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El Senado tuvo que levantar la plenaria porque no había un número suficiente de congresistas listos a debatir la ley estatutaria de la JEP. El Gobierno calificó de “lamentable” la situación.

No alcanzó a avanzar, ni siquiera, la discusión sobre ninguno de los artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, cuando el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, se vio obligado a levantar la sesión por falta de quórum. Una vez más, la ausencia legislativa se convirtió en la principal amenaza para la que ha sido catalogada como la columna vertebral de los acuerdos de La Habana faltando apenas unas cuantas semanas para que el “fast track” deje de funcionar.

Se suponía que la decisión que había adoptado Cepeda, como presidente del Congreso, de sesionar más temprano y durante toda la semana serviría para agilizar la discusión y votación de las principales iniciativas para implementar el Acuerdo de Paz. Sin embargo, ninguno de los legisladores parece haber acogido dicho llamado y, al contrario, su ausencia se hizo más evidente.

Y es que, mientras se votaba una proposición radicada por el senador liberal, Horacio Serpa, ponente de la JEP, con la que buscaba tumbar las modificaciones radicadas por el congresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria sobre los artículos del proyecto, apenas se contaron algo más de 30 votos. “Nos deja muy mal sabor lo que ocurrió hoy”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El jefe de la cartera política recordó que “el balón de la JEP está en la cancha del Congreso y es su responsabilidad votar” y en ese sentido, dijo a los congresistas que tienen preocupaciones sobre el sistema de justicia transicional, que expongan sus dudas, pero que “no puede seguir ocurriendo que las sesiones se tengan que levantar porque se quedaron sin quórum”, añadió.

Aunque la sesión fue aplazada para este jueves, a las 9:00 de la mañana, una de las principales controversias que se avecinan tienen que ver con las posturas ratificadas por el Partido Conservador. Justamente, dicha colectividad radicó una proposición en la que exige modificar aspectos como la participación política de la exguerrilla; establecer garantías jurídicas para los militares, policías y agentes del Estado; seguridad para los empresarios y terceros involucrados en el conflicto para que no se presente una especie de “cacería de brujas; y, finalmente, aclarar lo relacionado con el narcotráfico. De lo contrario, según advirtieron, no participarían del debate de la JEP.

Lo anterior, reviste de mayor importancia si se tiene en cuenta que los votos de los del trapo azul (18 senadores) eran fundamentales para el Gobierno a la hora de votar los proyectos de la paz. No en vano, con su ayuda fueron aprobadas otras iniciativas como el propio Acto Legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que se encuentra en etapa de revisión en la Corte Constitucional. “Es un acto de extorsión lo que está haciendo el Partido Conservador”, alertó la senadora de la Alianza Verde, Claudia López.

El presidente de la corporación, Efraín Cepeda, aseguró sentirse “decepcionado” por el ausentismo legislativo que, claramente, sigue amenazando los principales proyectos de la JEP los cuales, a como dé lugar, deben ser aprobadas antes del próximo 30 de noviembre.

De no ser así, el Gobierno no descarta estudiar otras iniciativas como el mismo hecho de declarar conmoción interior, reglamentada en el artículo 213 de la Constitución Política, que le da al Gobierno las “facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”. Lo anterior,  ante una presunta grave perturbación de orden público “que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”, según dice la norma.

OEA

En su vigésimo tercer informe, la Misión del organismo en Colombia reconoce los esfuerzos del Gobierno en los procesos con el las Farc y el Eln, pero advierte sobre la creciente percepción de inseguridad e insuficiencia de las medidas tomadas en favor de las comunidades.

En su vigésimo tercer informe sobre los avances y riesgos que enfrenta la construcción de la paz en el país, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Santos tendientes a combatir a los grupos armados ilegales que aún persisten en los territorios pero, al mismo tiempo, advirtió que la percepción de inseguridad e insuficiencia de las medidas tomadas continúa en las comunidades.

El documento, presentado por el Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, en Washington, llama la atención sobre diversas amenazas para la paz. Y en este sentido, señala que si bien es positiva la creación e implementación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la Unidad Élite de la Policía Nacional, la persistente violencia entre grupos armados ilegales de diversa naturaleza que se disputan el control de las economías ilícitas y los territorios dejados por las Farc, está generando graves afectaciones a la población civil, principalmente a nivel rural.

El informe de la Misión dice que, como resultado de estos contextos de violencia, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se ven abocadas a extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad, entre otras afectaciones.

“Generan especial preocupación los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales, comunales y étnicos, quienes reivindican los derechos de sus comunidades y territorios”, manifestó Menéndez, expresando su “enérgico rechazo a estos ataques que ponen en riesgo la construcción de paz, y de los que nos están exentos los desmovilizados de las Farc y sus familias”. Asimismo, indicó que “es necesario reforzar la seguridad para reducir los impactos humanitarios, investigar y castigar los crímenes, e implementar de manera oportuna y articulada los acuerdos de paz, prestando especial atención a las deudas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras”.

Eso sí, La Misión destaca en su reporte el tránsito de la guerrilla de las Farc a la vida civil y al escenario político, y valora el proceso de negociación del Gobierno colombiano con la guerrilla del Eln en medio de un cese al fuego bilateral. El informe presentado es resultado de 960 misiones a terreno en 500 centros poblados, como parte del monitoreo y acompañamiento permanente que el organismo adelanta desde 2004 en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la criminalidad en Colombia, y en él se plantean observaciones y recomendaciones frente a asuntos centrales, como participación social, conflictividades sociales actuales y potenciales, justicia transicional, reincorporación y monitoreo carcelario de excombatientes.

URIBISMO

Con la presencia de varios ministros y del fiscal Néstor Humberto Martínez, la plenaria del Senado comenzó el martes el debate del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto armado, conocida como Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Tras un aplazamiento de una hora, debido al retraso en los vuelos de algunos senadores que venían de diferentes regiones, el pleno del Senado comenzó la sesión sobre el mediodía con la votación de los impedimentos.

Mientras se iniciaba la plenaria, el recinto se fue llenando de mensajes, carteles y pancartas de organizaciones ciudadanas y defensoras de derechos humanos que le exigían la aprobación de la JEP al Congreso, lo que generó molestias y reclamos del Centro Democrático.

La votación bordeó al final los 60 senadores de 52 exigidos.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró que la ley es clara frente a la conformación del quorum cuando se disminuye el número de congresistas presentes en la sesión debido a los impedimentos, y en ese orden de ideas, con 12 impedimentos aprobados, la mayoría para dar trámite a los artículos pasó de 51 a 44 senadores.

Entre los impedimentos avalados está el del senador Álvaro Uribe, quien no podrá participar ni en la discusión ni en la votación de esta norma. 

El plato fuerte se dio como consecuencia del choque entre voceros del movimiento Voces de Paz, que representan a las Farc en la implementación del acuerdo de paz, y algunos senadores del Centro Democrático. Pablo Cruz, de Voces de Paz, pidió que a los excombatientes se les dé la misma oportunidad que se le dio al actual senador uribista Everth Bustamanteexintegrante del M-19, para participar en política.

Bustamante respondió reiterando que la justicia para la paz era un “edificio de la impunidad” y que “los señores de las Farc no han concurrido ni a la justicia para la paz ni a la ordinaria”. El congresista uribista explicó que en ley con la que el gobierno del presidente Virgilio Barco abordó el tratamiento judicial para el M-19 “estableció una clara diferencia entre rebelión y terrorismo”, lo que, según él, no hace la justicia especial de paz.

Las intervenciones de los senadores siguieron mientras la plenaria se preparaba para votar el proyecto de ley, pero luego de agotarse todas las intervenciones de los senadores, la sesión fue levantada y se citó para este miércoles. 

La plenaria del Senado también negó la proposición de la bancada del uribismo con la que se buscaba aplazar la discusión de la ley estatutaria de la JEP hasta que la Corte Constitucional defina la viabilidad del acto legislativo que creó la jurisdicción.
Se espera una intensa polémica por la posible inclusión de más miembros de las Farc en este modelo de justicia y la participación política de sus líderes antes de su paso por este.

CURULES

Representantes de Cambio Radical y del Partido Conservador no están de acuerdo con que las 16 circunscripciones especiales sean destinadas a las víctimas del conflicto. Piden poder competir por esas curules en las elecciones de marzo del año entrante.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, alertó sobre la posibilidad de que en las circunscripciones de paz queden electas personas que permanecen delinquiendo en los territorios más afectados por la guerra.Archivo

En medio del debate sobre el proyecto que crea 16 circunscripciones especial que, en teoría, serán destinadas a los territorios mayormente afectados por el conflicto armado, surgió una controvertida propuesta liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, de Cambio Radical. El legislador radicó una proposición en la que solicita que se elimine de la iniciativa el artículo que crea la prohibición a los partidos y movimientos políticos –incluido el naciente de la Farc- inscribir listas de candidatos para participar por dichas curules.

Según explicó Lara, si bien es loable crear una circunscripción especial para aquellas regiones que nunca han tenido representación en el Congreso, pidió no caer en el “lagartismo” de lo políticamente correcto. “Me hago una pregunta. ¿Las víctimas pueden constituir en una sociedad un cuerpo organizado que tenga representación? ¿Qué une a una víctima con otra más allá del dolor?”, argumentó el legislador, tras agregar que la definición de “víctima” es una palabra tan amplia que no permitiría, por sí misma, derivar en la creación, por ejemplo, de un partido político.

En ese sentido, alertó sobre la posibilidad de que a dichas circunscripciones lleguen personas con un pasado incierto, como el hecho de pertenecer a grupos armados ilegales y seguir “delinquiendo y enriqueciéndose”. Un debate que, de hecho, también despertó inquietudes durante el paso de la iniciativa por Senado, pues no son pocos los que consideran que, precisamente, en dichos territorios afectados por la guerra podrían continuar liderazgos de quienes, por tantos años, amedrentaron a la población.

La proposición radicada y explicada por Lara, fue apoyada por sus copartidarios Carlos Abraham Jiménez, Eloy Chichí Quintero, Fabián Castillo y Betty Zorro. Por el lado de los conservadores, la firmaron José Luis Pérez, Jaime Felipe Lozada, Pedrito Pereira y Orlando Guerra de la Rosa.

Sin embargo, de inmediato fue criticada por los congresistas que se niegan a abrirles paso a los partidos en las circunscripciones de paz, como la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano. “¿Cómo vamos a permitir usurpar esas curules por los partidos políticos? ¡Faltaba más! Todos los partidos competimos por 265 curules. ¿No nos alcanza y ahora queremos ir a captar la de las curules para las víctimas? Esas curules son para los hombres y mujeres que han padecido ese conflicto por parte de cualquier actor”, explicó Lozano.

De momento, sigue avanzando la discusión en la plenaria de la Cámara que ya aprobó que dichas circunscripciones de paz se apliquen de manera transitoria, únicamente por dos periodos legislativos, a partir del 2018.

INSCRIPCIONES

La posibilidad de que los partidos políticos presenten listas conjuntas al Congreso en las elecciones del próximo año revivió el martes.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dejó abierta la puerta para que estas coaliciones, que están incluidas en la reforma política que se tramita en el Congreso, puedan aplicarse en los comicios legislativos del 2018.

“Habría, eso sí, que incluir en los debates que faltan de la reforma política en Senado una norma transitoria que permita o ampliar el periodo de inscripciones o que aquellas listas que ya se hayan inscrito, con anterioridad a la aprobación de este proyecto, puedan expresar su voluntad de presentarse en coalición”, dijo el ministro.

La inscripción de candidatos a Congreso empieza este 11 de noviembre y termina el 11 de diciembre.

La referencia de Rivera se dio luego de la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, en segundo de cuatro debates, de la reforma política, uno de los proyectos que implementan el acuerdo de paz y que busca depurar vicios en las campañas políticas.

Entonces, si se hacen los ajustes a la reforma política en Senado y se logra aprobar antes del 30 de noviembre, cuando termina la vigencia de las reglas especiales con las que se tramitan los proyectos que implementan el acuerdo de paz, esta posibilidad sería una realidad.

La presentación de listas conjuntas de los partidos para Congreso, algo que no se permite hoy, es una disposición que se incorporó en la reforma política y que varias colectividades han venido ambientando.

Lo que se busca es que dos partidos políticos (o más) inscriban una lista al Congreso de manera conjunta con la idea de ampliar su presencia en Senado o Cámara.

En este camino uno de los primeros en hablar del tema fue el senador por ‘la U’ Roy Barreras, quien ya propuso que su partido y los liberales presenten de manera conjunta “la lista de la paz”.

Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas, y los conservadores, también han venido hablando de este asunto.

Precisamente, esa posibilidad entre los ‘azules’ y la gente de Vargas Lleras podría estar entre las razones para que se estén planteando fórmulas en el Congreso que permitan que esta norma de la reforma política se pueda aplicar en las elecciones del próximo año.

La decisión corre ahora por cuenta del Senado, donde el proyecto de reforma política llegará el próximo martes para sus dos debates finales.

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR

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