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El gobernador del Huila, Carlos Julio González, aseguró, en el marco de la Asamblea Nacional de Gobernadores organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que estas entidades territoriales ya no tienen recursos para pagar la crecida deuda del no POS o no PBS (Plan de Beneficios de Salud). Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, se comprometió a recentralizar la competencia del no PBS.

Los gobernadores de los 32 departamentos se reunieron con el presidente de la República y el ministro de Salud, entre otros, en San Agustín (Huila), para buscar fórmulas viables para rescatar al sector de la crisis que tiene entre sus elementos más visibles la desfinanciación de los servicios del no PBS, cuya responsabilidad recaía hasta el momento sobre los departamentos y distritos.

Financiación del NO PBS por parte del Gobierno nacional

En el evento, el Gobierno nacional se comprometió a asumir la financiación del no PBS. El anuncio lo hizo el ministro de Salud y Seguridad Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, quien además planteó la ruta de acción para el saneamiento de la deuda acumulada del sector a través de un Acuerdo de Punto Final. La FND había señalado que la propuesta de que el Gobierno nacional asumiera la citada financiación del no PBS tendría la ventaja de que permitiría identificar a los pacientes que realmente requieren de esos servicios y les pondría límite a los valores de los recobros, al igual que daría una garantía de sostenibilidad financiera al sistema.

Uribe Restrepo indicó que a la cumbre de gobernadores llegó con cuatro propuestas: recentralizar la competencia del no PBS, es decir, de lo que está por fuera del Plan de Beneficios en Salud; acuerdo de punto final para poner fin a la acumulación histórica de deudas del sistema; fortalecimiento de los hospitales; y atención de migrantes.

“Queremos una recentralización del no PBS en el régimen subsidiado, en un único fondo nacional de servicios y tecnologías que se financien por fuera de la UPC, donde pasemos de 32 modelos descentralizados a uno solo”, señaló Uribe a los gobernadores del país. “Queremos movernos con modelos para zonas especiales con subsidios a la oferta, que permitan garantizar permanentemente la disponibilidad de servicios asistenciales razonables para la población”, añadió.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de la implementación del acuerdo de punto final, para sanear la acumulación histórica de deudas del sector. Para consolidarlo, señaló, es indispensable que cada departamento audite las cuentas y llegar así a pactos y reconocer las deudas que han sustraído recursos para el desarrollo e inversión en la salud de los colombianos.

Igualmente, el Gobierno nacional y los mandatarios departamentales acordaron trabajar por los hospitales públicos y estructurar una política para financiar la atención en salud de la población migrante venezolana.

Reforma a la salud

Atacar la “médula” de la corrupción en la salud y aprobar una reforma en el Congreso, que sea “práctica”, fueron dos de los aspectos tratados sobre salud por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la instalación de la Asamblea de Gobernadores. Una reforma “para hacer cosas prácticas”, afirmó Duque. “No quedarnos en el debate bizantino entre si quiere ser 100 por ciento público o 100 por ciento privado, cuando ya en Colombia tenemos un sistema mixto”, aseguró.

De otra parte, Duque se mostró de acuerdo con la propuesta de los gobernadores de revisar el funcionamiento de la llamada ‘integración vertical’ en el sector salud, según la cual las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen la posibilidad de prestar la atención a sus afiliados de forma directa, a través de sus propias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). “Ya la ley colombiana limita la integración vertical a no más del 30 por ciento, pero se crece, porque no tenemos las mejores herramientas de supervisión, y ahí quiero ser enfático: si nosotros tenemos facturación electrónica y contabilidad en línea, se acabarán los abusos de esa integración vertical, porque podremos tener la trazabilidad y ejercer la sanción donde corresponda”, señaló.

Asimismo, criticó que “muchas” EPS “terminaron actuando con un criterio casi que esquilmador o rentista sobre los recursos del Estado”, debido a que se les paga de acuerdo con el número de afiliados. “Hay que incluirle a ese esquema el indicador de calidad, para que a la hora de otorgar los recursos, no solamente se gire por el número de afiliados, sino por la calidad en la prestación del servicio, y haremos ese énfasis en la reforma que se emprende”, advirtió.

Duque resaltó la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley que fortalece a la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de “ir cerrando las EPS de mala calidad” e hizo un llamado a los gobernadores a “despolitizar” por completo los hospitales y a impedir que sigan siendo el “resguardo de clientelas políticas”.

Un billón de pesos perdidos para la salud por la corrupción

A su turno, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la salud perdió un billón de pesos por corrupción. Destacó que las indagaciones han girado entorno a Saludcoop, al igual que a las empresas que recibieron los usuarios afiliados a esa EPS, actaumente en liquidación, es decir Cafesalud y Medimás.

Durante el funcionamiento de la EPS Saludcoop, esto habría ocurrido a través de su holding empresarial, con la adquisición de bienes muebles e inmuebles al servicio de diversas empresas, indicó y añadió que una vez la EPS fue intervenida por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, “posiblemente se contrataron IPS con enormes sobrecostos, a través de una modalidad denominada por presupuesto”. Para Martínez, el momento en el que se habría replicado la práctica que, al parecer, enriqueció a diversos prestadores, ocurrió en la liquidación de Saludcoop.

Indicó el fiscal que en la enajenación de Cafesalud y el surgimiento de Medimás EPS se han suscitado diversas controversias societarias, al igual que la posible apropiación de recursos a través de las empresas que tienen participación indirecta en esta entidad.

Martínez Neira señaló que está en riesgo la prestación del servicio en el caso de Medimás, debido a que “no están resueltos los contratos de arrendamiento, ni el contrato de la venta de los activos intangibles, ni de la venta de las acciones”. “Estamos en una situación como de hibernación en cuanto al tema de los contratos”, añadió. El fiscal concluyó indicando que la venta de la EPS no se llevó a cabo y que “allí el rigor del sistema de supervisión y de las autoridades estatales tiene que ser determinante para no afectar la prestación del servicio en el marco de la intervención especial que ha dispuesto la Superintendencia de Salud”.

Fuente: EL DIARIO DE LA SALUD