está bien paga, gana muy mal, en cambio las cúpulas ganan una millonada. El punto 1 busca corregir esa desigualdad fijando un tope de 25 salarios mínimos para altos cargos.

Luego viene el tema de cómo se distribuyen el presupuesto, hoy en día se hace con ‘mermelada’, negociaciones politiqueras por debajo de la mesa. Por eso el punto 4 dice que tendrán que convocar audiencias públicas donde participe la ciudadanía, los gremios, los medios, para decidir cómo se invierte el presupuesto.

Después es necesario que la contratación no esté amañada, que se haga con un solo proponente a dedo. Por eso es importante que las condiciones para contratar estén estandarizadas, como busca el punto 3. Así mismo, es necesario que los funcionarios rindan cuentas, como señala el punto 5. Finalmente el punto 7 es para evitar que los políticos se atornillen en el poder, poniendo un límite de máximo tres periodos en corporaciones como el Congreso.

Si estas cinco medidas preventivas no funcionan, nos quedan dos para apretar las tuercas (los puntos 2 y el 6), para que aquellos que sean condenados por corrupción no tengan beneficios carcelarios. La idea es que el que les robe a los colombianos pague su pena en la celda y que el Estado pueda cancelar el contrato con esa persona y no volverlo a contratar jamás.

Ustedes presentaron estos siete puntos como leyes en el Congreso y fueron bloqueados, ¿por qué cree entonces que la consulta fue aprobada de forma unánime en el Senado?

Porque una cosa es que diez congresistas presenten estos proyectos y otra cosa es volver con 5 millones de colombianos detrás. Durante tres años tratamos de convencer al Congreso de autorreformarse y no pudimos. Por eso nos echamos al hombro la tarea de utilizar un mecanismo de participación ciudadana.

¿Qué responde a quienes dicen que la reducción del salario de congresistas no es en sí una medida contra la corrupción?

Eso es cierto, pero digamos que parte del tema anticorrupción es que decidamos cómo protegemos mejor nuestros recursos públicos. Al bajar los salarios de altos funcionarios se liberan recursos que permiten que los de bajo rango tengan la oportunidad de ganar mejor y de ascender meritocráticamente. Eso va a desincentivar la corrupción en las tres ramas del sector público.

¿Es cierto que la ley actual ya impide que haya beneficios carcelarios para los condenados por corrupción?

No. Ninguno de los mandatos que están en la consulta existe como tal en la ley. De hecho, el mejor ejemplo está en la realidad. ¿Dónde está Alejandro Lyons que se robó 70.000 millones de pesos en salud? ¿En una celda? No, en una casa en Miami, ¿por qué? Porque la ley actual no impide que le den ese tipo de beneficios. Queda a criterio de los jueces

¿A qué se refieren los pliegos tipo para la contratación pública del punto 3 de la consulta?

Ese mandato apunta a tener una contratación transparente. La Auditoría General de la República ha dicho que el 70 por ciento de la contratación pública en Colombia se hace a dedo, con un solo proponente. No es porque los empresarios no quieran competir, sino porque las licitaciones están amañadas e incluyen requisitos que no tienen nada que ver con el contrato, que solo puede cumplir un proponente elegido a dedo.

Este punto lo que dice es: municipios con condiciones equivalentes deben tener estándares de contratación similares para un mismo servicio, para evitar que, por ejemplo, en un municipio se cobren 10 millones de pesos por un contrato de alimentación infantil y en otro 3 millones.

¿El límite de máximo tres periodos en una corporación pública requeriría una reforma a la Constitución?

Ninguno de los 7 puntos de la consulta requiere una reforma constitucional. No hay ningún artículo de la Constitución que diga que habrá reelección indefinida o un periodo limitado en esas corporaciones como sí pasaba con la presidencia.

Hasta ahora los mecanismos como plebiscitos y referendos no han sido muy exitosos, ¿cuál será el mensaje si la consulta no alcanza los 12 millones de votos?

Se lo digo desde ya: esto es dificilísimo. Se llaman mecanismos de participación ciudadana, pero esto un colombiano X no lo saca adelante ni a bala. Hay 0 pesos de financiación pública para estas iniciativas. Hemos conseguido las firmas y hecho todo el trámite con las uñas. Llevamos 27 años desde la Constitución de 1991 y nunca se han podido usar estos mecanismos, por lo difícil que es llegar a los umbrales, del 33 o del 51 por ciento del censo electoral. Creo que hacia adelante vale la pena que dejemos de ponerles la vara más alta a los ciudadanos que a los políticos. Ahora, creo que sea cual sea la votación de la consulta, es un mandato ineludible. ¿Los políticos van a dejar de hacer algo que votaron, por decir algo, 10 millones de personas?

¿De triunfar la consulta sería la derrota de la corrupción?

No pretendo que sea la única solución contra la corrupción. Creo que sería un paso y faltarían cosas como una reforma política y electoral y otra a la justicia. Pero es un comienzo. La consulta sería innecesaria si no robaran $ 50 billones al año, como sucede hoy. Por eso derrotar a la corrupción es de vida o muerte.

Los 7 puntos que contempla la iniciativa

1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO